"El regreso de los paramilitares a Acteal es una bomba de tiempo, ya que en cualquier momento puede explotar", advierte la organización social en Chiapas.
Tras la audiencia pública por el caso de la masacre de Acteal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representes y sobrevivientes agrupados en la organización Las Abejas anunciaron, en San Cristóbal de las Casas, que a casi 18 años de los hechos, “no aceptamos llegar a una solución amistosa con el Estado Mexicano”.
Lo anterior, argumentaron, porque “no hay justicia, el Estado mexicano no ha garantizado la no repetición de hechos como el de Acteal, al contrario, sigue masacrando a nuestro país, sigue desapareciendo estudiantes, sigue reprimiendo a maestros y maestras. El Estado mexicano se ha convertido en una máquina de terror que no se sacia de derramar sangre inocente”.
En el comunicado de Las Abejas se señala que “la masacre de Acteal fue consecuencia de la estrategia contrainsurgente del Estado mexicano en contra de los zapatistas y en contra de las comunidades y pueblos organizados y críticos al sistema de muerte”.
“La masacre de Acteal es un crimen de Estado, porque el gobierno bien pudo detener y evitar la masacre y evitar desplazamientos forzados y robos de pertenencias. Pero, no lo hizo, porque las amenazas y acciones de terror que cometían los paramilitares antes y durante la masacre de Acteal estaban respaldadas por la Policía de Seguridad Pública del Estado y el mismo Ejército federal. El 22 de diciembre de 1997, la masacre duró aproximadamente 6 horas, sin que la policía que se encontraba a escasos 200 metros actuara para impedir la masacre”, expuso la organización.
“Sabemos por el testimonio de los propios policías y funcionarios que estuvieron en el lugar de los hechos, que los cuerpos lo debían levantar pronto, antes de que la prensa llegara y se diera cuenta de la magnitud de la masacre. Por eso desde las 3 de la mañana al día siguiente de la masacre, comenzaron a juntar los cuerpos, sin tomar las debidas diligencias para preservar el lugar, principalmente de cómo se encontraban masacrados nuestros hermanos y hermanas y niñas y niños”, abundó.
“Los 45 cuerpos fueron llevados a Tuxtla Gutiérrez, a una distancia de más de 4 horas de camino. Nunca se tomó el consentimiento de sus familiares para ese traslado; todos ellos fueron amontonados en un convoy de redilas, de la misma policía, sin tomar ninguna medida, sin compasión. Allá en Tuxtla les quitaron sus órganos, nos los entregaron todos vacíos y algunos con un alto grado de descomposición. Eso fue muy duro para nosotros porque esa no es nuestra costumbre tsotsil, esa no es la forma de vivir el duelo”, añadió.
Para la organización chiapaneca “la impunidad es parte de la estrategia de contrainsurgencia, porque desgasta y divide a los sobrevivientes, y eso nos ha traído grave dolor. La política de desgaste integral del Estado mexicano es su arma para matar nuestra memoria, para así dejar en impunidad su crimen”.
“Ahora los paramilitares están contentos y libres caminando por donde quiera en nuestras comunidades y sobre todo en Acteal. Porque es el mismo gobierno quien permitió regresar y los premió con casas, tierras y dinero. El regreso de los paramilitares a Acteal es una bomba de tiempo, ya que en cualquier momento puede explotar, porque ahí están sus armas enterradas y lo pueden utilizar cuando reciban la orden del gobierno así como fueron ordenados a robar, a sembrar terror a quemar casas y masacrar a 45 personas en Acteal”, alertó.
“A pesar de la impunidad que prevalece en la masacre de Acteal y a pesar de que nuestro país desangre, no nos callamos, no retrocedemos, no nos humillamos ante un Estado criminal, no le tenemos miedo”, finalizó la ONG.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El rastreo que realiza el Ejército en Sinaloa para ubicar al Joaquín “El Chapo” Guzmán llevó a un grupo de marinos a catear una casa en Culiacán donde vivió su hermano, Miguel Ángel “El Mundo”, actualmente recluido en el penal del Altiplano.
Sin embargo, en el interior de la vivienda, ubicada en la calle Agricultores, en la colonia Chapultepec, sólo hallaron a dos asustadas jóvenes, una de ellas menor de edad.
Al escuchar golpes en la puerta de la cocina, las menores intentaron salir de la casa y fueron retenidas por militares que les apuntaron con rifles.
“Me dijo uno de los ministerios públicos de la PGR que tocaron el timbre, pero no sonó, no sirve la campanita, y fue por eso que utilizaron un marro grande para tumbar la puerta, quebraron el vidrio y destrozaron la chapa”, contó al diario Noreste la esposa de Miguel Ángel.
Cuando llegaron los marinos, dijo, en la casa sólo estaban sus hijas quienes pensaron lo peor cuando escucharon los golpes en la puerta e intentaron salir de la casa.
Además, la mujer quien no dio su nombre, afirmó que ésta no es la primera vez que las autoridades federales irrumpen con violencia en su casa.
“Yo no sé qué buscan aquí, aquí vivimos solas yo y mis dos hijas, si buscan al ‘señor’ (El Chapo) que vayan y se encuentren con él donde quiera que esté. A mi esposo ya lo tienen, ya se lo llevaron y lo encerraron, nuestro único pecado para vivir este martirio a cada rato es tener el parentesco con la familia Guzmán Loera”, se quejó.
Tras la violenta irrupción, la mujer comentó que el agente del Ministerio Público de la Federación se comprometió con el abogado de la familia a pagar los daños ocasionados durante el cateo.
Alrededor de las 18:00 horas, tras mantener sitiada durante cuatro horas la zona en un radio de cuatro cuadras a la redonda y sin dar información sobre el operativo, los elementos de la de Marina y de la PGR se retiraron.
Hace 15 días iniciaron los operativos de la Marina en Tamazula para recapturar a “El Chapo” y se extendieron a Culiacán. A principios de este mes el capo escapó de un operativo de la Marina en un rancho de la sierra de Durango, cerca de Cosalá.
La cadena NBC News, que citó fuentes cercanas al operativo, dio a conocer la noticia. Informó que marinos asaltaron en helicópteros el rancho en el que presuntamente se encontraba “El Chapo”, pero se vieron obligados al repliegue después de ser recibidos a disparos por las fuerzas de seguridad del líder del Cártel de Sinaloa.
El martes pasado, en la re búsqueda infantes de Marina catearon la casa donde viven su cuñada y dos sobrinas e irrumpieron la tranquilidad de los vecinos. Incluso, el cerco militar limitó el acceso hacia algunos de los domicilios de la zona aledaña.
“El Mudo” fue detenido el 15 de junio de 2005 en Culiacán, Sinaloa, y cumple una pena de 13 años y tres meses de prisión por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Actualmente se encuentra en el penal del Altiplano, de donde se fugó su hermano el pasado 11 de julio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MADRID: El nuevo cónsul de México en Barcelona, Fidel Herrera, rechazó tener nexos con el crimen organizado. “Vincularme al narcotráfico es una estrategia sucia”, sostuvo.
Su primera actividad pública como cónsul fue una entrevista que ocupó íntegramente para desvincularse de sus presuntos nexos con el grupo criminal “Los Zetas”.
Y acusó al expriista y hoy panista Miguel Ángel Yunes de estar detrás de esa campaña que busca vincularlo con la delincuencia organizada durante su administración en el gobierno de Veracruz.
“Este personaje fue mi correligionario, mi colaborador, mi adversario, mi competidor y luego mi denostador”, dijo en la entrevista concedida al Periódico (de Cataluña), que le fotografió en la terraza del consulado, en el barrio de Bonanova, Barcelona.
“Ha querido aplicárseme la máxima de Goebbels de repetir una mentira hasta que se convierte en verdad”, aseguró el priista.
El exgobernador de Veracruz afirmó que nunca ha sido llamado a declarar, aunque pasó de largo el hecho de que fue en tribunales estadunidenses donde hombres que estaban sujetos a la justicia de ese país fueron los que refirieron supuestos sobornos de Los Zetas. Solo señaló que los “testigos son delincuentes tolerados”.
“Son falsas (las acusaciones). Es una estrategia política electoral muy explorada y conocida en mi patria, de un solo personaje que fue mi correligionario que ahora está en la derecha y es una personalidad cuyo método de trabajo ha sido la guerra sucia. Han sido estrategias mediáticas inventando cosas que no existen”, subrayó Herrera.
Asimismo, indicó que no fue la edición impresa de Forbes la que lo señaló como corrupto, sino un blog de dicha publicación en la que se señaló que debía ser citado a declarar por las menciones de los testigos protegidos que lo vincularon con la delincuencia organizada.
Herrera Beltrán dijo ser víctima de otras mentiras, incluso –dijo—lo han acusado “de gay” y de “fogoso, por mujeriego”, y se definió como un hombre recto:
“Yo he sido un hombre que, en mi vida, me he apegado a la ley, a la moralidad y tengo convicciones muy claras en el combate a quienes infringen, sobre todo, a esto tan lastimoso y doloroso como los narcos”.
Negó que tenga un ingente patrimonio. “Yo tengo que trabajar para vivir. La violación a la ley y la acumulación de riqueza no son mi debilidad”, afirmó.
También se defendió del acoso contra la prensa durante su gestión en Veracruz, al señalar que “es totalmente falso. Si alguien ha tenido un respeto estricto a la libertad de expresión es un servidor”, sostuvo.
Y reprochó a su entrevistadora: “¿Y no le han explicado nada bonito de mí? Como mi impulso a la salud, educación…”.
–Sí. Y que siendo gobernador el estado de Veracruz se endeudó a límites insospechados –reviró la periodista.
–Ese es el último argumento, cuando no prospera ni el de narco, ni gay, ni adicto, ni ratero…”, refutó Herrera.
La periodista advirtió entonces al cónsul que documentarse para entrevistar al personaje es “sumergirse en una retahíla de acusaciones a cual más grave”.
Y le cuestionó si el nombramiento que le hizo el presidente Enrique Peña Nieto fue para sacarle de en medio.
Herrera recurrió a las palabras de Jesús Reyes Heroles, quien decía que no todas las salidas son para irse. “A veces, en política, para entrar hay que salir”, contestó.
Añadió que esta nueva responsabilidad es para servir a su país, porque “el consulado de Barcelona es como si me hubiera sacado la lotería”, incluso señaló que el perfil que consideró el presidente es el de “servidor público de militancia pero de conocimiento político para el momento que vive esta región del mundo”, dijo en alusión al proceso secesionista.
La entrevista se dio luego de que el sábado pasado El Periódico publicara una pieza del corresponsal en México, Toni Cano, en la que señala que Peña Nieto nombra a un cónsul en Barcelona relacionado con el narco.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ.
MÉXICO, D.F: La noche de ayer fue asesinado un hombre en la colonia Emiliano Zapata, en la delegación Iztapalapa.
La víctima tenía aproximadamente 35 años de edad. Este nuevo homicidio ocurre dos días después de que el cadáver de un hombre fuera colgado de un puente en la misma delegación.
Junto al cuerpo, fue dejado un mensaje dirigido al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.
“¡Jefe Mansera! (sic): Aquí le vamos a poner a quienes son los que nos an (sic) estado amenasando (sic) y an (sic) matado gente, están protegidos por el Cano e Israel, comandantes del reclusorio oriente, entre ellos protegen a los internos El Pulca, coyotes, esteban.
“Internos del oriente traen el control de la droga del penal con apoyo del Eusevio Dulce reyes, recluido en el penal de Chihuahua y suele tener celular en la cárcel estatal de Chihuahua. Él ordena las ejecuciones con los cabecillas del reclu oriente y otros como el diamante, el Alex y el nieves. No me meto con nadie por eso me apoyan, nada mas muévanlos de los centros y esto se acabará… ATT. GENTE NUEVA DEL AVISPA. Vamos por ti Dulce Reyes” (sic).
El cuerpo fue abandonado en la intersección de las calles Congreso de Chilpancingo y José Pagola.
El cadáver colgado el pasado lunes también tenía una cartulina con el siguiente mensaje: “Esto les va a pasar a todos los que estén apollando (sic) al ‘Andueza Velázquez Ricardo’ ‘El Miraviones’ internos y custodios del Reclusorio Oriente y sigo cumpliendo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Los hostigamientos a la radio comunitaria de Luvianos no cesan. El 2 de agosto de 2014 el crimen organizado mató al hijo del director Indalecio Benítez al dispararle al vehículo en el que circulaba toda la familia. Este jueves 15 de octubre fue el IFETEL el que les calló al decomisar el equipo.
En Luvianos ya no pueden sintonizar Calentana Mexiquense, su radio comunitaria. El jueves 15 de octubre, poco antes de las dos de la tarde, cuatro empleados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) –acompañados de elementos de la Marina Armada de México– decomisaron el equipo por emitir sin concesión legal.
Los agentes llegaron sin previo aviso mientras José De Paz Morales, un locutor invidente, transmitía su programa La voz de la Gente. José maneja solo la cabina, gracias a dos celulares que conecta a la consola y que maneja, uno por teclado y otro por voz. No le dio tiempo ni de avisar a los radioescuchas. Le pidieron los papeles que acreditaban el permiso de emisión y mientras De Paz se comunicaba con el director de la radio, Indalecio Benítez, procedieron a desmantelarla. Se llevaron el transmisor, la computadora portátil con la que trabajaban, el CPU, una consola y dos micrófonos.
“El equipo costaba unos 20 mil pesos pero no es eso, lo valioso es lo que me quitaron en materia de comunicación”, dijo Benítez delante de la sede del IFT en la Ciudad de México.
Calentana Mexiquense emitía desde el 20 de noviembre de 2013 con un transmisor de 20 watts por la 98.1 de Frecuencia Modulada, que apenas lleva la señal a unos 15 kilómetros a la redonda. Luvianos es uno de los municipios más violentos del sur del Estado de México. Frontera con Guerrero y Michoacán, es parte de la suprarregión de Tierra Caliente y desde hace más de dos años vive una espiral de violencia por la disputa entre los cárteles de La Familia y Guerreros Unidos, que pelean el control de su territorio, clave geográficamente y zona histórica de sembradíos de enervantes.
El propio director, Indalecio Benítez, ha sufrido en carne propia los estragos del crimen organizado. El 2 de agosto de 2014, uno de los grupos del crimen organizado que operan en la zona se plantaron frente a las instalaciones de la radio y cuando él iba llegando con toda su familia dispararon al vehículo. Una de las balas impactó en el corazón de su hijo Juan Diego, de tan solo 12 años.
Desde entonces, él y su familia viven exiliados pero la radio seguía operando bajo medidas cautelares y protección policial. E hicieron un esfuerzo por girar los contenidos a la construcción de paz en su municipio.
José De Paz, quien estaba en cabina de lunes a viernes de 12 a 14 horas, recuerda que uno de sus programas más exitosos fue cuando cubrió el extravío de un vecino del pueblo y lograron encontrarlo a través de enlaces telefónicos a la emisora. Ahora está indignado de que cerraran la radio en el momento que él, con una discapacidad, transmitía.
“Yo no entiendo por qué actuaron así, uno lo hace para contribuir a su pueblo”, lamenta. A su lado Benítez se queja: “para mi no existe ilegalidad, lo único que estamos haciendo es servir a la comunidad y contribuir a la paz en Luvianos a través de la comunicación”.
El viernes pasado, Benítez estableció un plantón en las escalinatas de la sede del IFT en protesta. “Si no me calló el crimen organizado, no me van a callar las autoridades, seguimos transmitiendo en internet y vamos a luchar por la permanencia, porque no nos discriminen por no tener capacidad económica”, espeta. El viernes lo echaron del edificio así que ayer lunes regresó y llenó de mantas la entrada del IFT que exigen la restitución de la radio.
Para el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, que le acompaña en el proceso, en el contexto de violencia en Luvianos, “las acciones del IFETEL se suman a este clima de hostigamiento y censura en contra del ejercicio de la libertad de expresión, agravado por la discriminación en contra de las radios comunitarias para su regularización y revisión”.
Calentana salió al aire cuando apenas se aprobaba la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. A mediados de 2014 se aprobó la ley secundaria y se publicaron los lineamientos que regulan las concesiones para radios comunitaria, indígenas y sociales. Después el IFT convocó a una consulta pública con estas radios y la sociedad civil para discutirlos. El propio Indalecio Benítez participó en ella. De hecho, en diciembre hizo una manifestación de interés ante el IFT de solicitar una concesión, ante lo que el Instituto elaboró un estudio técnico de viabilidad y constató que hay una frecuencia disponible en Luvianos. Ese anuncio le posibilitó a Calentana preparar los requisitos para tramitar legalmente la concesión el próximo 19 de noviembre, fecha en que se abre el primer plazo para las licitaciones de emisoras comunitarias, sociales e indígenas en el marco de la nueva ley.
Antes de que entrara en vigor la reforma en telecomunicaciones en México había 20 radios comunitarias con permiso de emisión. Ahora hay 24. Los últimos 4 permisos los dieron en mayo de este año pero bajo la ley antigua a radios que habían tramitado su solicitud entre dos y cuatro años antes.
Irina Vázquez, coordinadora en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), explica que estas emisoras “surgen por una necesidad de comunicación de una comunidad, en el caso de Luvianos ante la crisis de violencia e inseguridad. En casos así o otros habituales como los que denuncian un megaproyecto, no puedes esperar tres años a que te den el permiso entonces la mayoría transmiten sin él y son las menos las que optan por el camino largo”. Con la nueva ley el camino se acorta un poco, pero aún así hay que esperar alrededor de un año desde que se inicia la licitación.
“Calentana está en su derecho legítimo de transmitir, pero no en la legalidad. Si inicias un proceso para legalizarte pero caes en el uso indebido del espectro es como si le jugaras chueca al IFT. Durante muchos años reclamamos para que hubiera claridad, para que hubiera un reglamento al que acogerse, ahora lo hay pero son sus reglas del juego”, matiza Vázquez.
Desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones el Director General Vinculación Alberto Gutiérrez aseguró que se le daría un asesoramiento jurídico y técnico a Indalecio Benítez para revisar el expediente administrativo.
Benítez por su parte exige que esta reunión sea una mesa de trabajo con el Consejero presidente y que de ahí salga “una ruta clara para la regularización de Radio Calentana”. Asimismo pidió por escrito que se le devuelvan los equipos de sustraídos, que no le criminalicen a él ni a ningún miembro de la emisora y que no violenten su derecho a la protesta pacífica.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAJO SISCAR.
Esta medida fue tomada "ante la continua manifestación de expresiones dolosas que buscan relacionar a Marcelo Ebrard en cuestiones jurídicas y posible responsabilidad en diversos hechos", dijo su abogado.
El ex jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, solicitó un amparo para conocer si hay procesos legales iniciados en su contra, informó su asesor legal, Gonzalo Aguilar Zinser.
En un comunicado emitido el martes 20 de octubre, el abogado detalló que esta medida fue tomada “ante la continua manifestación de expresiones dolosas que buscan relacionar a Marcelo Ebrard en cuestiones jurídicas y posible responsabilidad en diversos hechos”.
En julio pasado, se giraron tres órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del gobierno del DF por presuntas irregularidades en la construcción de la Línea 12 del Metro –inaugurada durante el gobierno de Ebrard y que tuvo que ser cerrada por fallas–.
En ese entonces, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera dijo que la investigación relacionada con la llamada Línea dorada no implicaba a Ebrard.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El exlíder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, acusado de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y también de delitos contra la salud, interpuso un incidente de sobreseimiento mediante el cual pretende obtener su libertad en los próximos días.
Así lo informó su abogado defensor, Ignacio Mendoza, quien en diversas entrevistas explicó que el incidente de sobreseimiento pondría fin a la causa penal, pues si procede quedaría justificada su acción y no estaríamos hablando de que Mireles cometió un delito.
“Si bien es cierto que todos ellos (Mireles y los otros acusados) portaron armas de fuego, al final de cuentas ellos lo hicieron porque la autoridad les hizo creer que eso no iba en contra de la ley, es una excluyente del delito que lo contempla el Código Penal Federal y que yo en lo personal he utilizado ya en dos ocasiones para dos personas diversas por los mismos delitos y han prosperado. Uno de ellos fue Cemeí Verdía”.
Añadió: “En teoría lo único que va a retrasar la resolución del juzgado, o del juez, o de jueces, es el exhorto que se va enviar a Hermosillo, Sonora, que es un poco tardado, tres o cuatro semanas; después de eso viene un periodo de cinco días hábiles de prueba, después de esto viene una audiencia y a partir de esa audiencia el juez tendrá tres días hábiles para tomar una decisión”.
De su lado, fuentes del Poder Judicial Federal destacaron que se trate de un recurso en el que el acusado pretenda demostrar que hay una causa de justificación legal en su actuar, ya que si bien fue detenido en posesión de una pistola y un fusil de asalto, lo hizo confiado en que las autoridades federales le habían dado un “permiso extraordinario” para ello, en función de sus labores de autodefensa.
Pero el hecho de presentar ese incidente, apuntaron, no significa que el juez que lo procesa deba darle la razón, pues ello dependerá del tipo de pruebas, jurisprudencia y detalles de técnica jurídica que hayan aportado los abogados del acusado.
El pasado 3 de julio, la procuradora general de la República, Arely Gómez, anunció que la dependencia a su cargo se había desistido de su acción penal contra José Manuel Mireles, lo que abrió una vía para que éste pudiera salir de prisión.
No obstante, tres meses después de esa declaración, aquel sigue sujeto a proceso por el delito de portación de armas, que es grave y no le permite la libertad provisional bajo caución.
Mireles fue detenido el 27 de junio de 2014 en la región costera de Michoacán, acusado de posesión de armas, cartuchos y droga, y fue recluido en el penal federal de Hermosillo, Sonora.
“Al efectuarse el aseguramiento de una camioneta blindada, marca Jeep Cherokee modelo 2014 de color blanco, propiedad de Mireles Valverde, se localizaron ocho armas largas y seis cortas, 213 cartuchos, 11 cargadores, cuatro bolsas con mariguana, una con cocaína y 30 mil pesos”, dijo el entonces comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El taller es la imagen de la precariedad laboral, con mala iluminación, reducido espacio, cableado expuesto y su televisor de 14 pulgadas, testimonio de que ahí no llegaron las pantallas que regala el gobierno para la migración digital. Dos carpinteros trabajan y escuchan un viejo radio con casetera, desde el que se les bombardea con publicidad gubernamental: el omnipresente y carísimo mensaje de los “logros” por las reformas estructurales.
Afectado por la excesiva propaganda, uno de ellos le espeta al otro: “Ya chole con las reformas”. Contrariado, el segundo carpintero, más joven y alegre que el primero, responde repitiendo el discurso oficial: que bajó la luz, que no se cobra larga distancia, que ahora son trabajadores formales y están en el Seguro Social… todo eso, dice, gracias a las reformas, así que riposta a su compañero: “Ya chole con tus quejas”.
El carpintero que conoce “los logros” del gobierno representa al presidente Enrique Peña Nieto, un hombre que cerró su capacidad de escucha y tiene disminuida su tolerancia a la crítica, dice el estratega político Antonio Solá, consultado por Proceso.
El spot es uno de los dos que Presidencia emitió el lunes 12 como parte de una campaña titulada “Mover a México. Tres años” y que, por la reacción en redes sociales se convirtió en un boomerang para el gobierno, que en menos de 24 horas lo bajó de su canal de videos en YouTube.
La noción generalizada, en especial en las redes sociales y diferentes abordajes periodísticos, fue que el mensaje estaba dirigido a los críticos del gobierno y de un presidente que este año registró los peores niveles de aprobación, como no ocurrió ni siquiera con la violencia y el estancamiento durante el gobierno de su antecesor, Felipe Calderón.
El segundo spot es la estampa de la vivienda indigna, insalubre. Trata de una pareja en un patio de paredes pringosas y herrumbre en los pasamanos de una escalera. Aunque sin el “ya chole”, la mujer recrimina al marido por salir “otra vez con lo del gobierno”. En ese caso, hay una variación: en lugar de presumir el Seguro Social, ella le recuerda que ya tienen su crédito de Infonavit y que ahora “está dando el doble (de préstamo)”.
“Y apenas vamos a la mitad, faltan tres años ¡imagínate!”, dice la mujer llena de optimismo.
Ese spot se mantenía en el canal Gobierno de la República hasta la noche del viernes 16. El miércoles 14, la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia entregó tarjetas informativas a diferentes medios, en las que explicó que habían sido “sensibles” a los reclamos por el primer spot y que lo bajaron por vocación democrática.
Cerrazón contagiosa
Cuatro días después de iniciar su gobierno, Enrique Peña Nieto saludó a los reporteros que cubren sus actividades y viajan a bordo del avión presidencial. Ellos pedían mayor cercanía y acceso para sus coberturas. El mandatario respondió: “Todo esto hay que irlo reorientando. Espero que encontremos espacios de comunicación muy equilibrados entre lo que deba de atenderse, lo que a veces no son buenas noticias, pero, también, de las muy buenas noticias que México debe conocer”.
El 18 de noviembre de 2014, en medio del escándalo que produjo el reportaje titulado “La Casa Blanca de Peña Nieto”, anunció que había rumores y versiones sin sustento que su esposa aclararía. En su mensaje expresó: “No sé si esté vinculado a esto (la investigación periodística sobre la Casa Blanca con las protestas por los hechos de Iguala) que pareciera un afán orquestado por desestabilizar y por oponerse al proyecto de nación”.
El 4 de diciembre incurrió en una de las declaraciones más criticadas de su discurso, al pedir “superar el momento de dolor”, aludiendo a los hechos de Iguala, que en redes sociales, se viralizó con la etiqueta “Ya supérenlo”.
El pasado 9 de abril, de nueva cuenta, el mandatario se dolió de la crítica, al anunciar una inversión en el sector turismo: “A veces tenemos frente a nosotros las buenas noticias, pareciera que no las queremos ver, pero las hay y prueba de ello es que México se está consolidando cada día más como una potencia turística de clase mundial”.
Ese tipo de expresiones también las tuvo Felipe Calderón en su periodo. El 20 de agosto de 2009, por ejemplo, dijo que había quienes no sólo hacían un esfuerzo cotidiano por hablar mal del país, “sino que hasta de eso viven”.
¿Cómo entender ese tipo de expresiones en los presidentes? ¿Hay un vínculo entre el spot de los carpinteros y el discurso sostenido por Peña Nieto? Para Antonio Solá sí lo hay.
“Todos los presidentes llegan a un estado de profunda soledad y desarraigo que los lleva a sentirse incomprendidos. Creen que su sacrificio y buen hacer –pese a los errores– no son correspondidos por los ciudadanos a los que se deben. Cuando el peso de su soledad es mayor que cualquier otra circunstancia, su performance comunicativo pasa a transpirar esa incomprensión reflejada en el ‘Ya chole’.
“En realidad, a quien representa el actor del spot que dice ‘Ya chole’ es al propio presidente.”
El estratega español naturalizado mexicano, socio de la consultora Ostos-Solá y famoso entre otras campañas por crear en 2006 la frase “López Obrador es un peligro para México” que tanto le costó al dos veces candidato presidencial, está convencido de que el comercial de los carpinteros fue un despropósito y nadie se atrevió a decírselo a Peña Nieto por temor.
“Es cuando esa soledad y sentimiento de frustración se hace poderosa y domina la agenda. Es ahí también cuando los presidentes comenten sus peores errores. La soledad te cierra la capacidad de escucha y te disminuye la tolerancia a opiniones contrarias a la tuya. Es una imposición clara de sí mismo y de su estado. Médicamente podríamos decir que un estado de ansiedad lleva a un estado proporcional de ausencia de la realidad. Esto es contagioso y perturba la mirada del gobierno. Al final, los presidentes piensan ‘nadie me entiende, con todo lo que yo estoy sacrificando por ellos’.”
Para Solá, lo peor que puede hacer un gobierno es culpar a los ciudadanos. “Su obligación es resolver los problemas y una vez resueltos, le toca resolver los que siguen y no volver para atrás otorgando el sentido de culpa a quien no le corresponde. La forma de comunicar las ventajas de las reformas con este spot es inapropiada, vulgar, y constituye, en sí misma, un boomerang para el gobierno”.
Aun peor. El anuncio debilita el diálogo democrático y abona a la confrontación, en opinión de Gabriel Sosa Plata, investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en análisis de medios.
“La comunicación política del gobierno federal está fallando. No logra convencer a la sociedad con argumentos sino con descalificaciones. Si criticas eres mal visto. Parece que quieren una ciudadanía conformista con estos spots, pero esto ya no es posible en una sociedad que ha cambiado, que vivió la transición del año 2000, que está más conectada e informada que antes, que –al menos en las grandes ciudades– sale a las calles a protestar”, dice el también exómbudsman de Noticias MVS.
Pero no sólo hubo falta de sensibilidad al emitir el spot. Paola Ricaurte Quijano, catedrática en el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, es autora de diferentes estudios sobre democracia, cultura electrónica y activismo político en línea. Para ella, el spot es absurdo y ofensivo, porque los que ahí se expone son logros ridículos.
Ricaurte, doctora en ciencias del lenguaje, considera que, inclusive la elección de un lenguaje cotidiano de los ciudadanos resulta contraproducente por la distancia entre ciudadanos y gobierno, la ausencia de canales de diálogo y la cerrazón mostrada por el gobierno ante la crítica y la realidad.
Añade que hubo falta de sensibilidad respecto de lo que ocurre en el país, no por desconocimiento de la realidad y sí por cinismo. Del análisis que ella hizo durante las horas que se impugnó el spot en redes sociales, resultó que había consistencia en el tipo de reclamo: una sanción al gobierno. Los ciudadanos, de hecho, devolvieron la ofensa en los mismos términos con la etiqueta #YaCholeCon (Peña, con el PRI, etcétera).
“Desde el principio está la narrativa y lógica discursiva de pensar en lo bueno y no enfocarse en lo malo (‘ustedes sólo se quejan’, parece decir el gobierno). En realidad es una anulación de la otredad que, si reclama, es porque sufre las consecuencias.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA (REPORTAJE ESPECIAL)
MÉXICO, D.F: A pesar de los obstáculos que puso la Procuraduría General de la República (PGR) para dificultar la consulta del expediente Ayotzinapa, que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ordenó hacer público a partir de la solicitud de información para este semanario –y aun cuando difundió sólo las actuaciones que reforzarían la “verdad histórica” dada a conocer por el entonces procurador Jesús Murillo Karam– los hallazgos de la prensa vuelven a evidenciar la manipulación de la investigación.
El expediente fue subido en formato PDF, lo que impide que se hagan búsquedas entre las 50 mil hojas, y está plagado de párrafos u hojas enteras tachonadas de negro (testeadas), supuestamente para no violar la ley de transparencia. Pero se ocultó más allá de lo que la ley pide omitir.
Entre lo eliminado por la PGR están los resultados de los dictámenes de integridad física que se realizaron el 28 de octubre de 2014 al detenido Patricio Reyes Landa, alias El Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona; Agustín García Reyes, El Chereje, y a Darío Morales Sánchez, los principales inculpados en las confesiones en que se basaba la “verdad histórica”. No sólo fueron omitidos los datos personales, como mandata la ley: también fue borrada la declaración de El Pato donde afirma que fue torturado por agentes federales para que declarara.
La PGR no cuidó del todo la privacidad de las personas: publicó la declaración de Jonathan Osorio Cortés sin ninguna reserva (no quitó nombre ni datos personales), quien involucra a uno de los 43 desaparecidos con la banda delictiva.
Borró también sin razón los lugares de las detenciones de todos los presuntos culpables, lo cual debía haber sido público.
Asimismo, contrario a la ley, testó los nombres de los funcionarios públicos que estuvieron involucrados como responsables, a pesar de que muchos de los nombres fueron mencionados en conferencia de prensa por Murillo Karam cuando presentó lo que él llamó la “verdad histórica”.
Otro error es la publicación de fotos como la de Adán Abraham de la Cruz.
La PGR publicó únicamente 86 expedientes, que contienen las actuaciones ministeriales realizadas por la PGR hasta el 12 de febrero de este año, que es cuando se resuelve la pregunta folio 0001700020915, mediante la que se pidió la versión pública del expediente. La gente no tendrá acceso a los 130 tomos de los que consta el expediente; 43 no se hicieron públicos.
En marzo comenzó el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que, al revisar el expediente encontró los vacíos, las omisiones en las investigaciones, los peritajes que nunca se practicaron, y ordenó hacerlos hasta encontrar que la teoría que Murillo Karam presentó como “la verdad histórica” no se sostenía.
El abogado Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que junto con el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan de La Montaña lleva la defensa de las víctimas del caso Ayotzinapa, menciona en entrevista que la apertura al público de los expedientes tuvo sus aciertos, pero aún deja mucho que desear.
El montaje se refuerza
La publicación del expediente sobre el caso Ayotzinapa por parte de la PGR es un arma de doble filo.
Por un lado ha ayudado a que los medios buceen en las primeras averiguaciones previas sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esto ha polarizado las versiones: algunos han publicado información que refuerza la “verdad histórica” de la PGR; otros han revelado los montajes de los que se valió el gobierno para tergiversar los hechos.
En la revisión de los tomos es posible notar que la PGR no confirmó la veracidad de las denuncias anónimas que mencionaban lugares donde los estudiantes supuestamente habían sido vistos. En cambio se concentró en la línea que apuntaba a que todo había ocurrido en el basurero de Cocula, aunque las versiones de los presuntos victimarios no coincidían.
Son muchas las denuncias anónimas. Un ejemplo es la constancia ministerial del 8 de octubre de 2014, en la que se menciona una llamada telefónica que asentó: “En el Rancho Montoya se encuentran los estudiantes que están desaparecidos”.
La mayoría de las notas periodísticas no son contrastadas con los hallazgos del grupo de expertos de la CIDH.
Por ejemplo, la semana pasada, medios publicaron la declaración del médico que la noche del 26 de septiembre laboró en el Hospital Cristina –donde soldados del 27 Batallón de Infantería, con el capitán José Martínez Crespo al mando, llegaron a investigar lo ocurrido con 25 normalistas–, quien ante la PGR reveló que la Procuraduría de Justicia Militar lo interrogó en dos ocasiones sobre la escena que presenció.
En el Informe Ayotzinapa el GIEI había informado que, antes de declarar, el médico había sido citado al 27 Batallón por el general Alejandro Saavedra –se desconoce el sentido de la conversación– y el propio capitán Crespo dio instrucciones para que su nombre no quedara registrado en la entrada. Las declaraciones que posteriormente dio el médico a Proceso y a la PGR son favorables al papel que el Ejército tuvo esa noche en Iguala.
Otros descubrimientos han permitido establecer la manipulación de la investigación por parte de peritos de la PGR, la negligencia, los vacíos que antes habían mencionado el Equipo Argentino de Antropología Forense, los abogados del caso y el GIEI.
El portal Animal Político encontró que la PGR tardó cinco meses en pedir la captura del jefe prófugo de la Policía de Iguala, a pesar de que la participación de la Policía Municipal quedó establecida desde el inicio, y tardó lo mismo para preguntar a Migración si el aludido había salido del país.
Halló también que el Equipo Argentino de Antropología Forense (que colabora en la investigación de la desaparición de los normalistas), alertó en enero pasado a Murillo Karam de “graves fallas” en el trabajo pericial del caso, entre ellas la infiltración de policías como falsos peritos hasta la siembra de “evidencias” y cartuchos en el basurero de Cocula, y la contaminación de la supuesta escena del crimen por la falta de vigilancia.
A su vez, el diario El Universal publicó que seis meses antes de que desaparecieran los estudiantes de Ayotzinapa y se pusiera en evidencia el control de Guerreros Unidos en Iguala y Cocula, la Fiscalía de Guerrero investigaba a este grupo criminal por estar implicado en ocho averiguaciones previas por homicidio y desaparición de personas.
Por su parte, La Jornada encontró que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) recibió en octubre de 2014 al menos seis llamadas anónimas en las cuales se advertía que integrantes de Guerreros Unidos que participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa estaban ocultos en el estado de Morelos y en las comunidades Apetlanca y Tianquizolco, en Guerrero.
Sinembargo encontró que en el ataque a los estudiantes participaron policías de Pilcaya –a tres horas y media de camino desde el lugar del ataque y no sólo los basados en Iguala o Cocula. Y ya el “Informe Ayotzinapa” había deslizado que en las declaraciones también se mencionaba la participación de agentes de Huitzuco y, tal vez, de otros municipios.
De dicho expediente el diario Reforma resalta que la PGR supo que el alcalde de Cocula era de Guerreros Unidos, pero incluso así la procuraduría lo liberó en diciembre, luego de llamarlo a declarar.
Y las confesiones de sicarios revelaron al menos tres sitios de incineración, halló El Economista.
Diversos medios resaltaron la noticia, que ya mencionaba el Informe del GIEI, de que las personas que Murillo Karam presentó como los perpetradores del multiasesinato revelaron que los normalistas fueron ultimados en lugares distintos al basurero de Cocula, y no todos corrieron la misma suerte.
El portal sinembargo detectó que los expedientes desclasificados tienen pasajes contradictorios, como que 10 personas de las supuestamente incineradas en el basurero de Cocula no eran normalistas.
El diario unomásuno publicó que el Servicio Médico Forense de Guerrero recogió cadáveres frente al Palacio de Justicia de Iguala la madrugada del 27 de septiembre de 2014, según establece un parte informativo del Ejército mexicano.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
Joaquín Guzmán Loera estaba con una niña, por lo que inicialmente las autoridades no comenzaron el operativo; ya estando solo, fue perseguido, cayó por un acantilado y fue rescatado por sus guardaespaldas.
Joaquín el Chapo Guzmán cayó por un pequeño acantilado cuando era perseguido por fuerzas especiales mexicanas cerca de Cosalá, en Sinaloa. El líder del Cártel de Sinaloa fue rescatado por sus guardaespaldas, pero resultó con una pierna rota y la cara herida, de acuerdo con un reporte de CNN, el cual cita a un funcionario mexicano con conocimiento de la investigación.
El 9 de octubre pasado, las autoridades mexicanas localizaron al narcotraficante mexicano cerca de esa localidad ubicada en el Triángulo Dorado –región entre los límites de Sinaloa, Durango y Chihuahua–, pero no iniciaron un operativo porque Guzmán Loera estaba con una niña.
Después, cuando las fuerzas especiales lo detectaron sin la niña, comenzaron a perseguirlo. Fue entonces cuando cayó, fue rescatado y desapareció entre la maleza. De acuerdo con la información obtenida por la cadena internacional de noticias, los agentes no pudieron perseguirlo porque no tenían apoyo aéreo o terrestre.
El gobierno mexicano confirmó el 17 de octubre pasado que “en días recientes” se llevó a cabo un operativo para capturar a Joaquín el Chapo Guzmán, quien logró huir con lesiones en una pierna y en el rostro.
En un comunicado, el gobierno federal informó: “Derivado del trabajo de inteligencia e intercambio de información con agencias internacionales, se han realizado operativos en todo el país, mismos que en las últimas semanas se han focalizado en la región noroeste del territorio nacional. Como consecuencia de estas acciones y para evitar su aprehensión, en días recientes el prófugo realizó una huida precipitada, que de acuerdo con la información recabada, le causó lesiones en una pierna y en el rostro“.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Existen serias dudas sobre la participación y papel del Ejército mexicano en el caso Ayotzinapa, así lo aseguraron los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante la audiencia en la sede de la CIDH.
Existen serias dudas sobre la participación y papel del Ejército mexicano en el caso Ayotzinapa, así lo aseguraron los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes manifestaron que de nada servirá enviar sus preguntas al Ministerio Público si ellos mismos no pueden interrogar a los soldados del 27 batallón de Iguala, Guerrero.
“Para nosotros es claro que el Ejército mexicano estuvo presente en varios momentos y tuvo distintas participaciones, es por ello que tenemos dudas y, por tanto, es necesario que estemos presentes en los interrogatorios a los militares y podamos hacer nuestras preguntas conforme van contestando, eso nos ayudaría a resolver nuestras interrogantes”, indicó una de las expertas del GIEI, Claudia Paz y Paz, durante una audiencia en al sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, EU.
Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Roberto Campa, dijo que de acuerdo con la ley los expertos sólo podrán enviar sus preguntas al Ministerio Público, pero no aclaró si en algún momento podrán estar presentes en los interrogatorios.
“En los términos de la ley podrán preguntar a través del Ministerio Público, este es un tema que tendremos que ir trabajando y analizando con los expertos del GIEI, es un punto que aún tendrá que resolverse, lo único cierto es que será una diligencia que tendrá que desarrollarse estrictamente en los términos de la ley”, explicó Campa.
Este tema fue uno de los más delicados durante y después de la audiencia de oficio realizada en las instalaciones de la CIDH; incluso al ser cuestionado sobre el tema, Campa aseguró que el punto de interrogar a los militares por parte del GIEI no está contenido dentro de los nuevos acuerdos.
Frase que molestó a Ángela Buitrago, del grupo de expertos del GIEI, quien manifestó al pleno de la CIDH que hasta la fecha han solicitado interrogar a los miembros del 27 batallón del Ejército y no han obtenido resultados positivos.
“Hemos hecho a la fecha seis solicitudes para interrogar a los militares e incluso les hemos dado los nombres de los soldados que queremos interrogar y no hemos tenido respuesta, y para nuestra sorpresa luego de pasarle los nombres a la PGR nos enteramos que los militares fueron finalmente cuestionados por el Ministerio Público y de esas declaraciones no hemos tenido el acceso, y es por ello que no entiendo orquesta en este tema siempre tenemos una respuesta evasiva”, dijo Buitrago.
Pese a ello, Campa refirió que a la fecha han declarado 50 miembros del batallón y refirió que sus declaraciones se pueden ampliar, siempre y cuando esto ocurra dentro del marco legal.
Funcionarios de la PGR revelaron que sobre este punto –el interrogatorio a militares– nunca ha existido solicitud formal a dicha dependencia para que se le formulen interrogatorios de ley a los militares, y aseguraron que los expertos solo han hecho la solicitud a la Secretaría de Gobernación, siendo que por ley y como coadyudante la PGR con una sola solicitud tendría que formular los interrogatorios a los militares.
Tras concluir la audiencia de oficio convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa, el grupo de expertos del GIEI adelantó en conferencia de prensa, que tras la firma de un segundo compromiso con el estado mexicano, solicitarán en los próximos días 25 acciones concretas que se deberán aplicar en las próximas semanas las autoridades mexicanas.
Dentro de estas 25 acciones el GIEI dará detalle de las zonas y municipios en los que deberán iniciar la búsqueda de los estudiantes, así como el tipo de tecnología y mapeos que deberá hacer la Procuraduría General de la República y el nuevo equipo de investigación.
PGR inicia averiguaciones previas
Luego de que los expertos del GIEI le señalaran a la autoridad mexicana que existen 54 casos de posible tortura o maltrato entre los 111 detenidos por el caso Ayotzinapa, la PGR informó al pleno de la CIDH que ya se tienen iniciadas dos averiguaciones previas en contra de personal de la PGR que participó en los interrogatorios y de elementos federales o militares que participaron en las detenciones.
Fue el subprocurador Eber Betanzos quien detalló que es la Visitaduría General de la PGR quien tiene una de las investigaciones del caso y la otra está en manos de otra área de la PGR que investiga posibles actos de tortura o maltrato.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: OMAR SÁNCHEZ DE TAGLE.
Los pobladores acusaron que los dos jóvenes secuestraban niños, indicó la autoridad del estado; no han sido identificadas las víctimas.
Pobladores enardecidos de Ajalpan, Puebla, quemaron a dos supuestos encuestadores, a quienes supuestamente alguien acusó de secuestrar niños en la zona, el alcalde Gustavo Lara Torres.
El linchamiento ocurrió el lunes por la noche en el municipio poblano ubicado a 270 kilómetros de la Ciudad de México.
El titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla, Víctor Carrancá Bourget, informó que ya se iniciaron las investigaciones en el caso del municipio de Ajalpan, donde dos personas fueron linchadas.
En entrevista, el funcionario dijo que pese al inicio de la carpeta de investigación, las víctimas no han sido identificadas.
“Todavía no se confirma si eran encuestadores o no, estamos buscando a la persona que se dice jalonearon, esto a fin de que declare y señale si los identifica o no”, acotó.
Carrancá Bourget mencionó que al ser investigación, recaban entrevistas, para proceder conforme a derecho.
Subrayó que en este momento se trata de un delito de homicidio y procederán en ese sentido, ya que son hechos no permisibles, en donde la gente no puede tomar justicia por propia mano.
“La gente pierde en control y los ánimos para agredir a dos personas al grado tal de privarlos de la vida, con base en la euforia que genera una situación de este tipo”, señaló.
Indicó que la competencia del hecho de inicio es municipal, pero la Policía Municipal fue rebasada, en donde hasta el momento ya han tomado declaraciones y hay señalamientos.
Precisó que ha comparecido el síndico municipal, y además se tomarán las declaraciones del presidente municipal.
El funcionario estatal consideró como desacertado que los habitantes tomen justicia de propia mano, ya que las personas no pueden perder el control de esa manera, en donde muchos de los que participan en estos eventos masivos no saben qué pasa y se involucran en una euforia colectiva que es reprobable.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
Un grupo de diputados conforman la Comisión Especial que revisa las investigaciones oficiales realizadas sobre la desaparición de los normalistas. Buscan conseguir la verdad objetivamente y contribuir en el esclarecimiento de los hechos.
Sin sentimentalismos y con una postura meramente institucional, la panista Guadalupe Murguía es la encargada de dirigir a un grupo de diputados para revisar las investigaciones que realiza el Gobierno federal sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Murguía es presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento al caso de los normalistas.
Desde una visión meramente institucional, Murguía ha planteado que es necesario acercarse a las autoridades que llevan la investigación del caso y conocer en lo que se ha avanzado, porque tampoco se trata de perseguir a nadie por su trabajo.
“Es una oportunidad de trabajar en la búsqueda de la verdad. Nosotros, como Acción Nacional, y yo como diputada, soy diputada de oposición, no tengo que sostener la verdad oficial y la verdad histórica de nadie si no hay elementos.
“Pero tampoco es una cacería de brujas. Creo que estamos en posición de conocer, por un lado lo que acordó la PGR como su verdad histórica y por otro lado el informe del Grupo de Expertos (de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y esto nos permitirá conseguir la verdad objetivamente, sin estridencias”, expone en entrevista.
Con gestos adustos y ademanes que reflejan una personalidad cargada hacia lo institucional más que a las emocional o lo espontáneo, Murguía asegura que la finalidad de los trabajos de la Comisión es contribuir en algo en el esclarecimiento de los hechos.
Confiesa que no ha sido fácil la tarea de conciliar el punto de vista de los otros 15 diputados que conforman la Comisión.
“Es una Comisión con mucho juego político. Todos los integrantes de la Comisión llegaron por un partido y representan el punto de vista y la visión de su partido, de su fuerza política en la Comisión. Y esto le da un matiz, siendo un tema que tiende a politizarse con mucha facilidad, esto le da un cariz muy intenso a esta Comisión”, reflexiona.
Panista de cepa, militante del PAN desde 1999, Murguía es una servidora pública que ha hecho carrera en varias áreas de gobierno.
Originaria de Querétaro, Murguía ha sido secretaria de Gobierno de esa entidad, así como secretaria de Educación.
En ese ámbito ha tenido otras intervenciones. Ha sido directora general de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar de la Subsecretaría de Educación Media Superior; y coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica de Querétaro.
A nivel federal, fue directora general del Colegio de Bachilleres, cuando Alonso Lujambio era secretario de Educación Pública. Y el cargo más reciente que tuvo fue el de regidora del municipio de Querétaro.
Esta experiencia le ha permitido autodefinirse como una mujer cercana a los jóvenes, a los estudiantes, y a la problemática que tienen en algunas áreas rurales del país, donde existen graves carencias.
Sin embargo, lo hace con distancia, sin involucrar sentimientos o expresiones que denoten simpatía o solidaridad con lo que, considera, es una tarea que debe resolverse desde lo institucional.
Murguía afirma que, aunque su tarea es muy delicada, no se le ha impedido tener acceso a los testimonios y documentos necesarios para poder hacer la revisión del caso, más que en aquellos casos donde se trata de asuntos confidenciales.
“(Hemos trabajado) con total libertad, con un trabajo muy intenso, pero no ha habido ninguna limitación de ningún tipo para reunirnos con funcionarios, autoridades, y obtener la información que esté a nuestro alcance”.
“Ninguna presión, ninguna limitación. La intensidad del trabajo al interior de la Comisión tiene que ver con el compromiso de cada uno de los integrantes con este hecho”, asevera.
En el único lugar donde no ha ocurrido así es en el Ejército, donde no se les ha permitido hablar con los soldados que estuvieron presentes en aquella noche el 26 de septiembre, aunque para Murguía es suficiente que el secretario en persona los reciba y les dé las explicaciones de lo ocurrido aquel día.
Una de las críticas que ha recibido la diputada es que no pugnó porque se grabaran o quedara la versión estenográfica de las reuniones de los legisladores con los funcionarios.
A ella le dijeron que las reuniones debían ser confidenciales y a eso se apegó, de forma institucional; por lo que en cada una de las reuniones no se ha permitido a los diputados entrar siquiera con su teléfono celular.
No hay registro de lo que en esas reuniones se dijo o se reveló. Todo quedará en la memoria de los legisladores.
A Murguía no la movió tanto el hecho de la desaparición de los estudiantes como la postura del Grupo de Expertos de la CIDH ya que, cuando cuestionan la versión que la PGR había dado de los hechos, se puso al descubierto la falta del gobierno mexicano en el caso.
“Uno se pregunta entonces dónde está la verdad de los hechos, qué pasó con esta verdad histórica que hoy resulta severamente cuestionada”, reflexiona.
Para Murguía, lo más importante es conocer en verdad cómo se desarrollaron los hechos para evitar caer en el juicio tanto de los jóvenes y sus actividades como de las autoridades que trabajan por esclarecer lo que pasó aquella noche.
“Lo que le pasó a esos jóvenes, la saña con la que se les agredió por parte de los policías municipales, el vacío de las autoridades durante un lapso que puede ser de las 9:30 a cerca de las 12:00 de la noche es algo que confronta, es algo que indigna”, sostiene.
La Comisión Especial del caso Ayotzinapa no es una Comisión de investigación, por lo que no tiene facultades para iniciar procesos penales o presentar alguna denuncia si se encontrara alguna irregularidad en la investigación.
Solo tiene la facultad de revisar el trabajo que realizan las instancias gubernamentales y debatir sobre él. Al final de su trabajo, deberá presentar un informe al pleno, con sus hallazgos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
MÉXICO, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto se reunió hoy con su gabinete para revisar los avances en la instrumentación de las reformas estructurales aprobadas en los primeros 20 meses de su gestión, y para pedirles disciplina y responsabilidad en el ejercicio del gasto.
A una semana de que se desató la polémica por la emisión de dos spots publicitarios que exaltaban las reformas y descalificaban a los críticos del gobierno –uno de ellos conocido en redes sociales con la etiqueta #YaChole–, la reunión se realizó en la residencia oficial de Los Pinos y abordó precisamente los temas de la campaña de publicidad identificada como “Mover a México. 3 años”.
La reunión fue a puerta cerrada y no se permitió el acceso a los medios de comunicación, por lo que el comunicado emitido por la coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República es la única información oficial al respecto.
El texto informa que el mandatario habría llamado a sus colaboradores a que la instrumentación de las reformas se refleje en bienestar para la población, además de que supuestamente revisaron diferentes programas de gobierno y políticas públicas.
La encerrona ocurre un día después de que la Cámara de Diputados aprobó la miscelánea fiscal, incluyendo severos recortes de recursos en diferentes rubros de la administración.
Durante el encuentro, el jefe del Ejecutivo habría recordado a sus colaboradores que ante la volatilidad e incertidumbre económica en el escenario internacional, se requiere continuar con la disciplina y responsabilidad presupuestaria, para “mantener la estabilidad macroeconómica del país”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
MÉXICO, D.F: Dice un estudioso del fugitivo más famoso del mundo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, que a él le gusta tener una Sinaloa “calmada” y “controlada”. Es un deseo lógico porque los empresarios y “El Chapo”, que es muy exitoso, necesitan de estabilidad y certidumbre. ¿Qué piensan y sienten los sinaloenses de ser la sede de un imperio trasnacional que se extiende por el mundo?
Explorar la mente y los corazones de una sociedad es complicado y riesgoso. Las ideas y los sentimientos son fluidos y se van modificando a golpes de realidad, a la cual también transforman en una interacción que va tejiendo intrincados arabescos. Sin embargo, es indispensable hacer un esfuerzo interpretativo porque sí importa lo que piensan las sociedades. Un ingrediente esencial son las áridas encuestas.
El sábado 11 de julio “El Chapo” decidió cambiar de residencia, y el lunes 13 el Gabinete de Comunicación Estratégica estaba levantando una encuesta telefónica representativa de lo que se pensaba ese día en Sinaloa y el país sobre el personaje del momento. En ambos universos más de 85% de los entrevistados lo calificaban de inteligente y astuto. Las diferencias aparecían a la hora de juzgarlo. La encuestadora pidió a los entrevistados que asociaran al Chapo con uno de lo siguientes personajes de la vida nacional: un delincuente (El Mochaorejas) y dos paladines populares: Pancho Villa y Chucho el Roto. La muestra que representaba al país calificó al Chapo de criminal, mientras que el porcentaje más alto de sinaloenses lo equiparó a Villa, el guerrillero con fama de utilizar la fuerza a favor de los débiles.
El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) y el Sistema de Inteligencia en Mercados y Opinión (SIMO) levantaron en 2014 una encuesta sobre capital social positivo y negativo en 11 municipios y una delegación capitalina. Uno de los hallazgos más notables fue que los habitantes de Culiacán y Ahome eran los que se sentían más seguros en su casa o recorriendo calles y plazas públicas; incluso, los que menos temían ser asesinados durante el siguiente año (los más asustados vivían en Torreón y Ciudad del Carmen).
Lo notable de la percepción es que, entre 1997 y 2014, Sinaloa tuvo la tasa de homicidios anual promedio más alta de todo el país (según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública). En algunos años la rebasó Chihuahua o Tamaulipas; en otros, Michoacán o Guerrero; pero es la entidad consistentemente más letal durante los 17 años medidos. Es inevitable preguntarse sobre las propiedades del aire que respiran o del licor que beben los sinaloenses, porque suena ilógico que se sientan tan seguros quienes viven en la entidad donde se asesina a más personas.
El misterio tiene explicación. En la percepción de inseguridad son determinantes otros delitos de alto impacto: secuestros, robos, violaciones, etcétera. Este tipo de crímenes están controlados en Sinaloa por una estrategia deliberada de las empresas del Chapo. La Federación de Sinaloa se concentra en la producción, trasiego y comercialización de cuatro productos: cocaína, heroína, mariguana y metanfetaminas. Su negocio gira en torno a la droga. En el otro extremo estarían Los Zetas que aterrorizan a la población y la someten a todo tipo de vejaciones para exprimirle recursos por todos los medios posibles. La violencia en Sinaloa es pragmática y selectiva, y entre las consecuencias que tiene se halla la existencia de más espacios para la libertad de expresión. Basta con comparar a El Noroeste con El Mañana de Nuevo Laredo para contrastar el espacio en que operan el periodismo de Sinaloa y el de Tamaulipas.
La calma y el control tienen fisuras importantes. Otra encuesta (ENVUD, Banamex/Este País, México, 2010) midió el grado de felicidad por entidad. Cuando levantaron ese sondeo de opinión los más felices eran los quintanarroenses, y en el rincón de los desdichados estaban en penúltimo lugar los sinaloenses, seguidos de los guerrerenses. Es siempre complicado calcular los ingredientes de la dicha, pero de la encuesta de Casede-Simo se desprende que influye la sensación de dominar el destino. En Sinaloa se sienten seguros, pero también controlados y creen que su futuro está en manos de otros. En ello también influye el hecho de que Sinaloa tiene una sociedad poco organizada y que participa escasamente en los asuntos públicos.
También hay rastros de miedo en la Sinaloa del Chapo. En la encuesta citada inicialmente (Gabinete…) preguntaron si habían oído hablar del fugitivo. Resulta poco creíble que 49% de los sinaloenses declarara no conocerlo, y es bastante revelador que, de quienes dijeron saber de él, 50% lo consideraban violento; 45%, malo, y 40% sanguinario.
En el trasfondo de estos brochazos acerca de las mentes y los sentimientos sinaloenses se encuentra un hecho que me señaló Froylán Enciso, un estudioso de Sinaloa: La organización delictiva más poderosa del mundo podrá resolver los problemas individuales de quienes se unen a ella –y muy relativamente porque hasta donde se sabe los sicarios carecen de pensiones–, pero desatiende los problemas estructurales. En otras palabras, la empresa mexicana más extendida por el planeta (hay quien asegura que tiene presencia en más de 50 países) ha fallado al igual que el gobierno y el sector privado en ofrecer oportunidades para la sociedad; el municipio donde nació “El Chapo”, Badiraguato, sigue siendo el más pobre de Sinaloa.
La federación de Sinaloa transmite una imagen de solidez que contrasta con las dificultades de otros estados. Es una fortaleza asentada en una sociedad ambivalente sobre el papel que le fue asignado. En suma, un equilibrio inestable.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO AGUAYO (ANÁLISIS)
