lunes, 1 de diciembre de 2014

Desplazados por violencia en México, un fenómeno ignorado que afecta al menos a 170 mil personas

En la mayor parte del país no se ha podido documentar cuántos mexicanos abandonaron sus hogares por la violencia; los casos conocidos se caracterizan por haber sido ignorados por las autoridades.

En enero de 2012, las familias de la comunidad de Ocurague, Sinaloa, tuvieron que elegir entre abandonar sus hogares, sus tierras, su ganado, sus huertos y todas sus pertenencias o unirse a las filas del crimen organizado.

Ya había pasado más de un año desde que grupos armados —se presume que de la organización de los Beltrán Leyva— se habían apoderado de la sierra. Los vecinos se acostumbraron a pasar la noche escondidos entre matorrales cada que escuchaban “el zumbar” de camionetas y metralletas.

“Ellos patrullaban como si fueran gobierno, nos amenazaban y decían que si no nos íbamos teníamos que ser reclutados a su servicio. El 10 de enero de 2012 asesinaron a un vecino de Ocurague y al día siguiente por la noche a una familia entera. Enloquecidos por el miedo tomamos la decisión de salir, dejarlo todo”, cuenta Esperanza Hernández, habitante de esa región y vocera de al menos 600 familias de 40 comunidades sinaloenses que han sido desplazadas por la violencia del crimen organizado en esa entidad.

Aunque ella misma ha presentado esos casos ante autoridades de los tres niveles de gobierno, el tema de los desplazados por violencia es invisible en el país, coinciden investigadores, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.

“Es un fenómeno ignorado. No tenemos, no existen los mecanismos adecuados para poder medir el fenómeno y por lo tanto atenderlo. Nosotros tenemos evidencia de que por lo menos 30 mil personas han sido desplazadas de Chiapas. Sabemos por el censo de población que ha realizado Doña Esperanza que entre 6 mil y 8 mil personas han sido desplazadas en Sinaloa y es sólo de los municipios donde ella ha estado presente.

“Sabemos que en el Valle de Juárez han sido desplazadas 135 mil personas, pero no tenemos forma de contabilizar desplazados de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Estado de México y otros estados de la república con problema de desplazamiento.

“Entonces si me preguntan una cifra, no la tengo, no existe, pero tenemos certeza que al menos son 170 mil personas desplazadas por violencia en México”, explica Laura Rubio, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y autora del libro “Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana”, presentado este jueves.

Sin cifras oficiales sobre cuántas personas han sido desplazadas por la violencia en el país, tanto la investigación de Laura Rubio como la del Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) coinciden que los estados más afectados por este fenómeno son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Según los testimonios recabados, hasta antes de 2007 el desplazamiento ocurría por la disputa por tierras, conflictos comunales, intolerancia religiosa, la construcción de mega proyectos, catástrofes naturales y en la región de Chiapas y el sureste del país por el conflicto derivado del movimiento zapatista.

Sin embargo, después de ese año y con la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad del presidente Felipe Calderón, las causas principales del desplazamiento son la violencia criminal, la ejecución de operativos de seguridad, la corrupción y las violaciones a derechos humanos.

 Un tema “no atendido”

La autora de la investigación dice que el objetivo de ésta es visibilizar a las víctimas de desplazamiento y llamar la atención del Estado para que se cree un programa de asistencia y se tome en cuenta este fenómeno hoy ignorado.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossio, dijo durante la presentación del libro que “el fenómeno de los desplazados sigue sin ser nombrado en México y por tanto es un tema no atendido por el Estado”.

Cossio hizo énfasis en la necesidad de acercarse a las víctimas y no ignorarlas, como ocurrió por años con los desaparecidos y secuestrados.

En su testimonio, Esperanza Hernández no sólo describe cómo la violencia la sacó a ella y a otras 600 familias de sus comunidades, también habla de cómo han sido ignorados por autoridades.

Cuenta que en 2013 se reunió con el gobernador estatal, Mario López Valdez, y que el mandatario, simplemente negó que exista un problema de desplazados por violencia.

“El gobernador lo niega. Tuve una audiencia con él el año pasado pero fue una situación muy fea, yo traté de contarle esto pero ni siquiera me dejó empezar, me dijo que él no estaba interesado en historias”.

“Hemos denunciado los hechos y pedimos ayuda humanitaria, esperanzados de que se iban a tomar acciones y nosotros podríamos regresar a nuestras comunidades. Pero pasó el tiempo y la situación de desplazamiento de nosotros ya va para tres años y ni una sola autoridad ha hecho algo para que eso cambie. Hemos hecho gestiones ante los tres niveles de gobierno, diputados del estado, senadores y no tenemos una respuesta”, dice.

Esperanza es vocera de 600 familias desplazadas de la sierra, pero asegura que hay muchas más.

En 2012, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Sinaloa confirmó que en toda la entidad había 1,200 familias desplazadas por la violencia.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) —que apoyó la investigación— denuncia que las autoridades mexicanas se han negado a reconocer que existe un problema de desplazados por violencia.

“No existen políticas, planes que aborden el problema, son un grupo vulnerable que no es considerado como tal por las mismas autoridades y por lo tanto no existe un plan para atenderlos”, dijo José Antonio Guevara, director ejecutivo de la CMDPDH.

El caso de Esperanza y los otros testimonios recabados en esta investigación muestran cómo el fenómeno ha crecido en los últimos años sin que haya sido atendido.


“Yo veo que ante la falta de respuesta del gobierno los grupos (criminales) están tomando todo lo que es nuestro mientras que nosotros, los que somos desplazados, estamos en una pérdida absoluta de todo”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: TANIA L. MONTALVO

Acepta Sandino que participó en agresiones vs policías; “teníamos que defendernos”, dice

"Contrarrestábamos el ataque policiaco", dice sobre los hechos ocurridos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El estudiante y activista Sandino Bucio reconoció que sí es el sujeto encapuchado que aparece en las fotografías, que lo implican en hechos del pasado 20 de noviembre; no obstante, indicó que su participación fue en respuesta al “ataque policiaco” que vivieron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Los granaderos ya no solo estaban protegiendo el Aeropuerto sino empezaron a avanzar hacia nosotros, a correr, hubo varias detenciones. Vimos que estábamos en peligro, muchos tuvimos que usar nuestro legítimo derecho a defendernos… los policías arrojaban objetos, contrarrestábamos el ataque policiaco”, expuso.

Refirió que estaba encapuchado como una forma de protección ante el Estado, que “persigue” a activistas.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, narró su detención, el viernes 28 de noviembre, cerca del Metro Copilco, supuestamente para que declarara sobre los hechos del 20 de noviembre, sin embargo aseguró que en ningún momento lo interrogaron sobre ello. Además, negó haber participado en el incendio de la Puerta de Palacio Nacional.

Denunció que lo amenazaron y golpearon los supuestos agentes federales -quienes ya fueron suspendidos-, pero duda que éstos pertenezcan a la Policía Federal, pues señaló que existe una “dirección de policía encubierta e infiltración“.

La detención

Bucio Dovalí indicó que fue detenido el viernes, aproximadamente a las 5 de la tarde con 5 minutos, por parte de 2 sujetos vestidos de civil.

Uno de ellos “llega y me sostiene del brazo y dijo que fuera con él”; entre los dos “me empezaron a jalar de los brazos”; luego otros 2 se bajan del coche y “me empiezan a jalonear”.

Como era una calle muy concurrida por estudiantes de la UNAM, pudieron grabar el momento de su detención.

“Una vez en el coche avanzaron con la puerta abierta, me acostaron en la parte trasera, avanzamos todo el Eje 10 con mis pies arrastrando, todo el trayecto desde Copilco al Centro Histórico me fueron cuestionando, me pidieron que teclerara mis contraseñas de redes sociales, me dijeron que me podían desaparecer”, narró.

Antes de llegar a las instalaciones de la SEIDO, acusó, fue golpeado por una persona a la que identificaban como “El Jefe”.

“Pasó bastante hasta que me presentaron en la SEIDO… me volvieron a amenazar con una pistola, casi chocamos… después me subieron a una camioneta negra… se sube sujeto que le decían El Jefe”, apuntó e indicó que fue golpeado de 10 a 15 veces en “toda la cabeza”, e incluso el mismo sujeto “me arrancó mechones de pelo, me dijo que me iba a violar, que iba a hacerle cosas a mis familiares”.

“No sabía qué iba a suceder conmigo… El Jefe dijo que aceleraran el coche porque los estaba persiguiendo policía de PGR”, abundó.

En ese sentido, afirmó que existe una “dirección de policía encubierta e infiltración”, conformada por sujetos como los que lo detuvieron, vestidos de civil, en coches particulares.

“Una vez llegando a la SEIDO, El Jefe me condujo desde el estacionamiento hasta la oficina donde declaré”, mencionó.

“Es falso que me hayan detenido porque agredí a uno de los policías y participé en desmanes de la puerta… en el acta de por qué me detuvieron dice que portaba una bomba en mi morral el día 28, y que cuando me subieron al auto la intenté usar contra ellos… nunca me cuestionaron sobre mi participación en estos eventos, si me detuvieron para cuestionarme al respecto, no me cuestionaron ni fue tema”, aseguró.

Sandino explicó que ha participado en muchas manifestaciones -”desde que tengo memoria”-, pero desde el 1 de diciembre de 2012 han cambiado, pues ahora se ha “incrementado” la persecución de activistas sociales. Indicó que por ello fue encapuchado a la manifestación del 20 de noviembre en las inmediaciones del Aeropuerto.


Agregó que ahora también hay mayor rabia y enojo por “toda la violencia que viene de parte del Estado”, la cual “no se compara en absoluto con quemar una puerta, lanzar un cohete”.

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

EPN me dijo que vivió en #laotracasaenlaslomas: Katia D’Artigues

La periodista entrevistó a EPN en #laotracasadelaslomas propiedad también del contratista y dueño de la "Casa Banca." Ahí vivió un corto tiempo a la muerte de su primera esposa,según le reveló a la periodista.En una pared colgaba un "José Luis Cuevas" dedicado al entonces precandidato Peña Nieto.

La periodista Katia D’Artigues  reveló, en Noticias MVS, que entrevistó a Enrique Peña Nieto cuando éste era precandiato a la Presidencia en la residencia ubicada en Lomas de Chapultepec, que hoy se sabe es también propiedad del contratista  Juan Amando Hinojosa Cantú.

La residencia fue utilizada como una suerte de oficina alterna en el periodo de precampaña, campaña y transición por el entonces candidato del PRI a la presidencia, según diversos testimonios y referencias hemerográficas de la época.

La presidencia ha reconocido que la residencia fue ocupada por Peña Nieto en algunas ocasiones, fundamentalmente en su calidad de presidente electo. En la versión entregada por escrito a Noticias MVS, primera emisión, la presidencia afirma que la casa fue tomada en renta por el hoy consejero jurídico de Peña Nieto y que en esa calidad fue facilitada a Peña Nieto para realizar actividades “privadas,” y algunas entrevistas. De acuerdo a esta versión #laotracasadelaslomas ha sido rentada por Casilleros de 2011 a la fecha.

La periodista D´Artigues narró que antes de iniciar la grabación  con Peña Nieto, le  preguntó de manera casual sobre esa casa en la que realizarían la entrevista. Peña Nieto le contestó que en esa casa había  vivido un corto tiempo, después de la muerte de su primera esposa Mónica Pretellini. No especifico en que fechas, ni el tiempo en que ahí habitó ni las razones por las cuales habría tomado esa residencia como residencia.

Documentos en poder de la Unidad de Investigaciones Especiales del Noticias MVS-primera emisión, señalan que la casa fue comprada por Hinojosa Cantú en el año 2011. Mónica Pretellini falleció en el mes de enero de 2007.

D´Artigues recordó:  ”…le pregunté pues, que esa casa ¿de quién era o qué?  y bueno pues,  lo único que recuerdo -no está grabado- es que me dijo que era una casa que utilizaba…le convenía porque estaba cerca de la casa de Angélica…siempre se refirió a la casa de Angélica Rivera…que también estaba cerca de la representación del Estado de México.

Le pregunté si alguna vez había vivido ahí, y me dijo que durante muy, muy poco tiempo, cuando su esposa había fallecido y nada más”, indicó.


La periodista recordó que la residencia tenía dimensiones grandes y que en la habitación en la que espero algunos minutos a la  llegada de Peña Nieto observó que  había, colgado en la pared,  un dibujo del pintor José Luis Cuevas con una dedicatoria  escrita para el entonces precandidato presidencial.

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTRO: REDACCIÓN.

Hace 2 años se pensaba que el PRI es corrupto pero eficaz; ahora sólo se piensa lo primero

Cuando Enrique Peña Nieto comenzó su sexenio, una parte de la población se había hecho a la idea de que el PRI sabía cómo hacerlo, de que era corrupto se daba por sentado, pero que era eficaz; ahora, al paso de 2 años, la conclusión es que lo corrupto no se le ha quitado, pero eso de eficaz ya probó que no es el caso, sostuvo Lorenzo Meyer.

En la Mesa Política de MVS, el historiador señaló que antes de que ocurriera la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, la eficacia del gobierno podía medirse en lo económico, con un mediocre crecimiento.

“La idea de que con Enrique Peña Nieto y el PRI quizá iba a volver, si no la honradez, por lo menos la eficacia, eso ya no se dio”, agregó.

Comentó que el Presidente viene de un sistema político del Estado de México, desde donde no supo dar el “salto” y no tenía la experiencia para semejante reto.

Por ello, apuntó, manejó el mismo estilo como Presidente, “como si estuviera en el Estado de México”.

Respecto a por qué no ha pedido la renuncia de alguno de los integrantes de su gabinete –pese a la exigencia ciudadana- consideró que es “porque probablemente él se siente a gusto con esa fórmula, uno gobierna con los muy, muy cercanos, que conoce hasta cómo respiran, pero no está funcionando”.
“Hay un problema de que simplemente no tiene la experiencia y no tiene la sensibilidad”, subrayó.

En el Estado de México, señaló, no se les educó para “hacerle frente a problemas más complejos”.

Además, indicó, la sociedad sí ha cambiado, y se volvió más exigente.

En el tema de la “casa blanca”, mencionó que si esto se hubiera conocido cuando fue gobernador del Estado de México, “quizá no hubiera pasado nada”, primero porque los medios locales no lo hubieran publicado.

“Una vez que se da el salto y se pasa al México general, un tema como este es particularmente duro para una sociedad que ya está harta, ya lleva siglos de corrupción, y que puede contrastarse con otras sociedades donde esos actos de corrupción se pagan y aquí sigue como si nada”, dijo Meyer.

En cuanto a lo que ocurre en Guerrero, comentó que “se ve que allí no tenían proyecto”, pues a lo que le había puesto todas las luces es a las reformas que impulsó al inicio del sexenio.

Lo que le faltó al decálogo

Sobre las acciones anunciadas la semana pasada por el Presidente, Denise Dresser aseveró que el gobierno no sabe cómo reaccionar a la crisis que se le presenta y es incompetente para enfrentar los problemas.

Los 10 puntos que dio a conocer Peña Nieto, es un “decálogo soso, descolorido, insignificante, en el cual faltó lo que todos esperábamos: falta un reconocimiento de la crisis que atraviesa, falta reconocer errores, falta la renuncia del procurador Jesús Murillo Karam por no haber atendido oportunamente las acusaciones sobre el comportamiento del alcalde de Iguala…”.

“Esperamos la renuncia exigida del secretario Gerardo Ruiz Esparza por haber avalado licitación amañada del tren México-Querétaro… falta una referencia al conflicto de interés. Faltó el anuncio de una investigación a fondo sobre el grupo Higa y un anuncio de prohibir a Grupo Higa de que participe en licitaciones”, agregó.

“Faltó una disculpa pública sobre el tema de la casa blanca. Falta entregar declaraciones patrimoniales y fiscales de Angélica Rivera, para saber si los recursos con los que pagó la casa son de procedencia lícita. Y si se va a anunciar un compromiso contra la corrupción, que empiece por limpiar su propia casa, la casa blanca y la casa priista”, señaló.

Que comience con los impunes en su propio partido, pidió la doctora. Que comience atendiendo la orden de aprehensión internacional contra Arturo Montiel, por la retención ilegal de los hijos que procreó con Maude Versini.

También faltó el anuncio de una estrategia para combatir la inseguridad, que tome en cuenta lo que Edgardo Buscaglia ha recomendado, añadió Dresser.

EPN “centraliza a la policía pero no explica ¿cómo va a atender su ineptitud? Nos dan un anuncio del número de emergencia para hablarle a la policía de la que se desconfía”.

Faltó también una referencia al caso Tlatlaya y las irregularidades del Ejército.

El gobierno, finalizó la politóloga, no entiende la dimensión de la desconfianza ciudadana, la profundidad del enojo y el tamaño de crisis.

“Hubiéramos querido ver una pizca de empatía o humildad… vimos un presidente que le habla al teleprompter pero no a la ciudadanía, alguien que cierra los ojos, evade responsabilidades, desvía la mirada o distribuye un decálogo más”, concluyó.

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

A dos años del gobierno de EPN, protestan en 10 estados

Cientos de manifestantes salieron a marchar a las calles en al menos 10 estados de México, este lunes 1 de diciembre, para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en contra de Enrique Peña Nieto, que cumple dos años de gobierno con una “caída histórica” de sus índices de aprobación.

En Chilpancingo, la capital de Guerrero, los manifestantes cerraron establecimientos que se encuentran en un centro comercial ubicado al sur de la ciudad.

La comitiva pidió a la gente que saliera de las instalaciones y realizaron pintas en los establecimientos en las que se exige la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con un reporte del periódico Reforma. En Acapulco, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense cerraron tiendas de autoservicio para exigir la presentación de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los manifestantes, algunos encapuchados, fueron vigilados por agentes de la Policía estatal sin que se reportaran detenciones.

En Morelos, estudiantes universitarios, pobladores de la zona sur del estado y maestros del Movimiento Magisterial de Bases protestan en la plaza de cobro de peaje de Balnearios, ubicada sobre la Autopista del Sol –una vía que conecta el puerto turístico de Acapulco con el DF–.

A la caseta llegaron agentes de la Policía Federal y elementos de la Policía de Mando Único, quienes permanecen en alerta.

En Puebla, estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) marcharon contra el gobierno federal y el mandato de Rafael Moreno Valle.

El contingente hizo su recorrido por el boulevard 5 de mayo y la calle 17 oriente en la zona centro de la capital del estado. La marcha continuó hacia el congreso local, hasta que finalmente se congregaron en el zócalo de la ciudad.

En Michoacán, diversas organizaciones estudiantiles y civiles iniciaron un bloqueo a los accesos a la ciudad de Lázaro Cárdenas y a su zona industrial, en una sección maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevan a cabo el bloqueo del principal acceso carretero a la localidad, el cual conecta con la Autopista Siglo 21, que va de Lázaro Cárdenas-Pátzcuaro.

El contingente magisterial exige solución a la desaparición de 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa. La sección 18 de la CNTE informó que el bloqueo forma parte de la movilización nacional emprendida hoy en apoyo a los normalistas.

El Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de Oaxaca, al sur de México, suspendió este lunes 1 de diciembre sus actividades debido a la toma de sus instalaciones por parte de militantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), durante la jornada de protestas convocadas por el caso Ayotzinapa.

“Todo el pueblo al poder FUL-APPO”, “Presentación con vida de los 43 normalistas, castigo a los culpables”, “Fuera Peña”, se lee en pintas hechas en la fachada de la terminal aérea.

El diario Reforma informó que decenas de turistas están esperando en esta ciudad debido a la cancelación de sus vuelos; los aviones procedentes de otras ciudades tampoco están llegando a Oaxaca.

De acuerdo con las pantallas de la terminal, según Reforma, 6 vuelos están pendientes de arribar, lo mismo que 7 salidas.

Los manifestantes, que militan en el Frente Popular Revolucionario (FPR), que es una agrupación satélite de la Sección 22 de la CNTE, tiene cerrados todos los accesos.

Este lunes están convocadas manifestaciones –en México y el mundo– para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado, cuando fueron atacados por policías municipales de Iguala, Guerrero.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Osorio Chong dice que Peña presentará (otro) plan para Guerrero

El plan del presidente priista ocurre a tres años de que Felipe Calderón presentara el programa Guerrero Seguro, también contra la inseguridad.

A tres años de lanzamiento del programa Guerrero Seguro –durante la administración de Felipe Calderón–, el presidente Enrique Peña Nieto presentará un nuevo plan contra la inseguridad en ese estado, informó este lunes 1 de diciembre el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Hoy tenemos una circunstancia adversa en Guerrero que nos lleva a una circunstancia en la que hoy los delincuentes están haciendo de las suyas, pero no lo vamos a permitir (…) Se anunciará un plan como lo hemos hecho en todas otras regiones con problemáticas cuando llegamos al gobierno. Lo vamos a hacer en el estado de Guerrero, con toda contundencia y con toda la fuerza del Estado””, dijo el funcionario federal  en entrevista con la periodista Adela Micha.

Osorio Chong agregó que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos “nos vino a lastimar todo este proceso (de reformas)” que lanzó Peña Nieto al iniciar su mandato, el 1 de diciembre de 2012.

Este plan se añadiría a otros que ya hay en entidades del país, como Tamaulipas, donde el gobierno del presidente lanzó el 13 de mayo pasado un operativo especial  luego de enfrentamientos. Asimismo, el 4 de febrero, la administración priista anunció una inversión de 45 mil 500 millones de pesos en Michoacán para impulsar el desarrollo económico y social de la entidad; esto luego de un despliegue de fuerzas federales.


Esta declaración de Osorio Chong ocurre el mismo día que el Grupo Reforma publicó una encuesta que evidenció una caída “histórica” de la aprobación de Peña Nieto. Según el diario mexicano, el presidente tiene una desaprobación de 58%.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN

“Reforma telecom: corte de caja”

Por desgracia, detrás de la redacción de varios de los artículos de la Reforma se adivinaba ya la intención gubernamental de recular, de hacerle trampa al país, de eludirnos, señala Levy.

Hace un año y medio entró en vigor la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones (“Reforma”) que fue incluida en el paquete de las reformas estructurales que prometen cambiar a México, mover a México. ¿Sus objetivos?:

1) Acabar con la brutal concentración que desde hace décadas tenemos en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión; para ello incluyeron la figura de la preponderancia.

2) Apuntalar los derechos fundamentales, particularmente el de información; entonces fue programada la licitación de dos nuevas cadenas nacionales de televisión digital comercial, fue incluida la facultad para limitar la propiedad cruzada de medios, se habló de garantizar frecuencias para medios sociales (comunitarios e indígenas), así como la obligación de crear un organismo descentralizado para proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro que garantizara libertad editorial y autonomía financiera, entre otras cuestiones.

3) Promover la competencia y establecer nuevas reglas para la convergencia, a fin de que las empresas presten todos los servicios que técnicamente posibiliten sus redes; para eso se estableció la concesión única.

4) Recibir nuevas inversiones y multiplicar los prestadores de servicios; para lograrlo se planea democratizar insumos esenciales a través de la creación de una red compartida mayorista en la banda de 700 MHz, junto con la ampliación de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.

5) Desarrollar un amplio catálogo de derechos de los usuarios y de las audiencias en la ley secundaria –incluyendo el derecho de réplica-, así como los mecanismos para su defensa.

El vehículo para aterrizar todo esto sería doble, según la propia Constitución: por un lado, la expedición de una ley que transformara la Reforma en derechos, obligaciones y herramientas concretas para materializar lo en ella expuesto y, por otro lado, la Comisión Federal de Telecomunicaciones sería sustituida por un organismo constitucional autónomo integrado por las personas más calificadas, elegidas mediante un proceso totalmente transparente.

Por desgracia, detrás de la redacción de varios de los artículos de la Reforma se adivinaba ya la intención gubernamental de recular, de hacerle trampa al país, de eludirnos. Así fue como la preponderancia terminó siendo una ficción en la ley secundaria, una figura que sorprende incluso a las teorías más trasnochadas de la competencia económica. Pero la cosa no quedó ahí, a este diseño fallido de preponderancia se sumó la invitación a tener mayor concentración en diversos servicios gracias a la inclusión del noveno transitorio en la ley secundaria. Además, algunas de las obligaciones asimétricas parecen maquilladas, ahí tiene usted la oferta pública de América Móvil para uso de su infraestructura que increíblemente no incluye tarifas, y qué decir de la oferta de Televisa que ni siquiera ha sido publicada.

Por otro lado, la licitación de dos cadenas de televisión ha decepcionado a nacionales y extranjeros pues solo 3 postores han decidido pasar a la segunda etapa en un proceso licitatorio que será definido por el criterio económico y que se ha desarrollado en condiciones no muy positivas: incertidumbre en el programa de apagón analógico, integración vertical  ahora legalizada por el noveno transitorio, reglas de propiedad cruzada inútiles, inversión extranjera limitada a 49%, incierta utilización de la infraestructura del preponderante Televisa, así como presiones políticas y mediáticas. Además, el organismo descentralizado de radiodifusión fue concebido más oficialista que público, su órgano decisorio es controlado por el propio Gobierno Federal. Los medios sociales han sido drásticamente limitados en su financiamiento e insumos, y se omitió -nuevamente- legislar sobre derecho de réplica.

La concesión única -que garantizaría la convergencia- se ve cada vez más utópica para los actuales operadores. El proceso, a cargo de la Subsecretaría de Comunicaciones, para desarrollar la red compartida mayorista, va tarde y es opaco, como si no se hubieran enterado de lo que está pasando con la licitación del tren México-Querétaro. La red troncal de CFE no se ha ampliado ni un kilómetro. Los usuarios y audiencias seguimos huérfanos ante la perpetuación de un esquema institucional que ha demostrado insistentemente no funcionar. Todo esto debido a una ley secundaria que llegó 8 meses tarde violando el plazo impuesto por la Constitución, y que descremó muchas de las promesas que se leían en la intención y en la letra del texto constitucional, pifia intencional sin lugar a dudas.

Además, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyo proceso de integración dejó mucho que desear por lo que hace a la transparencia y probidad de quienes lo condujeron, ha sido torpedeado desde su génesis por factores exógenos y endógenos: la propia legislación invade sus facultades constitucionales y le atribuye tal carga de trabajo en tan poco tiempo que asegura su incumplimiento, una pobre calidad de sus resultados o ambas cosas. Ha sido fuertemente atacado por algunos legisladores que quieren mantener a sus comisionados amedrentados para que favorezcan sus agendas políticas y las de sus patrocinadores. Pero el principal elemento contra el IFETEL es endógeno: el recato de sus integrantes que llevó a la no interposición de la controversia constitucional contra la ley secundaria que defendería su autonomía y a la propia institución; esa cautela que, de seguir así, dará como resultado interpretaciones jurídicas poco osadas, que se traducirán en decisiones conservadoras tomadas detrás de la línea que marcan al Instituto los intereses políticos y empresariales como zona de confort y de contención. Afuera estamos los usuarios, afuera está la sociedad.

La adquisición de Iusacell por ATT, tres postores en la licitación de las nuevas cadenas de televisión y millones de televisores que están siendo entregados dentro de cajas de cartón con el logo priista impreso de “mover a México”, son los íconos que hasta ahora representan la reforma en telecomunicaciones. Es patético.

En la sobremesa.


Ya han sido designados por unanimidad del Pleno del Senado de la República los 9 miembros de Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, de entre 19 aspirantes: Ernesto Velázquez, Enrique Lazcano; Lidia Camacho, Javier Esteinou, Raúl Quintanilla, Carmen Ortega, Lourdes Barbosa, Coral Castillo y Nora Patricia Jara. Enhorabuena.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/ EL UNIVERSAL
AUTOR: IRENE LEVI.

En México, hay un vacío de Estado, que no hace su trabajo: Lydia Cacho

Si el Estado no haciendo su trabajo, por eso estamos saliendo a las calles, entonces sí hay un vacío de Estado que impide que nos sintamos seguros, indicó la periodista.

El Estado mexicano no está haciendo su trabajo, por eso salimos a las calles. Debemos documentar cómo y dónde las instancias gubernamentales están dejando las montañas de papel, que tienen que ver con la vida y seguridad de los mexicanos de todas las edades, afirmó la periodista y escritora, Lydia Cacho, quien también habló de su nuevo libro Sexo y amor en tiempos de crisis.

En entrevista con para Aristegui CNN, comentó que las procuradurías locales en ocho años se han lavado las manos y mandan todo a la Procuraduría General de Justicia; “los procuradores no están haciendo su trabajo”.

Lo que debería decir el presidente Enrique Peña Nieto es: sí, el procurador  Jesús Murillo Karam, está cansado, se le nota a leguas, pero si está cansado, que se vaya a descansar, que renuncie o que clarifique qué van a hacer con los procuradores en los 31 estados y el Distrito Federal, enfatizó la periodista.

Y recalcó que lo que esta sucediendo en el país es digno de convertirse en historia, y que al Estado le interesa hacer creer que ellos quieren imponer la paz.

“Del sur al norte del país ha habido marchas, en lugares donde era insólito que hubiera marchas. Por ello el gobierno se vio obligado a cancelar el desfile militar del 20 de noviembre en el Distrito Federal y en otros estados, lo cual es simbólico. En este caso dijimos no queremos que salga el Ejército, queremos que salga la sociedad. Es decir hay algo que está mal con la presencia militar en este país y la celebración de una Revolución que ha estado secuestrada ideológicamente e históricamente por un partido profundamente corrupto, que es el PRI, que ahora vuelve a gobernar”, acusó Cacho.

En la marcha del 20 de noviembre pasado, “la gente iba con el símbolo de Ayotzinapa. Había contingentes de ancianas, contingentes de estudiantes”, y “hay algo muy importante que está sucediendo y tenemos que documentarlo. En general las personas que se hicieron presentes lo hicieron de forma pacífica”, señaló.

Cacho explicó que “las marchas son importantes, tienen un contrapeso político importante y vemos que les preocupa. Al día siguiente de la marcha, el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong diciendo: ‘queremos la paz’. Lo que podemos contestar es: que bueno que quiera la paz, pero él tiene que implementarla, porque al le toca”.

Además, señaló que el Estado es quien sistemáticamente ha impedido que se haga justicia debidamente. 

Si el procurador -quien ya tenía desde el año pasado el archivo con información del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, que estaba relacionado con el narcotráfico-, si hubiera hecho bien su trabajo, hoy no estarían los 43 normalistas desaparecidos. Y como ese caso, tenemos miles, los expedientes están en la PGR, es “una montaña de papel”.

“Entonces sí el Estado es corresponsable en ese sentido de que las personas hayan muerto, cuando tú no haces tu trabajo adecuadamente, tú impides que las personas se sientan protegidas y por otro lado avalas que esta persona siga gobernando y protegiendo a la delincuencia organizada”, expuso.

“Mucha gente en la marcha decía: que se detengan a los criminales. Por supuesto que México está en contra de toda la gente que esté ejerciendo violencia, de los secuestradores, de los violadores, de los tratantes, de los asesinos, de los narcotraficantes, por supuesto que sí, eso es un hecho irrefutable. Me parece una bobada que digan: ¿es que por qué en las marchas le echan la culpa al Estado mexicano y no a los narcos? Bueno, porque nosotros no tenemos la responsabilidad de exigirle nada a una persona que comete un crimen, le corresponde al Estado y si el Estado no haciendo su trabajo, por eso estamos saliendo a las calles, entonces sí hay un vacío de Estado que impide que nos sintamos seguros”, abundó.

Su nuevo libro

Sobre su libro, Sexo y amor en tiempos de crisis, dijo que tiene que ver con intentar comprender cómo estamos viviendo los mexicanos nuestra vida íntima a partir de los 40 años y de lo que los especialistas consideran la crisis de la edad. Vamos pasando por cambios fisiológicos y emocionales.

Abarca las crisis personales pero relacionadas con un entorno, por ejemplo: cómo vive el estrés un mexicano y esto cómo impacta con su vida amorosa y sexual.

Contó que comenzó a buscar libros, “encontré información muy buena, lo que quería era hacer un trabajo periodístico. Entrevisté a más de 200 hombres y más de 200 mujeres de entre 38 y 70 años para saber cómo vivían su intimidad, cómo alcanzaron su masculinidad los hombres y la feminidad las mujeres.

“Entrevisté a especialistas de bioética de la UNAM para que explicaran los cambios de la medicina actual y entender que hasta hace 10 años en las escuelas de medicina de México no tomaban los médicos clases de sexología. Tenemos históricamente a una horda de ginecólogos y urólogos que no tienen idea sobre la sexualidad y reflejan esa ignorancia en la atención a la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres”, indicó Cacho.

Descubrí como los hombres están deprimidos, mienten sobre su sexualidad y cómo le cuestan tres veces más al sector salud, que las mujeres, comentó.

Revló que el libro entraría dentro de la divulgación científica periodística, “pero está muy divertido, gracias a los entrevistados. Empecé con escritores, periodistas, amigos y después apliqué cuestionarios e hice un seguimiento”.

Y dio algunas recomendaciones, la primera es que todos en este país deben tener un primer estudio de perfil hormonal y guardarlo para cuando se esté en etapa de los cambios se pueda saber qué bajo y qué subió. Y otras recomendaciones tienen que ver con cambiar la alimentación, necesitamos muchas vitaminas y minerales.


Y señaló que “la industria farmacéutica se colude con muchos médicos que se corrompen y les dan ciertos medicamentos para que utilicen a los pacientes como conejillos de india . Hay una crítica hacia el sistema de salud y lo que debe cambiar”, finalizó.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Violencia e impunidad ponen en riesgo la estabilidad de México: CNDH

MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación por la violencia, ilegalidad e impunidad que, dijo, ponen en riesgo la convivencia pacífica y la estabilidad de nuestro país.

En un comunicado, subrayó que el Estado tiene la obligación esencial “de proporcionar paz y tranquilidad a todos los mexicanos”. No obstante, añadió, en los últimos años hemos visto en las manifestaciones muchas y variadas expresiones de violencia.

“Lo peor que puede ocurrirnos es acostumbrarnos a ese clima de inseguridad, pues el resultado nos llevaría a la ruptura del tejido social y a la anulación del estado de derecho”, apuntó un día después de la liberación de 11 personas detenidas el pasado 20 de noviembre, durante las protestas por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

La CNDH demandó a las autoridades la rigurosa aplicación de las leyes. “Pero si sus cuerpos de seguridad se extralimitan, la actuación y decisiones de éstos pierden fuerza y caen en la ilegalidad. De ahí la necesidad de que estén debidamente capacitados y actúen siempre con la ley en la mano, para que no se repitan nunca más actos de anarquía y barbarie como los que se han presentado en tiempos recientes”.

Precisó que conocer y documentar los hechos ocurridos el pasado 20 de noviembre “es un paso importante para lograr que nunca más el ejercicio de la función pública vaya por un camino distinto al de la ética. No hay razón alguna, ni siquiera de Estado, que pueda estar por encima del estado de derecho”.

De acuerdo con el organismo, la violación de garantías jurídicas y el aplastamiento de los más elementales derechos no son la estrategia ni el camino para combatir la violencia, y tampoco puede aceptarse que quienes cometen atrocidades queden impunes.

“Existe en la sociedad un rechazo a la impunidad y a toda expresión de abuso de poder, independientemente de cuál sea su razón u origen. Y ello exige una respuesta clara, amplia y satisfactoria por parte del Estado”, sostuvo.

Asimismo, destacó que cuando la vida humana y la dignidad básica de las personas “son aplastadas y vulneradas, esgrimiendo el falso argumento de la seguridad de Estado, sólo el rescate de la ley y su correcta aplicación pueden devolver la confianza en las propias instituciones creadas a su amparo”.

Advirtió que la CNDH continúa la integración del expediente de queja por los hechos ocurridos el 20 de noviembre, “donde estuvo en todo momento al lado de las personas que fueron detenidas, a cuyos familiares les proporcionó orientación jurídica y acompañamiento.

También señaló que lleva a cabo la valoración de los informes de sus visitadores, así como de lo obtenido por sus abogados y peritos médicos que se entrevistaron con las personas remitidas a penales federales, y sus correspondientes declaraciones.

Ayer, el titular del juzgado 17 del Poder Judicial Federal, Juan Carlos Ramírez, dictó auto de libertad en favor de los 11 detenidos por la policía el 20 de noviembre, “por falta de elementos para procesarlos”.

A las 10:30 horas, los familiares y diplomáticos de Chile recibieron la resolución que determinó la libertad de los 10 mexicanos y un chileno “por pruebas insuficientes para acreditar en su totalidad los elementos del cuerpo del delito de lesiones (y) asociación delictuosa”, de los que los acusó la Procuraduría General de la República (PGR).


El resolutivo benefició al chileno Laurence Maxwell Ilabaca y a los mexicanos Atzín Andrade González, Hugo Bautista Hernández, Juan Daniel López Dávila, Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez, Roberto César Jasso del Ángel, Ramón Domínguez Patlán (o Issac Domínguez Ayala). Asimismo, a Tania Damián Rojas, Hillary Analí González Olguín y Liliana Garduño Ortega. Estas últimas internadas en una prisión de alta seguridad en Tepic, Nayarit.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hondureña halla a su hijo preso en Santa Martha por un delito que no cometió

OAXACA, Oax, (apro-cimac).- Esta vez la hondureña Juana Oliva Vázquez no pudo aguantar la indignación y rompió en llanto al saber que su hijo, Carlos Humberto Murillo Oliva, desaparecido hace 16 años, fue presuntamente torturado y condenado a 50 años de prisión por homicidio, y que actualmente se encuentra recluido en el penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México.

La mañana del pasado viernes, un grupo de mujeres de la X Caravana de Madres Centroamericanas “Puentes de Esperanza” –que recorre el país desde el pasado 20 de noviembre y hasta el próximo 7 de diciembre– fue a revisar la lista de extranjeros presos en el Reclusorio Norte del Distrito Federal, donde Juana Oliva encontró el nombre de su hijo desaparecido.

Acompañada por otras madres y por integrantes de la Clínica Jurídica del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juana pidió ver las fichas fotográficas.

Al observar la de Carlos, aseguró que era su hijo y exigió verlo, pero le informaron que él fue trasladado al penal de Santa Martha Acatitla, hasta donde la llevaron para verlo y corroborar que era su hijo.

“Cuando llegamos allá, lo tenían sentado y tras que me vio se me tiró y me dijo ‘mamita, cuánto tiempo sin verte; yo creía que me iba a morir y no te iba a ver porque me tienen castigado a un montón de años por delitos que no cometí’”, relató Juana a sus compañeras de caravana la noche del pasado sábado luego de visitar a su hijo.

No aguantó el llanto al ver a Carlos. La rabia continuó al escuchar que en su travesía hacia Estados Unidos fue torturado, incriminado de homicidio y condenado a 50 años de prisión.

Según el relato, Carlos viajaba en un taxi, al parecer en Chiapas, cuando ocurrió una balacera, él corrió pero casi al instante fue detenido; al poco tiempo lo acusaron de matar a un hombre.

“Caramba hijo, cómo puede ser eso, si tú no eres delincuente, tú no eres de las personas que creen que sos”, le dijo la madre a un hombre que dice ya no es el mismo que dejó Honduras en 1998, cuando decidió salir en compañía de su hermano rumbo a Estados Unidos.

Carlos Humberto Murillo Oliva y su hermano menor salieron de la ciudad de El Progreso, Honduras, y cruzaron la frontera México-Guatemala. Una vez en territorio mexicano, se quedaron a trabajar en el estado de Chiapas. Ambos se emplearon como ayudantes en una tlapalería, pero la vida era tan dura con un sueldo de 30 pesos diarios, que ese mismo año el hermano menor regresó a Honduras.

“Viera mamita cuánto sufrí; tras que me agarraron, me golpearon, hasta me desmayé de los golpes que me daban; quedé monstruo de mi cara; yo no conocía a nadie, tuve que aceptar y decir que sí, que yo había hecho lo que me ponían”, contó Juana al citar las palabras de sus hijos.

Lo que más hizo enojar a esta madre fue que las autoridades mexicanas le hicieran pruebas en las manos a su hijo para resultar que supuestamente había disparado un arma, y más aún que no tuviera derecho a hacer una llamada telefónica. Ésa fue la razón para que lo dieran por desaparecido cuando en realidad está preso.

El Movimiento Migrante Mesoamericano, junto con la Clínica Jurídica de la UNAM, dará asesoría para revisar este caso. El sábado, Juana regresó al penal a ver su hijo. Estuvieron juntos largo rato. La mujer le contó que en su ausencia murió su padre y su hija creció.

Ayer domingo ella se reintegró a la caravana que llegó a Oaxaca para participar en actividades públicas. Las madres de la caravana acudieron al concierto que ofreció el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y ONU-Mujeres, a propósito de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género.


En el evento Juana no tomó la palabra, mejor dio paso a las centroamericanas que aún continúan en la búsqueda de sus desaparecidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.

Chespirito, pieza clave del modelo de televisión para los jodidos: Javier Esteinou

MÉXICO, D.F: El célebre especialista en medios de comunicación Javier Esteinou Madrid consideró que Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, “se volvió una de las piezas claves del famoso modelo de la televisión para los jodidos (Televisa), una de las máximas expresiones de Emilio Azcárraga Milmo, el padre de Azcárraga Jean”.

Chespirito creó las series “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”, populares no sólo en México sino en Estados Unidos y Latinoamérica, sobre todo en los años setenta y ochenta.

Esteinou Madrid, quien el pasado jueves 27 fue nombrado por el Senado miembro del Consejo Cultivo del Nuevo Sistema Público de Televisión del Estado Mexicano, dijo que “lo positivo de esos proyectos de Gómez Bolaños fue que hacían reír al público, lo malo es que no pasó a otra fase, y eso para un desarrollo tecnológico tan complejo como es la televisión, es una pobreza de visión”.

En entrevista el autor de los libros Medios de comunicación y construcción de la hegemonía (1992), Economía política y medios de comunicación: Acumulación, ideología y poder y El Sistema Morelos de satélites y su impacto en la sociedad mexicana (1992), entre otros, indicó que Chespirito se volvió un cliché de una forma de difundir la comunicación de un consorcio:

“Tuvo una capacidad de estilo de narración para penetrar a todos los sectores más sencillos. Cabe aclarar que eso corresponde a una etapa de tipo de televisión que se hizo en la segunda generación de Televisa y que ya no se ha repetido en esta tercera generación. Este actor cómico logró convertirse en un icono para reflejar cierta perspectiva de lo que sería la imagen de lo mexicano y nacional en el extranjero. Fue una forma de entretenimiento masivo que tuvo mucho éxito y manejaba los códigos narrativos más elementales, no tenía códigos complejos, más bien eran sumamente primitivos”.

-¿Pero por qué gustó en toda Latinoamérica?

-Al tener esa forma narrativa tan básica logró también tocar otras áreas de las mentalidades, las afectividades y la estructura cerebral del componente latinoamericano porque no es muy distinto de lo que es el componente mexicano. Es una cultura que nos cruza a través de todo el continente salvo con algunas variantes. Hay un asentamiento de formaciones indígenas. Pero lo lamentable es que la forma narrativa que logró no estuviera acompañada de otro contenido: otros valores y de otra visión axiológica más civilizatoria, sólo se quedó a niveles de emocionamiento psicoemocional. No introdujo otras visiones éticas, morales, humanistas, creativas, educativas, culturales, etcétera, dejó el simple entretenimiento que daba alto rating y por lo tanto cumplía con las leyes del mercado para seguir viviendo.

“De lo que tendría que arrepentirse Televisa es que nunca aprovechó al tener éxito con ese tipo entretenimiento para generar otro proyecto para construir una base civilizatoria de la sociedad, sino que lo dejó como un negocio rentable porque captaba muchos auditorios, pudo seguir teniendo éxito e introducir al mismo tiempo una visión filosófica y cultural”.

-¿Televisa se encajonó allí?

-Sí. En todo el periodo que transmitió Chespirito paralelamente se daba toda la decadencia del sistema educativo nacional, se fueron generando las bases de la inseguridad, el desmoronamiento ético-moral de nuestra sociedad, se daba un deterioro ecológico que avanzaba en el país de manera acelerada hasta la catástrofe en la cual nos encontramos ahora; se aceleró una desnutrición que llevó a los niños de Oaxaca, Chiapas y Guerrero a que no estuvieran sanos.

“En las universidades se empezaba a declarar que no había cupo para todos los estudiantes, empieza una crisis del sistema de salud pública, al grado que después de muchas décadas somos el país con mayor obesidad y diabetes, eso es lo lamentable”.

Manifiesta que por azares de la vida un personaje que desarrolló un modelo de comunicación en México muere en el momento que surge un consejo ciudadano para el sistema público televisivo, y se pregunta:


“¿Qué puede significar?, ¿qué debemos hacer los ciudadanos?, ¿volver a repetir el modelo Chespirito en los medios públicos? o ¿cuál debe ser nuestra misión como representantes de una sociedad que está en una fase de convulsión tremendamente demostrada? Es decir, ¿cuál debe ser el perfil de los medios de comunicación como la televisión en el momento en el que se encuentra México?”, sostuvo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE (REPORTAJE ESPECIAL)

A la conquista de los votos

Para el proceso electoral del 7 de junio, las mujeres priistas buscan que exista candidatas en al menos cuatro de los nueve estados donde se elegirá gobernador.

Las elecciones intermedias del 2015 prevén equidad de género en las candidaturas y las mujeres del PRI van a la conquista del país.

El Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) se prepara para experimentar una transformación radical para ser reconocidas por el Partido Revolucionario Institucional e, incluso, cambiar hasta su nombre.

Para el proceso electoral del 7 de junio, las mujeres priistas buscan que haya candidatas en al menos cuatro de los nueve estados donde se elegirá gobernador.

En Guerrero, las mujeres priistas buscarán impulsar a Claudia Ruiz Massieu, actual secretaria de Turismo. En Sonora, a la senadora Claudia Pavlovich; en Nuevo León, a la senadora Cristina Díaz; y en Colima a la también senadora Itzel Ríos de la Mora.

Además, el hecho de que deba haber paridad de género en las candidaturas de la próxima elección, obligará a todos los partidos a postular mujeres al menos en la mitad de las candidaturas.

Desde el interior del ONMPRI se trama una transformación profunda. El organismo tendrá más poder de decisión al interior del PRI.

El cambio alcanzará desde sus documentos básicos hasta el nombre.

Se perfila que el nuevo nombre sea “Poder Mujer”, para que tenga un mayor impacto en la propaganda de las mujeres políticas del tricolor.

Este nombre aún se encuentra en etapa de evaluación y será en las próximas semanas cuando se dé a conocer el resultado de los estudios de marketing político que se están realizando en el PRI.

La transformación, sin embargo, no se quedará ahí.

Que se reconozca su fuerza

Hasta hace unos meses, el ONMPRI no era reconocido por su propio partido como un organismo; este reconocimiento se dio hasta marzo del 2013, durante la XXI Asamblea Nacional del PRI.

Diva Hadamira Gastélum, presidenta en ONMPRI, comentó que desde esa fecha y por más de un año, el organismo a su cargo ha trabajado en su estructuración interna.

“Se hablaba de la manera de cómo organizarnos, pero no teníamos ni misión, ni visión, ni principios, ni nada de la organización. Hoy hemos trabajado en los documentos básicos, igual que el partido, tenemos plataforma, tenemos los estatutos bien trabajados, están listos para la fecha que se considere el PRI”, expuso Gastélum.

La también senadora del tricolor afirmó que estos documentos serán presentados ante el Instituto Nacional Electoral, máxima autoridad de las elecciones en México, para que tengan validez legal.

La no penalización del aborto, el embarazo en adolescentes, la alfabetización digital o la prevención y cura del cáncer de mama son los temas que el organismo de mujeres priistas impulsará en su agenda.

“No queremos seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. Queremos un crecimiento profesional de nuestra organización”, explicó Gastélum.

Al menos cuatro gubernaturas

En las elecciones del próximo 7 de junio del 2015 se renovarán nueve gubernaturas, los 500 lugares en la Cámara de Diputados, 641 diputaciones locales en 17 entidades, 993 presidencias municipales en 16 estados y las 16 jefaturas delegacionales en el Distrito Federal.

Para las gubernaturas, las priistas buscan impulsar que sean mujeres las candidatas que representen a las siglas de su partido y conquistar al menos cuatro de los nueve estados donde habrá elección.

Cristina Díaz Salazar, senadora por Nuevo León, es una de las candidatas a las que le apuestan. Díaz Salazar es presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara alta y secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), uno de los tres sectores del PRI.

Es una de las mujeres con mayor trayectoria política dentro de su partido, y cuenta con el apoyo de Emilio Gamboa Patrón, actual coordinador de la bancada del tricolor en el Senado, y de Manlio Fabio Beltrones, líder de los diputados del PRI.

En la lucha interna por la candidatura a la gubernatura, Díaz Salazar podría enfrentarse a Ildefonso Guajardo, actual secretario de Economía; y a Javier Treviño Cantú, diputado federal con licencia y uno de los hombres más cercanos al actual gobernador.

En Guerrero, se buscaba impulsar a Claudia Ruiz Massieu, actual secretaria de Turismo, para contender por la gubernatura. Sin embargo, fuentes al interior del PRI revelaron que luego de los hechos en Iguala, en el tricolor podrían buscar a otro candidato que tuviera “una apariencia más fuerte” en la entidad.

Ruiz Massieu forma parte de una de las familias priistas con más arraigo en el partido, por lo que cuenta con el apoyo de múltiples sectores del PRI, en especial, los allegados al presidente Enrique Peña Nieto.

Ruiz Massieu podría enfrentarse en la candidatura interna del PRI a Manuel Añorve, vicecoordinador de la bancada del PRI en San Lázaro y uno de los hombres más cercanos a Manlio Fabio Beltrones.

En Sonora, las mujeres priistas buscan impulsar a Claudia Pavlovich Arellano, actual senadora por esa entidad y quien naciera en Magdalena de Kino, la misma tierra que vio nacer a Luis Donaldo Colosio.

Su madre, Alicia Arellano Tapia, fue la primera senadora del país, electa en 1964 por el estado de Sonora –junto con María Lavalle, por Campeche-.

Pavlovich Arellano es una mujer cercana a Manlio Fabio Beltrones, líder de los diputados y exgobernador de Sonora; fue presidenta del PRI en Sonora, entre el 2010 y el 2012.

En la interna priista por esa gubernatura tendría que enfrentarse a Ernesto Gándara, también senador de la República y otro de los aspirantes a obtener la candidatura para gobernar Sonora.


En otro de los estados donde las mujeres priistas buscarán impulsar a una candidata a la gubernatura será en Colima, y será en la figura de la senadora Mely Romero Celis.

Romero Celis es una mujer joven que comenzó en la política hace apenas ocho años y, un golpe de suerte, la llevó al Senado. En el 2012, su nombre llegó a las boletas electorales en lugar del de José Ignacio Peralta, a quien se tuvo que sacar de las listas para cumplir con la cuota de equidad de género. Forma parte de la estructura de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Para hacerse de la candidatura del PRI por la gubernatura de su entidad, Romero Celis debe vencer a Federico Rangel, actual presidente de la ciudad de Colima; al propio José Ignacio Peralta, cuyo nombre fue sacado de las listas al Senado para meter el suyo; y de Rafael Gutiérrez Villalobos, secretario de Fomento Económico de Colima y uno de los hombres más cercanos al actual gobernador Mario Anguiano.

Las elegidas por el ONMPRI

Estas son las cuatro candidatas que suenan fuerte para conseguir los votos en sus estados.

Nuevo León
> Cristina Díaz 
Senadora

Guerrero
> Claudia Ruiz Massieu
Secretaria de Turismo

Sonora
> Claudia Pavlovich
Senadora 

Colima 
> Itzel Ríos de la Mora
Senadora

Los temas en la agenda del ONMPRI

1. La no penalización del aborto
2. Prevención del embarazo en adolescentes
3. La alfabetización digital 

4. La prevención y cura del cáncer de mama

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Las dudas del 20/11

En rueda de prensa, jóvenes detenidos durante los disturbios del 20 de noviembre en la Ciudad de México dijeron sufrir abusos por parte de las autoridades.


Jóvenes detenidos en el Zócalo capitalino tras las manifestaciones del pasado 20 de noviembre acusaron haber sido intimidados, así como torturados física y psicológicamente. 

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, seis de los once detenidos ese día relataron los detalles de su arresto y acusaron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación a la Delincuencia Organizada (SEIDO) de cometer presuntos abusos, informó ayer El Universal.

“Jamás me dijeron las razones por las que estaba detenida, ni a dónde nos llevarían”, contó Liliana Garduño, quien dijo que asistió a la movilización para tomar fotografías. 

Otra joven, Tania Ivonne Ramírez, comentó que estuvo incomunicada por alrededor de 25 horas y que no la dejaron hacer su llamada telefónica a menos que firmara una declaración.

Por su parte, uno de los abogados defensores, Alberto Muñoz, advirtió que se evidencia “una estrategia para que los jóvenes no salgan a las calles”, agregó que gracias a la recolección de videos, fotografías y testimonios en los que se mostraba que los jóvenes iban en contingentes, pudieron obtener la libertad.


Por lo pronto, aún no se ha establecido el proceso que se seguirá, señaló Muñoz, quien comentó que aún no saben si presentarán alguna denuncia por el trato recibido.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

“Nos acusaban de mil cosas, esperábamos lo peor”: detenidos del #20NovMx

MÉXICO, D.F: En cada paso que daba Isaac Domínguez sobre el camino pedregoso que lo alejaba del penal de alta seguridad de Villa Aldama, en el estado de Veracruz, el joven estrechaba con sus dos manos una hoja de papel doblada contra su estómago.

Al desplegar con extrema precaución el papel, Isaac reveló un tablero cuyas casillas fueron ennegrecidas de tinta de pluma. En el hueco de la hoja doblada reposaban 32 pequeños origamis –entre los cuales había coronas, ocas o caballos– de diferentes tamaños.

Eran los peones del juego de ajedrez que Isaac concibió con papel, pluma e imaginación durante su semana en la cárcel.

“Lo iba a regalar a un compañero de adentro con el que jugaba y que ya lleva cuatro años allí, pero (los custodios) no me lo permitieron”, lamentó en voz baja Isaac.

Al dictaminar el auto de libertad la mañana de este sábado, el Juzgado Decimoséptimo de Distrito con sede en Xalapa, Veracruz puso fin al calvario que vivieron por más de una semana Isaac y los otros 10 detenidos de manera arbitraria durante el violento desalojo del Zócalo capitalino, el pasado 20 de noviembre.

El juez aseveró que no existían las pruebas suficientes para abrir un juicio contra los 11 detenidos por los delitos de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio –todos muy graves–, que les imputó la Procuraduría General de la República (PGR) en los edificios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

En su edición de esta semana, Proceso documenta que la PGR consignó a las 11 personas a penales federales el pasado sábado 22 a raíz de las declaraciones inverosímiles de unos policías federales, quienes aseveraron que los jóvenes agredieron a uno de sus colegas con la intención de matarlo.

Según la misma investigación de este semanario, la PGR desdeñó las numerosas evidencias que desmentían en su totalidad la versión de los uniformados y señalaban, al contrario, que los policías actuaron de manera arbitraria y violenta.

De terror

El Centro Federal de Reintegración Social 5 Oriente de Villa Aldama, un horrible complejo de edificios de concreto con pocas ventanas, y escondido detrás de altas paredes grises, se erige en el centro de un vasto llano polvoroso y atrancado entre dos carreteras. Un macizo de cerros verdes dominados por el imponente adoquín de piedra del Cofre de Perote ocupa el horizonte alrededor.

El reloj aún no marcaba las 4 de la tarde cuando se dibujaron a lo lejos siete siluetas entre las rejas que rodean el penal, y cuyo color azul original tiende más ahora hacia un gris oxidado. Mientras iban avanzando, las decenas de personas que esperaban a los expresos pudieron ver que sus cabezas habían sido rapadas. Algunos rostros todavía presentaban las marcas de los golpes que les asestaron los policías durante su detención y camino a la SEIDO.

Los siete detenidos cayeron en los brazos de sus cercanos, quienes los estrecharon como si nunca los fueran a volver a ver. Las risas se mezclaron con los sollozos, a los abrazos sucedieron los besos, mientras los activistas alrededor observaban la escena con ojos enrojecidos.

Ante la transición brutal entre una semana de aislamiento en un estrecho módulo hacia un espacio abierto lleno de personas, en medio de aplausos y gritos de alegría, muchos de los detenidos no supieron qué decir ni cómo explicar lo que les había ocurrido.

Sin embargo, muy rápidamente se alinearon a lo largo de las rejas y gritaron con los dedos formando una “V”: “Queremos justicia, porque vivos se los llevaron, ¡Vivos los queremos!”.

“Ametrallados” por las cámaras de los celulares, agradecieron a todas las personas presentes.

Una abogada dijo a Aztín Andrade González, estudiante de la escuela de arte La Esmeralda cuyos compañeros no han cesado de organizar eventos artísticos para exigir su liberación:

¡Atzín!, te hicieron todo: tienes murales, pinturas, hasta tienes una canción de rap…

–¿De rap?, preguntó Atzín con una expresión de sorpresa, antes de reírse.

Otro abogado informó a Isaac:

–Les querían vincular como delincuentes por llamarse “compas entre sí”.

–No mames, reaccionó Isaac con tranquilidad.

Una vez pasado el periodo de emoción, Luis Carlos Pichardo, director de teatro de 55 años, se volvió más serio, y relató que la mañana del sábado 22 de noviembre, en la que fueron trasladados de la SEIDO a los penales federales, “fue de terror”.

“Nos llevaron directamente a una camioneta blanca y en el camino fue tortura psicológica. Los agentes de la PGR se mofaban de nosotros, nos hostigaron todo el camino. Golpeaban al chileno (Laurence Maxwell) porque pensaban que era nuestro cabecilla. También se burlaban de mi edad, me preguntaban por qué a mi edad andaba en los borlotes, como los llaman.

“Nos acusaban de mil cosas, como la (quema) de la puerta del Palacio. Pero llegó un momento en que nos dijeron: Los vamos a desaparecer y los vamos a descuartizar. Ya sentimos que teníamos que esperar lo peor”.

Al llegar al penal, Pichardo aseguró que un custodio trató de pegarle. “No sé qué tanto odio nos tienen”, afirmó. Pero una vez en el penal, agregó, “todo se calmó”.

En la prisión, los detenidos ratificaron las declaraciones que habían realizado en el Ministerio Público de la SEIDO y en las cuales cada uno afirma desconocer a los demás. Niegan haber atentado contra la vida de un policía y relatan en qué condiciones fueron detenidos, muchos de ellos golpeados con gran violencia y trasladados a la SEIDO.

Laurence Maxwell, el chileno estudiante de Doctorado en Letras de la UNAM no salió con los demás. Él fue trasladado al puerto de Veracruz, donde el Instituto Nacional de Migración (INM) verificó su situación migratoria, para liberarlo allí.

Tanto los abogados y los familiares como los detenidos, afirmaron que considerarán denunciar de manera penal a los policías por la violencia de la que fueron víctimas, así como por las falsas declaraciones que realizaron los agentes para detenerlos.

Libres, “guste a quien le guste”

Temprano en la mañana de este sábado enfrente de la sede del Tribunal Superior de la Federación de Xalapa –recubierta de mantas–, la tensión y el cansancio marcaban los rostros de la cincuentena de personas –abogados de los detenidos, algunos familiares y amigos, y grupos de activistas locales– reunidas para exigir la liberación de los detenidos. Algunas habían establecido ahí un plantón desde el pasado jueves.

Todavía no se conocía la situación jurídica de los jóvenes, ya que el juez tenía el plazo límite de mediodía para determinarla. Tal decisión era crucial: en un caso, los detenidos permanecerían en sus cárceles respectivas en espera de un juicio por los delitos que la PGR les imputó. En el otro caso, saldrían libres el mismo día.

También se encontraba toda una comitiva chilena conformada por el cónsul, el embajador, dos diputados, así como el padre y el hermano de Laurence Maxwell, a quien el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, había designado como uno de los “más violentos” durante los disturbios del Zócalo.

El pasado viernes, el diputado chileno Daniel Nuñez formó parte de un grupo que se entrevistó con representantes de la SEIDO, del Gobierno del Distrito Federal y de la Cancillería para plantearles su “inquietud ante la detención de 11 jóvenes, por la gravedad de los casos y la ausencia de pruebas”.

Durante la reunión, los mexicanos admitieron que no tenían más que las declaraciones de los policías para inculpar a los detenidos. No tenían videos de los inculpados, ni les habían encontrado armas o proyectiles.

En el caso particular de Maxwell, los chilenos plantearon a los funcionarios mexicanos que en un video se veía al estudiante amarrar su bicicleta en el momento de la detención. “Una bicicleta no es un arma para pelearse con policías, al contrario, obstaculiza”.

A las 10 de la mañana se inició un mitin frente al tribunal, en el que los familiares, profesores y amigos se sucedieron para denunciar el encarcelamiento sin pruebas de los afectados.

Alberto Maxwell Canales, el padre del detenido chileno, aseveró que su hijo “es un creador: escribe, pinta, hace música”. Enseguida añadió que Laurence “sí es terrorista, porque amenaza al sistema, porque piensa y porque crea”, y concluyó: “Todos merecemos que salga alguien por esta puerta y nos diga que salen todos”.

Unos minutos después, mientras hablaba un profesor de Juan Daniel López Ávila, el cónsul chileno en México, José Agustín Jailiye, apareció en el marco de la puerta del edificio y caminó con un paso apresurado hacia el embajador de su país, Ricardo Núñez.

El cónsul le pasó un paquete de hojas, que el embajador leyó en voz alta: “Se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de”, y continuó. El diplomático terminó la lectura de los motivos y concluyó, con una larga sonrisa: “Todos salen libres”.

Una explosión de alborozo acompañó el anuncio. En las bocinas, conectadas a la batería de un 4×4 estacionado a un lado del tribunal, salieron cantos revolucionarios alegres.

Sumergidos en llamadas telefónicas, los abogados se congratularon. “Pon en Twitter, señalando a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal: ¡Libres, guste a quien le guste!”, exhortó uno de ellos a una compañera, quien se carcajeó.

El titular de dicha dependencia, Jesús Rodríguez Almeida, aseveró el pasado lunes que durante el desalojo del Zócalo el 20 de noviembre, sus policías habían restablecido el orden con “gran valor, gallardía, responsabilidad”. Lo anterior, añadió el funcionario, “le guste a quien le guste”.

Según declaró Nuñez a proceso.com, la Cancillería sostuvo en la reunión del viernes “que ojalá y eso no perjudicara la relación entre ambos países (México y Chile), que estaba preocupada”.

Nuñez sintió que los funcionarios “sabían que cometieron un error, pero no se atrevieron a dar cuenta de ello porque sería asumir que actuaron de muy mala manera en este proceso”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE (REPORTEJE ESPECIAL).