miércoles, 21 de enero de 2015

Investigación exhibe tortura y corrupción dentro de la Policía Municipal de Tijuana

Documentos oficiales entregados a Zeta de manera anónima, dan cuenta de las confesiones de policías corruptos. Los deshonestos confiesan haber servido a células del crimen organizado, ser adictos o alcohólicos, tener problemas de depresión y con la autoridad. Otros, de haber sido narcomenudistas, tener antecedentes criminales en Estados Unidos, y unos más de mover cadáveres para el narcotráfico. Los casos son del conocimiento de la Comisión de Desarrollo Policial de Tijuana, por lo tanto, del secretario Alejandro Lares Valladares, pero no están resueltos. La mayoría de esos policías continuaban trabajando en la corporación…

Tijuana, 21 de enero: Los pecados confesados por agentes de la Policía Municipal de Tijuana, ameritaban iniciarles un procedimiento y darlos de baja de la corporación. Pero la mayoría de los 154 elementos que reprobaron los exámenes de Control, Evaluación y Confianza, siguen laborando. “Sirviendo” a la ciudadanía.

Las categorías de fechorías confesadas:

• Traficaron droga en Estados Unidos.

• Robaron en California.

• Consumen enervantes.

• Proporcionaron información a narcotraficantes.

• Movieron cadáveres para criminales.

• Recibieron dinero a cambio de liberar detenidos.

Unos más reconocieron torturar a los detenidos o sembrarles evidencia falsa, cobrar cuotas, participar en robos y cometer delitos contra la salud siendo policías. Los que menos, sin tener la educación requerida, falsificaron y entregaron certificados apócrifos para poder ingresar a la corporación tijuanense.

Se trata de 154 policías municipales, cuyos nombres están en la Comisión de Desarrollo Policial, algunos desde el año 2013, porque oficialmente resultaron no aprobados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).

“[...] No cumple con los requisitos establecidos aplicables en la materia…”, se lee en los dictámenes donde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sugiere enviar esos expedientes a las respectivas comisiones y “solicitar el inicio de procedimiento de separación definitiva”.

Pero la Comisión de Desarrollo Policial, encabezada por el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Lares Valladares, no ha cumplido con su trabajo.

Esto lo pudo corroborar Zeta, que tuvo acceso a los expedientes que llegaron en copias de manera anónima, cuya autenticidad fue corroborada por este Semanario con las autoridades implicadas.

Con los nombres en la mano, lo primero que se buscó corroborar, que los policías aún estuvieran en la nómina del Ayuntamiento de Tijuana, la cual está en la página oficial del gobierno municipal, cuya última actualización data del 31 de octubre de 2014. Hasta esa fecha, los policías reprobados y señalados estaban en la corporación.

No cumplen con los requisitos establecidos en Ley para permanecer como agentes de Policía, pero ahí siguen.

Todo esto, mientras el secretario Lares apoya para salir de prisión a un policía que atropelló a una mujer, y otro que le disparó por la espalda a un delincuente desarmado mientras huía, y tanto él como su directora Patricia Sida, declaran públicamente que los videos donde se ve a policías abusando de su autoridad, no pueden ser considerados como pruebas.

MUEVE CUERPOS O TRÁFICO DE DROGA

Un caso simbólico de la impunidad que se permite actualmente en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana y de la falsedad en la depuración, lo representa la permanencia del oficial Arnoldo Ismael Garay Córdova, agente desde 2006 y calificado por el C3 como “persona de bajo juicio”, que deja ir a los criminales y es permisivo.

En febrero de 2013, la enorme figura de este obeso policía ocupó las planas de los periódicos locales cuando el entonces secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto Capella, anunció que daban de baja a Garay porque, según declaraciones de dos detenidos Israel –Osuna y Federico Mayoy– la información localizada en el celular personal del agente, “les daba información de los movimientos de la Policía a los miembros del crimen organizado a cambio de dinero”. También le pagaban por detener a sus competidores.

Se anunció que el policía fue puesto a disposición del Ministerio Público federal como presunto responsable de delincuencia organizada. Pero al final resultó que solo estuvo suspendido por cuatro meses.

En su último examen, Garay Córdova confesó que en ese tiempo de castigo, recibió la llamada de un amigo de la secundaria que le ofreció 800 dólares a la semana y le dijo: “Tu única labor va a ser levantar cuerpos sin vida, subirlos a camionetas y tirarlos en lotes o lugares menos vistos”. Y lo hizo, “… porque estaba necesitado de dinero, estaba suspendido”, justificó.

De paso, informó que ese amigo del que no recordaba el nombre, “solo invitaba a trabajar con él a policías corridos o suspendidos y ex militares”.

En esas condiciones, el agente Garay continúa activo en la nómina municipal.

José Juan Pedraza Sánchez es otro caso cuyo expediente de remoción arroja información extraña e inquietante. Conforme al C3, este elemento que ingresó a la Policía Municipal de Tijuana en 2005, tiene un registro de proceso en ejecución de sentencias por robo con violencia en 2008, y un ingreso por delitos contra la salud en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Tijuana en 2006, ambos ya siendo policía. También tiene un proceso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, iniciado contra la determinación de la Comisión de Desarrollo Policial que inició en noviembre de 2013.

También está el caso de Misael Delgadillo Ornelas, policía desde 2012. En su entrevista reconoció haber vendido droga de los 17 a los 23 años, cinco años antes de su examen fue detenido con una bolsa de marihuana, presentado ante el Ministerio Público y su padre lo sacó. Su círculo cercano siguen siendo vendedores de droga.

ADMITIERON SER CORRUPTOS

Acorde a la evaluación del C3, a Marcos Plascencia Pérez, uniformado desde 2006, el consumo de alcohol le impide cumplir con su trabajo, pero además ha realizado arrestos falsos y ha dejado ir criminales a cambio de dinero, obteniendo hasta 2 mil pesos a la semana, en una ocasión, 4 mil dólares.

Jorge Carlos Vital González porta placa desde 1996, ha sido subcomandante comisionado y en su entrevista en el C3 aceptó que en repetidas ocasiones ha recibido de 50 a mil dólares por dejar que criminales delincan, o liberar conductores borrachos. Además, reconoció que ha robado dinero y objetos de las casas a las que entró como parte del Grupo Táctico.

Por su parte, Jesús Cervantes Pérez, agente a partir de 2005, confesó que recibe de 50 a 100 dólares cada vez que deja ir narcomenudistas, y otros tantos pesos cuando libera a ciudadanos que cometieron faltas administrativas.

Gabriela Chávez Sandoval, designada policía a finales de 2011, admitió que hasta un mes antes de su examen, estuvo recibiendo dinero por quedarse callada cuando liberaban a un criminal en la delegación San Antonio de los Buenos, y que le han pagado con dinero (500 pesos) o cenas.

Jesús Luis González Figueroa ingresó a la corporación en 2012, es policía comercial y en su examen de confianza dice conseguir y vender celulares robados, actividad que hace de 2007 a la fecha. También, que entre los 17 y 20 años de edad falsificó certificados con ayuda de un profesor de preparatoria.

Carlos Piña Cárdenas es policía desde 2005, y su diagnóstico determinó: “… quebranta lineamientos y normatividad, hace uso indebido de su puesto, vulnera y pone en riesgo a la institución”. Sin embargo, el agente solicitó un amparo en diciembre de 2014 ante el Segundo Distrito de Amparo, con relación a su incidente de suspensión.

Entre sus antecedentes está que en octubre de 2013 se hirió la mejilla con su arma de cargo, departía con otro policía y no estaban en servicio. En la investigación no le hicieron análisis de alcoholemia. En octubre de 2014 fue detenido y liberado porque vio y permitió que su compañera lesionara a un detenido y le sembrara un arma, porque no aceptó pagar una cuota.

Conforme a la evaluación del C3, Enrique Guadalupe Enríquez Cruz, policía desde 1993 actualmente asignado a puntos fijos, no debe permanecer porque acepta mordidas de tránsito, acostumbra sembrar globos y armas a los detenidos, se desempeñó como escolta no oficial de un compañero que se dedicaba a cosas ilícitas y tiene una compañía de seguridad, a pesar de que la Ley se lo prohíbe.

TORTURADORES

Juan Carlos Arenas Tapia, con ingreso en 2006, es considerado en el C3 como no apto, ya que en su entrevista admitió que “para no batallar” a los presuntos delincuentes que se muestran renuentes a colaborar en su detención, los sofoca del cuello hasta que quedan inconscientes, “tiene dificultad para analizar la repercusión de sus acciones” y “se muestra decaído y frustrado con su carrera policíaca”, fue el dictamen.

Pese a que apenas ingresó en 2013, Mariane Guadalupe Gutiérrez Pérez tiene problemas para controlar su ira. Según el C3, “bajo juicio, se conduce con actitudes violentas al sentirse frustrada”, y admitió que abofeteó a una detenida.

De Cristian Eduardo Félix Sereno, quien es supervisor comisionado y policía desde 2007, reportaron “bajo control de impulsos y mermada capacidad de juicio”, al aceptar que aplica una técnica para pérdida de conocimiento cuando somete a infractores.

A René Jesús Burgos Ávila, policía desde 2007 y con un recurso interpuesto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo desde agosto de 2013 contra la Comisión de Desarrollo Policial, el C3 le detectó “rasgos de impulsividad”, reconoció haber iniciado por lo menos una balacera. Y expuso que dos meses antes de su evaluación, siendo parte del Grupo de Inteligencia, utilizaba “métodos no tan legales para hacer declarar a la gente… vendarles los ojos, hincarlos, gritarles o aplicarles la bolsa-terapia”, sofocarlos por un tiempo. Ha sido acusado de lesiones calificadas y abuso de autoridad.

De Rodrigo Gallardo Álvarez, miembro de la SSPM a partir de 2002, también diagnostica “bajo control del impulso”, porque recurre a la fuerza física para enfrentar la adversidad y ha dejado inconscientes a sus detenidos en varias ocasiones, y lo ve como un aspecto cotidiano de su labor.

USO DE TORMENTO FÍSICO

El 17 de septiembre de 2014, el oficial municipal Héctor Herrera Hernández arrolló y causó la muerte de la señora María Elena Pérez Cortez, de 64 años. El parte informativo de la Policía Municipal indicaba que el uniformado era el causante del accidente, explicó el subprocurador general de Justicia del Estado en Tijuana, Gilberto Cota Alanís.

El agente se había dado en reversa 13 metros, según testigo, sin sirenas. El Alcalde Jorge Astiazarán y el secretario Alejandro Lares aseguraron, sin haber estado en el lugar, que el uniformado sí traía luces y sirena encendidas.

“[El tema de los códigos y sirenas] Es parte del informe de la Policía Ministerial en la entrevista que hizo con el propio conductor de la patrulla y también de los testigos, ellos hacen referencia que la patrulla retrocedió con cierta velocidad, que hizo una maniobra en reversa muy rápida y provocó que la persona cuando iba a cruzar, la arrollara”, comentó Cota Alanís en conferencia de prensa.

De inicio, Raúl, uno de los hijos de la mujer que perdió la vida, advirtió que las autoridades pretendían cambiar la versión, pero ellos tenían a su favor un video registrado por uno de los vecinos, con el que presuntamente demostrarían que los policías habían alterado la escena del crimen intencionalmente, y que Herrera no pidió ayuda para la mujer atropellada.

El problema fue que cuando los agentes se enteraron que el video sería entregado a las autoridades, elementos vestidos con uniformes presumiblemente del GOES (Grupo de Operaciones Especiales) fueron por el hombre de la grabación.

El 29 de septiembre, sin orden entraron a su casa y después lo presentaron con droga ante el Ministerio Público, pese a que hay testigos que declararon que cuando lo revisaron en su casa, no le encontraron nada.

El propio GOES regresó el 26 de noviembre de 2014 y, según denuncias hechas por la víctima –que decidió ya no cooperar con la autoridad–, fue torturado. Lo asfixiaron por lo menos en seis ocasiones con una bolsa de plástico, le dieron toques eléctricos en el pecho y le pidieron dinero para dejarlo en paz, acusándolo de vender drogas.

Al final, ni el video fue entregado, ni los agentes agresores identificados. El testigo simplemente pidió a las autoridades que se olvidaran de él y de todas sus denuncias previas.

TIENEN ANTECEDENTES EN EU

Salvador Mendoza Madrid es policía desde 2007, comandante Instructor del ICAP, sin embargo en su más reciente paso por el C3, cuando la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) corroboró sus antecedentes con las autoridades de Estados Unidos, según el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), resultó que estaba registrado como ladrón por un hecho ocurrido en 1992 y estuvo detenido un día en la cárcel de Hanford, California. Fue deportado.

Roberto Villegas Navarro ingresó a la SSPM en 2006, igual que en el caso anterior, en la más reciente revisión de antecedentes, resultó que había sido detenido en San Diego, California, en 1997, por “distribución de metanfetaminas” y estuvo preso 57 meses, cinco años en libertad condicional. También le diagnosticaron “bajo control del impulso y no se responsabiliza de su comportamiento”.

El caso de Benjamín Alfredo Toledo Macías, policía desde 2003, tiene más historia. De entrada, conforme a las bases de datos del FBI, fue detenido en 1998 por traficar marihuana a San Diego y lo deportaron a Tijuana.

En febrero de 2014, siendo escolta del entonces director de la Policía, Reyes Montilla, fue detenido y liberado por presuntamente enfrentar a balazos a otros policías en un controvertido operativo donde hubo declaraciones falsas en ambos lados. Después, un empleado de Sindicatura trató de sobornarlo para resolver a su favor y, finalmente, fue reinstalado en junio de 2014.

Previamente, en abril del mismo año, fue herido en una fiesta particular donde un hombre dedicado al narcomenudeo celebraba su compromiso y fue asesinado. Toledo intentó detener al agresor y fue herido.

A Víctor Manuel Segura García, con ingreso en 2006, el FBI le encontró registros por sexo con un menor, abuso sexual infantil y contribuir a la delincuencia de un menor, lo detuvieron en 1999 y estuvo preso 120 días, con 36 meses de libertad condicional. En enero de 2011 fue premiado por sus jefes como uno de los oficiales más destacados del año anterior.

Sandro Gabriel Hernández Martínez es policía desde 2001, actualmente está adscrito al departamento jurídico y gana poco más de 17 mil pesos, según los archivos del FBI, fue detenido en dos ocasiones en San Diego: en1993 por robo de auto y estuvo preso 17 meses; y en 1994, por posesión de cocaína para su venta.

José Alberto Pérez Flores entró a la Policía Municipal en 1999, pero según el FBI, tres años antes (1996) fue detenido en San Diego por posesión y transporte de marihuana para venta. Estuvo en la cárcel 120 días y tres años de libertad condicional.

Según el examen psicológico, no es “apto para usar arma de fuego” y desafía a la autoridad. En 2011 fue designado jefe de distrito en La Mesa, y en 2014, jefe de distrito en San Antonio de los Buenos. En el mes de abril fue “degradado a agente”, acusado de “ordenar detenciones irregulares y falsificar reportes”. En la nómina de octubre de 2014 aparece como oficial comisionado, con un sueldo de 32 mil pesos.

Juan Carlos Puentes, policía de Tijuana desde 2006, fue acusado por un presunto arresto falso en 2011, sin embargo, para el C3 el mayor problema es que en febrero de 2013, siendo policía, el FBI lo arrestó en San Diego bajo los cargos de importación de heroína, cocaína, marihuana y hachís.

Sergio Contreras Guerrero, policía desde 2002, había sido detenido en San Diego, California, en 1999, acusado de posesión de marihuana para su venta.

Ernesto Pérez Gil, agente municipal desde 2006, en 2003, en Norwalk, California, por posesión y transportación de metanfetamina. Purgó una condena de dos años.

Christian Ernesto Mancera Dozal, agente desde 2002, fue detenido en 1995 cuando cruzaba por la Garita de San Ysidro con 60 libras de marihuana. Ya había sido dado de baja en 2002 por adicción a la cocaína, peleó judicialmente con amparos entre 2002 y 2006, y lo reinstalaron. Ha sido detenido borracho y sancionado por dormir durante su turno.

Benigno Uribe Ramírez, en la nómina desde el año 2000 y premiado por una televisora local en 2013 por su participación en programas comunitarios, fue detenido en 1998 en San Diego por transportar marihuana para su venta, indica el reporte del FBI.

Bernardo Galván Tamayo, cuya antigüedad en la corporación data de 1987, fue detenido en California 10 años antes, en 1977, por conspirar para importar heroína. Estuvo preso cinco años y los diez siguientes, gozó de libertad condicional.

Ramón Isidro Barreras Cebreros es oficial desde 2006, actualmente está en puntos fijos, pero en 1996 fue detenido en Oceanside, California, por posesión y transporte de marihuana. Estuvo preso 62 días y fue deportado.

Benjamín Velázquez López ingresó a la SSPM en 2003, pero en 1996 fue aprehendido por posesión, transportación e importación de marihuana, se le deportó. También tiene denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Julio César García Huante, policía tercero, en la corporación desde 2001, asignado a la Turística, fue detenido en 1993 -reporta el FBI por robo de auto en San Diego y estuvo preso 180 días. Además, según el C3, carece de control de impulso y consume cocaína y marihuana. Desde 2013 inició un proceso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el Departamento de Recursos Humanos de la SSPM de Tijuana.

Acorde a los registros del FBI, Benito Ríos Valenzuela, agente B desde 2005, fue capturado en 1993 con herramientas para robo y estuvo 10 días en la cárcel, intentó engañarlos dándoles una identidad falsa.

Pastor Marín Villaseñor ingresó a la corporación en 2002, ha sido subdirector operativo y subjefe comisionado al área Anti Grafiti, también fue premiado en 2011 por su ejemplo y desempeño. En su última revisión de antecedentes, el FBI informó que en 1987 fue detenido en San Diego California por manejar bajo el influjo del alcohol y, en base a este expediente, estuvo 30 días en la cárcel y tres años en libertad condicional. En 1996 se le arrestó de nuevo por no comparecer ante las autoridades sandieguinas.

ADICTOS

José Antonio Martínez Camacho ingresó a la corporación en 1997, consume cristal y cocaína, ya fue dado de baja por su adicción en 2002 y, conforme a las bases de datos del Estado, ese mismo año fue acusado por daño en propiedad ajena y homicidio porque mató a un transeúnte mientras manejaba borracho, igual fue reinstalado. Le diagnosticaron “bajo control del impulso”.

El 15 de octubre de 2013 inició un proceso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra de la Sindicatura Municipal, y otro en contra de la Comisión de Desarrollo Policial.

José Francisco Ávila Ceniceros entró a la SSPM en 1997, en el más reciente antidoping resultó positivo en consumo de metanfetamina, “sin que haya justificado el uso de las mismas por prescripción médica”.

Al agente Mario Aceves Medina, en nómina desde 2006, el examen antidopaje arrojó positivo a metanfetamina y anfetamina. Este agente inició un procedimiento en contra de la Oficialía Mayor por iniciar los trámites para su remoción, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y solicitó un recurso de revisión desde julio de 2013.

A Rosendo Valdez Pardo, oficial desde 2004, el consumo de alcohol le impide cumplir sus responsabilidades laborales, razón por la cual ya enfrentó un proceso administrativo en 2011. Y en 2013 salió positivo en el antidoping.

Guillermo Ayala Castillo, uniformado desde 2004, estuvo suspendido por seis meses durante 2011 por dar positivo al uso de anfetaminas, además, admitió haber ingerido marihuana, cocaína y cristal, y tiene varias actas relacionadas con su ingesta de alcohol.

En su entrevista, Fernando Muñiz Crisosto, oficial desde 2006, refirió haber consumido cocaína y cristal, cinco veces entre 2012 y 2013, y otras cinco en el último año (2014). Adrián Medina, con ingreso en 2000, también resultó con problemas de alcoholismo.

En todos estos casos, lo mínimo que se recomendó fue retirarles el arma, y su remoción, ante los antecedentes y falta de apego al trabajo.

TAMBIÉN HAY FALSIFICADORES

Los casos menos graves, según las medidas que ha tomado en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, son los agentes falsificadores, quienes pese a la evidente comisión de un delito, algunos ya fueron “perdonados” por el actual secretario Alejandro Lares Valladares, por lo menos así lo consideran en la tropa.

Como ejemplo señalan el caso de Omar Green de la Cerda, suspendido en abril de 2014 por hacer trampa en los exámenes en la Universidad Humanitas donde estudia Derecho; en agosto de 2014 se hizo público que era investigado junto a otros 30 elementos por haber entregado documentos falsos para ingresar, en su caso, un certificado de preparatoria que no tienen registro en la Secretaría de Educación Pública; sin embargo fue reinstalado sin problemas como subdirector operativo de la Policía Municipal en octubre de 2014.

Zeta tuvo acceso a otros 16 expedientes donde se hace notar que los policías falsificaron alguno de los documentos que acreditaban su escolaridad, en ese caso están:

Francisco Gómez Casillas, Alberto González Rodríguez, Carlos Vázquez Castorena, Fernando Aguilar Hernández, Ricardo Medina Chicas, Josué Salomón Matuz, David Rojas García, Elena Carlos Cervantes, Mateo Granados Arévalo, Juan Gallardo, Raymundo Joaquín Navarro, Rubén Sánchez Carrillo, Jaime de la Cruz , Guillermo Castro González, Juan Carlos Ornelas Durán y Epigmenio González Rodríguez.

El delito de falsificación está considerado en el Código Penal Federal y en el del Estado de Baja California, en el primero castigado de seis meses a cuatro años de prisión, y en el local, con cuatro a ocho años de cárcel.

Y se aplica “… al que para obtener un beneficio o para causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado”, y también que lo use.

OTROS

Entre los policías que el C3 reporta como no aprobados existen expedientes como el agente Joel Othón, a quien consideran no recomendable porque se resiste a la autoridad; José Hernández, de quien refieren, se involucra en discusiones y vulnera “la confidencialidad de la información” porque platica afuera lo que sucede al interior de la corporación. O el caso de Gabriel Rivera, policía desde 2004 a quien se recomendó iniciar procedimiento de separación definitiva porque no se presentó a los exámenes de confianza.

En estas condiciones, policías no acreditados, adictos, con antecedentes penales en México y Estados Unidos, así como colaboradores del crimen organizado, torturadores y corrompidos, prestan servicio a la comunidad en la Policía Municipal de Tijuana, con Patricia Sida como directora y Alejandro Lares Valladares en calidad de secretario de Seguridad.

De los 154 agentes reprobados, ninguno ha sido procesado, ni despedido. En condiciones no recomendables, siguen portando placa y arma.

FUENTE: SIN EMBARGO/ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Guerrero, el estado con más homicidios en 2014; Tamaulipas, el de más secuestros: SNSP

De acuerdo con los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), el estado de Guerrero continúa con la tasa de homicidio doloso más alta del país, con 42.69 casos por cada 100 mil habitantes.

Mientras que Tamaulipas sigue con el primer sitio en cuanto a secuestros se refiere, seguido por los estados de Morelos, Tabasco y Guerrero.

El SNSP indica que a nivel nacional, el año pasado fueron denunciados en México 15 mil 649 asesinatos dolosos, casi 3 mil menos que el año anterior. En cuanto a plagios,  de enero a diciembre de 2013 se contabilizaron 1,698 averiguaciones previas, en el mismo periodo de 2104 fueron 1,394, lo que representa 304 averiguaciones menos.

Sin embargo, en el caso de los secuestros hay una amplia cifra, reconocida así por las autoridades federales, de hechos no denunciados ante la autoridad.

Así mismo, Puebla es el estado que presentó más casos de personas desaparecidas hasta el 2014 en comparación con Guerrero y Veracruz. De 2003 a noviembre de 2014 la entidad poblana sumó 776 desaparecidos; mientras que el estado de Guerrero, 590 y el de Veracruz, 499; esto de acuerdo a la última actualización del secretariado el 7 de enero.

En el caso de Guerrero, el suceso más notable fue con lo ocurrido en septiembre de 2014 con la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, mientras que en el estado veracruzano fue a inicios de este 2014 con el caso del periodista Moisés Sánchez, quien hasta la fecha no ha sido localizado.

Este mismo día Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que en 13 municipios de Guerrero el gobierno federal tuvo que tomar el control por falta de confianza en las autoridades municipales de seguridad. “Estaban copados por el crimen organizado”, dijo.

El funcionario también aseveró que los que mandaban eran integrantes del crimen organizado y “no podemos vivir en un Estado en donde estemos cooptados”.

Por otra parte, las entidades de la República que concentran más concentran más personas extraviadas o no localizadas son: Tamaulipas con 5 mil 293; Jalisco, con 2 mil 139; Estado de México, con mil 730; y Coahuila, con mil 428.

Los datos de homicidios coinciden con los que el martes 20 de enero difundió la organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC. en su informe “Las 50 ciudades más violentas del mundo en 2014″, en donde  se encuentran varias orbes mexicanas: Acapulco, Chihuahua, Culiacán, Cuernavaca, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Obregón, Tijuana, Torreón y Ciudad Victoria.

De éstas, Acapulco, Guerrero, se ubica en el tercer lugar de la lista, con una tasa de homicidios dolosos de 104.16 por cada 100 mil habitantes, sólo rebasada por San Pedro Sula, Honduras (cuya tasa es de 171.2) y Caracas, Venezuela (con una tasa de 115.98).

Ayer, en su comparecencia ante diputados y senadores de la Primera Comisión de la Permanente, el Comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido García, informó que durante el segundo año de la actual administración federal la incidencia de los delitos de alto impacto disminuyó.

Sostuvo que de acuerdo con el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el comparativo del 2014 contra 2013 se afirma que el homicidio doloso continúa su tendencia decreciente al registrar 15 por ciento menos casos y una baja de 11 por ciento en el delito de robo.

Además, se logra revertir la inercia en el alza de secuestros, los que disminuyeron en un 18 por ciento, así como las extorsiones que se redujeron en 30 por ciento.

El funcionario confirmó ante los legisladores que las autoridades federales han realizado 2 mil 720 patrullajes e inspeccionado 456 puntos, en la búsqueda de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero el pasado 26 de septiembre y que derivado de estas acciones se han detenido a 97 presuntos responsables.

Alejandro Rubido sostuvo que las fuerzas federales rompieron las líneas de mando de las bandas delincuenciales en Guerrero y neutralización sus más importantes blancos de operación, por lo que aseguró que la entidad está bajo control.

Mencionó que con los operativos referidos se tiene ya bajo control a los municipios de Iguala y Cocula, entre otros, así como ocho del Estado de México, dos de Michoacán y cuatro de Morelos, con lo que se logró debilitar a las bandas del crimen organizado.

EL SECUESTRO HA BAJADO: SALES

Hoy en conferencia de prensa el Coordinador Nacional Antisecuestro Renato Sales Heredia, aseguró sin embargo, que las averiguaciones previas relacionadas con el delito de secuestro bajaron 18 por ciento de 2013 a 2014.

El funcionario federal dijo que fuerzas federales y estatales crearon un grupo de élite contra ese delito, con el cual comenzó a reflejarse una baja sensible en los plagios en los estados de Guerrero, Morelos, Tabasco, Michoacán y Estado de México, donde hay más casos de secuestro.

El Coordinador federal contra el plagio explicó que la estrategia consiste en fortalecer y apoyar a las unidades especializadas contra el secuestro en las entidades.

Esos grupos tácticos, dijo Sales Heredia, están integrados por elementos de las secretarías de Marina, Defensa Nacional, Policía Federal (PF), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR), así como la de los estados, además de las policías municipales y estatales.

El objetivo de los grupos antisecuestros es evitar la confrontación institucional y resolver los casos en menos tiempo.

Renato Sales Heredia admitió que probablemente ninguno de los plagiarios detenidos el año pasado ha sido sentenciado, pues en promedio un proceso penal contra estos delincuentes dura cinco años “y eso cuando bien nos va”.

“No puedo dar una cifra en relación con las personas detenidas en 2014 que hayan obtenido ya sentencia condenatoria porque podría decirles que muy pocas, si no es que ninguna, ha recibido aún sentencia”, señaló el funcionario.

Renato Sales detalló que en promedio un proceso penal contra un secuestrador, para obtener una sentencia condenatoria, se prolonga hasta cinco años “y eso cuando bien nos va” y hay acusados de casos de hace 10 o hasta 14 años que todavía están en proceso lo cual, dijo el funcionario, “resulta absurdo, resulta terrible”.

Sales Heredia consideró que la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio ayudará a agilizar los procesos y cuando se implemente totalmente en el país, “veremos una reducción sensible” en los plazos de este tipo de juicios.

“El nuevo sistema acusatorio atiende a la agilidad de los procesos y una vez se implemente veremos una reducción sensible en los plazos para que los juzgadores dicten sentencia”, aseguró Sales.

“No puedo dar una cifra de personas detenidas en 2014 que hayan obtenido ya sentencia condenatoria porque serían muy pocas, sino es que ninguna del año pasado habría recibido ya sentencia”, afirmó.

Sales también dijo que “hay bandas violentas que aún cobrando rescate también privan de la vida, lamentablemente”. Sobre los probables responsables detenidos por secuestro, dijo que han sido más de 2 mil 500 en todo 2014.

Afirmó que ya “no tenemos bandas como las que conocimos en los noventa” dedicadas exclusivamente al secuestro, sino que son grupos que realizan los llamados plagios exprés que se prolongan entre 24 y 48 horas, cuyas casas de seguridad prácticamente son los vehículos de las víctimas.

El Coordinador antisecuestro también refirió que en el caso específico de la entidad guerrerrense hay personas dedicadas al secuestro que son derivación de los cárteles que antes se dedicaban al narcotráfico, “vinculados lamentablemente con algunos grupos de policías municipales”.

LAS MEXICANAS, ENTRE LAS CIUDADES MÁS VIOLENTAS: ONG

Una decena de ciudades mexicanas figura entre las 50 más violentas del mundo, de acuerdo con el ranking elaborado por la organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC. En el informe Las 50 ciudades más violentas del mundo en 2014 se detalla que se trata de Acapulco, Chihuahua, Culiacán, Cuernavaca, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Obregón, Tijuana, Torreón y Ciudad Victoria.

De éstas, Acapulco, Guerrero, se ubica en el tercer lugar de la lista, con una tasa de homicidios dolosos de 104.16 por cada 100 mil habitantes, sólo rebasada por San Pedro Sula, Honduras (cuya tasa es de 171.2) y Caracas, Venezuela (con una tasa de 115.98).

Con excepción de Acapulco, el resto de las ciudades mexicanas que figuran en el listado se localizan en los estados del norte del país.

La asociación civil ha realizado esta medición desde, pero es la quinta vez en que incluye a 50 ciudades.

En su ranking de 2013, Acapulco también figuró como la tercera ciudad más violenta entre las 50 urbes que integran la medición, con una tasa de 113 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

En ese listado ya figuraban nueve de las ciudades incluidas en el listado de 2014, con excepción de Ciudad Obregón, ubicada en el municipio de Cajeme, Sonora, que aparece en la posición 31, con una tasa de 37.71.

En el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, que de 2008 a 2011 ocupó la segunda posición, disminuyó significativamente su incidencia de homicidios dolosos, al grado de que para 2014 figuró en la posición 27.

Sin embargo, se trata de la única de las ciudades mexicanas cuya tasa de homicidios dolosos aumentó de 2013 a 2014, al pasar de una tasa de 37.59 a una de 39.94 por cada 100 mil habitantes.

El ranking mide las tasas de homicidios dolosos en ciudades con más de 300 mil habitantes y fue elaborado a parir de datos oficiales y, en algunos casos con base en estimaciones (cuando no fue posible acceder a cifras oficiales), detalló el presidente de la organización, José Antonio Ortega, al presentar el documento.

En el caso de México, los datos provienen de los publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que a su vez se nutre de las cifras proporcionadas por las procuradurías de justicia locales.

La información disponible del Secretariado para 2014 abarca hasta el mes de noviembre. Por ello es que se hicieron proyecciones para todo 2014 y se tomaron en cuenta también los datos de 2013 (los más recientes) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre homicidios, explica el informe.

Asimismo detalla que en el caso de Obregón, dado que no se tenían los datos desagregados por localidad, se le adjudicó la proporción de homicidios dolosos correspondiente a su población (73 por ciento del total del municipio).

Sobre la persistencia de Acapulco entre las tres ciudades más violentas, Ortega consideró que la tasa de homicidios no se ha reducido significativamente porque la autoridad “nada más se quiere concentrar en el puerto, en la parte turística, blindarlo para que ahí no pase nada”. Sin embargo, expuso, el municipio de Acapulco también incluye zonas donde prevalece no únicamente el homicidio, sino también los secuestros y extorsiones.

Respecto al resto de las ciudades, apuntó al papel del crimen organizado, ya sea enfrentado a las autoridades o que violenta a la sociedad (en ocasiones en connivencia con autoridades) en la incidencia de la violencia.

Ortega dijo que mediciones como esta no es sólo un trabajo para la academia, sino también “es un trabajo político que sirva a la autoridad y a la sociedad civil para ver cómo está, si está bien, si está mal, y para que haya compromisos de la autoridad a bajar esa tasa de homicidios”.

Además adelantó que en febrero próximo dará a conocer un informe sobre el caso específico de las ciudades de México, que incluirá, además de las cifras sobre homicidios dolosos, aquéllas sobre otros delitos de alto impacto: secuestro, robo con violencia, violación, lesiones dolosas y extorsión.

A EPN LE INDIGNA EL DELITO

Ayer, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que “lamentablemente aún hay casos de personas que con indignación e impotencia se duelen de haber sido víctimas tres veces de un mismo delito”.

Al inaugurar el Foro de Atención a Víctimas en el Debido Proceso Penal, convocado en la ciudad de México por diversas organizaciones de la sociedad civil, el mandatario dijo que las víctimas sufren tres veces por un mismo delito.

“Primero por el acto criminal de los delincuentes, después lamentablemente por la insensibilidad algunas veces de quienes tienen responsabilidad pública, son encargados de procurar justicia, por burocratismos interminables; y una tercera falta, por la impunidad porque no se castiga a los culpables y ni se repara el daño”, refirió.

Sobre la impunidad mencionó que “pocas cosas pueden ofender tanto a una persona como el hecho de que después de aguantar la indiferencia de servidores públicos y el abrumador papeleo su agresor quede lamentablemente en libertad”.

Asimismo, Peña Nieto indicó que el número de homicidios y extorsiones ha disminuido, pero reconoció que la reducción de secuestros ha sido mínima.


Y aunque destacó avances importantes en la procuración de justicia, como la implementación del Sistema Penal Acusatorio y la armonización de la legislación mexicana con las convenciones internacionales, dijo que aún hay temas pendientes.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-01-2015/1225932.

Chedraui y Onésimo, contraataque de la derecha con sotana

MÉXICO, D.F: Famosos ambos por su gusto por la pompa y el poder, por sus relaciones con la élite económica y su militancia en la Teología de la Dominación, el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de México, Antonio Chedraui, y el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, protagonizaron el contraataque de una derecha clerical en apoyo a la tesis gubernamental de la sumisión frente a los sucesos de Ayotzinapa. Ambos se sumaron al “coro clerical” para criminalizar las protestas en Guerrero.

“Es muy penoso, nunca debió ocurrir (la desaparición de los 43 normalistas), pero si los quieren vivos, no creo que estén vivos. Entonces es mejor pedir por ellos y no armar luchas violentas”, afirmó Cepeda, viejo conocido de los peñistas. “Si ya desaparecieron, ya desaparecieron” sentenció.

En otras palabras, a callar y a obedecer, como en la mentalidad de cacique hacendado que “lamenta” la muerte de los pobres e indígenas, pero no se conmueve ante la injusticia reiterada, el cinismo oficial, la operación grosera para darle “carpetazo” y evitar que el expediente se convierta en un caso de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, que son delitos de lesa humanidad.

Haciéndole coro, Chedraui aprovechó su cumpleaños 83 –famosas comilonas al estilo porfirista con la élite política– para reiterar su condena al “vandalismo”, a “cerrar las calles” porque esto “no hará que puedan recuperar a sus hijos”.

Chedraui fue más allá. A tono con el “nado sincronizado” de decenas de columnistas, comentaristas y especialistas en la “nómina de los bien pensantes” se lanzó contra los padres y normalistas de Ayotzinapa porque son “manipulados”.

“Mover al pueblo es una jugada peligrosa. Si se mueve el pueblo, no lo podemos parar. No se deben aprovechar por intereses personales, de levantar a la sociedad; cada día cierran carreteras, hacen vandalismo”.

“No hay que aprovechar para hacer manifestaciones, cerrar caminos o realizar actos vandálicos, todo se resuelve con paciencia y diálogo”, subrayó.

¿Paciencia y diálogo? ¿Alguno de estos dos jerarcas ha perdido la vida de un familiar o de un hijo a manos del crimen organizado? ¿Tienen estos ensotanados capacidad de empatía con el dolor ajeno o simplemente tienen simpatía por el supremo poder conservador? ¿A quién quieren convencer estos personajes de credibilidad nula, adoradores de su única religión verdadera: el dinero y la especulación financiera?

El contexto en que ambos jerarcas hablaron también es una clara síntesis de la situación del país. De acuerdo con la crónica de Julio Hernández, autor de la columna Astillero, en La Jornada, Chedraui y Cepeda hablaron así en el festejo por los 83 años del primero. En helicópteros, automóviles de lujo y decenas de guardaespaldas, los convidados de la élite llegaron a Huixquilucan. Eran la crema y nata del grupo Estado de México, más los oportunistas políticos de ahora.

Ahí estuvieron, entre otros, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, el Góber Bala de talante represor contra quienes cuestionen su mando autoritario, el Gober Cachetada, Manuel Velasco, de Chiapas, exfuncionarios del Estado de México en tiempos de Arturo Montiel y de Enrique Peña Nieto, así como el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, otro clon de Peña Nieto.

Sus palabras no constituyeron un exabrupto. Hablaron en sintonía con las declaraciones recientes de los altos mandos militares que ahora son “víctimas” de los padres de Ayotzinapa, en la línea de columnistas que reclaman represión (elija el que usted quiera), y en conjunto con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que se preocupan porque el escándalo internacional de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa ha desnudado a una élite empresarial depredadora e insensible. Como en los tiempos de Porfirio Díaz.

Otro elemento es fundamental: quieren ser el contrapunto de los sacerdotes comprometidos en Guerrero, Michoacán, Tabasco y Coahuila que han levantado su voz para estar con las víctimas y no con los victimarios. Chedraui y Onésimo son la respuesta frente al padre Goyo, de Apatzingán, del padre Alejandro Solalinde, de los obispos Raúl Vera y Ramón Castro, o del padre Miguel Concha.

Para la derecha clerical, estos sacerdotes forman parte del “eje del mal” porque cuestionan la corrupción gubernamental, denuncian la violación de los derechos humanos, la colusión entre cuerpos policiacos, militares y gubernamentales y porque tienen más credibilidad con los humildes, aquellos que nunca serán convocados a las fiestas de Chedraui y Cepeda.

De acuerdo a la nota de Arturo Rodríguez, en la presente edición de Proceso, el pasado 9 de enero se reunieron en la Universidad Pontificia de México los obispos Vera, Castro y los sacerdotes Concha, Solalinde y el poeta Javier Sicilia para hablar de la crisis de Estado derivada del caso Ayotzinapa. Particularmente crítico con la jerarquía católica fue Javier Sicilia. El auditorio estuvo repleto.


Si el gobierno o la élite económica pretenden contraponer a estos “sacerdotes rojos” –como los llaman despectivamente– con estos desacreditados jerarcas, lo único que lograrán es confirmar lo que se ha dicho desde el principio: Ayotzinapa es la síntesis de un sistema criminal que considera “prescindibles” a los más pobres e insumisos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Del Partenón a la Casa Blanca

MÉXICO, D.F: A ciertos políticos mexicanos se les distingue por sus gustos. Sin importar el partido al que pertenezcan, comparten algunos estilos de vida, como la compra de casas monumentales. Destacan entre ellas la famosa Colina del Perro de José López Portillo, el Partenón de Arturo Durazo, el rancho de Vicente Fox y ahora la Casita Blanca de Enrique Peña Nieto.

Desde Miguel Alemán, los presidentes mexicanos han hecho de su posición privilegiada en el poder una virtud pública de impunidad. El principal reflejo de este acto impúdico está en el gusto por construir grandes mansiones para su familia o amantes, como fue el caso de la residencia que el presidente Gustavo Díaz Ordaz le compró a Irma Serrano en la zona exclusiva de Lomas de Chapultepec.

Los presidentes priistas han sido los más ostentosos en el uso del poder para comprarse grandes propiedades y terrenos en zonas con una enorme plusvalía, como Cancún, donde Luis Echeverría Álvarez adquirió una mansión, y años antes lo hizo Miguel Alemán en Acapulco.

Quizá desde López Portillo no teníamos a un huésped en Los Pinos con tantos escándalos inmobiliarios como los que se conocen ahora con Enrique Peña Nieto. A la ya famosa Casita Blanca que le estaba construyendo a su esposa, la actriz Angélica Rivera –con un costo multimillonario y financiada por Grupo Higa, empresa favorecida por el gobierno federal–, hoy se le suma la adquisición de otra residencia en el municipio de Ixtapan de la Sal, por parte de otra constructora que Peña también favoreció cuando fue gobernador del Estado de México.

Es evidente que con sus propios ingresos como funcionario público, ya sea como gobernador o presidente, el mexiquense no tendría posibilidades para comprar esas propiedades valuadas en millones de pesos o de dólares. Y tampoco sus secretarios, como Luis Videgaray, a quien también el grupo Higa le construyó una casa de descanso en Malinalco, un pueblo del Estado de México donde los salinistas construyeron muchas residencias para pasar los fines de semana.

Entonces, si no es con dinero de sus bolsillos como pagan las cuantiosas cantidades de dinero para adquirir las mansiones y residencias, lo hacen con recursos públicos o mediante actos de corrupción revestidos de concesiones legales a empresarios y constructoras favorecidas por contratos millonarios.

Se trata, una vez más, de expresiones claras de la cultura de la impunidad, corrupción e ilegalidad que comparten los políticos mexicanos de todos los niveles, y que es la base del surgimiento y crecimiento del crimen organizado transformado en gobierno, como se muestra en Michoacán, Guerrero o Tamaulipas.

Frente a los dos últimos escándalos inmobiliarios, la oficina de Comunicación Social del gobierno federal ha tratado de justificar que no hay conflicto de intereses entre las constructoras y la Presidencia de la República.


Pero en lugar de aclarar el origen de los recursos y las relaciones corruptas entre empresas y gobierno, las explicaciones oficiales sólo ahondan más la percepción que ya se tiene de Enrique Peña Nieto: un presidente opaco hecho a la vieja usanza priista de la corrupción.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

En Chihuahua, todos unidos contra Duarte

La ambición y el autoritarismo del gobernador priista de Chihuahua, César Duarte, lo tienen confrontado con los ciudadanos, sean campesinos, estudiantes, transportistas, historiadores o defensores de los derechos humanos. Y aunque él trata de minimizar las constantes protestas, ya tomó forma un movimiento amplio, la Unión Ciudadana, que puede darle una sorpresa en breve.

CHIHUAHUA, Chih: Un movimiento contra la corrupción del gobernador César Duarte y su equipo unió a viejos y nuevos dirigentes, políticos y ciudadanos, de izquierda y derecha, así como a líderes de luchas históricas en el estado.

A ellos se sumaron dirigentes campesinos, barzonistas, del movimiento de Madera del 65 y del estudiantil de 1972, las activistas que visibilizaron los feminicidios e integrantes de YoSoy132, otros estudiantes y líderes de médicos y empresarios, que constituyeron el movimiento Unión Ciudadana contra la corrupción.

La organización, que algunos integrantes definen como una “autodefensa cívica”, se dedica a documentar la malversación de fondos y el enriquecimiento ilícito en los cuales presuntamente incurren el gobernador y su gabinete, a fin de denunciarlo penalmente.

El pasado 23 de septiembre, el exdiputado Jaime García Chávez –quien renunció con otros militantes al PRD por su alianza con el PRI en las elecciones federales de 2012– interpuso la denuncia penal para que la federación investigue a Duarte y a su esposa, Bertha Gómez Fong, por la supuesta creación de un fideicomiso de 65 millones de pesos que luego trasladaron al banco Unión Progreso.

En esa institución de crédito tiene inversiones el gobernador y ahí se deposita dinero público (Proceso 1991).

La denuncia de García Chávez fue acompañada por la diputada federal panista Rocío Reza Gallegos, quien 10 días después presentó otra por el mismo motivo…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1994 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA (REPORTAJE ESPECIAL)

Se desploma dron con tres kilos de droga en supermercado de Tijuana

El dron transportaba seis paquetes con cristal y se desplomó la noche del 20 de enero; el artefacto tiene un valor de mil 400 dólares y puede volar hasta 18 minutos, de acuerdo con la empresa que lo diseño.

Un dron cargado con tres kilos de droga cayó la noche del 20 de enero en el estacionamiento de un supermercado ubicado en la Zona del Río en Tijuana, Baja California, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con un comunicado emitido este miércoles 21 de enero, alrededor de las 9:50 de la noche del martes, la policía municipal recibió una llamada en la que alertaban sobre la caída de un “artefacto volador”.

Al llegar al lugar, los policías municipales encontraron un dron, que portaba seis paquetes de cristal, que pesaban alrededor de tres kilos, por lo que se supone que el artefacto no soportó la carga y se desplomó sin lesionar a ninguna persona.

El reporte de las autoridades indica que el dron que se desplomó era un modelo Spreading Wings 900, el cual tiene un costo de mil 400 dólares y cuenta con seis hélices y batería de litio.


La empresa que diseñó este modelo, DJI Global, especifica que el dron puede cargar un máximo de 8.2 kilos y su batería alcanza para un vuelo de hasta 18 minutos en caso de que porte una carga de 6.8 kilos y vuele a dos metros de altura.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Dejan sin sanción a 6 mandos de PF que cometieron negligencia en búsqueda de policías

La Secretaría de la Función Pública cerró la investigación sobre la desaparición de siete policías federales y un civil, ocurrida en noviembre de 2009, sin imponer ninguna sanción en contra de seis mandos de la Policía Federal.

A cinco años y dos meses de que siete policías federales y un civil que los acompañaba fueran raptados y desaparecidos en Michoacán, los funcionarios que obstruyeron su búsqueda inmediata quedaron sin sanción, luego de que la Secretaría de la Función Pública declaró como cerrado el expediente sobre este caso, denunció Araceli Rodríguez, madre del sargento primero Luis Ángel León Rodríguez, uno de los agentes privados de la libertad.

En noviembre de 2009, destacó la señora Rodríguez, los siete agentes federales fueron comisionados como escoltas de quien sería el nuevo director de la dirección de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Hidalgo, sin embargo, no les proporcionaron recursos ni medios adecuados para trasladarse a dicha localidad, por lo que contrataron a un conocido para que los llevara desde el DF hasta Michoacán en su camioneta particular, y en el trayecto fueron secuestrados. No obstante, la Policía Federal se percató de su desaparición hasta ocho días después.

“Mientras que por el lado penal hay 33 presuntos sicarios de los Caballeros Templarios sometidos a proceso, encarcelados por su participación en el secuestro y desaparición de los agentes y el civil –explicó Araceli Rodríguez–, por el lado administrativo no hay ningún funcionario sancionado, a pesar de que cometieron diversas irregularidades que impidieron una búsqueda efectiva de los muchachos.”

Entre las irregularidades cometidas “por al menos seis mandos” de la Policía Federal, ennumeró, se encuentran “el no haber realizado una planeación adecuada de la comisión a la que fueron enviados; no se gestionaron los viáticos correspondientes para el traslado; no se les proporcionaron los recursos materiales necesarios para su comisión; se omitió supervisar el cumplimiento de su comisión; se omitió apoyar a los agentes comisionados y a sus famiiares, una vez que transcurrió el tiempo razonable para que se tuviera información de su arribo al lugar de la comisión; y por último, también proporcionaron información carente de veracidad en torno a la situación de mi hijo Luis Ángel, cuando el Órgano Interno de Control comenzó a investigar el caso.”

Aunque los mandos de la Policía Federal “no cometieron directamente la desaparición forzada –subrayó–, sí son responsables de haber propiciado que el crimen se cometiera, ya que mandaron a los muchachos a Michoacán con sus propios medios, no les proporcionaron vehículos oficiales, ni custodia adecuada, y tampoco se preocuparon por verificar si habían llegado bien o cuáles dificultades iban enfrentando. Por eso, se dieron cuenta de que los muchachos estaban desaparecidos ya que habían pasado seis días desde su secuestro, y si se dieron cuenta fue porque mi otro hijo, que también es agente de la Policía Federal, exigió que la institución hiciera algo para localizar a su hermano”.

En 2013, explicó, la Secretaría de la Función Pública detectó que el sargento Luis Ángel León Rodríguez no había realizado su declaración patrimonial, por lo cual solicitó información sobre este elemento a la Policía Federal, institución que, en vez de notificar que el uniformado había sido secuestrado en cumplimiento del deber, informó que se encontraba en activo, razón por la que se inició una investigación en contra del agente.

Ofendida por el hecho de que las autoridades citaran a comparecer a su hijo como parte de dicha investigación, aún cuando estaba desaparecido, la señora Rodríguez se presentó en su lugar ante el Órgano Interno de Control, para explicar que debido a su condición de víctima de privación de la libertad le era imposible realizar el trámite que le demandaban, y fue gracias a esto que la Secretaría de la Función Pública abrió un nuevo expediente, ahora contra los funcionarios que propiciaron, por sus omisiones, que los agentes fueran secuestrados.

“Este expediente de la Función Pública concluye que hubo distintas irregularidades cometidas por al menos seis funcionarios de la Policía Federal, aunque pueden ser más responsables –afirmó la señora Rodríguez–, sin embargo, el contralor que lo elaboro, Jean Paul Aguilera, fue despedido y su sustituto, el licenciado Juan Manuel Herrera Campos, dio por cerrada la investigación sin imponer ninguna sanción contra los implicados, aún cuando esa es precisamente la atribución de la Función Pública.”

De esos seis mandos policiales, destacó, “algunos siguen en la corporación y otros ya no están, pero eso no importa, porque la Función Pública puede resolver sanciones administrativas en su contra aún cuando ya no sean funcionarios e, incluso, si la falta lo amerita, es su obligación iniciar acciones penales, sin embargo, el nuevo contralor no hizo nada de esto, sólo cerró el expediente y lo turnó a la PGR, donde no pueden proceder contra estos funcionarios porque, para ello, es necesario que formalmente la Función Pública inicie una denuncia en su contra, lo cual no ocurrió.”


Esta medida, “con la que se intenta dar impunidad a los funcionarios, que por acción y omisión dejaron solos a los siete agentes y al civil desaparecidos”, fue denunciada el pasado lunes por la señora Rodríguez, por lo cual, reconoció, “la Secretaría de la Función Pública me ofreció revisar el expediente y la próxima semana tendremos una reunión, para que me den una explicación.”

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

Crece inconformidad en Morena por postulación del general Gallardo

COLIMA, Col: Integrantes del Consejo y de la dirigencia estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cuestionaron el resolutivo de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) a través del que se anunció al general José Francisco Gallardo Rodríguez como único precandidato de ese partido a gobernador del estado.

En rueda de prensa, exigieron además que el proceso de selección de candidato se apegue a la normatividad de ese partido, donde se establece que en caso de existir más de un precandidato la decisión se tome por medio de una encuesta.

El consejero Carlos Gabriel Padilla dijo que el resolutivo dado a conocer la noche del viernes 16, a través de la página de Internet de Morena, “es una hoja que cualquiera pudo haber filtrado a las redes, a los medios; es una hoja que no está firmada ni sellada, en la que no aparece ningún responsable de la CNE, entonces para nosotros no tiene validez”.

Hasta este miércoles 21, informó la secretaria general de ese partido, Catalina Suárez Dávila, los órganos locales de dirección no han recibido de parte de la CNE alguna notificación oficial en torno a las precandidaturas a gobernador, por lo que para ellos “todavía hay tres precandidatos”: el general Gallardo; el exdirigente del sindicato universitario, Leonardo Gutiérrez Chávez, y el agroproductor Gonzalo Castañeda Bazavilbazo.

El presidente del Consejo Estatal, Ricardo Ante Villalobos, comentó: “No tendría objeto meternos a un partido que va a utilizar el verticalismo y la imposición; nosotros hasta el último momento estamos obligados a hacer que se respeten los estatutos, a darle un camino hacia la democracia participativa a esto, hacia la horizontalidad; imaginen que aceptemos un candidato que no tiene arraigo en Colima, que no puede comprobar su residencia, que no nació en Colima, y que lleguen y nos digan, ‘este es el candidato’, entonces no tendríamos nada que hacer en Morena”.

Catalina Suárez recordó que desde hace varios meses el general Gallardo había sido propuesto por los militantes de Morena en Colima “para que fuera nuestro promotor de la soberanía nacional, y él se comprometió a venirse a vivir a Colima desde el inicio y trabajar codo a codo, casa por casa, lo que nosotros aceptamos con mucho gusto porque él es una gran persona, tiene un perfil y una trayectoria reconocidos, con una lucha personal con uno de los poderes más fuertes del país, que es el propio Ejército”, pero “desafortunadamente tuvo otros compromisos y otras prioridades”.

Frente a esta situación, añadió, “fuimos observando qué otras propuestas podíamos hacer como militantes en congruencia con los estatutos y nuestros principios, y fue por eso que la militancia decidió que no solamente fuera un contendiente por la candidatura, sino que fueran tres, el general Gallardo, el doctor Leonardo Gutiérrez y Gonzalo Castañeda, reconocidos por su congruencia, honestidad y lucha social”.

Suárez Dávila consideró que “el hecho de que el general Gallardo no se haya venido a vivir a Colima en su momento le quitó viabilidad como candidato, pues la rentabilidad electoral, pragmáticamente hablando, tiene que ver con su visibilidad y especialmente con el trabajo que desarrolla en el lugar donde pretende ser votado”.

Asimismo, estimó que como representantes de Morena en la entidad tienen derecho a recabar las inquietudes de los militantes y a proponerlas en un ambiente democrático y ser congruentes con los principios del partido.

También reconoció que existen diferentes puntos de vista con la Comisión Nacional de Elecciones, pero afirmó que el diálogo está abierto.

“Esto ocurre en cualquier partido democrático donde dialogamos constantemente cuando hay diferencias, pero esto no quiere decir que haya rompimientos; al contrario, creo que es muy sano que esto suceda”, concluyó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.

Nuevo León: El “show” de Ivonne

Con excepción de Ivonne Álvarez García, quien la semana pasada fue ungida por César Camacho Quiroz como candidata del PRI a la gubernatura de Nuevo León, los aspirantes a ese cargo están molestos por esa decisión que califican de mero “concurso de popularidad” en el cual ganó la más simpática. Les irritó también que la decisión se haya tomado en la sede del partido en la Ciudad de México. Según ellos, la beneficiada –quien ha dejado botados sus últimos dos cargos públicos– carece del talante político necesario para gobernar la entidad.

MONTERREY, NL: La nuevoleonesa Ivonne Álvarez García ha ocupado cargos de representación popular: fue diputada local, luego alcaldesa y después senadora; los dos últimos los dejó inconclusos. Pese a esas inconsistencias, será la candidata del PRI al gobierno de la entidad, anunció el presidente del partido, César Camacho Quiroz, la semana pasada.

Su designación fue hecha en la Ciudad de México en un proceso interno que dejó molestos a los otros contendientes, quienes dijeron estar más capacitados que la exconductora de programas de música grupera. Sin embargo, Camacho adujo que en 2014 Álvarez fue puntera en las encuestas y tiene el respaldo del gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.

En un sondeo publicado el 7 de noviembre pasado por El Norte, la candidata del PRI mejor posicionada era precisamente Ivonne (25%), seguida muy de lejos por su compañera de fórmula en el Senado, Marcela Guerra (9%).

Álvarez García se impuso a la senadora Cristina Díaz Salazar, quien fue efímera dirigente nacional del PRI y volvió a quedar una vez más como aspirante a la primera magistratura en Nuevo León, y a Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía federal.

Sin embargo fue el diputado federal Héctor Gutiérrez de la Garza quien más se enfadó…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1994 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.

Paran burócratas y profesores en Michoacán; bloquean carreteras y comercios

MORELIA, Mich: Integrantes del Sindicato de Trabajadores del Estado (STAPSE), profesores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán y exbraceros bloquearon 16 puntos del estado, tanto en la capital michoacana como en 11 municipios más, así como las autopistas Siglo 21 y de Occidente, México- Guadalajara.

Reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán indican que los manifestantes se encuentran también en: Plaza Fiesta Camelinas, Plaza Morelia, Plaza Las Américas, Zona Torre Financiera, Sam´s Club, Galería del Zapato, Soriana Río y Casa de Gobierno.

También hay presencia de manifestantes en las vías del tren libramiento frente a Sam´s Periférico, Banamex, Siervo de la Nación y Walmart La Huerta; además de la Macro Plaza Estadio y las vías del tren a la altura de Tres Puentes.

Los municipios donde se reportan manifestaciones son: Uruapan, Sahuayo, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Huertano, Ario de Rosales, Quiroga, La Piedad, Los Reyes y Tacámbaro.

En Lázaro Cárdenas, miembros del STASPE tomaron ambos sentidos de la autopista Siglo 21 a la altura del puente “Dr. Ignacio Chávez”. La acción tuvo lugar a partir de las 8:00 horas y anunciaron que despejarán la vía hasta las 15:00 horas.

La medida forma parte de las acciones que ese gremio realiza en todo el estado en reclamo del cumplimiento a prestaciones no cubiertas y un aumento salarial.


Debido a las protestas están suspendidos todos los servicios que presta el gobierno estatal a los ciudadanos, entre ellos Administración de Rentas, Servicio Estatal del Empleo, Turismo y Registro Civil.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.

75% de los municipios mexicanos son vulnerables al crimen, dice Gobernación

La mayoría de los municipios del país cuenta con pocas herramientas ante la penetración de la delincuencia organizada, reveló el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación.

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, David Arellano Cuan, reveló que 75% de los dos mil 457 municipios que hay en México son vulnerables a la infiltración del crimen organizado, puesto que mil 854 cuentan con pocas herramientas ante la penetración de la delincuencia.

“Casi tres cuartas partes de los municipios en México podrían tener vulnerabilidad con la infiltración del crimen organizado, lo que afecta su actividad económica, social, cultural y política”, manifestó.

Al participar en las audiencias públicas que realiza el Senado, el funcionario federal afirmó que la iniciativa presidencial en seguridad no busca disolver los municipios sino asumir sus funciones por un tiempo determinado de manera excepcional. “No se trata de disolver el municipio, se trata de asumir funciones del municipio durante un tiempo y con un fin determinado, que gira en torno a la entrega y devolución del municipio a otras autoridades, que la población misma haya elegido conforme a la Constitución y las leyes locales”, explicó.

Refirió que será una medida de carácter excepcional, no de uso cotidiano, puesto que se trata de una herramienta que se utilizaría cuando se den ciertos supuestos de infiltración de la delincuencia en el ayuntamiento.


Ante senadores y especialistas, expresó que esta intervención temporal no es la solución, sino un mecanismo administrativo que busca devolver a los pobladores de un municipio la confianza en sus instituciones y que funcionen en un marco de Estado derecho.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

El dólar nuevamente se cotiza por encima de los 15 pesos

La divisa estadounidense se había mantenido por de bajo de ese nivel desde el 7 de enero.

Después de dos semanas de mantenerse por debajo de los 15 pesos, el dólar se vende este miércoles 21 de enero a 15.05 pesos al menudeo. La divisa estadounidense no rebasaba este límite desde el 7 de enero pasado.

La moneda estadounidense cerró el martes 20 de enero en 14.95 unidades, cifra con la que se mantuvo dos días hasta que se registró un retroceso contra el peso y se ofrecía en bancos hasta en 14.92 pesos.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) opera con un crecimiento de más de 0.85 por ciento, arriba de las 42 mil unidades, en línea con Wall Street, de acuerdo con el monitoreo en el sitio de la BMV.

En Europa, los mercados terminaron la jornada con ganancias, previo al día clave para el Banco Central Europeo, que decidirá la compra de deuda soberana para dar liquidez a la zona.


El Euro Stoxx, índice que reúne a las 50 principales empresas, cerró con una ganancia de 0.76 por ciento, mientras que el FTSE MIB, de la Bolsa de Milán, y el FTSE 100, del mercado de Londres registraron las mayores alzas de la zona con 1.64 y 1.63 por ciento, respectivamente.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Padres de los 43, estudiantes y maestros exigen a PGR entregue restos de Alexander

Cientos de estudiantes y maestros de Guerrero así como padres de los normalistas desaparecidos en Iguala hace casi cuatro meses, marcharon este día en el municipio de Tecoanapa, perteneciente a la región de la Costa Chica, para exigir que los restos del joven Alexander Mora Venancio, el único de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa identificado por la Procuraduría General de la República (PGR), sean entregados a su familia.

Ezequiel Mora dijo que le da un plazo de cinco días al Procurador Jesús Murillo Karam para que entregue los restos de su hijo o de lo contrario, dijo, no reconocerá los resultados de los peritos forenses, y continuará con la lucha por la presentación con vida del normalista y sus 42 compañeros.

El padre de Alexander comentó a la prensa que las autoridades le habían asegurado que se lo entregarían desde el pasado mes de diciembre. Sin embargo, esto no ha sucedido.

Los manifestantes reclamaron que cada día que pasa confían menos en las versiones de la PGR, en el sentido de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa pudieron ser calcinados.

Félix Rosas Rodríguez, representante del Movimiento Popular Guerrense en Tecoanapa, declaró a los medios: “las autoridades se están burlando de nosotros y nos están subestimando, reclamamos la presentación con vida de los 42 normalistas desaparecidos y justicia, aquí en la costa chica tenemos 17 desaparecidos, ocho de ellos de aquí de este municipio”


El día de ayer, la PGR informó que los resultados de los estudios científicos aplicados a 16 restos hallados en el basurero de Cocula, Guerrero, por parte del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, concluyeron que no se encontró cantidad útil de ADN que permitiera obtener un perfil genético bajo esta técnica.
“Si bien el dictamen establece que ‘el calor excesivo ha destruido el ADN y el ADN mitocondrial en los restos, por lo menos hasta el punto en que los métodos rutinarios no pueden emplearse para un análisis exitoso’, señala la posibilidad de utilizar una tecnología novedosa llamada ‘Secuenciación Masivamente Paralela’ (Massively Parallel Sequencing MPS), por sus siglas en inglés, que podría servir como una herramienta útil para seguir investigando estos restos”, comunicó la dependencia en un boletín de prensa difundido la mañana de este martes.
El Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck indicó a la PGR que hay “oportunidades y riesgos” de aplicar la MPS en los restos hallados en el basurero de Cocula. Estos restos humanos fueron hallados en octubre del año pasado durante la búsqueda que realizaron autoridades federales de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Hasta el momento las autoridades sólo han identificado al normalista Alexander Mora Venancio.

En diciembre pasado, los peritos argentinos responsables de analizar los restos del basurero de Cocula confirmaron a los familiares de Mora Venancio la coincidencia del ADN con un hueso hallado allí. Alexander, un joven huérfano de madre e hijo de un taxista, oficialmente está muerto.

Posteriormente, el Procurador Jesús Murillo Karam confirmó en conferencia de prensa: “Con base a los datos establecidos por la Universidad de Innsbruck se determinó que dicha muestra corresponde a un varón que, leo textual, es al menos un billón de veces más probable que se trate del hijo biológico de Ezequiel Mora Chávez, así como hermano biológico de Omar Mora Venancio y de Hugo Mora Venancio en comparación con los de cualquier otro individuo no relacionado”.

Este lunes, la PGR informó que la Universidad de Innsbruck refirió que ”hay oportunidades de que la MPS proporcione resultados útiles para ayudar a identificar víctimas. No podemos proporcionar un estimado sobre el éxito, pero las especificaciones técnicas de la MPS son más prometedoras que cualquier otro método de identificación genética molecular existente”.

“El principal riesgo es que los extractos de ADN sean consumidos sin obtener ningún resultado adicional de ADN que ayudaría en el proceso de identificación”, refirió el Instituto de Medicina Forense de la Universidad Austriaca.

La institución se ofreció a analizar el ADN mitocondrial usando MPS sobre los restos sin costo adicional. “Esperamos que estos análisis tomen tres meses, pero no podemos proporcionar una fecha de terminación definitiva”.

La PGR, por su parte, dio a conocer que ha solicitado al Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck que proceda de inmediato a realizar los estudios arriba señalados.

Los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” desaparecieron el 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, después de ser atacados a tiros por policías municipales. En este episodio hubo además seis muertos y 25 heridos.


Según la Procuraduría General de la República (PGR), los agentes entregaron los estudiantes a miembros del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos que los asesinaron y calcinaron sus cuerpos. De los 43 desaparecidos tan sólo se han podido identificar los restos de uno.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-01-2015/1225476.