PAN denuncia al PRI-PVEM por presunto rebase de tope de gastos de campaña

Acción Nacional recordó que el nuevo régimen jurídico electoral mexicano contempla la causal de nulidad de elección, por el rebase del tope de gasto de campaña aprobado por el órgano electoral.

Por contravenir la normatividad electoral con un presunto rebase el tope de gastos de campaña en espectaculares contratados en distintas zonas del país, el Partido Acción Nacional presentó una queja ante el director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, Eduardo Gurza Curiel, contra el PRI, PVEM y la coalición conformada, así como contra los candidatos que resulten responsables .

Francisco Gárate Chapa, representante del PAN ante INE, fue quien presentó la queja, en la cual se argumenta que el PRI y el PVEM en coalición y en lo individual realizaron la contratación masiva de espectaculares y propaganda fija que incluía mensajes institucionales y otros que beneficiaban a sus candidatos.

De acuerdo al PAN, en abril contabilizaron alrededor de 2150 carteleras; mientras que en mayo registraron 1800.

Los lugares en que fueron colocados los anuncios, de acuerdo a la queja, son: Tijuana, Baja California; León, Guanajuato; Morelia, Michoacán; Cuernavaca, Morelos; Campeche, Campeche; Naucalpan, Ecatepec y Tecámac, Estado de México; Chihuahua, Chihuahua; Torreón, Coahuila; Manzanillo, Colima; así como en las delegaciones del DF, Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo, entre otros.

Por la cantidad de anuncios y el costo de los mismos, el PAN argumenta que se rebasó el monto de gastos de campaña, que es de 1 millón 260 mil por distrito.

Además de esos argumentos, presentaron evidencia fotográfica en 54 archivos identificados por estado.

En concreto el PAN solicita al INE que se integre un razonamiento que atienda los artículos 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización que habla de la forma de calcular los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.


“Se solicita que esa autoridad electoral nacional en uso de sus atribuciones y de conformidad con la brevedad de los términos de la materia electoral sea resuelto dicho procedimiento, respetando el debido proceso a efecto de salvaguardar las garantías procesales de los denunciados”, indica la queja.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobernador de Guerrero dará de baja a parientes y amigos que cobren doble “sin justificación”

CHILPANCINGO, Gro: El gobernador Rogelio Ortega Martínez hizo eco de la nota difundida ayer por esta agencia en el sentido de que acomodó a 40 familiares y amigos en la nómina gubernamental, algunos de los cuales cobran también en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

Anunció que dará de baja a sus parientes y amistades que estén cobrando doble salario “sin justificar”.

Ortega Martínez aprovechó también la ocasión para descalificar a este reportero. Lo tachó de mentiroso y negó parentesco alguno con Rubén Darío Fuentes Alarcón, como se consignó en la nota, pese a que la esposa de este último, Lilia Martínez Alday, es prima de Rosaura Martínez Ríos, madre del mandatario interino, de acuerdo con documentos oficiales en poder de Apro.

En dichos reportes se indica también que Fuentes Alarcón funge actualmente como asesor del gobernador y, al mismo tiempo, cobra como funcionario en la UAGro.

La misma nota indica que la nómina estatal de los beneficiarios, entre los que se encuentran directores de planteles universitarios, exdirigentes del PRD y PT y exmagistrados electorales, asciende a cerca un millón de pesos mensuales.

En tanto que la UAGro destina más de 400 mil pesos por el mismo bloque de amigos y familiares de Ortega, según dichos reportes oficiales.

Ortega Martínez escribió en su cuenta de Twitter: “Se trata de otra mentira de Ezequiel. Mentirosillo, mentirosillo, Rubén Fuentes Alarcón no es mi tío. Otra pinochada Cheque”.

Reporteros e internautas cuestionaron el hecho de que Ortega se haya enfocado en tratar de rechazar el parentesco con su asesor y no en explicar por qué colocó en la nómina estatal a su parentela y amigos.

El usuario @Torres43 dijo: “Aclare todo, gobernador, no solo un dato… transparente su administración”.

“Ok, ya aclaro no es su Tío, luego entonces lo demás es verdad. #GobiernoCorrupto”, expresó @PsalazarHeri.

Otro tuitero, @ledita_Salgado preguntó a Ortega: “Queremos saber. Porque cobran en la UAG y en tu administración”.

Ante las críticas de los tuiteros, el gobernador provisional dijo lo siguiente:

“Con mucho gusto. Comenzando por mí. Mañana se publicará en medios cuánto gano. Quién cobre doble sin justificar, causará baja”.

Enseguida, un tuitero exigió que no solo causen baja, sino que se inhabilite y regrese el recurso cobrado.

Durante el tiempo que lleva al frente del Ejecutivo, Rogelio Ortega ha sido responsabilizado por la desaparición de personas en Chilpapa y el asesinato a tiros de un activista durante un desalojo realizado por la policía federal en la ciudad de Tlapa.

Familiares de las víctimas acusaron públicamente al mandatario de proteger al grupo delictivo Los Ardillos que mantuvo sitiada durante cinco días Chilapa y de alentar a grupos de choque ligados a partidos políticos para atacar a miembros del magisterio disidente y activistas en la región de la Montaña.


Estos hechos documentados por Proceso han provocado la ira del gobernador, quien a través de su cuenta oficial de Twitter ha emprendido una campaña de ataques contra el semanario Proceso y el que esto escribe.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Hallan muertos a trabajadores de Salud que habían sido levantados en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro: Los tres médicos y el abogado de la Secretaría de Salud estatal que se encontraban desaparecidos desde hace seis días fueron localizados muertos en la parte serrana de esta capital.

El hallazgo se registró ayer por la noche, luego de que el comisario del poblado de Santa Bárbara, Silvino Saldaña Arcos informó a autoridades estatales que habían encontrado cuatro cadáveres en la batea de una camioneta Ford Ranger gris, con placas de Morelos, que estaba abandonada sobre un camino de terracería colindante con la comunidad de La Providencia y Jaleaca.

En el lugar, también fue localizado un Tsuru habilitado como taxi, con placas del estado de Puebla, y al interior dejaron un uniforme de la Policía Preventiva Estatal y fornituras.

Las autoridades ministeriales se trasladaron esta mañana al poblado ubicado en la sierra de Chilpancingo donde realizaron diligencias.

Los cuerpos fueron identificados como los trabajadores de la SSA que fueron interceptados el viernes pasado por un grupo armado en la zona rural de Acapulco, cuando se desplazaban a bordo de un auto sobre la carretera federal que conecta el puerto con la región Centro de la entidad.

Se trata de los médicos Marvin Hernández Ortega, Raymundo Tepeque y José Oswaldo Ortega Saucedo, y el abogado Julio César Mejía Salgado.

El hecho fue confirmado por familiares de las víctimas que ofrecieron este medio día una conferencia en Acapulco.

Al respecto, el exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAGro), Romualdo Hernández Alvinez, exigió a las autoridades federales y estatales que hagan algo ante la insoportable crisis de inseguridad y violencia que se vive en la entidad.

El familiar de uno de los médicos asesinados reprochó la insensibilidad de las autoridades frente al dolor de cientos de guerrerenses víctimas de secuestros, levantones y asesinatos.

El resto de los familiares se encuentran en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo donde se espera que en las próximas horas arriben los cadáveres encontrados en la Sierra.


La desaparición de los profesionistas había desatado una ola de protestas en Acapulco y el municipio de Petatlán, lugar de donde son originarios los hombres victimados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Aprueba Congreso de Veracruz inversión de Slim para concluir obra

XALAPA, Ver: El Congreso local dio su venia al Grupo Carso, del multimillonario Carlos Slim, para que invierta poco más de 500 millones de pesos en el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, obra que empezó a construirse en 2004, pero se detuvo por falta de recursos.

En menos de siete días, los diputados turnaron, discutieron y analizaron el “título de concesión” para ampliarlo de 37 a 45 años. El dictamen fue avalado con 23 votos a favor del PRI, PVEM y Nueva Alianza, contra 13 de la oposición.

La aprobación de la bancada priista, que incluso dispensó la lectura del dictamen por “obvia resolución”, se dio en medio de reclamos de legisladores del PAN, PT y Movimiento Ciudadano (MC).

“Estamos entregando un cheque en blanco por órdenes superiores”, expuso el panista Julen Rementería, aludiendo a la concertación pactada entre el gobernador priista Javier Duarte y el dueño del Grupo Carso.

“No leyeron el dictamen. Firmaron y aprobaron algo a ciegas”, reprochó ante la indiferencia de la bancada priista, que apuró a la presidenta de la Mesa Directiva, Octavia Ortega, para que emitiera la votación.

El petista Fidel Robles y el legislador de MC, Cuauhtémoc Pola, señalaron que antes de ampliar la concesión, el gobierno de Duarte tendría que “sancionar” y “deslindar responsabilidades” contra servidores y exservidores públicos de éste y el anterior sexenio por el desvío de recursos cuya procedencia ignoran la Auditoria Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización.

Pese a los reclamos, la mayoría priista aprobó la iniciativa de decreto que permitirá concluir la obra en un año, sin que el gobierno del estado aporte más recursos.

Los priistas justificaron que se modificó el título de concesión de la obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, para que se den las condiciones que permitan concluir el proyecto a más tardar en un año.

“De común acuerdo entre gobierno y concesionaria se determinó concluir recíprocamente los procedimientos legales, administrativos y jurisdiccionales, nacionales e internacionales que correspondan”, expuso el gobierno estatal, luego de refrendar que quedan sin efecto los litigios mutuos entre la administración de Duarte y las empresas FCC y Cotuco –iniciadoras de la obra–, gracias a la intervención del Grupo Carso.

Además, el decreto legislativo expone que se da autoridad al propio Duarte para que, “asistido” por los titulares de las secretarías de Finanzas y de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), “renegocie y modifique” la concesión de la obra, a efecto de cumplir con los objetivos trazados en el documento de septiembre de 2004.

El diputado Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo, se manifestó contra el dictamen porque después de 11 años, apuntó, la obra aún no se concluye y se requiere aplicar la ley y castigar a los involucrados en el retraso.

El pasado jueves 18, durante la comparecencia del titular de la SIOP, Tomás Ruiz González, diputados de oposición recriminaron el “borrón y cuenta nueva” que hacía la administración de Duarte.

En aras de lograr la venía legislativa, el propio Ruiz expuso en tribuna: “La obra la recibimos quebrada (Tomas Ruiz entró como titular de SIOP en marzo de 2015), le faltan 500 millones, hay denuncias de hechos que tendrán que desahogarse, no es un borrón y cuenta nueva. De aceptar la inyección de capital (del Grupo Carso) no costará un peso más a los veracruzanos. Cualquier cargo extra será con cargo al concesionario”.

Luego justificó: “Faltan los sistemas de ventilación del interior del túnel, la iluminación, los accesos de vialidad, la junta de cierre, las rampas, el último tramo para conectar con Coatzacoalcos”.

Pero hace menos de una semana legisladores del PAN, así como el diputado petista Fidel Robles y el de MC, Cuauhtémoc Pola, fustigaron que en una comparecencia celebrada en mayo pasado, el entonces titular de la SIOP, el expanista Gerardo Buganza –hoy secretario de Gobierno de Duarte–, les hiciera las mismas promesas y además llamara “bribones” a servidores públicos priistas y a los constructores del Túnel Sumergido, con quienes hoy Tomas Ruiz se volvió a sentar y logró acuerdos.

“Hay un desfalco, un desvío, fraude de 2 mil millones de pesos, Buganza lo dijo en anterior comparecencia. Nos dijo que se pusieron denuncias y no ha pasado nada. Nos hizo falsas promesas. ¿A quién le creemos, señor secretario: a usted o a él?”, reprochó el diputado panista Julen Rementería.

En esa coyuntura Fidel Robles consideró que la incursión del Grupo Carso sólo será una certificación simulada para avalar la impunidad.


“El señor Slim sacará mil millones de su cartera, los cuales debe de traer como morralla (sic) para avalar la corrupción y la impunidad, imperantes en esta obra”, soltó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

Allanan y roban oficina de Ong de derechos humanos

México, DF. El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos a través de la comunicación, denunció el allanamiento de sus instalaciones y el robo de diverso equipo de cómputo y electrónico ocurrido la noche del pasado lunes.

Resultado de la denuncia, se inició la averiguación previa CI-FCH/CUH-5/UI-3 S/D/02950/06-2015 por el robo de dos cámaras de video, una cámara, lentes fotográficos y dos computadoras portátiles con información del trabajo de la organización. Además de que fueron revisados diversos documentos.

Al informar sobre los hechos ocurridos, Cencos dijo que en un clima de inseguridad e impunidad en el país, y donde las personas defensoras de derechos humanos enfrentan adversidades y amenazas para realizar su trabajo, solicitó a las autoridades que lleven a cabo una investigación diligente y efectiva.

De acuerdo a la información, el día 22 de junio, poco después de las 21 horas, las cámaras de seguridad de Cencos captaron a un sujeto que entró por la puerta principal del edificio, ubicado en la calle de Medellín 33, en la colonia Roma, dejando la entrada abierta para que poco después ingresara una segunda persona con una mochila en la espalda.

Ya en el interior, estos individuos forzaron las puertas de diferentes oficinas donde revisaron y abrieron archiveros y escritorios. Ambos salieron después del transcurso de aproximadamente 30 minutos. Posteriormente la puerta principal fue sellada con un pegamento impidiendo la entrada, señala un comunicado de Cencos.

“Por el método del robo, se puede inferir que conocían los movimientos del personal y de la oficina. Aunque en este momento no es posible determinar el motivo de la irrupción, no se puede descartar el trabajo que realizamos como organización de defensa y promoción de los derechos humanos a través de la comunicación”, agrega.

En declaraciones, Omar Rábago Vital, director ejecutivo de Cencos, lamentó el robo del equipo, pues aunque no pareciera mucho –dijo–, es muy necesario para realizar su labor en favor de la defensa y promoción de los derechos humanos. Y pese a esta situación, aseguró que seguirán cumpliendo su trabajo. “Nos pueden robar las cosas materiales, pero no las ganas de trabajar y el ánimo”, dijo.

Además, agradeció las muestras de solidaridad de personas y organizaciones nacionales e internacionales. Entre estas organizaciones están Article 19 Oficina para México y Centroamérica, Red TDT, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.

INAI justifica opacidad de la Sedena en el caso Tlatlaya

Por tratarse de un caso del fuero militar, sólo redujo la reserva de la información por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de 12 a 2 años o hasta que cauce estado.

El INAI rechazó la apertura de la averiguación previa de la Procuraduría Militar realizada en el caso de Tlatlaya, informó La Jornada.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) consideró que se trata de delitos del fuero militar (desobediencia) y ya ha sido consignada al juez castrense. Con un voto cerrado de 4 a 3, sólo redujo la reserva de la Secretaría de la Defensa Nacional de 12 a 2 años o hasta que cauce estado.

El proyecto original fue presentado por Francisco Javier Acuña, quien consideró atendible la argumentación de Sedena de reserva, por tratarse de delitos sólo del “índole de indisciplina militar”, por lo que no es aplicable la causal de apertura cuando se apela a que existió violación grave de los derechos humanos.

Sin embargo, el proyecto recibió los cuestionamientos procedimentales y de fondo de los comisionados Areli Cano, Joel Salas y Óscar Mauricio Guerra.

De entrada, Cano alertó sobre una violación de la Sedena al desahogo procedimental pues la dependencia no dio acceso a la información solicitada. a efecto de que el INAI verificara si efectivamente la causal invocada no estaba asociada a las violaciones graves de derechos humanos.

En su argumentación, Cano recordó que por disposición de ley, el INAI tiene esa facultad para confirmar el sustento de la reserva o improcedencia. Cano deslizó que al no tener acceso, el instituto no pudo verificar si en verdad la investigación de la Procuraduría Militar investigaba sólo indisciplina de los soldados involucrados o, si bien, estas conductas indebidas de acuerdo al código militar estaban directamente asociadas con la violación grave a derechos humanos que, de ser el caso, anula la posibilidad de invocar la causal de reserva.

Cano agregó: “quiero ser enfática que la Sedena atendió los requerimientos que hizo la ponencia, pero no permitió el acceso a la averiguación previa o a la información clasificada. Es un hecho que al no haberse tenido una respuesta favorable para permitir a este órgano garante la diligencia de acceso a la información, el sujeto obligado no sólo dificultó el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del Instituto, sino también ha soslayado la oportunidad de acreditar que las instituciones del Estado mexicano encargadas de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como de realizar acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso del país, están comprometidas con las mejores prácticas de rendición de cuentas y transparencia”.

Para la comisionada, al tenerse acceso a la averiguación previa por parte del INAI, no implica ordenar su apertura a priori, sino determinar si realmente está fundada la reserva o si se vincula con violaciones graves de derechos humanos. Por ello pidió modificar la resolución a efecto de que la Sedena motive su reserva y externó su preocupación para que se le abra la información al INAI para verificarlo.

El comisionado Joel Salas se refirió centralmente a omisiones de la Sedena al no permitir el acceso a la información al INAI para determinar si había fundamento en la invocación de la reserva. “ Creemos que en esta actitud del sujeto obligado hay un desafío real a lo que establece el último párrafo del artículo 17 de la ley de la materia”, que establece que en todo momento el INAI debe tener acceso a la información para determinar el sentido de sus resoluciones.

En defensa de la Sedena salieron la comisionada presidenta, Ximena Puente y Rosendo Monterrey, quienes reivindicaron que tratándose de delitos de fuero militar, no procede una causal de apertura. Aunado a lo anterior -dijo Puente- se trata de una averiguación que ya ha sido consignada a un juzgado militar por la probable responsabilidad de la comisión de delitos de desobediencia militar, que en ningún ordenamiento se le asocia a violación grave de derechos humanos.

“Que al tratarse de delitos del ámbito castrense, que no violan los derechos humanos, se encuentra plegada al derecho de reserva invocado, ya que de lo contrario, se violentaría el derecho de los imputados a una defensa adecuada por el principio de presunción de inocencia.”, dijo la presidenta

Monterrey insistió en que los hechos relacionadas competen exclusivamente al fuero militar porque se trata de delitos de desobediencia militar, por lo que avaló la resolución de reserva de información invocada en la medida en que es una averiguación que está ya en un juzgado militar.

Reconoció que procedimentalmente podría cuestionar la falta de acceso a la información para el INAI, pero en el fondo, dijo, se trata de un caso en que es procedente la reserva porque está asociado directamente a la violación grave de derechos humanos.

Acuña argumentó a favor de su proyecto señalando que una indisciplina militar puede tratarse de no tener el uniforme debidamente presentado o algunas causas menores, por lo que no puede desprenderse a partir de ahí su apertura.


Insistió en que en las audiencias, representantes del juzgado militar acudieron a invocar que se trataba de una asunto que estaba ya en la fase jurisdiccional, por lo que no era dable su apertura.

FUENTE: ARISTEGUI NOTCIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Reducen de 12 a dos años la reserva de la investigación del caso Tlatlaya

La averiguación previa que la Procuraduría General de Justicia Militar abrió por el caso Tlatlaya, donde 22 civiles murieron, fue reservada por el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió reducir de 12 a dos años el periodo de reserva de la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar por el caso Tlatlaya, donde 22 civiles fueron asesinados por soldados mexicanos.

Los comisionados Francisco Javier Acuña, Ximena Puente, Rosendo Monterrey y Patricia Kurczyn consideraron que al expediente del caso Tlatlaya no se le debe aplicar la excepción de reserva, la cual se utiliza en casos en que hay violaciones graves a los derechos humanos, ya que esta averiguación ya fue turnada a un juez y versa exclusivamente sobre delitos de orden castrense.

En tanto, los comisionados Areli Cano, Joel Salas y Óscar Guerra, quienes votaron en contra, explicaron que su voto fue en ese sentido, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rechazó en varias ocasiones dar acceso al expediente.

“En esta actitud del sujeto obligado hay un desafío real a lo que establece el último párrafo del artículo 17 de la ley de la materia (…) dice ese párrafo, en todo momento, el Instituto tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso”, aseguró Salas.

El comisionado ponente, Francisco Javier Acuña, consideró atendible el argumento de reserva de la Sedena, ya que, dijo, se trata de delitos sólo del “índole de indisciplina militar”, por lo que no es aplicable la causal de apertura cuando se apela a que existió violación grave de los derechos humanos.

Al argumentar su voto, la ministro Areli Cano recordó que el INAI no pudo verificar si en verdad la investigación de la Procuraduría Militar investigaba sólo indisciplina de los soldados involucrados o, si bien, estas conductas indebidas de acuerdo al código militar estaban directamente asociadas con la violación grave a derechos humanos que, de ser el caso, anula la posibilidad de invocar la causal de reserva.

El comisionado Joel Salas también se refirió a las omisiones de la Sedena, que no permitió  el acceso a la información al INAI para determinar si había fundamento en la invocación de la reserva. “ Creemos que en esta actitud del sujeto obligado hay un desafío real a lo que establece el último párrafo del artículo 17 de la ley de la materia”.

En defensa del proyecto, los comisionados Ximena Puente y Rosendo Monterrey explicaron que cuando se trata de delitos de fuero militar, no procede una causal de apertura. Además, insistió Puente, se trata de una averiguación que ya ha sido consignada a un juzgado militar por la probable responsabilidad de la comisión de delitos de desobediencia militar, que en ningún ordenamiento se le asocia a violación grave de derechos humanos.

La resolución del INAI ocurre un día después de que un peritaje explica que 11 de las víctimas fueron prácticamente fusiladas, mientras que otras cinco fallecieron realizando ‘‘maniobras instintivas de defensa’


Según información obtenida a través de una solicitud de información pública, los soldados dispararon a corta distancia en contra de algunas de las víctimas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Descarta Borge ofrecer disculpa al periodista maya Pedro Canché

CANCÚN, Q. Roo: El vocero del gobierno del estado, Rangel Rosado, anticipó que el mandatario priista Roberto Borge no indemnizará ni ofrecerá una disculpa pública al activista y periodista maya Pedro Canché, que estuvo preso acusado de sabotaje y quien salió libre mediante un amparo.

“No creo que el gobernador deba hacer una disculpa pública a nadie”, sentenció el jefe de la Unidad del Voceo (UV), luego de la toma de protesta que realizó Borge Angulo a una agrupación de mujeres comunicadoras.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el 11 de mayo una recomendación en favor de Pedro Canché, en la que solicita al gobernador reparar el daño a la víctima; ofrecer una disculpa pública y “colaborar en la presentación y seguimiento de las denuncias” en contra de los servidores públicos involucrados en la detención y tortura del periodista.

El funcionario estatal indicó que a las entrevistas que concedió Canché, tras su libertad, incluida una en CNN a Carmen Aristegui, “les faltó fondo” y “sin fuerza”.

Y cuestionó:

“Tampoco se vale martirizar a Pedro, como si fuera el bueno y todos los malos”.

También acusó que Canché dijo “muchas cosas que no son verdad”, y sostuvo que el periodista maya “está siendo abanicado y movido” por otros.

Aunque un tribunal federal concluyó que el MP no aportó pruebas contra Canché, el portavoz de Borge insistió en que el periodista independiente “estaba agitando el tema” del bloqueo a las oficinas administrativas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) que configuraron el delito de sabotaje.

Roban oficina del vocero

Rosado reveló que fue víctima de un robo en las oficinas de la UV en Chetumal, la capital del estado.

“Hace ocho meses, asaltaron mi oficina, la de Chetumal, se robaron mis expedientes”, dijo.


Apuntó que presentó la denuncia penal al respecto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.

El Verde, el partido con más cobertura en TV; “Televisoras privilegiaron las propuestas”, dice

El legislador hizo estas declaraciones después de que el INE dio a conocer los resultados del informe final sobre la cobertura que los partidos políticos recibieron en los medios de comunicación durante las campañas electorales. Este informe reveló que el Partido Verde Ecologista de México fue el que más cobertura tuvo en noticiarios de televisión y que, además, fue el que registró más menciones positivas.

El senador Carlos Puente, consejero legislativo del Verde, dijo que las televisoras buscaron privilegiar las propuestas de los partidos por encima de la “guerra sucia”.

El legislador hizo estas declaraciones después de que el INE dio a conocer los resultados del informe final sobre la cobertura que los partidos políticos recibieron en los medios de comunicación durante las campañas electorales. Este informe reveló que el Partido Verde Ecologista de México fue el que más cobertura tuvo en noticiarios de televisión y que, además, fue el que registró más menciones positivas.

En televisión, el Partido Verde se llevó el 12.96% de las coberturas, seguido por el PRI, con 10.51%, y el PAN, con 10.44%.

Aunque el Verde fue el partido con más cobertura en televisión, el PAN fue el que registró mayor cobertura en medios de comunicación en total, según el Informe final sobre el Monitoreo de Noticieros, realizado del 5 de abril al 3 de junio.

El monitoreo efectuado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a 493 programas de radio y televisión que difunden noticias, así como a 10 programas de espectáculos o de revista, implica 124 días, o bien, cuatro meses de transmisión ininterrumpida, explicó el consejero Ciro Murayama.

El secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, explicó que durante los 60 días que duraron las campañas, 80 por ciento de la información no recibió valoración alguna de los comunicadores, esto es fueron “neutras”, a diferencia de 20 por ciento que tuvo adjetivaciones explícitas, “casi todas negativas”.

Al presentar del Informe al pleno del Instituto Nacional Electoral (INE), Jacobo Molina destacó que del total de tiempo de la cobertura noticiosa, a través de la radio se transmitieron dos mil 643 horas, 42 minutos, 52 segundos y el tiempo en televisión fue de 353 horas, 32 minutos y 23 segundos.

Los partidos con mayor tiempo de cobertura noticiosa fueron:

*Acción Nacional (PAN), con 371 horas, esto es, 12.38%.

*Revolucionario Institucional (PRI), con 340, lo que representa 11.35%.

*Revolución Democrática (PRD) sumó 287 horas, con 9.69%.

*Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 275 horas, es decir, 9.18%.

*Movimiento Ciudadano, 256 horas con 8.57%.

*Morena, 231 horas, con 7.71%.

*Nueva Alianza, 206 horas, 6.69%.

*Encuentro Social, 206 horas, 6.87%.

*El Partido del Trabajo (PT) registró un total de 200 horas de cobertura noticiosa con 6.61%.

*El Partido Humanista, 198 horas, 6.61%.

*La alianza PRI-PVEM; 181 horas, 6.05%.

*Candidatos independientes, 143 horas, 4.17%.

*La alianza Izquierda Progresista, 95 horas, 3.18%.

Para el representante de Morena, Horacio Duarte Olivares, el contenido del Informe demuestra que la equidad de la contienda sigue siendo un asunto pendiente durante su realización; “yo me atrevo a decir que lo que se proyecta en la televisión, se proyecta en los resultados electorales”, planteó.

A su parecer, el resultado del informe debe ameritar del INE y de los propios partidos políticos, “un debate, un análisis que lleven a propuestas de reforma que aseguren que ningún actor político esté influenciando indebidamente en el proceso electoral”.


Esto es, “si no logramos modificar estas cifras de aquí a 2018, otra vez estaremos embarcados en un proceso electoral marcado por la iniquidad”, concluyó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Ricardo Anaya vs. Javier Corral, en busca de la dirigencia del PAN

Quien resulte electo por la militancia del partido relevará, en agosto de este año, a Gustavo Madero Muñoz en el cargo.

El diputado federal, Ricardo Anaya Cortés, competirá con el senador Javier Corral, por la presidencia del PAN, cuyo proceso de renovación comienza a finales de este mes y concluye en agosto próximo.

Anaya dio la bienvenida a Corral Jurado, además de otros que también se han sumado a la contienda interna, como Francisco Ramírez Acuña y Juan José Rodríguez Prats.

En conferencia de prensa en el Senado en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el diputado dijo que para él es un gusto enorme que más compañeros participen en la sucesión interna, porque la competencia democrática es la gran oportunidad para que los panistas contrasten perfiles, actitudes y trayectorias.

“Estoy listo para la competencia y, por supuesto, listo para ser el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN)”, comentó.

“La pregunta no es ¿por qué quiero ser presidente? La pregunta es, ¿por quién quiero ser presidente? y yo quiero ser presidente por el militante al que no se le ha dado una oportunidad, por el candidato que no se le apoyó y no ganó una elección. Pero, sobre todo, por el ciudadano que exige soluciones, que hoy no tiene dinero en su bolsillo y pide que se dé marcha atrás a la reforma fiscal”, comentó.


Por su parte, el senador Javier Corral -quien esta semana definió que sí buscará la presidencia del partido-, aseguró que “nos debe doler lo que está pasando en una institución como ésta (el PAN) fundada por eminentes humanistas”.

En entrevista para el canal 28 de Chihuahua, consideró que el PAN ha vivido un proceso de deterioro y pérdida del electorado:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Falta de respuesta sobre Ayotzinapa, “vergüenza para la humanidad”: Baltasar Garzón

El jurista español advirtió que "no podemos permitir que la desaparición forzada se extienda y quede impune", y lamentó que las autoridades mexicanas todavía no hayan hecho justicia.

“Es una vergüenza para la humanidad que no haya todavía una respuesta contundente desde el Estado” para la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, dijo el juez español Baltasar Garzón este miércoles.

Entrevistado después de su participación en el “Encuentro de pensadores para crear la carta de obligaciones del ser humano” en la UNAM, lamentó la ausencia de una respuesta al caso, desde la justicia y también desde la comunidad en general.

“No podemos permitir que la desaparición forzada de personas sea algo que se extienda y quede impune. Hay que encontrar los mecanismos para que no sólo las familias sean reparadas, sino para evitar que vuelva a suceder un hecho como el de Ayotzinapa”, afirmó.

El jurista español precisó que “los derechos humanos siempre están en entredicho, no sólo en México, sino que hay muchos países donde protegerlos es el mínimo ético y mínimo legal. A veces se transforma en una carrera de obstáculos garantizar esos derechos”.


A dos días de que se cumplan nueve meses del ataque en el que desaparecieron 43 estudiantes y murieron otros tres, además del mismo número de civiles, el juez reconocido por promover una orden de arresto contra el exdictador chileno Augusto Pinochet, dijo que México, como cualquier Estado democrático, “tiene la obligación ineludible” de respetar los derechos humanos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Congela Hacienda cuentas bancarias de exesposa y amigo de Ebrard

MÉXICO, D.F: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó congelar las cuentas bancarias de Mariagna Prats, exesposa del exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, así como las de la Constructora Enalser, propietaria del inmueble donde actualmente vive el exmandatario local.

Al respecto, Miguel Ángel Mancera, aseguró que el Gobierno del Distrito Federal no tiene “ningún tipo de investigación” sobre ese caso ni algún otro relacionado con Ebrard Casaubón.

Por su parte, el presidente del Senado, Miguel Barbosa, demandó al gobierno federal presentar pruebas fehacientes contra el exmandatario local para que no se vuelva un asunto “de persecución política”.

Según la nota publicada este miércoles por el diario Reforma, la IUF tiene la facultad de investigar operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita y pedir la congelación de cuentas bancarias.

En el caso de Prats y Enalser, la dependencia federal tiene registros judiciales que indican que la exprimera dama del DF y la Constructora promovieron demandas de amparo para impugnar el aseguramiento de sus cuentas el pasado 18 de junio.

“Enalser y Prats interpusieron los amparos 1056/2015 y 1028/2015 en los juzgados Décimo Primero y Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, respectivamente. Las autoridades demandadas por ellos son la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de acuerdo a registros judiciales públicos”, según la nota de Reforma.

De acuerdo con la publicación, uno de los propietarios de Constructora Enalser es el empresario Sergio Fuentes Calderón, amigo de Ebrard. Además, es copropietario de una empresa con Enrique Ebrard Casaubón, hermano de Marcelo.

El reporte asegura que ayer el juez Décimo Primero, Agustín Tello, concedió a Enalser una suspensión provisional contra el congelamiento. Sin embargo, ello no significa que libere a la empresa de la investigación por posibles ilícitos.

En tanto, ayer mismo la juez Séptima de Distrito, Laura Gutiérrez de Velasco, declinó conocer del amparo de Mariagna Prats y lo envió a un juzgado federal de Cuernavaca, donde ella reside.

Barbosa demanda pruebas

Como reacción a la nota del diario Reforma, el presidente del Senado, Miguel Barbosa, demandó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentar las pruebas fehacientes contra Marcelo Ebrard y su círculo cercano.

“Lo importante es que, para que se procese a cualquier ciudadano, ya sea Marcelo Ebrard o gente de su equipo, haya pruebas”, dijo el líder de la fracción del PRD en la Cámara alta.

Y pidió que el tema “no se vuelva un asunto de persecución política. Si existen pruebas de actos de corrupción, pues que se sancione a quien deba de sancionarse”.

Consultado al respecto, el actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que el GDF no participa en esta investigación ni en alguna otra relacionada con su antecesor.

“No tenemos absolutamente ninguna petición ni nada que ver en la investigación”, dijo en breve entrevista.

–¿Ustedes están investigando el entorno de Marcelo Ebrard en términos financieros?, le preguntó la prensa.


–No tenemos absolutamente ningún tipo de investigación en nuestras áreas, reiteró.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Bajan secuestros en el país, pero se disparan homicidios

MÉXICO, D.F: Los secuestros en el país registraron una tendencia a la baja en los primeros cinco meses del año, pero la cifra de homicidios aumentó considerablemente en el quinto mes de 2015, al contabilizarse mil 463, el número más alto en crímenes en 18 meses.

De enero a mayo el delito de secuestro disminuyó 36.99% comparado con el mismo lapso del año anterior, de acuerdo con la asociación Alto al Secuestro.

Según el organismo, las denuncias realizadas en mayo sumaron 139, con un total de 180 víctimas, cifra 0.7% más alta si se compara con abril, cuando se denunciaron 138 secuestros con 171 afectados directos.

Asimismo, precisó que los estados de México, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Tabasco, así como el Distrito Federal, concentraron 70.5% de los secuestros denunciados el mes pasado.

En contraparte, las entidades que no reportaron delitos de ese tipo fueron: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Colima, Nayarit, San Luis Potosí y Yucatán.

La asociación destacó que en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto se han denunciado 5 mil 849 secuestros, lo que significa que se han cometido 195 delitos de ese tipo cada mes.

En este año, agregó, 901 personas han sido víctimas de secuestro y se detuvo a 868 presuntos responsables.

Al dar a conocer las cifras, Alto al Secuestro hizo un llamado a los gobernadores a responsabilizarse en el tema y dotar de recursos a las unidades respectivas para su adecuada operación, con el fin de que las cifras sigan disminuyendo.

Además, destacó la necesidad de que las entidades envíen a los procesados y sentenciados por secuestro a penales federales o que los confinen en módulos especiales, con el objetivo de evitar que sigan operando desde la prisión.

Por otra parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional (SESN) de Seguridad Pública dio a conocer que en mayo pasado se denunciaron mil 463 homicidios en México, más de la mitad de ellos cometidos con armas de fuego.

Señaló que se trata del número más alto en crímenes en el último año y medio, y sostuvo que la cifra de asesinatos confirma algo que no sucedía desde 2013 en México: una tendencia al alza por tercer mes consecutivo en el número de casos de homicidio doloso.

Según un reporte actualizado de la incidencia delictiva nacional, el Estado de México acumula el mayor número de asesinatos, pero Guerrero tiene la tasa de incidencia más alta del país. Además, hay casos como el de Baja California Sur donde los homicidios se dispararon más de 300%.

La estadística oficial precisa que en mayo se abrieron mil 462 averiguaciones previas o carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso en el país, con mil 621 víctimas en total, un incremento de poco más de 6% en comparación con abril pasado.

La cifra, además de consolidar una tendencia al alza por tercer mes consecutivo, es preocupante, ya que se trata del mayor número de crímenes desde septiembre de 2013, cuando el registro fue de mil 518 averiguaciones abiertas. Es decir, es el número más alto en asesinatos de los últimos 18 meses.

En mayo, el promedio diario de personas asesinadas fue de 52, dos más que en abril y seis más que en enero.

Las mil 621 víctimas de homicidio es un nuevo record mensual en cuanto a este delito desde enero de 2014, cuando se comenzó a presentar por separado la estadística de víctimas y de denuncias.

En promedio, seis de cada 10 de los homicidios  denunciados en mayo fueron cometidos con un arma de fuego según la información oficial.

Esto incluye pistolas, rifles, granadas y explosivos de cualquier tipo. Otros 183 homicidios se perpetraron con armas blancas como cuchillos o palos. Y hay más de 400 casos en donde no hay datos disponibles de cómo se cometió el asesinato.


Hay cinco entidades en el país que concentran más de 40% de  las víctimas de homicidio doloso. El Estado de México tiene el primer sitio con 977 casos, seguido de Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Sinaloa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Rehúsa el INE petición del PT para refrendar registro

México, DF. La petición del PT de que le repongan 37 mil votos para recuperar su registro como partido político fue rechazada por el Instituto Nacional Electoral (INE) al considerar que su exigencia se basa en “falacias”.

Varios consejeros argumentaron que los resultados oficiales están basados en las actas firmadas por consejeros electorales y representantes partidistas y que no se le quitó un solo voto al PT.

En la sesión del Consejo General dijeron que las fallas en la presentación de los cómputos en Internet no tienen nada que ver con los resultados de los cómputos distritales.

Pedro Vázquez, representante del PT ante el INE, explicó que en los cómputos tenían un millón 53 mil votos y a las 2:30 de la mañana el sistema informático se suspendió, pero al reactivarse se desaparecieron 37 mil 037 votos que les darían más de 3 por ciento de la votación, lo necesario para mantener el registro.

También alegó que en los cómputos del 11 de junio se cerraron anticipadamente y de forma errónea con 100.66 por cientos de las actas computadas.

Pablo Gómez respaldó su petición y planteó que las fallas de los cómputos no sólo ocurrieron en Internet, sino también en intranet, a diferencia de la versión oficial.

El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, expuso que los datos de los cómputos son correctos y respaldados en las actas.


El consejero Ciro Murayama señaló que ningún sufragio “se dejó de contar y contar bien” y añadió: “Lo que el elector no da el INE no lo repone”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRERA.

Titular del DIF de Pachuca entrega cajón para bolear y lo presume como “un proyecto productivo”

Gabriela Castañeda Badillo, esposa del Alcalde de Pachuca, Eleazar García, y actual presidenta del Centro de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de ese municipio, publicó el día de ayer en la cuenta de Facebook de esa institución que como parte de un proyecto productivo se entregó al señor Edmundo Medina López un cajón para bolear zapatos y una despensa, acompañado de una fotografía donde se le observa a la presidenta posando por la entrega del cajón.

Las críticas en redes no se hicieron esperar y Castañeda Badillo fue llamada “Lady Bolero” y criticada por difundir en las redes sociales del DIF la entrega del cajón para bolear zapatos:

3.1) Obviamente por eso al DIF de Pachuca ya no le alcanzo para darle las tintas, ni el jabón de calabaza al Don. #LadyBolera

— Lalo Jiménez (@lalojimenez) junio 24, 2015

'Entonces repartimos cajones para bolear zapatos y ¡PUM! ¡Erradicamos la pobreza en México!' -. @DIF_Pachuca #LadyBolera

— Gustavo Godínez (@escupeletras) junio 24, 2015

Comunicado Sistema DIF Pachuca pic.twitter.com/0O2BtTDnV8

— Sistema DIF Pachuca (@DIF_Pachuca) junio 24, 2015

Posteriormente la Coordinación de Comunicación social del DIF emitió un comunicado donde dijo que fue un error de la redacción haber puesto que era “ un proyecto productivo”.

El DIF aclaró que el señor Edmundo Medina López fue quien se acercó a la oficina de la institución  al ser asaltado y despojado de su cajón para bolear a lo que se respondió con la entrega de uno nuevo.


En la página de Facebook del DIF de Pachuca ya fue borrada la publicación, y Gabriela Castañeda Badillo no ha dado declaración alguna.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-06-2015/1390609.

Peritos del Edomex buscaron cuadrar sus estudios con la versión de la Sedena

Múltiples contradicciones entre PGJEM y PGR en análisis del caso Tlatlaya. No es posible precisar dónde cayó cada cuerpo ni la hora de su muerte, según expertos federales.

Los peritos del estado de México trataron de cuadrar las versiones oficiales que ofreció la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de lo que sucedió en la bodega de Tlatlaya.

Sostuvieron que la muerte de 22 personas fue producto de un enfrentamiento. En las primeras diligencias omitieron precisar en actas que la escena fue alterada y que el lugar se limpió antes de que iniciaran los estudios forenses.

Dieron por hecho que lo ocurrido en el sitio fue un tiroteo por fuego cruzado. Sin embargo, las investigaciones federales, realizadas por personal de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR), descubrieron que el lugar fue manipulado de tal manera que no se puede precisar realmente dónde cayó cada cuerpo, las horas de la muerte y la posición original de los objetos decomisados (armas, cartuchos, vehículos y cargadores).

Son numerosas las contradicciones entre los resultados de los peritos mexiquenses y los especialistas federales. Los primeros sostuvieron que el lugar fue conservado por militares. Sin embargo, desde el 8 de octubre los peritos forenses de la PGR determinaron en el dictamen en materia de criminalística de campo, folio 71221, que se modificó el lugar de los hechos.

Movieron los cadáveres

Otra discordancia consiste en que los integrantes del Instituto de Servicios Periciales del gobierno mexiquense sostuvieron que la localización y ubicación de los cuerpos en el interior de la bodega sí correspondieron a las últimas y originales posiciones que tenían al momento de ser heridos y fallecer.

En sus reportes anotaron que lo corroboraron por la presencia de indicios biológicos debajo de sus cuerpos (lagos o manchas hemáticas), así como por la ubicación de las livideces, manchas que señalan la posición del cuerpo al producirse el fallecimiento, de acuerdo con la definición forense.

Los funcionarios de la PGR determinaron que los cadáveres fueron cambiados del sitio donde fallecieron, porque no encontraron correspondencia entre los rastros de tierra, residuos y escurrimiento de sangre que había en los cuerpos, las ropas y el suelo, con la zona donde se supone murieron.

Así lo explica el dictamen: la presencia de maceraciones de tierra en ropas y en regiones expuestas del cuerpo, con la falta de correspondencia de las partes anatómicas lesionadas con los escurrimiento de sangre sobre las prendas, superficies corporales y maceraciones hemáticas en el suelo.

En la mayoría de las necropsias los peritos del estado de México no establecieron el denominado crono tanatológico (tiempo que transcurrió entre cada deceso y la práctica de la autopsia) y en general, los forenses sintetizaron: signos tanatológicos de los veintidós cadáveres. Presentaron signos de muerte real y no reciente, con flacidez generalizada y livideces fijas, correspondiesen (sic) a la posición en la que fueron encontrados.

Añadieron que las posiciones que guardaban los cuerpos en el lugar, en el momento de la intervención de personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de México, no corresponde con la posición final, al momento de ocurrirles la muerte. En consecuencia, los objetos asegurados tampoco conservan su situación y posición original, el subrayado fue hecho por la PGR.

Midieron la temperatura de los cuerpos con la mano

La procuraduría federal también exhibe la manera en que los forenses estatales tomaron la temperatura de los cuerpos: algunos lo hicieron con un termómetro rectal, pero la mayoría sólo asentó, cuestión insólita, que al cadáver le pusieron la mano para medir la temperatura: los restos tenían una temperatura igual o menor a la mano que realizaba la exploración o menor a la del medio ambiente.

Las anotaciones se realizaron de la siguiente manera: cadáver número 1) “El resultado fue el siguiente: se trata de un individuo de sexo masculino (…) se aprecian signos de muerte real y reciente, con temperatura corporal inferior a la del medio ambiente, con rigidez cadavérica presente en partes posteriores del cuerpo”.

Cadáver 4) “30 de junio (…) aspecto exterior (…) con temperatura menor a la mano del explorador e igualándose con el medio ambiente”.


Mientras en los estudios correspondientes a la víctima número 3 se menciona: presenta signos de muerte real y reciente con temperatura rectal de 24 grados centígrados.

Este es un dato que llama la atención, ya que los enviados de la PGR señalan en sus reportes que uno de los cuerpos ya presentaba signos de descomposición y olores fétidos.

En los documentos también se evidencia que los peritos mexiquenses sólo anotaron en sus reportes el día (30 de junio o primero de julio de 2014) en que practicaron las autopsias, pero no la hora, a pesar de que en uno de los casos se menciona que el cuerpo ya presentaba signos de descomposición y olores fétidos.

Cadáver identificado con el número seis: “signos tanatológicos. Presenta signos de muerte real y No (sic) reciente en periodo de putrefacción en su fase de fetidez (…) con temperatura corporal menor a la mano que explora y semejante a la del medio ambiente”.

En términos generales, los expertos del estado de México señalaron que en base a los signos tanatológicos observados en los cadáveres marcados del uno al veintidós, en el Servicio Médico Forense de este instituto se determina que su deceso ocurrió en un lapso de tiempo (sic) no menor a 20 horas y no mayor a 30 horas.

La versión del fuego cruzado

A pesar de que los estudios realizados por los peritos federales detectaron que los militares accionaron sus armas de fuego a corta distancia de las víctimas, los integrantes del Instituto de Servicios Periciales del estado de México expresaron que por la ausencia de tatuaje, quemadura o ahumamiento en los orificios de entradas de los cadáveres, se determina que los disparos se realizaron a una distancia mayor a 70 centímetros entre la boca del cañón del arma empleada y las zonas anatómicas afectadas.

En ese contexto, los estudios de las autoridades mexiquenses señalan que por la interpretación criminalística y tomando en cuenta la dispersión, distribución y localización de los indicios de índole balístico, tanto en el interior como al exterior de la bodega, se determina que en el presente hecho que nos ocupa se trata de un tiroteo por fuego cruzado donde se realizaron los disparos tanto de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro de la mencionada bodega.

Los peritajes de la PGR agregan: cabe señalar que de acuerdo con el dictamen médico, las lesiones que presentaron los veintidós cadáveres se ubicaron en su mayoría en tórax y abdomen, y que por su gravedad conllevaron una muerte inmediata, por lo que estaban imposibilitados para realizar desplazamientos por sí mismos, posteriores a ser lesionados.

En este caso, el 23 de septiembre de 2014, el ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Raúl Plascencia, tras ofrecer una conferencia magistral en el seminario La defensa nacional del Estado mexicano, declaró: de acuerdo con algunos testimonios, todo hace suponer que se trató de un enfrentamiento, lo que le valió agrias críticas, pues las investigaciones apenas comenzaban.

Ejecución extrajudicial

Un mes después, el 21 de octubre, la CNDH concluyó en sus investigaciones que ocho elementos del Ejército asesinaron al menos a 15 de las 22 personas que perdieron la vida en los hechos, y que entre las víctimas estaban dos menores de edad.

En conferencia de prensa, el ombudsman explicó que tras realizar una indagatoria sobre el caso, logró comprobarse que si bien ocurrió un enfrentamiento entre los uniformados y una veintena de presuntos delincuentes, después los militares privaron ilegalmente de la vida a varios sospechosos cuando éstos ya se habían rendido.

La CNDH emitió una recomendación que fue aceptada por la Sedena, y esta dependencia inició un juicio en el ámbito castrense contra ocho militares que presuntamente participaron en los hechos de Tlatlaya.

En paralelo, la PGR informó el pasado 30 de octubre que puso a disposición de un juez federal a cuatro militares, tres de tropa y un teniente, como responsables de haber cometido el delito de homicidio en agravio de ocho personas.


En ningún caso los juicios han concluido; están en la etapa de desahogo de pruebas. Los militares implicados están en la prisión del Campo Militar número Uno, en la ciudad de México.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO GARCÍA.

Responsabilidad compartida

En comparecencia ante el Congreso, el titular de la SEP Emilio Chuayffet defendió la evaluación magisterial y pidió apoyo a los legisladores para aplicarla.

Emilio Chuayffet, Secretario de Educación Pública, solicito al Congreso de la Unión que se trabaje en conjunto para la correcta implementación de la reforma educativa en todo el País.

Durante la comparecencia que realizó ante la Comisión Permanente en el Senado de la República dijo que sin choques ni aislamientos por parte de ninguno de los involucrados es como se debe consolidar este proyecto educativo.

Chuayffet señaló que la reforma no es todavía un hecho consumado por lo que se tiene que seguir trabajando para que no se estanque y pueda ser una realidad en los próximos años.

La evaluación de este fin de semana logró que se calificaran los conocimientos de casi un 84 por ciento de la planta magisterial de todo el País.

“La evaluación se circunscribió a 48 mil 192 personas, acudieron 39 mil 377, es decir, el 83.4 por ciento”, detalló.

Se acaban privilegios

El funcionario federal destacó que una de las ventajas de esta reforma es que el sistema escalafonario con el que tradicionalmente se trabajó durante décadas ha llegado a su fin.

“Se tiene que destacar que estos concursos de promoción en educación básica son los primeros que se tenían previstos en la reforma educativa, y con ellos murió el sistema escalafonario anterior”.

Reconoció el apoyo a la reforma educativa por parte de la sociedad, que se expresó tras la emisión del comunicado de prensa del pasado 29 de mayo, en donde se dio a conocer la suspensión temporal de los procesos de evaluación de manera indefinida.

“El boletín no tuvo consecuencias jurídicas, independientemente de que analicemos los otros elementos que rodean su emisión”, argumentó.


Aclaró que el día 31 de mayo, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente debía enviar a los participantes del concurso de promoción a cargos de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica el lugar de la sede donde presentaría la evaluación programada del 21 al 22 de junio.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

‘Maskota’ denuncia ante MP a ex empleados que golpearon perros en Pachuca

En el comunicado informa que a los trabajadores "no se les permitirá el acceso hasta que respondan ante las autoridades".

La empresa ‘+Kota’ informó que identificó y presentó una demanda ante el Ministerio Público en contra de los presuntos culpables de golpear a perros dentro de una sucursal en Pachuca, Hidalgo.

En un comunicado, la empresa lamentó los hechos reflejados en videos que han circulado en redes sociales.

Aquí el comunicado de ‘+Kota’:

Con relación a los indignantes videos circulando en redes sociales, la empresa tiene las siguientes actualizaciones:

Este hecho nos lastima profundamente y nos indigna, ya que los actos que se observan están totalmente alejados de nuestra filosofía y compromiso a favor del bienestar animal.
La empresa actuó de forma inmediata, ha logrado identificar a los presuntos culpables y ya ha presentado una demanda contra ellos ante el Ministerio Público. Si se presentan a trabajar, no se les permitirá el acceso hasta que respondan ante las autoridades.
+KOTA está haciendo uso de todas las herramientas legales disponibles de acuerdo a la legislación local vigente, con objeto de que sean procesados y sancionados con todo el rigor.

Para Maskota es prioridad dar seguimiento puntual a estas demandas legales con las autoridades judiciales.


Seguiremos informando. Gracias.

Compartimos denuncia presentada el 24/06 2:30 am ante el M.P, Nro de Caso 12-2015-04972. Daremos oportuno seguimiento pic.twitter.com/pr15sH9aR0

— Maskota (@MaskotaMexico) junio 24, 2015

Posted by Gabo Perales Ramírez on Miércoles, 24 de junio de 2015

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.