MÉXICO, D.F: Organizaciones de la sociedad civil, instituciones y expertos independientes exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto presentar la iniciativa de ley general en materia de tortura en apego a estándares internacionales y no a “cambios cosméticos” que perpetren la “fabricación” de culpables.
A dos meses de la reforma constitucional que permite al Congreso de la Unión de aprobar una ley general en la materia, las ONG manifestaron su preocupación por el desdén del gobierno federal sobre el tema, “en medio de una profunda crisis de derechos humanos, donde el gobierno federal ha minimizado la gravedad del uso generalizado de la tortura y otros malos tratos”.
También consideraron que los temas prioritarios de la agenda del gobierno federal debe estar orientada en “la prohibición de la tortura de acuerdo con el derecho internacional, las salvaguardas para las personas bajo custodia, las condiciones de detención, la tortura en contextos distintos a la reclusión y los caminos para acabar con la impunidad casi absoluta que ha tenido lugar en los últimos años”, lo cual debe reflejarse en “la creación y seguimiento de la Ley contra la Tortura”.
Como muestra de la gravedad del tema, recordaron que de 2006 a 2014 la PGR contabilizó 4 mil 55 denuncias por tortura, “de las cuales los fiscales solamente han decidido abrir investigaciones en mil 884 casos; de éstas, tan sólo 11 casos merecieron consignación”, sin contar que oficialmente hay cinco sentencias firmes en todo el país por ese delito.
Ante esa realidad, las organizaciones, instituciones y expertos hicieron un llamado a Peña Nieto para que presente una iniciativa que “retome los estándares internacionales y los aportes de expertos y expertas en el tema desde la academia y la sociedad civil, para que esta reforma implique una auténtica transformación y no se traduzca en cambios cosméticos que resulten insuficientes para erradicar esta práctica que fomenta la fabricación de culpables, la falta de investigaciones serias, además de provocar graves daños a las víctimas y sus familias”.
Para las ONG, una ley general contra la tortura que sea replicada por las legislaciones locales a los 180 días de ser decretada debe estar encaminada a garantizar el fin de la impunidad que protege a quienes cometen los abusos; de lo contrario “es difícil dar credibilidad a las muestras de voluntad de las autoridades, pues la efectividad del gobierno para abordar la problemática está en su capacidad de mostrar resultados”.
Luego aconsejan establecer “salvaguardas frente a la tortura y malos tratos” en la legislación, y diseñar una política de Estado que condene esas prácticas a través de políticas públicas con mecanismos de verificación de cumplimiento de objetivos.
Además, insisten en que con la ley general “México tiene la oportunidad de dar un paso importante en los esfuerzos por garantizar que las víctimas y sobrevivientes de tortura puedan obtener justicia, verdad y reparación”.
Una legislación en la materia, apuntaron, generaría el reto de crear “una política pública integral que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas, así como de crear un adecuado sistema nacional para monitorear las condiciones de detención en todo el país”.
El documento fue avalado por Amnistía Internacional, las organizaciones agrupadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Instituto de Seguridad y la Democracia, Colectivo contra la Tortura, Instituto Mexicano de Derechos Humanos, Idheas, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Asociadas por lo Justo (JASS), entre otras, así como por los especialistas Miguel Sarré y Silvano Cantú.
