martes, 4 de noviembre de 2014

Declaran los militares consignados por el caso Tlatlaya; definirán su situación el viernes

Los siete soldados detenidos pidieron "duplicidad del término constitucional", por lo que un juzgado federal tienen hasta el próximo viernes para dictar formal prisión o libertad.

Un juzgado federal tendrá que definir máximo el próximo viernes 7 de noviembre la situación jurídica de los siete elementos del Ejército mexicano consignados por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en una bodega de Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 personas, informó este martes 4 de noviembre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En un comunicado, el CJF detalló que Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides rindieron su declaración preparatoria y solicitaron “duplicidad del término constitucional”.

Así, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal tiene de plazo hasta el 7 de noviembre a las 8:22 horas para resolver la situación jurídica de los militares; es decir, auto de formal prisión o de libertad.

Hasta ahora, los soldados están recluidos desde el pasado 25 de septiembre en la Prisión Militar adscrita a la Primera Región Militar, ubicada en el Campo Militar 1-A, en el DF.

El viernes 30 de junio, los militares fueron acusados ante un juez civil por delitos ligados a la muerte de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, informó el domingo 2 de noviembre el CJF.

A todos se les acusa de “ejercicio indebido del servicio público” pero solo a tres, Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, se les imputa “homicidio calificado en agravio de ocho personas”, abuso de autoridad y “alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo”.

A otro de sus compañeros, Ezequiel Rodríguez Martínez, se le acusa de encubrimiento “en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito”.

Los tres militares que quedan sólo con la acusación más leve son Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz y Samuel Torres López.

Las autoridades habían sostenido que en el incidente, que en un primer momento tacharon de “enfrentamiento”, participaron siete soldados y un teniente, pero en el comunicado del poder judicial del domingo solo se hace mención a siete personas y no a ocho y por primera vez se hicieron públicos sus nombres.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al dar a conocer los resultados de una investigación propia el pasado 21 de octubre dijo que al menos 15 personas, de las 22 que murieron ese día, habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por soldados tras un enfrentamiento en una bodega de San Pedro Limón, una comunidad de la municipalidad de Tlatlaya, en el Estado de México y a más de 200 kilómetros al suroeste de la capital mexicana.

Sin embargo, sólo en las acusaciones por presentadas ante el juez se especificó que quienes murieron víctimas de homicidio fueron sólo 8 personas.

La comisión, un organismo oficial, también constató intentos de autoridades civiles y castrenses de encubrir los hechos.

“(Es) una de las más graves violaciones a los derechos humanos que se pueden cometer”, dijo su presidente, Raúl Plascencia, cuyo informe contradice afirmaciones previas sobre lo que ocurrió ese 30 de junio y revela que funcionarios de la fiscalía del Estado de México, que inicialmente investigó los hechos, también incurrieron en torturas y agresiones sexuales contra al menos dos de tres mujeres que sobrevivieron.

Una de las sobrevivientes dijo hace algunas semanas a The Associated Press que sólo un individuo había muerto en un tiroteo inicial, y que los 21 restantes, incluida su hija de 15 años, habían sido asesinados por soldados cuando ya se habían rendido.


El caso Tlatlaya fue el primero de una serie de sucesos que han puesto en entredicho el compromiso de México con los derechos humanos. EU, Naciones Unidas, la Unión Europea y numerosas organizaciones nacionales e internacionales han exigido al gobierno mexicano una investigación rápida e independiente para esclarecer los hechos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

¿Magisterio y normalistas de Guerrero luchan por lo mismo?

La agenda del magisterio guerrerense no se limita a la exigencia de presentación con vida de los normalistas, sino que han sumado demandas gremiales por las que han participado en ataques a la casa del jefe del Ejecutivo y a la sede estatal del PRD.

El pasado 8 de octubre, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) se declaró en paro de labores, para reclamar la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos por la Policía Municipal de Iguala el pasado 26 de septiembre. Desde entonces, el magisterio guerrerense ha venido realizado distintas acciones de protesta, entre las que destacan, además de marchas multitudinarias en Acapulco y Chilpancingo, la toma del palacio de gobierno en la capital guerrerense, la destrucción de la puerta de acceso de la casa del jefe del Ejecutivo local (donde también prendieron fuego a una camioneta oficial), así como el incendio a las instalaciones del PRD estatal.
La agenda del magisterio guerrerense, sin embargo, no queda en la exigencia de “aparición” de los normalistas de Ayotzinapa, sino que a esta demanda han sumado otras, más bien gremiales, cuya atención reclaman a las autoridades como parte de la solución a la crisis política desatada por el rapto de los estudiantes, y es por esta razón, de hecho, que en la mayoría de las protestas magisteriales no han participado normalistas –como, por ejemplo, en los ataques a la casa del jefe del Ejecutivo y a la sede estatal del PRD–.

Entre estas demandas gremiales del magisterio, enarboladas durante las recientes movilizaciónes por la desaparición forzada de los normalistas, destacan: la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, la cancelación de la evaluación universal docente, la restitución del aguinaldo de 90 días, así como del “permiso de gravidez” de tres meses y, en general, la abrogación de la reforma educativa.

“Estamos aquí (en el plantón instalado el 8 de octubre frente a las oficinas del centrales gobierno estatal, en Chilpancingo) por la principal demanda de la aparición de los 43 normalistas –explica un representante de la dirigencia magisterial, quien pide el anonimato–. En un principio, nuestra demanda era la desaparición de poderes, con eso iniciamos la movilización para (exigir) la abrogación de la reforma al artículo 3 y 73 constitucional, pero sucede lo del 26 de septiembre, la masacre y genocidio cometido por el Estado, y ahora hicimos nuestra la demanda, como magisterio, de la aparición de los 43 estudiantes y castigo a los autores intelectuales y materiales.”

Reforma educativa

La lucha contra la reforma educativa, detalla el representante magisterial, se basa en las distintas “afectaciones graves que nos genera, en cuanto a la pérdida de derechos: perdemos el derecho a nuestro sindicato; nos imponen un aguinaldo de 40 días, cuando nuestro derecho es que se nos den 90 días de aguinaldo (…); las plazas están en riesgo, porque ahora todo será por contrato; redujeron la ‘licencia de gravidez’ de tres meses, a mes y medio; quieren aplicarnos la evaluación universal docente; y en cuanto a la superación profesional, cada quien tiene que sufragar sus gastos, es por eso que exigimos la abrogación de las reformas al artículo 3 y 73 (lo que se conoce como ‘reforma educativa’).

Por ello, señala el maestro proveniente de la zona de La Montaña, luego de una marcha de al menos 30 mil ciudadanos por la capital de Guerrero, realizada el pasado 8 de octubre para exigir la presentación de los normalistas desaparecidos, el magisterio no sólo anunció que se mantendrían en plantón frente a la sede del gobierno local a partir de ese día, sino también que daba inicio al “paro de labores a nivel estatal, con el fin de escalarlo a una huelga nacional, para enero de 2015. La táctica es que en cada centro de trabajo los maestros se organicen por comisiones, aquí en el plantón hay una representación de cada zona escolar, van turnándose por día, por centro de trabajo, de manera que los compañeros puedan estar activos aún, con ganas, cuando inicie la huelga, en enero”.

Desaparición de poderes

A pesar de que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa aclararon desde el 23 de octubre –durante un mensaje emitido a través de TVUNAM– que su única demanda es la presentación con vida de sus compañeros, e insistieron en que no buscan la desaparición de poderes en Guerrero, los maestros agrupados en la CETEG sí enarbolan esta exigencia, debido a que “es una medida plenamente justificada por el marco jurídico, ante un genocidio como el ocurrido en Iguala”, tal como explica su representante.

La desaparición de poderes –que, de darse, permitiría al magisterio negociar directamente con las autoridades federales– “es una propuesta que surge del análisis consensuado con los compañeros maestros, y es una propuesta que se sigue planteando. Inicialmente exigimos la salida de Ángel Aguirre (quien pidió licencia al cargo de gobernador el pasado 24 de octubre), y él ya se fue. Ahora queremos que se declare la desaparición de poderes en todo el estado, y aunque puede ser un proceso lento, insistimos en este punto.”

La desaparición de poderes, señaló, pasa antes por “solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional (…) la cual sí tiene compentencia para intervenir y exigir castigo, porque lo que ocurre en Guerrero son crímenes de Estado”.

En este punto, la representante del comité de atención a prensa, quien también pidió el anonimato, añadió que “se exigió la salida de Angel Aguirre, y ya no está como gobernador, pero eso no basta, lo que nosotros queremos es cárcel para este señor, exigimos castigo para todos los culpables, y lo señalamos a él directamente, porque como gobernador no pudo evitar que sucediera esto, a pesar de que él ya tenía conocimiento de lo que ocurría en Iguala, de las actividades ilícitas del presidente municipal, lo sabía Aguirre y lo sabía Peña Nieto, por esto estamos exigiendo un juicio político y cárcel para este señor. Porque no puede quedar impune esta situación, necesitamos ver que se castigue a los culpables.”

Epílogo: pretextos oficiales

Este lunes, los papás y mamás de los 43 normalistas desaparecidos, los tres asesinados y los 20 heridos por la Policía Municipal de Iguala acudieron a la ciudad de Chilpancingo, para instalar –tal como habían pactado con el presidente Enrique Peña Nieto– la mesa mixta de seguimiento a las investigaciones que realiza la autoridad federal para dar con el paradero de los jóvenes raptados, así como con los autores materiales e intelectuales del ataque perpetrado el 26 de septiembre, acto que dieron por cancelado, debido a que “no nos traían ningún avance en las investigaciones y nosotros ya no estamos dispuestos a seguir escuchando el mismo discurso de promesas por parte del gobierno federal”.

Felipe de Jesús de la Cruz, vocero de los padres de familia, normalista en su juventud, maestro en la actualidad y padre de uno de los sobrevivientes del ataque en Iguala, detalló que “en la reunión se venía a instalar la mesa mixta de seguimiento y no se instaló porque no traían información qué darnos… el pretexto del comisionado nacional de seguridad (Monte Alejandro Rubido) fue que el que tiene la información sobre los avances es el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y que como él no asistió a la reunión, pues no tenía ninguna información qué darnos… esa fue la situación que provocó que los padres llegáramos al límite de nuestra tolerancia y le dijimos que si así era, entonces no tenía caso que nosotros permaneciéramos ahí.”


Así, sin que la mesa de seguimiento quedara instalada, los padres de los normalistas se retiraron del encuentro, sólo con la promesa por parte de la autoridad de que el próximo viernes será el mismo Murillo Karam quien rinda un informe sobre los avances en la búsqueda de sus hijos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

La señora Pineda Villa, presidenta del DIF y operadora de Guerreros Unidos

María de los Ángeles buscaba ser la presidenta de Iguala. Pero el ataque y desaparición de normalistas, por lo que hoy fue detenida, lo cambió todo.

El grupo delincuencial Guerreros Unidos -una escisión del cártel de los Beltrán Leyva- tejió una red de complicidad en varias alcaldías del estado.

La joya del grupo era Iguala, donde tenía a sus órdenes a la policía municipal y una figura clave para su financiamiento: María de los Ángeles Pineda Villa. 

La señora era presidenta del DIF y, a la vez, operadora de Guerreros Unidos.

“Este grupo delictivo, de acuerdo con las declaraciones de los detenidos y del propio líder del grupo, recibía del presidente municipal de 2 a 3 millones de pesos de manera regular, mensual, bimensual, semanal, de los cuales, cuando menos 600 mil, según declaran los propios operadores financieros, eran destinados al control de la policía local, además de que el grupo delincuencial decidía los nuevos ingresos de los integrantes como policías municipales”, detalló hace unos días el procurador Jesús Murillo Karam.

“Este líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, señaló a la señora María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, como la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal, desde luego, en complicidad con su esposo, el señor José Luis Abarca y el Secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez”, agregó.

La esposa del ex alcalde de Iguala es pariente directa de dos operadores financieros del grupo que dirigía Arturo Beltrán Leyva. En 2009, Alberto, El Borrado, y Mario, El MP, hermanos de María, fueron ejecutados.

A la señora le gustaba estar presente en la mayoría de los actos de su esposo. Se preparaba para sucederlo en el puesto. Por ello habían gastado miles de pesos en la remodelación de sus oficinas en la presidencia municipal. Se veían ahí no 3 sino 6 años, un sexenio.

El 26 de septiembre, se enteró que normalistas de Ayotzinapa estaban en Iguala. Pensó que querían arruinar su “informe de labores”, por la que había gastado miles de pesos, sobre todo por los grupos musicales. La fiesta terminó sin contratiempos.


Pero la aspiración de María se oscureció como la noche del 26 de septiembre. Una noche funesta.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

VÍDEO: NO AL GASODUCTO MORELOS Entrevista con Pobladores de Cholula Puebla















CANAL: FRENTE ORIENTE.

Integrantes de Guerreros Unidos confiesan ejecución de normalistas

Osvaldo Ríos Sánchez "El Gordo" y su hermano Miguel Ángel, "El Pozol" indicaron que los normalistas fueron enterrados en una fosa.

Dos presuntos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos acusaron que Ángel Casarrubias Salgado (“El Mochomo”), uno de sus líderes, dio la orden de asesinar a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

En un interrogatorio ante infantes de la Armada, detallado en un informe de la PGR que está incluido en la causa penal 100/2014 -al que el diario Reforma tuvo acceso-, Osvaldo Ríos Sánchez “El Gordo” y su hermano Miguel Ángel, “El Pozol” confesaron estar arrepentidos e indicaron que los normalistas fueron enterrados en una fosa en Pueblo Viejo, entre Iguala y Cocula.

“Hace unos días, (dijeron que) se encontraban arrepentidos de la muerte de los estudiantes y que ellos, junto con los del cártel, habían matado a los estudiantes, así como que participó en tales hechos los que denominaban ‘policías bélicos’ y los Guerreros Unidos“, se lee en el oficio PGR/AIC/PFM/UAIOR/DF/CHIMAL/1610/2014.

Además en la causa penal 100/2014, del Juzgado Primero de Distrito de Matamoros, la PGR señala que el ex edil de Iguala José Luis Abarca dio la orden de detener a los estudiantes y que, cuando estuvieron en poder de Guerreros Unidos, fue “El Mochomo” quien tomó la decisión de matarlos.

“Los ‘policías bélicos’ se refieren a los policías municipales de Iguala e incluso sabe dónde los mataron y dónde los enterraron a los estudiantes y que esto fue en inmediaciones de Pueblo Viejo, Guerrero y que el que dio la orden que mataran a todas estas personas fue Ángel Casarrubias Salgado, alias el Mochomo”.

El pasado 8 de octubre en Cuernavaca, fueron detenidos los hermanos Ríos Sánchez. En ese momento, ya habían pasado cuatro días del hallazgo de las fosas con  28 cadáveres en Pueblo Viejo.

Un día después de sus detenciones, la PGR halló otras cuatro fosas con ocho cadáveres en las inmediaciones del rancho  “La Sierpe”, en Pueblo Viejo, lugar al que se le conoce como La Parota.

Los resultados de los análisis periciales sobre los ocho cuerpos no han sido publicados, por lo que se desconoce la identidad de esos cadáveres.


Según el testimonio que dio ante la PGR, “El Gordo” afirmó que la instrucción de entregar a los estudiantes a los Guerreros Unidos se presentó porque entre aquellos había integrantes del cártel rival de Los Rojos. Los supuestos vínculos con la delincuencia fueron desmentidos por el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tras 41 días de paro en el IPN, inicia mesa de diálogo

El encuentro se realizará a las 18:00 horas en el auditorio “Alejo Peralta”, del centro cultural de la Unidad Zacatenco, y será transmitido a través del canal 11 de televisión.

A seis semanas del inicio del paro en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), estudiantes y funcionarios federales instalarán hoy la mesa de diálogo público en la que se acordará la fecha para el regreso a clases.
El encuentro se realizará en el auditorio “Alejo Peralta” ubicado en el centro cultural de la Unidad Zacatenco a las 18:00 horas y será transmitido a través del canal 11 de televisión; mientras que la seguridad estará a cargo de los politécnicos, aunque personal de la SEP colaborará en la logística.

Los estudiantes descartaron la presencia de elementos policíacos y mucho menos armados, por lo que el personal designado por la Secretaría para labores de vigilancia estará en coordinación con los alumnos. Enrique Hernández, estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas informó que habrá una primera reunión entre autoridades y la comisión de logística de estudiantes a las 10:00 horas de hoy para ultimar detalles sobre la organización.

A las 13:00 horas se realizará una segunda reunión con la Comisión de Diálogo Público y funcionarios federales para acordar el formato de la mesa de negociación; aunque la SEP descartó este martes tener como moderadores a los periodistas Carmen Aristegui y Javier Solórzano como lo habían propuesto los estudiantes.

En esta reunión informarán a los estudiantes los nombres de los 15 representantes por parte de la SEP facultados para establecer acuerdos. En tanto, los 15 representantes estudiantiles fueron elegidos desde el 22 de octubre por los alumnos.

Al aceptar el diálogo, la Secretaría de Educación Pública condicionó que el primer acuerdo de la mesa será la fecha para el regreso a clases después de 41 días de parálisis en la institución.

En tanto, los alumnos buscarán el compromiso de la SEP para realizar el Congreso Nacional Politécnico cuyos acuerdos sean “vinculantes”, es decir, que lleven a reformas a la Ley Orgánica del IPN y al reglamento interno, toda vez que el desacuerdo sobre la aprobación de los planes y programas de estudio aprobados en septiembre originó el conflicto.

Hasta que consigan la recalendarización del ciclo escolar para no perder el semestre y las fechas de realización del Congreso, comprometido por escrito, podrán establecer una fecha para el regreso a clases, dijeron los alumnos.

El desacuerdo

Este lunes hubo una intensa negociación e intercambio de comunicados entre la Secretaría de Educación Pública e integrantes de la Asamblea General Politécnica para determinar la sede del encuentro, lo que mantenía atorada la decisión para instalar la mesa de diálogo. Mientras la dependencia insistía en que se realizara en la biblioteca Vasconcelos, ubicada en la colonia Buenavista, por considerarlo idónea para garantizar la seguridad de los asistentes, los estudiantes refutaron que “ninguna institución que imparta educación en nuestro país puede representar un lugar inseguro para cualquier persona y mucho menos el IPN”.

Luego de la sesión de la Asamblea General Politécnica realizada este domingo 2 de noviembre, los representantes de la escuela aprobaron iniciar el diálogo con la SEP siempre y cuando la dependencia aceptara que se realizara en Zacatenco, por lo que entregaron un documento con esta resolución a la SEP la mañana de este lunes 3 de noviembre.

“En aras de resolver la problemática que aqueja a la institución, damos por entendido que acudirán a la cita las autoridades pertinentes; ya que como lo han argumentado, su postura es la de dar solución a nuestras peticiones lo antes posible”, refiere el primer oficio.

Los alumnos decidieron esperar afuera del edificio de la dependencia ubicada en la calle de Brasil en el centro histórico, e incluso amagaron con instalar un plantón. “No nos vamos a ir sin una respuesta”, dijeron.

Poco después de las 14:00 horas, el subsecretario Fernando Serrano Migallón y César Becker, de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, entregaron una nueva respuesta a los estudiantes en la quepidió dirimir las diferencias e instalar la mesa para el diálogo público el martes.
“Actuemos para que el IPN siga siendo la Institución de excelencia que México y la comunidad politécnica requieren. Acerquémonos para dirimir estas diferencias y procedamos entonces a instalar la mesa para el diálogo público”, dijo la SEP a través de un comunicado.

En el breve texto, la SEP expone que, lamentablemente, diferencias sobre la manera de integrar la mesa de diálogo y el lugar para que funcione han impedido concretar las pláticas, pero omitía señalar el lugar para dicha mesa.

Los estudiantes advirtieron que la respuesta era ambigua e insistieron porque la sede fuera en instalaciones del IPN. Alrededor de las 19:00 horas, nuevamente salió el subsecretario Serrrano Migallón y Becker, quien dio lectura al comunicado en el cual se aceptaba que el diálogo se realizara en Zacatenco y la seguridad estuviera a cargo de los alumnos.


También advirtió que era necesario que existiera paridad en la representación, es decir, que sean 15 integrantes tanto de la comunidad politécnica como del gobierno federal, pues los estudiantes contemplaban tener 15 negociadores, contra 10 gubernamentales.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

A horas de su detención, el exalcalde de Iguala declara en la SEIDO

José Luis Abarca, contra quien pesan tres órdenes de aprehensión, fue detenido junto con su esposa en una casa de la delegación Iztapalapa.

Tras un pitazo, policías federales detuvieron la madrugada de este martes 4 de noviembre al alcalde Iguala y a su esposa, señalados por las autoridades de estar detrás de un ataque que derivó en la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, informaron funcionarios mexicanos.

El alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron arrestados en la calle Jalisco 27, colonia Santa María Aztahuacan, en Iztapalapa, en el límite del Estado de México y el Distrito Federal, en una operación en la que no se realizó ningún disparo, detallaron a AP dos funcionarios federales mexicanos bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa.


De acuerdo con fuentes federales, dos vecinos del lugar llevaron a las autoridades a la casa donde estaba la pareja, que rentaba un cuarto a una mujer que no ha sido identificada. Asimismo, informaron que en el operativo participaron al menos 20 elementos de élite de la Policía Federal.

Posterior al anuncio de la detención, el gobernador sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega —quien tomó el cargo tras la solicitud de licencia del perredista Ángel Aguirre—, se refirió a la detención de la pareja que hasta este momento está en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada(SEIDO), una dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se les realizaron exámenes médicos previo a rendir su declaración.

En una conferencia de prensa, alrededor de las 13 horas, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que espera que “la detención (de Abarca y su esposa) contribuya a la investigación que está realizando la PGR”.

Abarca tiene tres ordenes de aprehensión. Una por homicidio calificado, debido a la muerte de tres personas en el ataque previo a la desaparición de los normalistas; una más por homicidio en grado de tentativa, por los 43 normalistas desaparecidos, y otra más por el asesinato de un líder local ocurrido en 2013.

Abarca y Pineda son señalados como los autores intelectuales del ataque de la policía municipal a normalistas el 26 de septiembre pasado, y la posterior intervención del grupo delictivo Guerreros Unidos, que derivó en la muerte de seis personas —entre ellas tres estudiantes—  y la desaparición de los 43 normalistas.

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha dicho que la intención del ataque, que se registró el 26 de septiembre, fue evitar que los estudiantes se manifestaran contra la presentación de un informe de actividades de la esposa del alcalde, vinculada por las autoridades con el cártel de narcotraficantes de los Beltrán Leyva.

Karam ha dicho que todavía no se conoce el paradero de los jóvenes pese a que en la investigación en curso han aparecido por el momento nueve fosas con un total de 30 cadáveres. Según los informes preliminares, no pertenecen a ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos, pero tampoco han sido identificados.

Un equipo de antropología forense argentino está realizando un segundo estudio de los restos para descartar posibles errores.

El 22 de octubre, Murillo Karam ofreció un relato detallado de los hechos que figuran por el momento en la investigación federal, que continúa abierta y ha destapado que el grupo de narcotraficantes de los Guerreros Unidos, una escisión del Cártel de los Beltrán Leyva, habían tejido una red de complicidades con varias alcaldías del estado de Guerrero: Iguala, Cocula e Ixtapan de la Sal, que implicaban tanto a funcionarios de la administración como a policías locales.

El procurador detalló que los Guerreros Unidos entregaban con periodicidad variable, semanal y mensual, entre 2 y 3 millones de pesos (entre 148 mil y 222 mil dólares) a las autoridades municipales. De ese dinero se pagaba la nómina de los policías.

El grupo delincuencial, cuyo principal operador era Pineda, hermana de dos responsables financieros del Cártel de los Beltrán Leyva, decidía incluso los ingresos de nuevos policías municipales.

Por el momento, 52 personas, entre policías, funcionarios municipales y miembros de los Guerreros Unidos están detenidas.

Respecto a los hechos del 26 de septiembre, la alcaldía temía que se produjesen incidentes el día que desaparecieron los estudiantes debido a que ya había antecedentes: en junio de 2013 la alcaldía de Iguala fue agredida durante un enfrentamiento entre personas afines al alcalde y un grupo de manifestantes entre los que se encontraban estudiantes de la misma escuela de los hoy desaparecidos.

El día de los incidentes, alrededor de las 6 de la tarde los estudiantes abordaron dos camiones en Ayotzinapa, tres horas más tarde llegaron a Iguala y tomaron dos unidades adicionales. En ese momento, los vigías que realizan labores de vigilancia para el crimen organizado, coludidos con la policía municipal y la alcaldía, reportaron los hechos al centro de mando de la policía municipal.

El alcalde y su esposa asumieron entonces que el grupo que se avecinaba se dirigía a sabotear la celebración del informe de actividades de la esposa del alcalde, responsable del órgano de defensa de la familia en la ciudad, y ordenaron a la policía que reaccionase para evitarlo. Tras un tiroteo que dejó seis muertos y una persecución, 43 estudiantes detenidos ingresaron a la cárcel municipal de Iguala.

De la cárcel municipal de Iguala, siempre según el relato del procurador, a los estudiantes se los llevó la policía municipal de Cocula, una localidad vecina a Iguala, también a las órdenes del grupo de los Guerreros Unidos.

Los agentes tomaron un camino de terracería hacia una zona conocida como Pueblo Viejo donde entregaron a los 43 estudiantes a miembros de los Guerreros Unidos y a partir de ese momento se les pierde la pista.

Se tienen identificados por lo menos a tres de los integrantes de los Guerreros Unidos que recibieron a los detenidos por los policías y el camino por el que fueron internados a un paraje.

El procurador ha dicho que el subjefe de la policía municipal de Cocula contactó al líder de los Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, detenido desde la semana pasada y que en su declaración ante las autoridades afirmó no haber hecho nada por evitar la desaparición de los estudiantes porque creyó que se trataba de un grupo de narcotraficantes rivales.


“Cientos de personas los buscan (a los estudiantes)”, ha declarado Murillo. “Es nuestra principal prioridad en este momento”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

El gobierno llega tarde con su “pacto por la seguridad”: Merino

El Estado mexicano, con problemas de corrupción, impunidad y de capacidad de control de sus propias fuerzas de seguridad pública. "Sus entrañas tienen que ser rescatadas", dijo el investigador.

El “pacto por la seguridad” es una agenda que, obviamente, no estaba diseñada por el gobierno de la República ni por algún otro gobierno, sino que es una agenda que impone la realidad, apuntó el investigador Mauricio Merino. 

“Es el resultado de las ausencias que los gobiernos habían planteado y de repente, qué bueno que la sociedad esté despertando, que la gente esté saliendo a la calle, que por fin haya un acuerdo implícito entre una buena parte de los mexicanos para poner esta agenda por delante y no las agendas específicas que había venido planteando el gobierno”, expuso en entrevista para Noticias MVS primera emisión.

Lo primero es que es una agenda que el presidente tiene que tomar, digamos, obligadamente por las circunstancias, no porque le haya encantado la agenda. Esto es importante decirlo. De hecho el presidente no había tomado estos temas hasta ahora, es buena noticia sin embargo que reaccione ante las circunstancias, yo diría que un poco tarde, con un anuncio que no acaba de ser preciso, no hay un proyecto sobre la mesa, hay una promesa que lo habrá, pero al menos es una reacción y eso ya es bastante bueno”, subrayó.

En estos momentos, el Estado mexicano debe intentar salvarse a sí mismo, consideró.

“Es difícil ayudar a otros cuando uno mismo está mal y esto es lo que le está pasando al Estado mexicano. Tiene muchos problemas dentro de su propia operación. Problemas de corrupción, en efecto, problemas de impunidad, en efecto, problemas de capacidad de control de sus propias fuerzas de seguridad pública. Es decir sus entrañas tienen que ser rescatadas primero para poder, con el tiempo, cumplir su función hacia el resto de la sociedad”, puntualizó.

Si de eso se trata el llamado del Presidente por un pacto, vale la pena seguirlo, pero sin duda es necesario -sostuvo el investigador- modificar instituciones a fondo.

Para ello, sugirió modificar el sistema de justicia, a fondo, en materia de corrupción, así como tomar acciones contra la captura de los puestos públicos y de los programas públicos. 

Esos temas han sido abandonados por el Estado durante años, y hoy le hacen imposible reaccionar frente a hechos como los de Iguala, Guerrero, acotó.

“Hay que barrer por todos lados”, ejemplificó.

Actualmente, “en un primer plano, el urgente, todos estamos esperando sobre estos casos terribles, que han despertado la conciencia de toda la sociedad, yo diría de todo el mundo. Sí necesitamos alguna respuesta sensata, articulada, creíble, bien construida de parte del Estado mexicano sobre los casos que nos han alarmado a todos. Eso es absolutamente necesario… El Estado mexicano no puede pasar de largo diciendo: bueno ya detuvimos al alcalde Abarca y ahí muere, no, necesitamos una construcción jurídica, política, muy bien hecha para que la sociedad encuentre una salida razonable a este problema que estamos viviendo”.


Mientras que en el largo plazo, hay que entrarle al problema de la impunidad -el cual no se arregla de un día para otro- por lo que se debe revisar el sistema de procuración y administración de justicia del país.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Los Pineda Villa daban 450 mil dólares mensuales a la PGR: José Reveles

El autor del libro "El cártel incómodo / El fin de los Beltrán Leyva...", expone los antecedentes de los Pineda Villa. "Gente de la delincuencia organizada llegó a comprar una franquicia, llamada alcaldía (de Iguala)", dijo.

Mario Pineda, El MP, y Alberto Pineda Villa, El Borrado, hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa -esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca-, son conocidos desde hace años, pues están mencionados en la Operación Limpieza del 2008 -que emprendió el gobierno federal-, como los pagadores, es decir, los operadores financieros del cártel de Arturo Beltrán Leyva, que se encargaban de entregar 450 mil dólares mensuales a funcionarios de la PGR, expuso el periodista José Reveles. 

Ese dinero era “para cobertura, para que les avisaran de cuando había operativos, para que los tuvieran alerta, y les dieran protección”, precisó en entrevista para Noticias MVS primera emisión.

Así lo señala un documento del 29 de julio de 2014, donde se les menciona a los hermanos Pineda Villa, por el caso de Edgar Valdez Villarreal, La Barbie.

En las conclusiones acusatorias por dicho caso, “se menciona, en un párrafo, que ellos (los hermanos) le daban 150 mil dólares, también a Luis Ángel Cabeza de Vaca, que era el secretario de Seguridad Pública de Morelos”. 

Con base en declaraciones de la Barbie, se apunta que los Beltrán Leyva -desde 2005 hasta diciembre de 2009- controlaban a las autoridades que les brindaban protección para la organización en el estado de Morelos.

Según dicha declaración, Cabeza de Vaca coordinaba a los comandantes a su cargo, para que enviara patrullas -dos o tres veces por semana- a la zona donde los integrantes de los Beltrán Leyva hacían reuniones o fiestas.

“Sabían que se le pagaba a través de Alberto Pineda Villa, alias el Borrado, la cantidad de 150 mil dólares mensuales, y fue aproximadamente en el mes de septiembre del año 2007, en Cuernavaca, Morelos, en una casa de Arturo Beltrán Leyva, fue donde conoció personalmente a Cabeza de Vaca, en la que se encontraban entre otros  Alberto Pineda Villa, alias El Borrado, Mario Pineda Villa, El MP, Jesús Nava Romero, alias el Rojo, y Efraín Beltrán, hermano o medio hermano de Arturo Beltrán”, citó el periodista la declaración de La Barbie.

“Están dando todo el esquema, están dos personajes, hermanos, que luego fueron liquidados en septiembre de 2009, supuestamente por un pleito con Arturo Beltrán. Y el otro elemento, Jesús Nava Romero, él murió el día que mataron a Arturo Beltrán en Cuernavaca, ahí mismo… los condominios Altitude”, apuntó Reveles.

Esa declaración ministerial se retomó hace unos meses, a propósito de un supuesto convoy que acompañaba a La Barbie en La Marquesa; sin embargo, fotos y videos desmienten la versión que dio Genaro García Luna sobre la detención del narcotraficante. 

El narco tomó la alcaldía

Sobre la detención del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, Reveles señaló que ya pasaron los tiempos en los que decían que un candidato o funcionario era corrompido o sobornado por la delincuencia, con el famoso: “plata o plomo”. 

“Ahora fue al revés, gente de la delincuencia organizada llegó a comprar una franquicia, llamada alcaldía“, consideró.

Además, indicó que como alcalde, Abarca apoyó la campaña del gobernador Ángel Aguirre.

Y señaló que ambos personajes -Abarca y su esposa- se cobijaron bajo el paraguas del PRD.

Expuso que ambos no sólo son dueños de joyerías en Iguala -donde tienen un centro comercial-, sino que son dueños de joyerías en toda la frontera norte del país -Reynosa, Laredo, Ciudad Juárez, Tijuana-, que hace pensar en lavado de dinero.


“Hay que buscar los circuitos financieros, hay que buscar en donde anda el dinero, ahí está, en joyerías por ejemplo”, explicó.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Buscamos a los 43 jóvenes en 8 cuadrantes: gobierno federal

Han inspeccionado 118 puntos, de áreas urbanas y rurales, como hospitales, escuelas, iglesias, internados e incluso cárceles, además de ranchos, huertas, presas, ríos, lagunas, cuevas, cavernas, cañadas y minas.

El gobierno federal informó que busca a los 43 normalistas en “8 cuadrantes de localización, en función de la cronología de los hechos suscitados la noche del 26 de septiembre”, en Iguala, Guerrero.

En un comunicado de la Secretaría de Gobernación, se detalló que “los cuadrantes de búsqueda abarcan una distancia de hasta 100 kilómetros desde el centro del municipio de Iguala”. 

Y puntualizó que la búsqueda se ha sustentado en tres grandes estrategias:

1- La integración, sistematización, organización, clasificación, procesamiento y explotación de toda la información relacionada con los hechos.

2-La implementación de metodologías de búsqueda apegadas a procedimientos internacionales y nacionales plenamente acreditados, con base en los cuales se determinaron 8 cuadrantes de localización.

3- El despliegue de equipos interinstitucionales de búsqueda con todas las capacidades logísticas, operativas, tecnológicas y de inteligencia para la investigación y localización, con atención a las líneas derivadas de las actuaciones ministeriales y de las señaladas por familiares, amigos y compañeros de los normalistas no localizados.

El gobierno señaló que “para dotar de pluralidad a los trabajos de búsqueda, se han conformado brigadas compuestas por la Policía Federal, agentes del Ministerio Público Federal y, sobre todo, por familiares o personas cercanas a los estudiantes“.

Indicó que se han efectuado búsquedas en diversos municipios, principalmente de las zonas Norte y Tierra Caliente del estado de Guerrero, entre los que destacan: Iguala, Chilpancingo, Taxco, Cocula, Huitzuco, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, Apaxtla, Tepecocuilco, Cuetzala y Tlalixtaquilla, entre otros.

Reunión con familiares

La Segob también informó sobre la reunión del lunes con padres de los normalistas desaparecidos.

Apuntó que dicho encuentro fue para instalar la Comisión Mixta de Seguimiento e Información, acordada el miércoles 29 de octubre con el presidente Enrique Peña Nieto.

“Esta Comisión tiene el propósito de establecer mecanismos ágiles para proporcionar información a padres de familia, estudiantes, abogados y representantes de organizaciones civiles con el fin de respetar su derecho a coadyuvar con la investigación”, precisó.

Contrario a lo que afirman los padres -quienes rechazaron que se haya instalado la comisión-, la Segob apuntó que la Comisión queda integrada por:

Padres de Familias: Cruz Bautista Salvador, Carmelita Cruz Mendoza, Lardo Flores Vázquez, María Concepción Tlatempa, Jaime Arzate García, Felipe de la Cruz Sandoval, Melitón Ortega Carlos y Emiliano Navarrete.

Alumnos: David Flores Maldonado, Agustín Chocolate, Manuel Vázquez Arellano y Luis Uriel Gómez Avelino


Organizaciones civiles: Miguel Álvarez Gándara, Dolores González Sarabia y Alberto Solís Castro por parte de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Abel Barrera Hernández y María Luisa Aguilar en representación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Falla el 40% de cámaras del C-5

Empresa contratada por el Gobierno del Estado de Nuevo León para el mantenimiento del sistema de vigilancia reconoce que hay zonas que son puntos ciegos, porque las cámaras no tienen señal.

Cerca de la mitad de las cámaras operadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no graban evidencias.

Según un reporte de mantenimiento, en poder de Reporte Indigo, al menos el 40 por ciento no tiene señal o sistema de grabación.

Esta videovigilancia cuenta con 554 aparatos de monitoreo en las principales calles y avenidas, las líneas del Metro y corporaciones policíacas.

El informe oficial revela que 181 cámaras no cuentan con señal, otras 67 no tienen sistema de grabación, lo que suman 248 dispositivos inoperantes, contra 306 que sí funcionan y graban.

Este reporte fue realizado apenas el pasado 28 de octubre a las 8:30 horas y se aplica de manera diaria por el Centro de Coordinación Integral de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-5), del Estado.

El documento señala a la empresa Kernel Conectividad Productiva S.A de C.V. de no efectuar el mantenimiento adecuado en el sistema de vigilancia urbano.

La factura con número de póliza  P-3471, fechada  el 14 de octubre de este año, indica que por el servicio preventivo del sistema de seguridad se cobró en 3 millones de pesos por sólo tres meses.

Trabajo que, según el reporte oficial, es  deficiente porque al menos el 40 por ciento de las cámaras no graba evidencias.

La compañía tiene el número de proveedor 8268 en la lista de contratistas del Gobierno del Estado.

El reporte oficial indica que la misma compañía está en proceso de la instalación de más cámaras de seguridad en la denominada “Etapa 7”.

También, el informe dice que las cámaras ubicadas en  Morones Prieto y en Venustiano Carranza, donde ocurrió el atentado a balazos la semana pasada,  no funcionan.

Además, todo el sistema de vigilancia sobre  la avenida Gonzalitos está sin señal, así como Paseo de los Leones, Rangel Frías e Insurgentes.

En entrevista, el encargado del departamento de calidad de la empresa Kernel Productividad, Gabriel González, reconoció que el sistema de vigilancia presenta fallas por diferentes motivos.

“Sí tenemos (fallas), como cualquier mantenimiento al sistema, hay diferentes situaciones por las cuales pueden fallar y es difícil tenerla al 100 por ciento. Tenemos fallas de visualización por la lluvia que afecta y robo de cable”, dijo González.

Añadió que el tiempo de respuesta para una reparación varía mucho para “levantar” una imagen.

“Puede ser de inmediato si es menor, estoy hablando de tres a cuatro horas, pero cuando son fallas mayores pueden ser de semanas y meses”, explica González.

El lunes 27 de octubre, atacaron a balazos al líder de la CNOP de Monterrey, Humberto Reyes Martínez, atentado que cobró la vida de tres personas.

Ante esto, la Procuraduría de Justicia del Estado inició una investigación basada en los videos de las cámaras de seguridad,  que están sobre la calle Venustiano Carranza.

Sin embargo, agentes de la Policía Ministerial especializados en homicidios tuvieron que apoyarse con negocios privados de la zona,  para que les facilitaran las cintas de sus cámaras particulares.

Y con esos videos ubicar a los sicarios que atentaron con armas de grueso calibre contra el líder ceneopista.

Pero los agentes no cuentan con videos propios que puedan ayudar en la investigación de este ataque.

Incluso, Jorge Domene Zambrano, jefe de la Oficina Ejecutiva del gobernador y vocero de Seguridad, reconoció que no había cámaras del Estado en la zona donde ocurrió el homicidio de tres integrantes del Sindicato de burócratas municipales, donde fue herido el líder de la CNOP.

El informe confirma que el Estado no tiene cámaras funcionando en Venustiano Carranza.

Sólo operan las instaladas sobre un semáforo en el cruce de con la calle Hidalgo.

Pero éstas pertenecen al Municipio de Monterrey, y son operadas a través del C-5 estatal, en conjunto con el C-4 de la Policía regia, según informó la alcaldesa Margarita Arellanes.

El procurador Adrián de la Garza solicitó apoyo del Municipio de San Pedro y de Monterrey, para que facilitaran los videos a los agentes estatales.

“Estamos solicitando esa intervención, estamos seguros que van a cooperar con nosotros. Obviamente que hay otras cámaras que por razón de formalidad tardan un poco más en ser conseguidas, pero ya tenemos acceso a algunas”.

El mismo día del ataque, los agentes solicitaron los videos de las cámaras de seguridad del restaurante El Arbolito, donde presuntamente comieron los involucrados en el atentado.

“Sí estuvieron ahí, estuvieron los cuatro juntos, iban regularmente al negocio, aproximadamente una vez al mes”, expresó Adrián de la Garza.

El pasado 29 de octubre el Municipio de San Pedro entregó a la Procuraduría Estatal algunos videos que podrían dar a conocer algunos detalles del atentado hacia el líder.

El alcalde Ugo Ruiz Cortés reveló que  entregaron imágenes de algunas cámaras de San Pedro, para  coadyuvar en las investigaciones.

Aunque Nuevo León enfrenta desde hace siete años una guerra entre cárteles, no cuenta con un sistema de vigilancia eficaz que ayude a prevenir delitos de alto impacto o ubicar a los delincuentes.


El reporte oficial de las cámaras de seguridad detalla las zonas ciegas.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA

Corrupción vecinal involucra a Zapopan

El desvío de recursos del fraccionamiento Campo Real por parte del expresidente de la asociación de colonos, y al mismo tiempo exfuncionario del Ayuntamiento de Zapopan, prendió la alarma en el Municipio al evidenciar el pago a burócratas a cambio de favores.

Lo que inició como un conflicto entre vecinos destapó todo un caso de corrupción. 

El expresidente de la asociación de colonos del fraccionamiento Campo Real, en el municipio de Zapopan, Estanislao Rodríguez Ruiz, aceptó ante los colonos que utilizaba dinero de ellos para pagar sobornos a funcionarios del Ayuntamiento.

Fueron casi 720 mil pesos los que desvió para comprar favores de los burócratas.

Desde el 2012 y hasta octubre pasado, Estanislao Rodríguez Ruiz fungió como presidente de la asociación de colonos de Campo Real, un fraccionamiento de clase media que ofrece casas que van de los 66 a los 110 metros cuadrados. 

En febrero del 2014, Rodríguez asumió también el cargo de jefe de departamento de la Dirección General de Inspección de Reglamentos de Zapopan, que encabezaba Fernando Espinoza de los Monteros.

Entre 2012 y 2013, Estanislao Rodríguez Ruiz desvió cerca de 720 mil pesos para sobornar a funcionarios de Zapopan, según una auditoría que los colonos de Campo Real hicieron a esos años.

Los residentes del fraccionamiento presentaron el 10 de junio pasado una denuncia escrita al alcalde de Zapopan, el priista Héctor Robles Peiro, sobre las irregularidades que encontraron en la gestión de Estanislao Rodríguez.

“Lamentablemente (el caso) tomó un giro que no esperábamos ni buscábamos. El hecho de que hubiéramos presentado las denuncias ante las instancias correspondientes era porque, quienes formamos parte del consejo y nunca fuimos informados, al igual que muchos colonos, nos mostramos inconformes con el manejo que se hizo de los recursos para beneficio de la asociación”, expuso Francisco Javier Sánchez, vecino de Campo Real.

La presión de los colonos hizo que Rodríguez fuera cesado del cargo el mes pasado. Fernando Espinoza de los Monteros también renunció el 29 de octubre y presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por extorsión contra quien resulte responsable.

Ese mismo día, Héctor Robles anunció una investigación en Inspección de Reglamentos.

Seguridad Pública, Inspección de Reglamentos y Licencias son las tres áreas más corruptas del Ayuntamiento, según el Índice Municipal de Corrupción hecho por la Academia Jalisciense de Transparencia y Acceso a la Información y Profesionales por la Ética.

Origen vecinal

La falta de transparencia al interior de la asociación de colonos del fraccionamiento fue la que desató la inconformidad entre los vecinos. La presidencia nunca mostraba el informe mensual sobre los movimientos de las aportaciones vecinales.

Una auditoria realizada por Factox S. de R.L. de C.V., reveló que las finanzas internas de la administración de Estanislao Rodríguez mostraban irregularidades entre movimientos bancarios y una nómina gruesa en la dirección de la asociación, además de la compra de mobiliario inexistente para oficinas y la falta de declaraciones financieras mensuales.

“Hemos revisado los documentos proporcionados de los ejercicios 2012 y 2013 de la Asociación de Colonos del Desarrollo Residencial Campo Real A.C. (…) se presentaron varias irregularidades mencionadas en los anexos siguientes y deben ser subsanadas y/o corregidas a la brevedad ya que son un riesgo latente”, señala el documento de la auditoria.

Entre las principales anomalías está el hecho de que Estanislao Rodríguez transfería dinero de los colonos a su propia cuenta bancaria. 

Solo el 23 de enero del año pasado hizo dos transferencias a su cuenta personal por 65 mil 759 pesos cada una. Y al momento de reportar los movimientos a los colonos, sólo presentaba el recibo de una transferencia.

También utilizaba números de cuentas falsas, que plasmaba en los reportes financieros de Campo Real. Tal fue el caso de la cuenta 1490153496, que fue reportada como falsa por Bancomer BBVA.

Para justificar el pago de la instalación de plumas de ingreso, Rodríguez mostraba facturas que compraba para justificar el gasto, como la factura 395 por 51 mil 826 pesos, que compró a nombre de Servicios Regionales Pava, S.A. de C.V., una empresa especializada en pasos a desnivel, pavimentos y que es parte del padrón de proveedores del Gobierno de Jalisco.

Burócratas involucrados

La principal petición de los vecinos era la instalación de plumas de acceso al fraccionamiento, por el ambiente de inseguridad generado por los terrenos alrededor de Campo Real, al norte de Zapopan.

En una carta enviada el 4 de julio de 2012 a Mario Alberto Manzano Cuevas, director de Patrimonio municipal, la asociación de colonos solicitó al funcionario el permiso para la instalación de malla ciclónica, la instalación de una caseta de vigilancia y plumas en el ingreso.

El 18 de ese mes, el funcionario respondió a los vecinos en el oficio 112/2012/SPP/2-319 que podían instalar de forma temporal una pluma de acceso vehicular. 

Los vecinos comenzaron a dudar cuando el Ayuntamiento solicitó más pagos para la instalación de la pluma, aún cuando ellos ya habían dado sus aportaciones a Estanislao Rodríguez.


El 24 de octubre pasado, a través de una página de Facebook, se dieron a conocer audios en los que se escucha la voz de Estanislao Rodríguez reconociendo que utilizaba el dinero de los colonos para dádivas que entregaba a servidores públicos de Zapopan y así obtener beneficios para el fraccionamiento.

“Dicho proceso (la instalación de las plumas de acceso) tuvo que pasar por infinidad de reuniones y funcionarios, desde mando intermedios hasta directores y regidores de la administración municipal anterior y parte de la actual, desde comidas en restaurantes, haciendo eternas antesalas en sus oficinas, hasta fiestas de cumpleaños y serenatas en las que tuve que participar amenizándolas. Ustedes saben que me gusta la cantada y la fiesta también”, declaró Rodríguez Ruiz en una asamblea con los colonos.

A través de la Contraloría municipal, el Ayuntamiento realiza una investigación; aunque para regidores de oposición, como Augusto Valencia López, dicho proceso no tendrá responsabilidad para el Municipio y por lo tanto debe proceder un juicio político contra el alcalde Héctor Robles Peiro.

Campaña en su contra

A través de un comunicado, Estanislao Rodríguez Ruiz, exjefe de departamento de la dirección de Inspección y Reglamentos de Zapopan, rechazó que haya incurrido en actos de corrupción y negó que funcionarios municipales estén involucrados en los mismos.

Rodríguez Ruiz se limitó a presentar un comunicado ante la prensa y evitó ahondar en los señalamientos en su contra, que implican tanto presuntos sobornos a servidores públicos municipales hasta transferencias de recursos de la asociación de colonos del fraccionamiento Campo Real.

Sobre los audios que circularon hace unos días en redes sociales y en los que se le escucha decir que mantiene cercanía con altos burócratas del municipio, el exfuncionario municipal admitió que se trata de su voz, pero que la grabación ha sido editada para desprestigiarlo.

Acusó al exsecretario de la asociación de colonos de Campo Real, Francisco Sánchez, y al extesorero de la misma, Gustavo González, de orquestar una campaña en su contra. 

Y pidió que no se involucren a funcionarios de la actual administración municipal que encabeza el alcalde Héctor Robles Peiro.

 “Que de ninguna manera se involucre a funcionarios ni autoridades de esta actual administración municipal, porque es evidente que durante el trámite que yo realicé, ellos no estaban en funciones”, dijo. 

Multifuncional
Estanislao Rodríguez Ruiz desempeñó dobles funciones:

 > Hasta octubre pasado, Estanislao Rodríguez Ruiz fue jefe de departamento en la dirección de Inspección de Reglamentos de Zapopan.

> Su salida se debió a que, siendo también presidente de colonos de Campo Real, entre 2012 y 2013, utilizó dinero de los vecinos para sobornar a funcionarios del Ayuntamiento, a cambio de favores para el citado fraccionamiento ubicado en el norte del municipio.

> Audios que circularon en redes sociales en la última semana de octubre pusieron al descubierto la amistad de Rodríguez con varios burócratas de Zapopan.

> En las grabaciones, Rodríguez Ruiz presumió una cercanía con quien era su jefe inmediato, Fernando Espinoza de los Monteros.

> Espinoza de los Monteros presentó su renuncia como titular de la dependencia municipal el pasado miércoles 29 de octubre.

Muy espléndido...

El expresidente de colonos del fraccionamiento Campo Real utilizaba dinero de los colonos para pagar a funcionarios de Zapopan:

> 600 pesos quincenales
Gasto para policía de Zapopan

> 2,000 pesos mensuales
Pago para auxiliar de mejoramiento urbano

> 1,592 pesos
En comidas con el Ayuntamiento (sólo en abril del 2013)

> 4,902 pesos
en 48 botellas de licor para regidores en Navidad del 2013

> 823 pesos

Comida con el regidor priista Roberto Rivas Miramontes en noviembre 2013

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JONATHAN ÁVILA.

“Entre la Revolución y la trasnformación; EPN tendrá que prepararse para el ‘tumulto social’”

El caso sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue presente en los medios internacionales, por segunda vez The New Yorker vuelve a afirmar que estos hechos han indignado a México no sólo por este acontecimiento, sino por toda la violencia social que se desata día con día y en donde los habitantes parecían “anestesiados” hoy parecen haber despertado.

Esta revista, una de las más influyentes de Estados Unidos y del mundo, publicó un análisis de Francisco Goldman, titulado “Crisis en México: ¿Podrán cuarenta y tres estudiantes detonar una revolución?, donde exponen que el Gobierno de Enrique Peña Nieto debe prepararse para una “condena y un gran tumulto social” si se confirma la muerte de los estudiantes.

Y es que una veintena de fosas con restos humanos aparecieron después de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, ante esto la revista señala la especulación de que esas tumbas podrían contener los restos cuando menos de algunos de los estudiantes, que hasta el momento la Procuraduría no ha confirmado. “Un anuncio por parte del gobierno podría darse en cualquier momento o incluso nunca darse” dice Goldman.

“Desde la desaparición de los estudiantes el 26 de septiembre, todos los días, en la Ciudad de México y en todo el país, se celebran marchas y diversas acciones cívicas, la mayoría de ellas pacíficas. Muchos en México se preguntan por qué los 43 desaparecidos han inspirado tal indignación en un país que parecía anestesiado ante la violencia a gran escala”. La respuesta, dice el escritor, puede estar en que la gente ya está harta de la violencia y la impunidad.

El artículo reafirma que este caso mostró los vínculos existentes entre las autoridades locales más corruptas y los políticos nacionales de élite. así como la relación del crimen organizado apoyado de las autoridades “corruptas o indefensas” que dominan la mayor parte del territorio.

“Ahora, los vacíos en el gobierno de México son demasiado obvios. El país está estremecido y parece al borde de un terrible cataclismo o de una asombrosa transformación” subraya The New Yorker.

Ayotzinapa somos todos; un grito internacional 

En medio de las festividades por la tradición mexicana del Día de Muertos, el reclamo de justicia y solidaridad se hizo presente en México y el mundo. Intervenciones, manifestaciones artísticas y altares en distintos países donde mexicanos y extranjeros protestaron la violencia, corrupción e impunidad que se desató en el país, pero sobre todo las denuncias se hicieron notar por el caso de Ayotzinapa y la exigencia de los 43 normalistas con vida.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0.
AUTOR: ERIDANI PALESTINO.

La ley de Moreno Valle para controlar a las ONGs

Crear un registro estatal de organizaciones de la sociedad civil en Puebla, otorgar a las ONGs registradas la posibilidad de obtener recursos públicos pero dotarlas de algunas obligaciones, como entregar un informe anual sobre sus actividades y abstenerse de hacer proselitismo político “a favor o en contra” de algún candidato en tiempos electorales.

Los puntos anteriores están contemplados en la Iniciativa de Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado de Puebla, turnada por el gobierno estatal al Congreso el 15 de octubre de este año y que se encuentra en discusión en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Organizaciones No Gubernamentales.

Desde su aparición, la iniciativa ha provocado las críticas de académicos e integrantes de organizaciones no gubernamentales dedicadas a diversos temas, que ven en algunos de sus puntos intentos de controlarlas y fiscalizarlas, y que lejos de fomentar sus actividades las enreda en nuevos obstáculos burocráticos además de los que ya deben sortear en el orden federal.

Otra de las críticas se centra en el pronóstico de que sólo podrán ser beneficiadas las organizaciones que se dedican a la asistencia social y no aquellas que buscan fomentar la participación ciudadana y democrática, pues su propia acción resulta incómoda para los gobiernos.

–(La iniciativa) va limitando el ejercicio del uso de recursos públicos –considera Gerardo Martínez Águila, responsable del Programa Universitario de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría– y entonces sí se puede volver discrecional. Al momento de operar, el estado va a decir “como no cumples con esto, no tienes derecho a poder acceder a tal o cual recurso”. Eso es algo con lo que hay que tener mucho cuidado porque al final de cuentas esta iniciativa de fomento se puede convertir en que sólo participen aquellas organizaciones que sean cercanas al gobierno del estado.

Para el académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, la propuesta del gobierno estatal no atiende a las realidades que viven las organizaciones, algunas mucho más pequeñas que otras, por lo que el resultado final sería que muchas de ellas incluso anularían cualquier tipo de relación con el estado.

–¿De qué manera el estado se relacionará con las organizaciones de la sociedad civil si ahorita, con las condiciones en que se está, no hay muy buena relación entre organización civil y gobierno del estado? –cuestiona, en entrevista con Lado B.

Y otro de sus cuestionamientos es que al ser una iniciativa turnada al Congreso del estado sin mediación o discusión alguna con las organizaciones, desde el inicio se ignoró que la existencia misma de la sociedad civil organizada se debe a la voluntad de participación y diálogo.

–El problema es no reconocer la realidad de las organizaciones civiles como un proceso ciudadano de participación, y que al momento de que una iniciativa que tendría que ir con una consulta entre organizaciones y gobierno del estado, no se ve este proceso. El gobernador presenta iniciativas más con mirada de fiscalización que de fomento o diálogo.

Para Israel Sampedro, de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, la iniciativa fungirá como un plan “perverso” de cooptación del gobierno estatal a las organizaciones, e incluso se prestará para favorecer el oportunismo de particulares que busquen obtener recursos públicos, alentando a organizaciones surgidas de la noche a la mañana, sin trabajo de base, y haciendo a un lado a las dedicadas a la defensa de los derechos humanos, cuya relación con el estado es en lo general tensa.

–Estas iniciativas –dice el defensor, en entrevista con este portal– van encaminadas en el sentido de a ver quién cae, quién no tiene objetivos y principios claros, y va a haber estímulos económicos, el condicionante económico se vuelve parte de una cuestión muy perversa de cooptación, de limitación al trabajo de derechos humanos.

Y agrega:

–Nosotros decimos, como organización, que no somos mediadores. Cuando hablamos de una violación a derechos humanos es porque el Estado, en cualquiera de sus niveles, agrede o comete un acto contrario a su normatividad que implica una violación. Por tanto, en el momento en que nosotros nos convertimos en defensores de derechos humanos, estamos trabajando al lado de la victima, no mediamos, enfrentamos al aparato del estado que pretende tener impunidad y buscar los mecanismos para evitar ser exhibido.

En realidad, la crítica de Israel Sampedro se suma a la de otros defensores de derechos humanos que ya han hecho público su malestar al respecto de esta iniciativa.

El activista Misraim Hernández, vocero del Contingente Puebla, dijo al portal e-consulta que la iniciativa tiene la finalidad de “centralizar y controlar a las organizaciones por parte del estado”. Y Brahim Zamora, vocero del Odesyr, declaró al Periódico Central que iniciativas como éstas, que buscan fiscalizar a las organizaciones, además de ociosas, pues las organizaciones ya son fiscalizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal, terminan por “mermar en la vida institucional y burocratizar, tender a desaparecerlas. Inhibir la participación ciudadana a través de las ONG’s. Y generar una serie de tramitología, vigilancia fiscal y de poner trabas burocráticas”.

De acuerdo con la página web del Congreso, la iniciativa debe presentarse en el tercer periodo de sesiones, mismo que culmina el 15 de diciembre.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: Josué Cantorán