México, DF. Al emitir su balance sobre la primera aplicación de la evaluación del desempeño docente, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) destacó que si bien fueron evaluados 86.2 por ciento (132 mil) de los docentes convocados, quienes podrán contar con información para su "retroalimentación profesional", consideró que fue "difícil" para la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) integrar las listas definitivas de quienes serían evaluados, debido a que la información que proporcionaban las entidades federativas "tuvo que ser validada en varias ocasiones".
En un recuento de diversas anomalías, el INEE agregó que esta situación propició que a "muchos maestros se les notificara que debían presentar la segunda etapa de la evaluación, la reflexión evidencias de aprendizaje de sus alumnos, con muy poca anticipación".
El organismo autónomos también reportó que hubo "fallas en la entrega de las claves para poder acceder a la plataforma, lo que también sometió a los maestros a una fuerte tensión". Además, indicó que La aplicación de la tercera y cuarta etapas de este ejercicio también tuvo dificultades técnicas y hubo en algunos casos confusión respecto de la forma de la evaluación que debían responder los docentes.
"Si bien en la mayoría de las sedes en las que se llevó a cabo la evaluación de desempeño la jornada transcurrió sin mayores dificultades, preocupa el hecho de que en algunos lugares la evaluación tuvo que aplicarse en condiciones poco propicias para llevar a cabo una experiencia que debe ser formativa y que exige condiciones para pensar y reflexionar".
En un comunicado, emitido por el INEE, afirmó que "en algunos casos, las protestas y agresiones, en ocasiones violentas, de los maestros disidentes, sometieron a los docentes que se estaban evaluando a una presión excesiva. En otros más, el recurrir a la fuerza pública con el fin de resguardar a los maestros que ejercían su derecho a evaluarse construyó un clima poco propicio para responder las preguntas o construir las respuestas".
Incluso destacó que "hubo en algunos casos condiciones físicas incómodas para la realización de la evaluación. En las entidades en las que la disidencia fue mayor, los maestros tuvieron que partir, desde muy temprano en la madrugada, de sus casas para ser trasladados a las sedes de la evaluación, para resolver un examen de más de ocho horas de duración".
El análisis de lo acontecido, explicó el INEE, permitirá mejorar los eventos posteriores. Corresponde ahora a la autoridad educativa realizar los procesos de calificación conforme a los criterios autorizados y con los evaluadores que fueron certificados por el INEE.
El INEE por su parte analizará en detalle los resultados de la evaluación de los docentes y rendirá un informe de los hallazgos correspondientes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LAURA POY SOLANO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/17/emite-inee-primer-balance-de-evaluacion-docente-9248.html
MÉXICO, DF: El presidente nacional del PRD, Agustín Basave, y la secretaria general, Beatriz Mojica, clausuraron hoy simbólicamente las instalaciones de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), en protesta por el aumento al “minisalario” de 2.94 pesos; además, exigieron la desaparición de la institución.
Tras repartir volantes entre transeúntes y automovilistas, Basave recalcó que la defensa al aumento de un salario mínimo digno es una causa que el PRD abandera “y esto es una expresión de rechazo mínima porque hay millones de ciudadanos indignados”.
Anunció que esta lucha continuará con campañas y brigadeos e invitó a la sociedad mexicana a acompañar el hashtag #NoMeAlcanza #SubamosElSalario.
“Vamos a pedirle a todas y a todos que se sumen a esta campaña para que crezca la conciencia del problema que estamos viviendo”.
Basave reiteró que el aumento al salario no es digno “es un aumento raquítico y ridículo y los mexicanos no van a vivir con bienestar” y cuestionó los ingresos del titular de la Conasami al tiempo que insistió que debe desaparecer y que los salarios mínimos los fije el Coneval.
“Estamos conscientes de la situación de gravedad que se vive por la desigualdad y la pobreza, todos menos este gobierno priista y esta institución arcaica que lleva años y años frenando el crecimiento de los ingresos”, se quejó.
En este sentido dijo que si la Conasami y el gobierno federal no suben el salario mínimo existe el riesgo de un estallido social, pues “se trata de un imperativo de estabilidad y de paz social”.
Mojica señaló que su partido continuará respaldando a las y los trabajadores y para ello se impulsará una campaña en la que se les informe y tome conciencia.
“El salario mínimo no cubre las necesidades básicas de la gente en el país. Por eso el PRD está proponiendo aumentar, al menos, en 23% el salario, desparecer a la Conasami, que haya igualdad laboral y aumentar la productividad”, afirmó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423881
ECATEPEC, Edomex: Desde su celda en el penal de Chiconautla, José Humbertus Pérez, presidente y representante legal del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., acusó al gobernador Eruviel Ávila de perseguirlo políticamente y a las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos de negarse a intervenir en su caso.
A través de una misiva girada a Angélica De la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, para pedir su intervención, el activista encargado de la defensa de víctimas de fraudes inmobiliarios en diversas entidades del país denunció:
“La persecución que el gobierno de Eruviel Ávila Villegas y el procurador general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, están realizando en contra de un servidor, de mi esposa, mi hijo y de los dirigentes de nuestro movimiento”.
También acusó la negativa de defensa del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, el primer visitador, Ismael Eslava, y de la cuarta visitadora, María Inés Aguilar.
“La CNDH tiene conocimiento de toda esta política violatoria del gobierno de Estado de México, incluso el órgano constitucional administrativo envió nuestras quejas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), órgano que preside Baruch Delgado Carvajal, quien no ha querido investigar; le hemos solicitado en dos ocasiones que entregue nuestras quejas a la CNDH en virtud de la omisión del organismo” a su cargo, dijo.
Pérez Espinoza demandó a los ombudsman investigar su “detención ilegal y privación ilegal de la libertad” en el Centro de Readaptación Social de Chiconautla, Estado de México, “en virtud de la fabricación de las carpetas administrativas 1718 y 1720 por el supuesto delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido en el interior de casa habitación con violencia”.
Humbertus afirmó que el acto delictivo fue “fabricado por el gobernador Eruviel Ávila Villegas, el procurador general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez, el fiscal regional de Ecatepec, Juan Francisco Hernández Aguilar, y por el titular del Centro de Atención Ciudadana de Tecámac C-3 de la PGJEM, Omar Hernández Heredia”.
Pérez Espinoza señaló que le fue negado su derecho a comparecer, previo a la orden de aprehensión que el 3 de noviembre se giró en su contra. Con ello, dijo, se violentó el principio constitucional a la presunción de inocencia plasmado en el artículo 20 apartado B de la Constitución General sobre los derechos de los inculpados.
“La CNDH se ha negado a investigar los crímenes violenciales a mis derechos humanos; la persecución en contra de mi esposa Beatriz Juárez Rosas, quien de manera valiente acusó al gobernador Eruviel Ávila Villegas de ser el autor intelectual de mi detención y obtuvo como respuesta del procurador y del fiscal regional de Ecatepec la fabricación de delitos; y la persecución de mi hijo Jorge Humbertus Pérez Juárez, quien tuvo que truncar sus estudios de derecho en la UNAM FES Acatlán”, destacó.
Esta actividad represora, consideró, es resultado de los triunfos jurídicos de la organización, de tal manera que la propia CNDH ha reconocido y emitido dos resoluciones de conciliación que concluyen la violación a los derechos humanos de los integrantes del Frente Mexiquense porque Sociedad Hipotecaria Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) no respetaron la garantía a la Vivienda Digna y Decorosa.
El Frente Mexiquense, recordó, ha ganado diversos juicios en el Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León, Quintana Roo, Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua por diversas anomalías inmobiliarias. También ha documentado la complicidad, entre otros actores, del alcalde electo de Tecámac Aarón Urbina Bedolla; el beneficio de Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano, hijo del ex secretario general de Gobierno, Manuel Cadena Morales, socio de Vinte; y de la empresa española OHL.
“El gobernador Eruviel Ávila Villegas protege a la delincuente e invasora de viviendas del Estado de México, Valentina Granados Rincón, quien ha ofrecido hasta 500 mil pesos para que sea asesinado al interior del penal”, destaca en la misiva.
Además, advierte, el procurador mexiquense “protege impunemente a las empresas constructoras Urbi Desarrollos Urbanos, Promotora de Viviendas Integrales, Vinte Viviendas Integrales, Ara, Geo y Homex.
“Un ejemplo –añadió– es que ocultó durante 37 días las órdenes de aprehensión en contra de Rene Jaime Mungarro y Sergio Armando Guevara Márquez, representantes de la primera”.
Humbertus Pérez fue detenido por elementos de La Marina el pasado 4 de noviembre, tras ofrecer una conferencia de prensa en Toluca para exigir la renuncia del procurador mexiquense y adelantar que tenía información en el sentido de que se le estaban fabricando delitos por los señalamientos expuestos.
“No obstante, de pretender mi desaparición forzada después de mi detención ilegal, hasta el día de hoy no hay una investigación de la CNDH, el órgano autónomo constitucional protege al gobierno de Eruviel Ávila Villegas, no quiere llegar a la verdad histórica de los hechos y concluir que detrás de mí detención están las empresas constructoras”, puntualizó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423849
Pese a haberlo negado, el gobierno mexicano entrega 75 mil dólares anuales a The Woodrow Wilson Center, un think tank estadunidense que tiene un instituto especializado en México. La donación, que sale del erario, ha sido utilizada para que funcionarios, dependencias, programas y versiones oficiales sean apuntalados entre los medios académicos de aquel país. Así, pareciera que las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han buscado, ante todo, que ese dinero les permita lucirse en Washington.
WASHINGTON: En 1982, el entonces presidente José López Portillo pronunció una frase memorable en alusión al retiro de publicidad gubernamental en diversos medios de comunicación: “No pago para que me peguen”. Esa máxima parece ser desconocida en el prestigioso centro académico The Woodrow Wilson Center, que cada año recibe 75 mil dólares del gobierno de México.
The Woodrow Wilson Center destina ese dinero al financiamiento de su Instituto México. El objetivo es organizar encuentros o foros destinados a promover y dar a conocer los temas de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, de acuerdo con un convenio firmado con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La colaboración comenzó en el sexenio de Felipe Calderón, por iniciativa del entonces embajador mexicano en Washington, Arturo Sarukhán. Desde entonces se han organizado actos que algunos funcionarios mexicanos aprovechan para su lucimiento personal y el del gobierno.
Desde que Sarukhán era embajador, Proceso solicitó a la sede diplomática, en varias ocasiones, que le informara la cantidad que entrega al Instituto México, pero la solicitud siempre fue rechazada. La embajada mexicana llegó incluso a negar que diera dinero a ese centro académico.
No fue sino hasta hace unas semanas, durante el primer encuentro que tuvo con los corresponsales de medios mexicanos acreditados en Washington, cuando el nuevo representante de México en Estados Unidos, Miguel Basáñez, accedió a que se le dijera a este semanario cuánto da al Woodrow Wilson Center cada año.
“Es muy poquito, son unos 73 mil dólares lo que les damos”, dijo un funcionario de la embajada que se comunicó con Proceso para informar la cantidad. El empleado pidió que no se difundiera su nombre. “Ya hablamos con el Woodrow Wilson Center y ellos te van a dar más detalles. Llámales”, agregó.
Andrew Selee, vicepresidente ejecutivo del Woodrow Wilson Center y fundador y exdirector del Instituto México, fue quien envió a este reportero, por correo electrónico, la copia del convenio.
“Un día se me acercaron, no me acuerdo quién era en ese momento, pero era de la embajada (de México); y me dijo que tenían una línea de financiamiento para programas sobre México. ‘¿Les interesa?’, preguntó. Lo pensamos y le respondimos que sí aceptábamos”, cuenta Selee en entrevista telefónica.
El convenio fue renovado el pasado 3 de agosto. Firmaron Jane Harman, directora y presidenta del Woodrow Wilson Center, y Alejandro Estivill Castro, jefe de la cancillería en la embajada de México en Washington. En su artículo nueve, el acuerdo asienta que la aportación del gobierno mexicano al centro académico es de 75 mil dólares al año.
Con el título Programa de Colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Woodrow Wilson Center, el documento señala en su artículo 9 que su “objetivo” es “promover la cooperación entre las partes para la ejecución de análisis, discusión y promoción de actividades que proporcionen a los gobiernos de las partes los elementos necesarios para formular políticas públicas que les permitan fortalecer la cooperación en mecanismos bilaterales para una mejor, benéfica y productiva relación”.
El Woodrow Wilson Center tiene un presupuesto anual de unos 26 millones de dólares. De éstos, 1.2 millones se destinan al Mexican Institute; esto significa que el erario mexicano aporta 0.02% de esa partida. “Es muy poco dinero en realidad, pero nos es muy provechoso”, confió a Proceso el funcionario de la embajada en Washington.
Y vaya que los gobernantes mexicanos lo han aprovechado. Una muestra: el 11 de enero de 2012, bajo la dirección de Selee, el Mexican Institute organizó un foro para presentar el libro Un nuevo modelo de seguridad para México, del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La obra se regaló tanto en inglés como en español a quienes asistieron al acto, durante el cual Selee afirmó que el autor presentaba un proyecto que debería ser copiado por todos los países del hemisferio, incluido Estados Unidos. “García Luna supervisó la dramática transformación de la fuerza policial de México”, se leía en la invitación que distribuyó el instituto.
Por cierto, en ese encuentro Selee evitó darle la palabra al corresponsal de este semanario para cuestionar a García Luna.
Basáñez, quien en sus pocos meses como embajador en Estados Unidos no ha dicho ni hecho nada destacable, este lunes 7 aprovechó el Mexican Institute para que le organizara un foro donde presentar su libro, Un mundo de tres culturas: honor, logros y gozo del embajador de México en Estados Unidos.
En la presentación de la obra participarían Alejandro Moreno, profesor de ciencias políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México; Enrique Alducin, director general de Alducin y Asociados; y Duncan Wood, director del Mexican Institute.
Selee y Wood, por petición de este semanario, entregaron la lista de actos realizados en el Mexican Institute de diciembre de 2011 a diciembre de 2015. En este plazo hubo 156 foros. En ellos, los ponentes más destacados fueron funcionarios del gobierno mexicano.
La organización de foros es sólo una parte de las actividades del Instituto México. El centro académico publica, además, análisis, libros y artículos de opinión sobre la relación bilateral.
Se le menciona a Selee que, según la evidencia, pareciera que el gobierno mexicano siente que tiene derecho a que se organicen foros en el Instituto México para lucimiento de sus funcionarios, en detrimento de los opositores. Selee responde: “Ellos sentirán eso, pero nosotros somos una institución creada por el Congreso (federal) de Estados Unidos que debe rendir cuentas a la ciudadanía estadunidense y ésa es nuestra responsabilidad. No el gobierno mexicano”.
Un acto previo a la presentación del libro de Basáñez fue un encuentro sobre la indagatoria de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Se realizó el 21 de octubre pasado en el edificio Rayburn de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. En ese foro participaron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), el congresista Alan Lowenthal y la organización no gubernamental Wola.
El 21 de octubre, un día después de la audiencia sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la sede del Instituto México se llevó a cabo un foro para darle seguimiento al tema. Los ponentes fueron Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos; Éber Betanzos, subprocurador general para Derechos Humanos; y Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Relaciones Exteriores para Derechos Humanos.
“El apoyo financiero que recibimos del gobierno de México es sólo una pequeña parte de un portafolio muy diverso de fuentes, tanto del sector privado, de fundaciones, de patrocinios y donaciones de corporaciones e individuos en nuestros actos para recaudar fondos. Hemos estructurado las finanzas así para mantener nuestra independencia y autonomía de cualquier fuente en particular, para que podamos ofrecer un espacio libre e imparcial para la conversación sobre México y la relación bilateral en Washington.
“Al apoyo de un actor, sea el gobierno de México, de Estados Unidos, o de cualquier actor privado, no se le permite impactar sobre la independencia del Instituto. Esto está claramente definido en nuestro mandato como centro de investigación”, comento Wood.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423800
Cancún, QR. Seis de los 27 ancianos que quedaron ciegos, luego de ser operados de cataratas en la clínica privada Instituto de Salud Visual (Isvi), fueron trasladados a la ciudad de México para ser revalorados en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana.
El grupo de afectados –cuatro isleños y dos benitojuarenses– los que tienen los cuadros clínicos más graves, arribaron al muelle de Puerto Juárez alrededor de las 11 de la mañana con destino a la ciudad de México.
Del lugar partieron a la ciudad de México en el vuelo 2409 de Interjet. El regreso fue pactado para la tarde del sábado y así esperar los resultados de los estudios a los que serán sometidos los afectados para decidir quienes regresarían a la capital del país y ser internados en caso de ser necesario.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CARLOS ÁGUILAR ARREOLA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/17/trasladan-al-df-a-6-pacientes-afectados-por-bacteria-en-cancun-4872.html
Está pendiente saber qué ocurrió con los normalistas de Ayotzinapa luego de que policías de Igual y de Cocula se los llevaron, señaló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa.
La investigación sobre el caso Ayotzinapa de las autoridades mexicanas coincide plenamente con la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el momento de la desaparición de los estudiantes, por lo que queda pendiente conocer qué ocurrió después.
Así lo señaló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa, quien agregó que los esfuerzos de búsqueda tienen como objetivo determinar qué fue lo que pasó con los normalistas de Ayotzinapa.
“En el contenido de la investigación y el trabajo que ha hecho el Grupo de Expertos y la CNDH hay una coincidencia plena hasta el momento de la desaparición. El ataque, la ejecución de algunos de los normalistas y la desaparición con perpetradores identificados y con una coincidencia plena por parte del GIEI con la responsabilidad de las policías de Iguala y de Cocula.
“Ayer los padres también lo manifestaron así. Hay, como todos sabemos, una diferencia en términos del destino de los normalistas y por ello es que se ha planteado la conveniencia de este equipo adicional de peritos para determinar la teoría del fuego, como se conoce al asunto del basurero de Cocula”, dijo Campa en entrevista con Radio Fórmula.
Detalló que la reunión del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con los padres de los normalistas se desarrolló en un ambiente cordial y agregó que el tema central del encuentro fue la búsqueda de los 43 normalistas, “porque esa es la parte que le corresponde al a Policía Federal, y por ello el secretario de Gobernación estableció compromisos “.
Explicó que la búsqueda de los normalistas continua y que la última labor se realizó el martes 15 de diciembre pasado, la cual contó con la participación de la maestra Ángela Buitrago, una de las integrantes del Grupo de Expertos de la CIDH.
“El secretario de Gobernación comprometió todo el apoyo de la Policía Federal y lo que sea necesario, hay un grupo que está trabajando particularmente en estos temas, pero si se requiere que haya un apoyo adicional, se comprometió toda la disposición”, expresó Campa.
En torno a la petición de que los integrantes del GIEI participen en los interrogatorios a los militares, Roberto Campa precisó que el GIEI ha señalado que no “hay nada que señale una participación activa de los soldados”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/ayotzinapa-los-hechos-son-claros-hasta-antes-de-la-desaparicion-dice-subsecretario-de-segob/
Chilpancingo, Gro: El gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó el hallazgo de 19 cuerpos durante un operativo realizado por la Procuraduría General de la República (PGR) en la comunidad de El Naranjo, ubicada en la parte serrana del municipio de Leonardo Bravo.
Y aseguró que ese hecho, que una vez más exhibe a la entidad como un cementerio clandestino, no afectará la imagen de Guerrero en esta temporada vacacional “porque no se trata de un asunto turístico”.
Hace dos días Astudillo calificó como “falsa” la versión difundida en medios locales sobre un operativo en ese poblado por parte de elementos de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
A través de un comunicado oficial difundido el martes 15, el gobierno guerrerense subrayó que el delegado de la PGR, José Juan Monroy García, descartó algún operativo de exhumación en la zona y también el hecho de que un grupo especial de peritos se encontraba trabajando en la entidad.
De manera contradictoria, en el mismo texto dio a conocer que el alcalde de Leonardo Bravo, Alfredo Alarcón, informó que desde el martes 8 al jueves 10, personal de Marina y PGR realizó trabajos en la zona “sin haber informado” al respecto a las autoridades locales.
Entrevistado este jueves en el puerto de Acapulco, Astudillo reculó sobre la postura oficial y confirmó el hallazgo masivo de cadáveres en la Sierra.
Dijo: “El delegado de la PGR, José Juan Monroy, me comunicó hace 20 minutos que está confirmado el hallazgo de cuerpos en una barranca en las inmediaciones del poblado de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo”.
El gobernador se abstuvo de abundar sobre el tema, con el argumento de que es un caso que investiga directamente la PGR.
A pregunta expresa, sostuvo que el hallazgo de cuerpos en Chichihualco no afectará la imagen de la entidad en esta temporada vacacional porque el hecho se registró en la Sierra y no en una zona turística.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423830
MÉXICO, DF: La Procuraduría General de la República (PGR) informó a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa sobre las nuevas líneas de investigación que sigue para esclarecer los hechos, así como los trabajos de campo y diligencias que ha desarrollado sobre el caso.
En tanto, los padres de las víctimas urgieron acelerar la indagatoria y manifestaron diversas inquietudes sobre las actividades ministeriales que la PGR ha desplegado.
Lo anterior se realizó en un encuentro privado con la Subprocuraduría de Derechos Humanos e integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM), en Chilpancingo, como acordaron el pasado 30 de noviembre los padres y la procuradora Arely Gómez González, según un comunicado de la dependencia federal.
Sin dar detalles de las nuevas líneas de investigación, la PGR informó de los resultados que han generado los trabajos de campo y diligencias realizadas; así como de los estudios científicos en curso para allegarse de mayores elementos y saber qué ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.
El acuerdo general fue continuar exhaustivamente con la indagatoria.
Por la PGR, la sesión de trabajo fue encabezado por Eber Omar Betanzos Torres y el titular de la Oficina de Investigación, Aarón Pérez Carro; del GIEI asistieron los doctores Carlos Beristaín y Ángela Buitrago, además de las organizaciones de la sociedad civil representantes de los padres, indicó la dependencia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423890
TIJUANA, B.C: El general Sergio Aponte Polito, quien fue comandante de la II Región Militar, afirmó que ningún gobernador de Baja California ha querido combatir al narcotráfico.
Al participar en una reunión de trabajo en esta ciudad fronteriza el ex comandante de la II Región Militar que comprende Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa acusó en particular a los panistas Eugenio Elorduy y José Guadalupe Osuna Millán quienes se resistieron a combatir al crimen organizado.
Aponte Polito fue removido de esta región militar en 2009 cuando hizo pública una carta en la que señaló la corrupción y los nexos del tráfico de droga con policías y funcionarios de la administración pública estatal, en particular de la Procuraduría General de Justicia del estado que encabezaba Rommel Moreno Manjarrez.
Osuna Millán solicitó su remoción al presidente Felipe Calderón por lo que Aponte Polito fue designado al frente del Tribunal de Justicia Militar y sustituido por Duarte, un teniente coronel que fue designado general hasta el año siguiente sin estar presente en la ceremonia de Campo Marte y notificado por vía electrónica.
El militar retirado por edad fue invitado a una reunión del exdelegado de la Secretaria de Economía David Saúl Guakil quien pretende ser candidato a la alcaldía de Tijuana.
Aponte Polito dijo que la seguridad recayó en Baja California y descalificó el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado al asegurar que su titular Daniel de la Rosa no estaba preparado para esa misión.
En la víspera, durante la noche de este miércoles, tres hombres murieron por arma de fuego en hechos registrados en las colonias Sánchez Taboada, Los Santos y en la tercera etapa de la canalización del Río Tijuana.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANTONIO HERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423852
Familiares de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que inicie un procedimiento formal contra el Estado Mexicano, por la presunta comisión del delito de ejecución extrajudicial.
Familiares de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que fueron asesinados durante un operativo de policías estatales y federales en diciembre de 2011, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que inicie un procedimiento formal contra el Estado Mexicano, por la presunta comisión del delito de ejecución extrajudicial.
Ambos normalistas murieron por impactos de bala, recibidos durante el desalojo policial de la Autopista del Sol realizado el 12 de diciembre de 2011, que estudiantes normalistas mantenían tomada a la altura de Chilpancingo, luego de que el entonces gobernador, Angel Heladio Aguirre, se negara a recibirlos.
Por la muerte de estos estudiantes, autoridades estatales ejercieron acción penal en contra de los agentes Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas, adscritos a la Policía Ministerial de Guerrero, quienes fueron retratados durante el operativo empuñando sus armas largas directamente hacia los manifestantes.
Además, tal como concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación especial por violaciones graves a los derechos humanos 1VG/2012, peritajes de balística demostraron que las balas que mataron a al menos uno de estos normalistas provinieron del punto en el que se encontraban ambos ministeriales.
La CNDH, además, demostró que uno de estos dos agentes participó en la acción policial de manera irregular, ya que estaba de descanso dicho día, a pesar de lo cual participó en el operativo, fusil en mano.
A pesar de estas evidencias, un año y tres meses después de ser detenidos, ambos agentes fueron liberados con el argumento de que no había pruebas suficientes en su contra.
La CNDH, asimismo, determinó que el entonces procurador de Justicia del Estado de Guerrero, Alberto López Rosas, tenía responsabilidad directa sobre los resultados del operativo, ya que violó la ley al enviar agentes Ministeriales a realizar labores de contención de protestas civiles, algo para lo cual no están facultados por la ley y, por lo tanto, para lo cual no cuentan con entrenamiento.
Además, la CNDH demostró que López Rosas mintió en distintas ocasiones, para intentar ocultar la participación de agentes armados de su corporación en el operativo.
A pesar de estos señalamientos, Alberto López Rosas no enfrentó ningún cargo penal, sino sólo la destitución, y tres años después, en febrero de 2015, incluso fue postulado como candidato a gobernador, por el Partido Humanista.
Otras irregularidades de la autoridad, comprobadas por la CNDH, fueron las agresiones físicas perpetradas tanto por policías estatales como por agentes de la Policía Federal en contra de 40 normalistas detenidos durante el operativo.
De ellos, 18 normalistas fueron detenidos por la Policía Federal, conducidos a su cuartel regional, golpeados en esas instalaciones, y luego puestos en libertad.
El resto de los normalistas detenidos por la policía estatal también fueron golpeados durante su detención, procesados penalmente, y días después liberados.
Uno de estos detenidos, además, fue torturado por agentes estatales, quienes lo presionaron para se autoincriminara por el asesinato de sus dos compañeros.
Hasta la fecha, ningún funcionario implicado en este operativo ha sido sancionado penalmente, además de que “el Estado Mexicano tampoco ha adoptado medidas necesarias y adecuadas para prevenir y garantizar que hechos similiares vuelvan a repetirse”, tal como destacaron las familias de los normalistas asesinados en 2011.
La demanda contra el Estado Mexicano presentado por estas familias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es secundada por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos, y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Cabe destacar que la interposición de esta demanda no implica su aceptación en automático, sino que, ahora, la CIDH deberá analizar el caso y determinar si han sido agotadas insatisfactoriamente todas las instancias legales nacionales, requisito indispensable para que el sistema de justicia interamericana (del cual el Estado Mexicano es parte) pueda emprender un juicio formal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARÍS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/denuncian-a-mexico-ante-la-cidh-por-asesinato-de-dos-normalistas-de-ayotzinapa-cometido-en-2011/
El portal permite revisar los registros de personas desaparecidas por entidad federativa, edad, sexo y nombre; además de verificar las recompensas ofrecidas por la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Con el objetivo de dar difusión permanente a la búsqueda de personas desaparecidas, la Procuraduría General de la República (PGR) puso en operación el portal “¿Has visto a…?” este jueves 17 de diciembre.
La PGR señaló que este nuevo portal es una herramienta tecnológica de cobertura amplia, permanente y en constante actualización.
“Este es un programa institucional de difusión, de apoyo a familiares de personas desaparecidas y que permite desarrollar cédulas de identificación, carteles y videos. Para acceder al programa se requiere realizar la denuncia ante la PGR y contar con número de averiguación previa en el ámbito federal”, explicó la Procuraduría en un comunicado.
El portal permite revisar los registros de personas desaparecidas por entidad federativa, edad, sexo y nombre; además de verificar las recompensas ofrecidas por la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Este nuevo portal también permite el acceso a otros programas, como Alerta Amber, y realizar denuncias ciudadanas que contribuyan a la localización de personas.
Dentro de la página http://www.gob.mx/pgr se pueden consultar las características del programa y sus beneficios, así como en el teléfono 01800-00854-00 del Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC).
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/has-visto-a-el-portal-de-la-pgr-para-personas-desaparecidas/
SAN LUIS POTOSÍ, SLP: La Minera San Xavier, que explota un filón de oro y plata a tajo abierto en el cerro de San Pedro, notificó a las autoridades federales que cerrará sus actividades en el primer trimestre de 2016, tras una década de operar en medio de litigios y denuncias ante instancias nacionales e internacionales presuntamente de devastar la zona y consumir el agua del valle de San Luis.
La notificación ya fue hecha a la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), según información publicada en el portal “Plano informativo de San Luis”.
La nota destaca declaraciones del delegado Édgar Durón, quien informó que la Minera San Xavier –filial de la canadiense New Gold– habría notificado a dicha instancia de manera oficial sobre el cierre, por lo que en enero iniciaría con el proceso de liquidación de los 300 empleados que laboran en sus instalaciones.
La Secretaría del Trabajo deberá acudir a realizar una revisión para corroborar que se cumpla con los derechos laborales previstos para este proceso, tales como los días correspondientes por año y el aguinaldo proporcional, todo establecido en el contrato colectivo.
Además, Minera San Xavier tendrá que responder a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en lo que respecta a la remediación de los impactos ambientales derivados de su operación en la zona.
La empresa analiza la posibilidad de reubicar a varios de los trabajadores, señaló el delegado.
La lucha del Frente Amplio Opositor a las operaciones de la MSX comenzó prácticamente desde que se anunció su instalación, debido a que se preveía una depredación en una zona histórica encabezada por el cerro de San Pedro, cuya imagen forma parte del escudo del estado y el cual prácticamente desapareció.
El Instituto Nacional de Ecología había otorgado en 1999 un cambio de uso de suelo en 347 hectáreas de una zona que originalmente era un área natural protegida para el proyecto de explotación de oro y plata.
Desde el 2005, una sentencia de tribunales federales negó la autorización del uso de suelo a la empresa, criterio que fue ratificado en posteriores demandas en los años siguientes, debido a que la minera continuó con sus actividades prácticamente de manera ininterrumpida, salvo un par de clausuras temporales que superó con amparos.
En 2009, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió que la autorización otorgada a la MSX en abril del 2010 por la Secretaría del Medio Ambiente para operar en forma condicionada, fue indebida, a pesar de lo cual la empresa continuó con los trabajos de tajo a cielo abierto, depositando a los costados del cerro toneladas de desechos con cianuro que actualmente forman elevados montículos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423858
MÉXICO, DF: Paulo Diez Gargari, representante legal de Infraiber, exigió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) que investigue y, en su caso, sancione las irregularidades cometidas por OHL México por no haber informado al público del nombramiento de Mario de la Vega Grajales como director general de Concesionaria Mexiquense SA de CV, así como de su separación del puesto.
En un escrito dirigido al presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, Diez Gargari precisa que en la página de internet de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se puede ver un apartado identificado como “Estructura”.
Ahí, apunta, se muestra la fotografía, cargo y currículum vitae de diversos servidores públicos de esa dependencia, entre ellos Mario de la Vega Grajales, a quien se identifica como director general de Vinculación de la secretaría.
En el currículum vitae de De la Vega, añade, destaca dentro de su experiencia en el sector privado el haberse desempeñado como director general de “Concesionaria Mexiquense OHL” en 2011.
Diez Gargari puntualiza que en ese año OHL México ya era una emisora de valores, por lo que debió haber informado al público del nombramiento de De la Vega Grajales y de su separación del puesto “por renuncia, despido o destitución, según fuera el caso, pero no lo hizo”.
Por ello, pide a González Aguadé “que la Comisión a tu cargo investigue las razones” por las cuales OHL México no dio a conocer esa información, “pues resulta difícil creer que se trate de un simple error o de un descuido”.
Subraya: “Lo anterior es relevante”, toda vez que Mario de la Vega “tiene una larga trayectoria y experiencia en el sector público, “pero no parece que en 2011 tuviera experiencia alguna como director general de sociedades concesionarias de infraestructura carretera en nuestro país”.
En realidad, durante los cinco años previos a su designación como director general de OHL, fue director general adjunto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y a partir de diciembre de 2013 es servidor público de la SCT, dice el texto dirigido a González Aguadé.
Diez Gargari mantiene abierta una batalla con OHL desde hace varios meses porque supuestamente le ha impedido a Infraiber auditar el aforo y los ingresos del Circuito Exterior Mexiquense.
En una entrevista que dio a Carmen Aristegui en septiembre pasado en CNN, explicó que el de OHL “es un proyecto de infraestructura carretera en el Estado de México que se licitó en 2003, de 155 kilómetros, con un costo de 5 mil 500 millones de pesos, pero hoy tenemos sólo 110 kilómetros construidos y según OHL una inversión de más de 50 mil millones de pesos”.
Ahí, dijo, “hay algo mal, no hace falta ser un experto para saber que hay algo mal. No sólo se queda ahí el tema, sino que con los 52 mil millones de pesos que tienen registrados, pretenden tener una cuenta por cobrar en contra del gobierno del Estado de México por esa cantidad”.
En la entrevista, unas horas después de ser liberado tras una sorpresiva detención, Diez Gargari recordó: “Nosotros representamos a una empresa (Infrabier) que tiene un contrato celebrado con el gobierno del Estado de México para auditar de manera independiente los aforos vehiculares, el nivel de servicio, los ingresos… Es un sistema que permite al gobierno darle un seguimiento y objetivo de cómo recuperan los concesionarios su inversión.
“Es un tema fundamental, no me opongo a que los concesionarios ganen dinero, deben ganar dinero y mucho dinero, porque es un proyecto de riesgo, pero la entidad que otorga las concesiones debe saber cuánto le debe”, señaló entonces.
Y precisó que hay una pregunta que le han hecho reiteradamente al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, pero no contesta: “¿Cuánto se le debe a OHL en el Circuito Mexiquense? Llevamos seis meses preguntando, y yo digo: ¿es muy difícil? ¿No podemos saber los mexicanos cuánto se le debe a un concesionario?”.
El abogado expresó que ”OHL no ha dado un sólo argumento en el que nos diga por qué hace lo que hace (presunta manipulación contable), su único argumento es ‘yo soy bueno, cotizo en bolsa, me audita Deloitte’ y no tienen qué cuestionarme. Es como si el padre Maciel nos hubiera dicho, como lo dijo tantas veces: yo no soy violador de niños, porque soy el fundador de los Legionarios, esas razones no son razones para nosotros”, comparó.
“Yo estoy denunciando varias cosas, pero la primera que queremos saber es: señor gobernador (del Estado de México) cuánto se le debe a OHL en el Circuito Mexiquense, porque eso lo pagamos cada una de las personas que pasamos por ahí… no me gusta que alguien gane o se apropie de lo que no tiene derecho”, explicó.
Sostuvo que en su opinión “OHL ya recuperó su inversión en ese proyecto, por lo que debe devolver esa concesión al Estado de México. No lo estoy pidiendo para mí, en los juicios no hemos pedido el pago de daños y perjuicios ni el pago de honorarios de abogados, lo único es que queremos instalar nuestro negocio para auditar a OHL o a quien sea… así la ciudadanía tiene la garantía que lo que paga es consistente”. Pero dicho contrato fue cancelado por el gobierno del Estado de México.
Ante ello. consideró que “este es el caso de corrupción más grave de la historia reciente de nuestro país”.
El pasado 21 de octubre Infraiber presentó dos nuevas demandas contra OHL México, una para pedir “la invalidez y nulidad absoluta” de una modificación del título de concesión de una autopista que opera en el centro del país y otra para exigir la eliminación de un monto contabilizado “erróneamente” como inversión.
En un comunicado, la empresa de tecnología aplicada indicó entonces que una de las demandas fue presentada por la sexta modificación del título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense, pactada el 20 de enero pasado con el gobierno del central Estado de México.
Según Infraiber, el cambio permite a la constructora y operadora de infraestructura seguir cobrando a los usuarios del Circuito por un sistema de auditoría del tráfico que no está funcionando.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423880
Ante el amago de los alcaldes de cerrar la avenida Constituyentes, Delegación Alvaro Obregón, donde se encuentran las oficinas de la dependencia, una comisión fue recibida por el funcionario.
Alcaldes de Chiapas, Oaxaca y Guerrero protestaron la tarde de este jueves afuera de las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en demanda de que les sean entregados mil 200 millones de pesos que estaban presupuestados este año para el combate a la pobreza en sus municipios.
La treintena de mandatarios locales, acompañados del Senador por Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, buscaban una reunión con Isaac Gamboa, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal (UPCP) para exigirles los recursos federales.
“Estamos a unos días de que termine el año, el ejercicio fiscal para muchas dependencias ha cerrado y las autoridades no han recibido respuesta. […]. Se les ha mentido, se les ha engañado, se han burlado de ellos”, aseguró el legislador perredista.
Robles Montoya detalló que las autoridades federales no entregan los recursos argumentando que los alcaldes no han hechos los trámites de manera correcta y que no han entregado los expedientes que se les solicitan, sin embargo, dijo, el papeleo se ha hecho de manera correcta.
Las autoridades municipales, dijo el Senador del Sol Azteca, denunciaron que en el caso de los expedientes que se entregaron con errores, la SHCP tardó demasiado en informar a los ayuntamientos sobre las observaciones que tenía su documentación, mismas que, dijeron, les fueron notificadas vía postal pese a que se les solicitó un correo electrónico.
Mientras que quienes lograron acceder a las observaciones de sus expedientes el curso del trámite ha sido demasiado lento, “al grado que de aproximadamente 300 municipios de Oaxaca etiquetados en dicha convocatoria apenas 30 han recibido los recursos”.
“No hay justificación a lo que ha hecho la Secretaría de Hacienda, quien es el responsable, es Enrique Peña Nieto que mintió cuando dijo que iba a asignar recursos a los municipios más pobres, es el Secretario de Hacienda [Luis Videgaray Caso] que no hace lo que le dicen sus jefes, alguien les está mintiendo a estas dos personas, el subsecretario de egresos está siendo engañado por sus colaboradores, pero la verdad las autoridades presentes no han recibido los recursos”, dijo el Senador.
Dijo que la falta del dinero ha provocado problemas a los ediles con los ciudadanos, quienes, aseveró, creen que el dinero ya fue robado por éstos. “Ahora resulta que ellos va a pagar los paltos rotos ante los ciudadanos”, lamentó Robles.
Ante el amago de los alcaldes de cerrar la avenida Constituyentes, Delegación Alvaro Obregón, donde se encuentran las oficinas de la dependencia, una comisión fue recibida por funcionarios.
De acuerdo con el informe Medición de la Pobreza en México 2014, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2013 y 2014, Oaxaca, gobernada por Gabino Cué Monteagudo abonó 228 mil 153 nuevos pobres.
En el caso de Chiapas, poco más de 1 millón de personas son las que no están dentro de ese rubro, el resto, más de 4 millones de personas sobreviven con un ingreso mínimo; más de 178 mil son nuevos pobres en este periodo, y en promedio, la población vive con cinco carencias, de las cuales también sobresalen las cifras de personas con carencia alimentaria y de vivienda.
Mientras que Guerrero, un estado históricamente pobre, registró una disminución en el nivel de pobreza de 4.5 por ciento en este mismo lapso.
“Si se analizan los datos económicos del Inegi [Instituto Nacional de Geografía y Estadística], es notorio que Guerrero creció más que el promedio. Además, se hizo un esfuerzo gubernamental importante para mejorar la pobreza extrema. Esos dos casos explican Guerrero, y sí es evidente una reducción importante en la pobreza”, dijo Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Coneval.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-12-2015/1580158
La Cámara de Diputados aprobó la entrega de un bono por 180 millones de pesos que fue repartido de manera proporcional entre cada bancada partidista, sin mecanismos de control, ni de transparencia. Hasta el momento, Movimiento Ciudadano es el único partido que regresó los 5 millones de pesos que le correspondían.
A tres meses de iniciar el periodo legislativo, la Cámara de Diputados aprobó la entrega de una “subvención extraordinaria”, es decir, un bono, por 180 millones de pesos que fue repartido de manera proporcional al número de diputados que tiene cada bancada partidista, sin mecanismos de control, ni de transparencia.
Pero esta ha sido una práctica constante señalada por la Auditoría Superior de la Federación, que en 2013 recomendó a la anterior legislatura “fortalecer sus mecanismos de control y supervisión” en la entrega de “subvenciones”. Esto porque los diputados se había repartido bonos mensuales por 250 mil pesos para cada uno.
Además, la repartición de recursos del fondo “opaco” continuará para 2016, pues los diputados aprobaron para la partida “Otros Subsidios y Subvenciones” un presupuesto por mil millones 241 mil pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Este monto es equiparable a los mil 500 millones de pesos etiquetados en el presupuesto de 2016 para el programa Escuelas de Calidad, operado por la Secretaría de Educación Pública y que atiende a los estudiantes en zonas vulnerables del país.
Hasta el momento, sólo Movimiento Ciudadano regresó la subvención extraordinaria por 5 millones de pesos que le correspondía, según informó el coordinador de la bancada, Clemente Castañeda.
El análisis de la Cuenta Pública reportó que sólo en 2013, el monto de las “subvenciones” ascendió a poco más de mil cien millones de pesos, cifra superior a los 700 millones de pesos asignados a los diputados para atención ciudadana, asistencia y actividades legislativas, informes y otros apoyos.
No sólo se trata de un monto millonario sino que los 500 diputados no rindieron cuentas de ello. La Auditoría ni siquiera pudo comprobar que los diputados gastaron los recursos públicos en acciones legislativas.
“No se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar si los recursos se ejercieron en trabajos legislativos, por lo que persiste una limitada rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos por concepto de Subvenciones”, advirtió el informe.
Además, en 2013, dicho concepto tuvo ampliaciones presupuestarias netas por 308 millones de pesos, lo que representó 35.4% adicional al presupuesto original.
El informe de auditoría detalla que hubo varias entregas. Una se trató de una “subvención especial a los grupos parlamentarios” por 250 mil pesos. Esto como parte del Acuerdo del Comité de Administración del 4 de diciembre de 2012 para la Asignación de una Subvención Extraordinaria para los Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados de la 62 Legislatura, en el 2012.
Luego, los diputados hicieron una adecuación presupuestaria el 30 de abril de 2013, con movimientos de 11 millones de pesos nombrada como “subvención ordinaria variable”, para entregarlo sólo a dos Grupos Parlamentarios a través de mensualidades de 464 mil pesos mensuales a cada uno para el ejercicio 2013. Esto conforme al acuerdo del Comité de Administración del 26 de noviembre de 2012.
Sin embargo, ésta es violación a la Norma para Regular la Transferencia y Control de Recursos Financieros Asignados a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados, donde se advierte que “las subvenciones especiales son autorizadas en situaciones excepcionales y tienen el carácter de únicas para atender asuntos específicos”.
Pero los mismos diputados aprobaron la autorización para la entrega de recursos en el acuerdo séptimo de la Junta de Coordinación Política (los coordinadores de las bancadas), por el que se crea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura.
Y es que en el artículo 11 de la Norma para regular estos recursos se establece que la Junta de Coordinación Política podrá autorizar, en casos excepcionales, subvenciones adicionales por única vez para atender asuntos específicos, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal para ello.
En 2012, en el reporte de la Cuenta Pública ocurrió lo mismo. Los coordinadores de los grupos parlamentarios aprobaron que como parte de la “Subvención Ordinaria Variable” se registraron recursos provenientes de 12 subvenciones adicionales por 514 millones de pesos, lo que representó 133.3 % respecto del presupuesto original previsto para la partida.
Esto “permite presumir que las subvenciones adicionales no correspondieron a casos excepcionales como lo establece la norma respectiva”.
Por lo tanto, la Auditoría recomendó que la Cámara de Diputados realizara las acciones necesarias para que las asignaciones adicionales cumplieran con la normativa que corresponden a “casos excepcionales para atender asuntos específicos”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/los-bonos-a-diputados-opacos-y-sin-rendicion-de-cuentas-auditoria/
Beltrones reportó joyas por un 1.5 millones, así como tres inversiones con saldos mayores a 500 mil pesos y tres camionetas.
En 2014, el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, tuvo ingresos por dos millones 819 mil 538 pesos, de acuerdo con su declaración patrimonial que hizo pública al unirse a la iniciativa #3de3.
Tan solo como remuneración por cargos públicos, el priista, quien aún era diputado federal, recibió un millón 689 mil 841 pesos. El resto (un millón 129 mil 687) lo obtuvo por “actividades financieras” como rendimiento de valores o contratos bancarios, plusvalías de participación accionaria e ingresos por préstamos.
Beltrones reportó obras de arte con un valor estimado de 6.5 millones de pesos, joyas por un 1.5 millones, así como tres inversiones con saldos mayores a 500 mil pesos y tres cuentas de cheques con menos de 100 mil pesos.
Además, declaró dos propiedades que heredó en 2015: un departamento en el Distrito Federal (DF) con un valor de 2.5 millones de pesos y una casa en Cuernavaca de 5.9 millones. A ellas se le suman cinco bienes inmuebles a nombre de su cónyuge: una casa en DF, otra en Hermosillo y dos terrenos más en esa ciudad que pagó de contado el priista y un departamento en Acapulco.
El líder nacional del PRI declaró tener tres camionetas (una BMW, una Suburban y una Toyota) que suman más de 2.1 millones. A su cónyuge le donó dos autos, uno modelo 2010 y otro del año.
Beltrones siguió los pasos de sus homólogos del PRD, Agustín Basave, y del PAN, Ricardo Anaya, quienes dieron a conocer sus ingresos en abril y noviembre pasado, respectivamente.
Hoy se sumó a #3de3 @MFBeltrones, Presidente de @PRI_Nacional. Consulta sus declaraciones en https://t.co/5WRVyf9EV4 pic.twitter.com/NlQSw6vaVn
De los tres, el priista es quien más ingresos registró en 2014. Le sigue Basave, quien reportó un millón 539 mil pesos y luego Anaya con un millón 158 mil 333 pesos.
Declaraciones patrimoniales: Dirigentes priistas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/beltrones-en-2014-gano-2-8-mdp-reporta-siete-inmuebles-y-6-5-mdp-en-obras-de-arte/
VILLAHERMOSA, Tab: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección para alcalde del municipio de Centro y revocó la constancia de mayoría al perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa.
Al filo de la medianoche del miércoles, los magistrados por unanimidad revocaron la resolución de la Sala Regional Xalapa que había restituido el triunfo a Gaudiano Rovirosa, mismo que había sido anulado previamente por el Tribunal Electoral de Tabasco (TET).
Ahora el Congreso del Estado tendrá que nombrar un consejo municipal y convocar a elecciones extraordinarias para elegir nuevamente al alcalde del municipio más importante de Tabasco.
Los magistrados de la Sala Superior deploraron el “desaseo” ocurrido el 7 de junio, en la jornada electoral, y los días posteriores en que se efectuó el cómputo.
Sus argumentos fueron los mismos que esgrimió el TET el 14 de agosto cuando anuló la elección, en relación a que no hubo certeza en el manejo de los paquetes electorales entregados en el Consejo Municipal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), muchos fuera de tiempo, otros no entregados, actas inexistentes y toda una serie de “conductas antijurídicas”.
Destacaron que en el Consejo Municipal del IEPCT sólo se recibieron 242 paquetes de 792 casillas que se debieron haber instalado.
Los comicios para alcalde de Centro fueron impugnados por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El PRD y Panal postularon como candidato a Gerardo Gaudiano Rovirosa; el PRI a Evaristo Hernández Cruz; PVEM y PAN a Rosalinda López Hernández y Morena a Octavio Romero Oropeza.
Esta es la segunda vez en 15 años que se anula una elección de Tabasco.
En el año 2000, el TEPJF anuló la elección para gobernador y revocó la constancia de mayoría al priista Manuel Andrade Díaz, ahora diputado local electo y coordinador de la bancada tricolor en la LXII legislatura, que entrará en funciones el próximo 1 de enero.
En su cuenta de Twitter, Gerardo Gaudiano lamentó la resolución de la Sala Superior del TEPJ, “pero la sentencia final la dictarán los ciudadanos de Centro, Tabasco”, escribió.
El priista Evaristo Hernández Cruz, también vía Twitter, manifestó: “Agradezco a Dios por hacer Su justicia, a mis amigos por su lealtad y nuestras autoridades por su objetividad y compromiso”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423798
