Búsqueda de niños y adolescentes deben ser prioridad en ley contra desapariciones forzadas: CNDH

El primer visitador señaló que la desaparición de una niña, un niño o un adolescente, además de significar la violación de múltiples derechos, constituye una forma extrema de violencia contra la niñez.

La Ley General de Desapariciones Forzadas, que será discutida en el Senado de la República, debe dar prioridad a la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, además de agravar la pena cuando la víctima sea menor de 18 años, propuso Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

En el foro: “Desapariciones en México. Una mirada desde los derechos humanos de la infancia”, Eslava Pérez destacó que la desaparición de personas es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, que obliga a articular esfuerzos entre las víctimas, las organizaciones civiles, los organismos públicos de derechos humanos, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general.

“Este desafío se vuelve impostergable cuando se trata de la desaparición de niñas, niños y adolescentes, cuando se habla de establecer las medidas necesarias  para garantizar sus derechos a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, así como la integración de políticas públicas y programas que atiendan de manera integral a nuestra niñez y adolescencia, privilegiando su interés superior”, agregó.

El representante de la CNDH propuso que en dicha ley haya un apartado dedicado a las víctimas directas e indirectas menores de edad, y se disponga la creación de áreas y protocolos especializados no sólo en la investigación de los casos, búsqueda y procesamiento de información, sino en la sistematización de los datos obtenidos, que permita realizar un mapeo de los factores de riesgo que inciden, en cada región del país, en la comisión del delito de desapariciones contra niñas, niños y adolescentes y sus consecuencias.

Precisó que esa Ley General tendrá que transversalizarse con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en lo referente a las atribuciones del Sistema Nacional de Protección, las Secretarías Ejecutivas, las Procuradurías de Protección, los Sistemas DIF y las normas que rigen los centros de asistencia social, las medidas de protección especial, los sistemas de información, y la situación que guardan los derechos de este sector.

Y dijo que las acciones que se implementen deben tener como objetivo primordial visibilizar la problemática en la materia y generar un marco normativo general que sirva de modelo nacional para la prevención, investigación, sanción y reparación del daño a las víctimas directas e indirectas de la desaparición forzada de personas y de la desaparición de personas cometida por particulares.


El primer visitador planteó la creación de un Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, responsable del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas; la profesionalización y capacitación de los servidores públicos encargados de la investigación, búsqueda y procesamiento de información, así como de un banco de información genética que favorezca la identificación de las personas desparecidas

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Mancera ofrece Constitución de izquierda, pero entregó al PRI la Constituyente: Morena

MÉXICO, DF: El presidente de Morena en la capital del país, Martí Batres, criticó la reforma política que convirtió al Distrito Federal en la Ciudad de México y en el estado 32 del país, porque “pone en riesgo todo lo que se ha logrado para la gente”.

En rueda de prensa, convocó a los capitalinos a defenderse del jefe de gobierno Miguel Angel Mancera, debido a que junto con el PRD entregaron al PRI la representación de la Asamblea Constituyente, instancia que aprobará la Constitución del a Ciudad de México.

De 100 diputados que conformarán la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, al menos 40, acusó Batres, serán designados por “dedazo”. En su opinión, “se trata de un agandalle”.

Lo anterior, dijo, porque con su tradicional porcentaje de votos el PRI tendría seis diputados constituyentes. Pero por “dedazo” del Senado otros siete, de la Cámara otros seis y de Presidencia seis más, lo que le daría al tricolor una sobrerrepresentación.


“Mancera dice que propondrá Constitución de izquierda. ¿Y entonces por qué entregó a la derecha la mayoría de la Asamblea Constituyente?”, inquirió.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
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Roma-Condesa, territorio apache

MÉXICO, DF: El corredor Roma-Condesa no solo es una de las zonas de moda de la Ciudad de México por sus bares, restaurantes, galerías y parques y porque ha sido habitada por la clase media hipsteriana o de la generación millennials, sino que desde hace un tiempo es una zona bajo el dominio del primer grupo del crimen organizado chilango conocido como La Unión.

La Unión se formó hace menos de una década y según algunas versiones fue la conjunción de las bandas de las colonias Tepito, Morelos y Guerrero que precisamente unieron sus fuerzas y armas para repeler el control que pretendían ejercer tanto La Familia Michoacana como los cárteles de Sinaloa y del Golfo.

Por décadas, estas tres colonias han sido las principales surtidoras para la Ciudad de México de todo tipo de mercancía extranjera introducida al país ilegalmente conocida como “fayuca”. Con el paso de los años también se transformó en centro de distribución de drogas y armas, extendiendo sus ramas hacia la zona de Iztapalapa que, a su vez, se contacta con los municipios de Chalco y Nezahualcóyotl por donde pasa la droga que viene de Guerrero y pasa por Morelos.

Los grupos locales del triángulo Tepito, Morelos y Guerrero se fortalecieron económicamente y comenzaron a extender sus actividades con el cobro de derecho de piso al comercio informal, venta de autopartes, armas y el trasiego hacia otras zonas de la Ciudad de México.

El auge de restaurantes, bares, cantinas y antros en las colonias Roma y Condesa, así como el boom inmobiliario que atrajo a la población joven capitalina, llamó de inmediato la atención de La Unión pues se trataba de un mercado natural para el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas y de todo tipo de drogas.

Las autoridades de la delegación Cuauhtémoc –la más importante económica y políticamente del Distrito Federal– tienen detectada a gente de La Unión operando en las colonias de moda Roma-Condesa, donde lo mismo hacen el trasiego y venta de drogas en las calles más céntricas como Tamaulipas, Michoacán, Alfonso Reyes, Saltillo, Álvaro Obregón, Orizaba, Colima y otras más donde se concentran los bares y antros, que cobran derecho de piso aunque no se quiera reconocer oficialmente.

La violencia ya se han manifestado en estas dos colonias donde ha habido invasiones de terrenos y edificios por supuestos integrantes de la extinta Asamblea de Barrios, asaltos a transeúntes, robos a mano armado en algunos restaurantes así como ejecuciones en las afueras de algunos antros.

Apenas el pasado fin de semana, en mitad de la calle Saltillo de la Condesa, en las afueras del bar Dussel –que abre sólo en las madrugadas y cierra cuando ya el sol está en el cenit–, desde una moto un hombre mató a dos personas. Hace siete meses aproximadamente, en esa misma calle esquina con Alfonso Reyes fue ejecutado el dueño de un bar conocido como LIFE.

Lo que pasa en estas dos colonias de antaño es apenas una muestra del incremento de la violencia en la Ciudad de México en 2015: con poco más de 600 asesinatos se vive uno de los momentos más violentos desde hace dos décadas.

Los habitantes de otras colonias de la capital tampoco se sienten a salvo. Los barrios antiguos de Azcapotzalco, Tacuba, Santa María La Ribera, Centro, Iztapalapa, Escandón, Obrera, Doctores, entre mucha otras, viven la violencia producida por las pandillas que trasiegan con las droga a toda hora.


Los villanos alcanzaron la gran ciudad, el cinturón de policías que se había formado su alrededor sucumbió una vez más al poder corruptor del crimen organizado que se ha unido a algunas autoridades.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (REPORTAJE ESPECIAL).
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Acusan a Graco Ramírez de adjudicar obra a consuegro; el gobierno lo niega

CUERNAVACA, Mor: El gobierno del estado admitió que las obras de remodelación del estadio Agustín Coruco Díaz, ubicado en Zacatepec, no fueron licitadas, sino asignadas “por adjudicación directa” a la empresa AyPP, propiedad del poblano Armando Prida, quien también es dueño del diario Síntesis de Puebla y consuegro del gobernador Graco Ramírez.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina acusó a la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos de “pretender confundir a la opinión pública con mentiras” para desacreditar al gobernador Graco Ramírez, pero “no permitiremos que se hagan acusaciones sin fundamento”.

Luego de asegurar que el contrato de las obras de remodelación del coloso “es público” y puede ser consultado por cualquier ciudadano, admitió que se adjudicó “de manera directa” en apego a la ley.

Destacó que la obra tuvo un costo total de 486 millones 801 mil 804 pesos, “incluyendo el IVA”, y fue asignada por adjudicación directa en concordancia con el artículo 39, fracción I, de la Ley de Obra Pública.

Citó: “Las dependencias, secretarías o ayuntamientos (…) podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través del procedimiento de licitación restringida o de adjudicación directa cuando el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de (…) la titularidad de patentes, derechos de autor y otros derechos exclusivos”.

Y negó que la empresa AyPP Constructores SA de CV tenga alguna relación con el empresario Armando Prida, consuegro de Graco Ramírez, como lo dio a conocer la Coordinadora Morelense.

“En el acta constitutiva de estas (empresas) no figura ninguna persona con el apellido (Prida) que tendenciosamente fue señalado. Estas empresas, como todas las que trabajan con el gobierno, cuentan con todos los requisitos a los que la ley les obliga y se encuentran inscritas ante el Registro Público de la Propiedad. Sus actas constitutivas pueden ser consultadas por cualquier ciudadano que así lo desee”, subrayó.

Quiroz Medina insistió que la obra del estadio fue exhaustivamente auditada y revisada por la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal, la Auditoria Superior de Fiscalización de Morelos –hoy Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso local–, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, además de que se le realizó una auditoria especial a petición de los legisladores morelenses.

Remató: “No tenemos nada que esconder. En Morelos la ley se cumple y se hace cumplir. En Morelos no permitiremos que se hagan acusaciones sin fundamento. El gobierno del estado reitera su disposición para aclarar de frente a la ciudadanía y las veces que sea necesario, las dudas que surjan en materia de asignación de obra pública”.

El vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, Gerardo Becerra Chávez de Ita, informó que este medio día entregó al Congreso local una prueba más en la demanda de juicio político que solicitaron contra el gobernador Graco Ramírez por la asignación directa de la obra en cuestión.

Se trata de una copia del contrato que, dijo, demostraría la violación a la Ley de Obra Pública en la aplicación de un crédito por 2 mil 806 millones de pesos.

De acuerdo con Becerra, dicho documento exhibe que el gobierno de Graco Ramírez favoreció a la empresa AyPP Constructores S.A. de C.V., al asignarle una obra de esa magnitud sin licitarla, lo que demuestra el manejo irregular del crédito, motivo por el cual se presentó la solicitud de juicio político.


“Aquí está el contrato y se lo vamos a exhibir al Congreso como una prueba indubitable para que se den cuenta de lo mal que obró el gobernador en el gasto y en la operación del crédito”, expuso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
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Davos: Peña Nieto participará en sesión plenaria sobre América Latina

El presidente de México será parte de la mesa llamada "Una nueva agenda para América Latina" (A New Agenda for Latin América)

El presidente Enrique Peña Nieto llegó a las 21:15 hora local (14:15 hora del centro de México), a Zurich, a bordo del avión presidencial TP-01, para participar en el Foro Económico Mundial de Davos.

Luego de finalizar una gira de trabajo por cuatro países de Medio Oriente, el mandatario mexicano llegó acompañado de su comitiva, al aeropuerto internacional de Zurich, para después partir hacia Davos, donde pernoctará.

Las actividades públicas del presidente Peña Nieto iniciarán con una reunión con Johann Schneider Ammann, presidente de la Confederación Suiza, y más tarde participará en la sesión plenaria “Una nueva agenda para América Latina” (A New Agenda for Latin América) junto con el académico Moises Naim.

Este año, el tema de la cumbre económica, a la que asistirán 40 jefes de Estado y de gobierno, es “Dominando la cuarta revolución industrial”, y en la que se tratarán temas de telecomunicaciones, medio ambiente y seguridad, entre otros.


El Foro Económico reúne este año a cerca de dos mil 500 participantes de más de 100 países.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2101/mexico/pena-nieto-participara-en-suiza-en-sesion-plenara-sobre-america-latina/

Alto a la campaña de desprestigio contra el GIEI, exige IM-Defensoras

Activistas por los derechos humanos de México y Centroamérica defendieron el trabajo de Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, ante las "calumnias y difamaciones" que se han difundido en días recientes.

Defensoras de derechos humanos en México y Centroamérica exigieron que se detenga lo que llamaron una “campaña de desprestigio” contra dos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Hemos tenido conocimiento de las calumnias y difamaciones que se han difundido en últimas semanas contra la labor de expertas internacionales (Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz) , a través de declaraciones a los medios de comunicación, conferencias en universidades y redes sociales, intentando deslegitimar la labor de las reconocidas abogadas”, aseveró en un comunicado la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

Las activistas recordaron que “ambas exfiscales han sido reconocidas a nivel internacional por investigar crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales; así como por juzgar y denunciar la corrupción en sus respectivos países”.


Comunicado íntegro de IM-Defensoras:

Pronunciamiento IM-Defensoras sobre GIEI:

  Pronunciamiento IM-Defensoras sobre GIEI

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2101/mexico/alto-a-la-campana-de-desprestigio-contra-el-giei-exige-im-defensoras-documento/

Aprueban “fast track” reforma que niega derecho al aborto en Veracruz

XALAPA, Ver: Sin debate alguno y con una mayoría aplastante de 38 votos a favor y seis en contra, el Congreso local aprobó hoy vía fast track la iniciativa presentada este mismo jueves por el gobernador priista Javier Duarte para reformar la Constitución estatal, a fin de proteger “la vida al momento de la concepción y hasta la muerte natural”.

Con este “albazo” legislativo ahora se criminalizará el derecho de las mujeres en la entidad a decidir sobre sus cuerpos, pues no podrán recurrir al aborto legal, tal y como ha ocurrido desde 2008 en otros 16 estados del país, donde también se reformaron las constituciones locales en ese mismo sentido.

Con el apoyo de la fracción parlamentaria del PAN –instituto que históricamente se ha opuesto al derecho al aborto–, la iniciativa de Duarte de Ochoa se aprobó en primera vuelta por “obvia y urgente resolución” para la modificación de la Constitución Política del estado y así “defender la vida al momento de la concepción”.

Y es que al tratarse de una reforma constitucional en el estado, el Congreso local debe realizar una segunda votación para ratificar la iniciativa con la aprobación de una mayoría calificada (dos terceras partes de la Cámara de Diputados).

Al momento de que se presentó la iniciativa ante el pleno legislativo, la diputada por el PVEM, Mónica Robles Barajas, presidenta de la Comisión de Género y Familia, manifestó en tribuna su rechazo a castigar el aborto como un homicidio, sin importar en qué momento se interrumpa el embarazo.

“Aprobar la iniciativa de hoy abre la puerta para modificar el Código Penal y se castigue (el aborto legal); para eso es esta iniciativa; no tiene otra razón de ser”, acusó.

La legisladora lamentó que la modificación se hubiera dado por una razón política de “negociación”, y no para resguardar a las mujeres de la entidad.


“Espero que voten de acuerdo con su conciencia; estamos por terminar nuestra labor legislativa, el periodo, y hasta ahí terminará nuestra oportunidad de hacer las cosas pensando en el bien de la gente, no la desperdiciemos”, convocó Robles Barajas previa votación que avaló –en primera instancia– la reforma constitucional.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISABEL ORTEGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427219

Malecón Tajamar: devastación permitida por el gobierno

CANCÚN Q. Roo: La tarde del 15 de enero, cuando parecía inminente la incursión de trascabos y camiones al Malecón Tajamar, la activista Katerine Ender Córdova solicitó el apoyo de la Gendarmería de la Policía Federal (PF) para frenar el ecocidio en este predio de 59 hectáreas, propiedad del Fondo de Fomento al Turismo (Fonatur).


La representante de la agrupación Guardianes del Manglar de Cancún confiaba en que los elementos de la Gendarmería, que apenas días antes había intervenido para evitar el ingreso de maquinaria y trabajadores, impedirían la incursión definitiva a Malecón Tajamar. Pero no fue así.

“Estoy fuera, pero le dejo un número. Marque y ahí le van a atender”, respondió un elemento a la activista.

Katerine Ender marcó de inmediato, pero la respuesta no fue la que esperaba.

“No podemos intervenir. Tenemos la orden. No podemos ir, es propiedad privada”, fue la respuesta del mando de la PF que le contestó.

Horas más tarde, alrededor de las 3 de la madrugada, entró un convoy de 150 vehículos, entre buldócer y camiones de volteo.

El ingreso fue resguardado por granaderos de las secretarías municipal y estatal de Seguridad Pública, por lo que la activista concluyó: “Claro que fue una acción concertada”.

Las contradicciones fueron evidentes pues, refiere, en primer lugar Malecón Tajamar es propiedad de Fonatur que es una entidad pública, y segundo, si fuera “algo privado”, no debieron estar policías estatales y municipales.


Además Ender Córdova destaca que Fonatur, el gobierno estatal y el ayuntamiento de Benito Juárez pasaron por alto que hay por lo menos media docena de procesos legales para evitar la afectación a especies protegidas dentro Malecón Tajamar, incluido el mangle.

“Ninguna autoridad intervino en atención a los recursos legales promovidos por organizaciones ciudadanas y ambientalistas para proteger Tajamar”, lamenta.

La incursión del convoy de 150 vehículos con el resguardo de granaderos, fue el capítulo final de la destrucción que inició en julio de 2015, cuando máquinas y trabajadores iniciaron con las obras de desmonte, al devastar cuatro predios de Tajamar.

Desde hace seis meses ciudadanos indignados empezaron las movilizaciones, y desde el 30 de julio instalaron tres plantones en los predios devastados con los nombres: Cocodrilos, Máquinas y Table.

Inmunes

Desde 2005 Fonatur obtuvo los permisos para devastar Malecón Tajamar, ubicado entre lo que hoy es la megaplaza comercial Malecón Cancún y el sistema lagunar Nichupté.

A lo largo de 10 años, Fonatur invirtió 518 millones de pesos para la infraestructura urbana y turística de Tajamar que incluyó precisamente un malecón, paralelo al sistema laguna Nichupté, de mil 100 metros lineales con concreto estampado, así como servicios de agua potable y energía eléctrica con cables subterráneos, además de una rambla de 617 metros de longitud y un camellón de 40 metros de ancho.

El espacio se convirtió en uno de los favoritos de los corredores para trotar entre las “manzanas” cubiertas de vegetación,  y también fue usado para conciertos y bailes del carnaval.

Fue en julio de 2005, en el tramo final del gobierno del panista Vicente Fox, cuando la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó en materia de impacto ambiental a Fonatur el desarrollo del “Anteproyecto Malecón Cancún”, en una superficie de 58.79 hectáreas.

Desde entonces se determinó que en 49.10 hectáreas se llevaría a cabo la remoción de vegetación hidrófila (manglar, sabana y graminoides), selva baja caducifolia y secundaria.

Con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Fonatur y las empresas inmobiliarias que adquirieran lotes dentro del polígono de Tajamar quedaron protegidas ante las reformas que se hicieron posteriormente para proteger al mangle, lo cual ocurrió dos años después.

El 1 de febrero de 2007 fue expedido el decreto por el que se adicionó un artículo –60 TER– y un segundo párrafo al artículo 99 a la Ley General de Vida Silvestre.

La reforma no tiene margen a interpretación:

“Artículo 60 TER.- Queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos”.


Sin embargo, Fonatur y los desarrolladores ya estaban exentos e inmunes a este decreto.

Contraofensiva legal

La resistencia civil iniciada por la destrucción de los primeros lotes, en julio de 2015, complicó los planes de Fonatur.

Los plantones en los tres lotes fueron reforzados con denuncias que diversas agrupaciones y ciudadanos presentaron ante distintos organismos y  dependencias.

El recurso que cobró mayor resonancia fue el amparo presentado por 113 niños contra las autorizaciones otorgadas por diversas autoridades, incluida la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Benito Juárez.

Un juez federal otorgó en noviembre pasado la suspensión provisional en favor de 113 niños que promovieron un amparo contra la devastación del manglar.

El problema fue que al mismo tiempo el juez fijó fianza de 21 millones para ratificar la suspensión de las obras.

El monto de la fianza se fijó con base en la tasa TIIE a 28 días y en proporción al valor de los terrenos de Malecón Tajamar.

Los abogados que apoyan el movimiento en favor de Tajamar promovieron entonces un recurso de revisión sobre la fianza fijada por el juez Miguel Nahim Nicolás Jiménez.

Según los cálculos de los abogados, este recurso incidental tardaría tres meses en resolverse, es decir, hasta febrero, cuando ya no tendría vigencia la autorización de la MIA otorgada por Semarnat a Fonatur.

Fonatur mintió

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó otro recurso de amparo el pasado 31 de julio contra la Autorización de Impacto Ambiental condicionada que la Semarnat otorgó en favor del Fonatur para la construcción del Malecón Tajamar.

En la demanda de amparo, Cemda sostiene que dicha autorización debe invalidarse toda vez que se presentó información falsa para obtenerla, pues se omitió señalar la existencia de manglar en la zona.


En la demanda el grupo ambientalista resaltó: “resulta extraño y hasta contradictorio que en la Autorización se señale que el predio no presenta características naturales relevantes o excepcionales, cuando en la misma se establece que, del total del predio, el 64% (37.61 hectáreas) comprende vegetación hidrófila, entre ellas manglar primario, manglar secundario y manglar de Conocarpus-Rhizophora”, los cuales además sólo se desarrollan en los ecosistemas de humedales costeros.

El 4 de agosto, dotada con unas cuatro mil 350 firmas, la activista Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema), presentó una denuncia colectiva ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la devastación de mangle y una decena de especies silvestres en peligro de extinción en Malecón Tajamar.

Casi de manera simultánea, otro grupo de activistas presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el desmonte y relleno en el mismo lugar.

El recurso fue presentado por el abogado Gerardo Solís Barreto, que fue admitido por la CNDH con el folio CNDH/6/2015/6584/Q.

El criterio legal para esta queja, precisó el abogado Solís Barreto, se basa en que la CNDH está en condiciones de iniciar las investigaciones para determinar las probables violaciones a los derechos humanos ambientales de los cancunenses.

Y además, un grupo de activistas, especializados en asuntos de derechos humanos, interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR).

“Hay una denuncia en la PGR desde septiembre del año pasado por daño a especies protegidas, pero no ha caminado”, dijo el activista Leonardo Kumul.

Por si fuera poco, el propio gobierno estatal a través del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental  (Inira), que autorizó el proyecto del Dragon Mart, recomendó a la Semarnat no otorgar la MIA a Fonatur.

De acuerdo con Alejandra Serrano, representante del Cemda del Sureste, el Inira consideró que “se debería negar la autorización del proyecto, porque pretende afectar el 65% de la cobertura vegetal, constituida principalmente por manglar, especie que se encuentra catalogada con estatus de protección especial”.

Además el pasado 12 de agosto la Profepa clausuró de manera temporal las obras en predios de la empresa Bi & Di en Malecón Tajamar “por incumplimiento en la Manifestación de Impacto Ambiental”.

Sin embargo, no se trató de una clausura definitiva y se estableció un procedimiento resarcitorio, con una multa de cuatro millones de pesos.

Acorralados

Las protestas y los recursos legales empezaron a acorralar a Fonatur pues la MIA dejaría de tener efecto en febrero de 2016.

Frente a esta nueva circunstancia, en octubre de 2015, el departamento legal del Fonatur solicitó una ampliación de la autorización de la MIA para Malecón Tajamar.

El delegado de Fonatur Juan Carlos González Hernández –primo del exgobernador Félix González Canto– advirtió que en el Malecón Tajamar están en juego 900 millones de dólares.

En esta franja, colindante con el Sistema Lagunar Nichupté se prevén más de 30 proyectos en 50 lotes, algunos fusionados con el centro comercial y las inversiones frenadas son por un monto superior a los 900 millones de dólares, refirió.

También, indicó que sólo un grupo empresarial, el consorcio italiano “Bi & Di” incumplió con las condicionantes por Semarnat y afectó a los demás inversionistas.

A pesar de todos los recursos legales en proceso, la madrugada del 16 de enero, con el resguardo de granaderos estatales y municipales, maquinaria y camiones de volteo reingresaron a Malecón Tajamar para desmontar el mangle y rellenar los humedales.

En 48 horas, ante las miradas impotentes de decenas de ciudadanos, atrapados atrás de vallas metálicas y granaderos, fueron devastadas 59 hectáreas con especies protegidas de flora como el chechén, uva de mar, ficus, palma chit, jabín, chacá rojo,  palma y fauna como la chachalaca, el cenzontle, la calandria, el colibrí, la huaca, el Martín pescador y la iguana.

Borge: en defensa del proyecto

A pesar de ello, a través de un comunicado de prensa, el gobernador Roberto Borge dio la cara por Fonatur y los inversionistas.

“Los trabajos de chapeo y desmonte en el Malecón Tajamar se realizan con apego a la ley”, aseguró el mandatario estatal cuando se disponía a viajar a España a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid.

De acuerdo con Borge, quedó sin efecto la suspensión provisional del amparo presentado por 113 niños, con lo que resultaban efectivos los permisos de “chapeo y desmonte” que había otorgado la Dirección General de Ecología del ayuntamiento de Benito Juárez.

La activista Katerine Ender Córdova no tiene duda:


“Había recursos legales por resolver y actuaron. Fue una acción concertada”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO (REPORTAJE ESPECIAL).
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En Tierra Caliente se muere de impunidad

CHILPANCINGO, Gro: El secuestro masivo de una familia en Arcelia y el de cinco profesores en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, registrados esta semana, exhibió la impunidad y violencia que prevalecen en la entidad, además del fracaso de la estrategia de seguridad federal coordinada por el Ejército desde diciembre de 2014 en la región de la Tierra Caliente, donde la delincuencia mantiene su control territorial.

El grupo que dirige un sujeto conocido como El Tequilero, al servicio de Guerreros Unidos, le disputa a La Familia, encabezada por Jonhy El Mojarro Olascoaga Hurtado, el control de las zonas de producción y trasiego de drogas en la zona norte y la región de Tierra Caliente. Sus recientes saldos muestran cómo la delincuencia logró enquistarse en la industria minera, en la que se han convertido en socios de las empresas extranjeras e incluso les rentan maquinaria con la anuencia de autoridades de los tres niveles.

La tarde del sábado un grupo armado interceptó a una familia que se dirigía a una boda en la comunidad de El Salitre, municipio de Arcelia. Los pistoleros se llevaron por la fuerza al menos a 16 hombres; dejaron libres a mujeres y niños.

Los sicarios ejecutaron a cuatro personas sobre el camino de terracería, entre ellos a José Eutimio Tinoco, que poseía una cadena de tortillerías en Arcelia.

El lunes 11, otro comando irrumpió en la secundaria técnica 114, en el poblado de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán del progreso y secuestró a cinco docentes, entre ellos una mujer y el director del plantel, frente a sus alumnos y trabajadores.

El secuestro provocó malestar generalizado en esta región, que colinda con Michoacán y el Estado de México, donde la narcoviolencia provocó el cierre de comercios y la salida de empresas trasnacionales, como Coca Cola-Femsa.

Desde el martes 12, una veintena de planteles cerraron ante la falta de garantías de seguridad para los profesores. Familiares de los maestros secuestrados salieron a pedir dinero porque los plagiarios exigieron 2.5 millones para liberarlos.

Decenas de personas marcharon en Arcelia y bloquearon la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano para exigir la liberación de los 16 plagiados. También exigieron que se fuera la Policía Federal, por sus presuntos nexos con el narco.

El gobierno guerrerense anunció un despliegue de soldados y agentes estatales para tratar de localizar a los plagiados. El fiscal de la entidad, Xavier Olea Peláez, atribuyó los plagios al Tequilero, cuya banda está afincada en el municipio de San Miguel Totolapan.

Desde el año pasado, el exdiputado federal perredista vinculado con el narco, Catalino Duarte Ortuño, acusó públicamente al exalcalde de San Miguel Totolapan y actual diputado local priista, Saúl Beltrán Orozco, de ser compadre del Tequilero y permitir que convirtiera en su bastión este municipio, considerado como el principal en la producción de heroína y mariguana.

Guerrero es el estado con mayor número de desplazados por la narcoviolencia. La desconfianza hacia las autoridades obligó a los habitantes de Arcelia a pedir la ayuda del líder del grupo criminal La Familia, Jonhy El Mojarro Hurtado Olascoaga, para localizar con vida a las víctimas.

La noche del jueves 14 se colocó en la principal calle de Arcelia una manta con el mensaje:

“Sr. Pez, tus paisanos necesitamos de su apoyo ya que las fuerzas militar, estatales y federales no han hecho nada por nuestras personas desaparecidas, ahora más que nunca necesitamos de usted. Como siempre ha visto por su gente, esperamos esta vez no se la excepción. Atte. El pueblo de Arcelia”.

En respuesta, las autoridades estatales hicieron contacto con el grupo del Tequilero y negociaron la liberación de los 21 secuestrados de los que se sabía hasta ese momento: 16 hombres de Arcelia y los cinco profesores de Ajuchitlán, informaron fuentes gubernamentales a Proceso.

La noche del viernes 15, los delincuentes liberaron a 21 hombres, 16 eran los plagiados en Arcelia. El resto eran personas privadas de su libertad en otro momento, en las inmediaciones del poblado de La Agavia, a unos 20 minutos de la cabecera de San Miguel Totolapan.

El director de la Policía Ministerial Estatal, Ricardo Zamora Guevara, encontró a las 21 víctimas donde le indicaron los delincuentes. Cerca de la 1:00 de la madrugada reportó el hecho y destacó que los cinco profesores no estaban en el grupo, indicaron las mismas fuentes.

En la mañana del mismo viernes se reportó que en otro lugar de San Miguel Totolapan la banda de El Tequilero había liberado a los profesores plagiados en Santana del Águila. Autoridades ministeriales lo confirmaron, pero sólo encontraron a cuatro docentes con vida. Las víctimas informaron que el director del plantel, Joaquín Real Toledo, murió durante el cautiverio porque sufría un cuadro asmático. Desconocen dónde dejaron su cadáver.

Entrevistado sobre estos hechos, el fiscal Xavier Olea atribuye la liberación de las víctimas a labores de “inteligencia” y presión de la Policía Ministerial, el Ejército y agentes federales.

Considera que el orden y la paz ofrecida en campaña por el gobernador priista Héctor Astudillo “empieza a verse”, promete detener a los secuestradores, y añade que el motivo del plagio masivo fue económico y no político. Remata: “¡Viva Guerrero!”.

Sin embargo, la tarde del mismo viernes el grupo del Tequilero difundió un video en redes sociales, donde confirmó que la liberación de las víctimas fue pactada con las autoridades y exigieron al gobernador y al fiscal que cumplan su compromiso de detener al Mojarro Olascoaga.

En ese video se ven varias personas sentadas con el rostro cubierto y vigiladas por sujetos armados. También se oye a un hombre afirmar que El Mojarro provocó el cierre de la mina de oro Campo Morado, en Arcelia, en febrero del año pasado, porque les exigió una cuota de 20 millones de pesos a los empresarios belgas.

El secuestrador, que en el video asume una actitud benevolente con sus víctimas, aseguró que el líder de La Familia tenía una flotilla de camiones de carga que rentaba a la empresa minera.

Enseguida, la voz anuncia que los hombres serán liberados pero exige al gobernador Astudillo que detenga al Mojarro, de lo contrario la violencia seguirá en esta zona productora de oro y amapola.

El año pasado, los empresarios de Campo Morado anunciaron el cierre de la mina por motivos de inseguridad. Poco antes se registró un paro de transportistas que demandaban el pago de 14 millones de pesos. Aunque este bloque fue ­vinculado al grupo delictivo del Mojarro, las autoridades estatales afirmaron que los inversionistas se fueron porque incumplieron cláusulas del contrato colectivo de trabajo.

También en febrero de ese año, habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, cerraron las instalaciones de la minera canadiense Media Luna, tras el plagio de al menos 18 trabajadores. Responsabilizaron de ese hecho a La Familia.

Algunos ciudadanos denunciaron públicamente que el jefe de este grupo criminal, Jonhy Hurtado, estaba coludido con directivos de esa empresa porque su compañía Capitsa ofrece sus servicios a Media Luna.

Pese a todo esto, las autoridades de los tres niveles no han investigado la diversificación de las actividades de los criminales que operan en la zona norte y la Tierra Caliente.

Operativo fallido

Tras la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó un acto oficial en Iguala donde anunció un operativo policiaco-militar en 36 municipios de Guerrero, Michoacán, el Estado de México y Morelos.

El objetivo era revertir los efectos de la narcoviolencia en Tierra Caliente para tratar de garantizar el libre tránsito.

En aquel acto, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, explicó que el operativo abarcaba 22 municipios de Guerrero, todos ellos controlados por la delincuencia y que se disputan al menos La Familia, Guerreros Unidos y Los Caballeros Templarios.

Esos municipios son Iguala, Taxco, Teloloapan, Eduardo Neri, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, ­Apaxtla de Castrejón, Pungarabato, Coyuca de Catalán, Arcelia, Tlalchapa, Buenavista de Cuéllar, Zirándaro, Pedro Ascencio de Alquiciras, Pilcaya, Tlapehuala, Cuetzala, Cocula, General Canuto A. Neri, Ixcateopan, Cutzamala de Pinzón y Tetipac.

Al frente de esa operación policiaco y militar fue designado el general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la IX Región Militar con sede en Acapulco y quien hasta noviembre de 2014 fue jefe de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo: tenía bajo su mando al 27 batallón de Iguala, vinculado con la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los hechos de violencia no disminuyeron. La estela de ejecuciones, secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas se disparó a niveles dramáticos. Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan que en 2014 hubo mil 514 homicidios dolosos (810 cometidos con arma de fuego), mientras que de enero a noviembre de 2015 se reportaron mil 824 (mil 175 con arma de fuego).

Aunque no se ha reportado la cifra oficial de ejecuciones durante diciembre pasado ni en lo que va de este año, una revisión en medios impresos indica que en los primeros 15 días de 2016 van al menos 80 asesinatos.

A pesar del evidente fracaso del operativo en Tierra Caliente y Acapulco, el secretario Osorio Chong anunció un “rediseño” de la estrategia y ratificó al polémico general Saavedra como su coordinador.


“Desde el ámbito federal y con la presencia de todo el gabinete de seguridad, y por instrucción del presidente, una vez al mes estaremos aquí en Guerrero para revisar la estrategia y vaya en el camino que nos hemos fijado todos nosotros”, ofreció el secretario de Gobernación en un acto oficial en Acapulco, después de la toma de protesta del gobernador Héctor Astudillo Flores a finales de octubre pasado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427167

Tlaxcala, Campeche, BCS, Zacatecas y Puebla, los peor evaluados en desarrollo policial

Policías estatales pasan con 6.1 de calificación, según el Semáforo del Desarrollo Policial de la organización civil Causa en Común.

La organización civil, Causa en Común, reveló que según los resultados de su último Semáforo del Desarrollo Policial, la mayoría de las policías del país apenas consiguieron una calificación de 6.1 puntos, lo que está muy lejos de cumplir con su principal función de dar seguridad plena a los ciudadanos.

Su presidenta María Elena Morera, detalló que “a pesar de los múltiples esfuerzos de acompañamiento ciudadano y los recursos invertidos, no hay ninguna Policía Estatal en el país que cumpla plenamente con los procesos relacionados con el desarrollo policial obligados por ley desde el 2009”.

Morera señaló en conferencia de prensa realizada este martes, que sólo al Estado de Querétaro puede otorgársele luz verde con 9.1 de calificación para consolidar una institución policial en ruta de cumplir con su responsabilidad y que, sin embargo, deberá mejorar las deficiencias en su régimen disciplinario que aún subsisten.

Indicó que 16 entidades están en alerta amarilla al obtener calificaciones aprobatorias de panzazo, pero siguen presentando inconsistencias en todos o algunos de sus procesos. En este grupo se encuentran Chihuahua, Distrito Federal, Baja California, Guanajuato y Nuevo León, que avanzaron en los resultados del año pasado, pero todavía salen debiendo.

El número de las entidades reprobadas suman 15, siendo Tlaxcala, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas y Puebla los que obtuvieron las calificaciones más bajas, y que les coloca en grave situación para dignificar a sus oficiales y conformar una fuerza policial estatal única.

Comunicado:

DEFICIENTE AVANCE EN EL DESARROLLO POLICIAL DE LA POLICIA ESTATAL: DENUNCIA CAUSA EN COMÚN

Policías estatales pasan con 6.1 de calificación, según el Semáforo del Desarrollo Policial

Estos resultados son muestra de la falta de voluntad política de las autoridades

Tlaxcala, Campeche, BCS, Zacatecas y Puebla, las peor evaluadas. Querétaro, la mejor.

Las evidencias ponen en riesgo la viabilidad operativa de 32 Policías Estatales Únicas.

Ciudad de México, 19 de enero de 2016.- La organización civil, Causa en Común, A.C., reveló que según los resultados de su último Semáforo del Desarrollo Policial, la mayoría de las policías del país apenas consiguieron una calificación de 6.1 puntos, lo que está muy lejos de cumplir con su principal función de dar seguridad plena a los ciudadanos.

Al dar a conocer en conferencia de prensa los resultados de dicho informe, su presidenta María Elena Morera, detalló que “a pesar de los múltiples esfuerzos de acompañamiento ciudadano y los recursos invertidos, no hay ninguna Policía Estatal en el país que cumpla plenamente con los procesos relacionados con el desarrollo policial obligados por ley desde el 2009”.

Precisó que este semáforo, el cual ofrece un diagnóstico único en su tipo, y que tendría que ser considerado por las autoridades que pretenden la unificación policial en el país, realiza un seguimiento puntual en los siguientes rubros: “sistema profesional de carrera policial, profesionalización de los cuerpos policiacos, certificación integral y el régimen disciplinario”.

Resultados generales

Morera señaló que sólo al Estado de Querétaro puede otorgársele luz verde con 9.1 de calificación para consolidar una institución policial en ruta de cumplir con su responsabilidad y que, sin embargo, deberá mejorar las deficiencias en su régimen disciplinario que aún subsisten.

Indicó que 16 entidades están en alerta amarilla al obtener calificaciones aprobatorias de panzazo, pero siguen presentando inconsistencias en todos o algunos de sus procesos. En este grupo se encuentran Chihuahua, Distrito Federal, Baja California, Guanajuato y Nuevo León, que avanzaron en los resultados del año pasado, pero todavía salen debiendo.

El número de las entidades reprobadas suman 15, siendo Tlaxcala, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas y Puebla los que obtuvieron las calificaciones más bajas, y que les coloca en grave situación para dignificar a sus oficiales y conformar una fuerza policial estatal única.

Calificaciones por rubro

Carrera Policial

La activista detalló que en Carrera Policial la gran mayoría de las instituciones policiales carecen de normatividad, presupuesto y personal suficiente para dar un seguimiento adecuado a la carrera de los policías.

Sus procesos, principalmente los ascensos, son irregulares. Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla y Tlaxcala no tienen reglamento de servicio profesional de carrera policial y sólo Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán operan correctamente.

Formación inicial para la profesionalización Baja California, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán cuentan con instalaciones adecuadas para formar policías en contraste Baja California Sur, Campeche, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas tienen deficiencias significativas.

Certificación Integral Sólo Distrito Federal, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro y Sonora evalúan conforme a los parámetros establecidos por Ley. En contraste Campeche, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no realizan evaluaciones de desempeño o su esfuerzo es insuficiente.

Además, datos del Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA), del Sistema Nacional de Seguridad Pública, arrojó que en control de confianza al corte de noviembre 2015, un 7.18% de los policías estatales reprobados a nivel nacional siguen en activo y 20.37% de los policías estatales a nivel nacional no han sido reevaluados.

Régimen disciplinario En términos generales casi todas las Policías estatales cuentan con Unidad de Asuntos Internos; sin embargo, la mayoría solo procesan quejas y no supervisan personal, vehículos, armas, instalaciones, ni operativos por carecer de facultades legales y por falta de personal. Los casos más graves son Sonora y Zacatecas, ya que carecen de dicha figura de control.

En el semáforo destaca que la Voluntad política, el liderazgo de las autoridades, la normatividad completa, la continuidad de mandos y la coordinación son una constante en las entidades que obtuvieron mejores evaluaciones.

Las propuestas

Ante estos resultados, María Elena Morera comentó que “estos escasos avances son muestra de la falta de voluntad política de las autoridades por lo cual desconocemos ¿cómo harán para asumir la Dirección, coordinación y desarrollo de un estado de fuerza superior al que tienen actualmente cuando desde el 2009 que cambio la ley, no han podido con ésta implementación?”, por lo que perfiló 7 propuestas a las autoridades:

Activar la Comisión Especial de Desarrollo Policial del Consejo Nacional de Seguridad y dotarla de una contraparte técnica

Las autoridades deben dar a conocer una ruta crítica para el efectivo cumplimiento del Sistema de Desarrollo Policial

Certificación integral de los policías

Avanzar hacia la certificación institucional

Mejora en los salarios, seguridad social y adecuadas jornadas laborales

Fortalecimiento del control interno e institucionalización de la supervisión ciudadana

Sanciones a quien incumpla objetivos

Sobre el estudio

El Semáforo de Desarrollo Policial es elaborado por medio de revisión normativa, entrevistas directas a los responsables de la seguridad en los Estados, encuestas y solicitudes de información evalúa cuantitativa y cualitativamente el grado de avance en los procesos del desarrollo de las instituciones policiales estatales.

Así mismo, detalla las inconsistencias por entidad federativa y ofrece un diagnóstico, el cual fue entregado a los Gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con la finalidad de que subsanen las deficiencias y garanticen al ciudadano mejores oficiales de policía.

Finalmente se comentó que el Semáforo Policial 2015 y la Encuesta Qué piensa la Policía están disponibles en www.causaencomun.org.mx

Documento:

Tlaxcala, Campeche, BCS, Zacatecas y Puebla, los peor evaluados en desarrollo policial byAristegui Noticias

  Tlaxcala, Campeche, BCS, Zacatecas y Puebla, los peor evaluados en desarrollo policial

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2101/mexico/los-estados-peor-evaluados-en-desarrollo-policial-son-tlaxcala-campeche-bcs-zacatecas-y-puebla/

“Javier Duarte: la insoportable frivolidad”

En la página del gobierno de Veracruz reposa impune un comunicado de prensa. En él se trascriben las declaraciones del gobernador Javier Duarte respecto a la reciente desaparición forzada de cinco jóvenes, a manos de policías estatales, en el municipio de Tierra Blanca en ese mismo estado.

Sin pudor y sin respeto por el dolor de las familias de los jóvenes desaparecidos, en pleno proceso de investigación de una gravísima violación a los derechos humanos, Duarte piensa que es momento para soltar frases huecas:

“Lamentablemente en temas de seguridad podemos hacer 99 cosas bien, pero si una sale mal se empaña el esfuerzo, como es el caso que hoy nos obliga a estar atentos; sin embargo, los resultados ahí están y los índices delincuenciales van de manera clara a la baja. Estamos trabajando para revertir la inseguridad a través de la firmeza y la actuación de nuestras instituciones”.

No es la primera vez que los dichos del gobernador rehúyen a decir algo inteligente respecto a temas sensibles. En octubre de 2014, Duarte declaró que en Veracruz antes “se hablaba de balaceras, de asesinatos, de participación de delincuencia organizada, y hoy hablamos de robos a negocios, que se robaron un frutsi y unos pingüinos en un Oxxo“.

Mientras Duarte se refugia en sus fantasías, Veracruz es gobernado por el miedo y la zozobra. En 2014, por ejemplo, de acuerdo a las cifras oficiales hubo más de 160 secuestros. El estado se convirtió en la tercera entidad federativa con más denuncias de éste delito. Respecto a la violencia homicida, a la par del hábito mitómano de Javier Duarte solo está la incompetencia de su gobierno.

Pero el gobernador sustituye las artes de estadista por las de maquillista. Las cuentas de Duarte no son fiables. Las autoridades veracruzanas dijeron al INEGI que tuvieron mil 786 averiguaciones previas sobre homicidios dolosos entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2015. Sin embargo, como reportó en su momento Aristegui Noticias, un estudio del semanario ZETA documentó 2 mil 189 en el mismo periodo. En tres años el gobierno de Veracruz pretendió esconder por lo menos 403 asesinatos.

Confrontado con la sensibilidad, Javier Duarte ha sido exhibido por familiares de víctimas por la falta de diligencia de los servidores públicos de su administración. Hace unos meses circuló un vídeo tomado en Orizaba que lo exhibe incapaz de dar la cara a la madre de una joven desaparecida. Boquiflojo lanza amenazas a las reporteros y les advierte que se porten bien. Hecho grave si tenemos en cuenta que Veracruz es el territorio más mortífero para la prensa en México. Inflado de megalomanía, como si su popularidad fuera un bien público de los veracruzanos, nos advierte que cuando los reporteros mueren, al que critican es a él.

El caso más reciente y discutido (que no el único) muestra que lo que sucede en Veracruz es realmente grave.

El fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo, ha dicho a agencias internacionales que siete policías estatales entregaron a los cinco jóvenes a grupos de delincuencia organizada. Ante eso, Duarte parece firme en la disciplina de negar los problemas, tal como un tuit suyo lo resume:

“Se aplicará todo el rigor de la Ley a malos policías, y no habrá ningún tipo de consideración para ellos.”

Frente a la evidencia de una estructura criminal que opera en los extremos de la impunidad, Duarte habla de “malos policías”. Endereza una amenaza de castigo “sin consideración” como si fuera un director de colegio y no quien debe conducir instituciones con capacidad de investigación criminal frente a la delincuencia organizada.

El hallazgo de más cuerpos en fosas clandestinas confirman lo dicho por el grupo de trabajo sobre desaparición forzada o involuntaria de personas de la ONU en su visita a nuestro país el año pasado: al problema de la desaparición forzada lo agrava que no ha sido reconocido de forma consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del Estado mexicano, ni al más alto nivel.


La frivolidad es lo más cercano a la estupidez, dijo alguna vez el escritor Gastón Gori. Remató: la frivolidad es una falta de inteligencia y de capacidad para poder analizar cosas superiores de la realidad y de la vida. No encuentro un calificativo más adecuado para referirme a las declaraciones y actuaciones del gobernador de Veracruz. Su frivolidad es insoportable.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: MIGUEL PULIDO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2101/mexico/javier-duarte-la-insoportable-frivolidad-articulo-de-miguel-pulido/

Denuncian que directora de penal mantiene en confinamiento a Nestora Salgado

MÉXICO, DF: Las autoridades del reclusorio de Tepepan han impedido a Nestora Salgado, jefa de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, realizar actividades físicas como caminar en el patio u ocupar una caminadora, que le fue donada, para ejercitarse y esto afecta su salud, denunció su abogado César Sandino.

A la par, al menos 40 jóvenes realizaron una protesta al exterior de la sede del gobierno de Guerrero en la Ciudad de México para instar a las autoridades de la sureña entidad a sostener un encuentro con la defensa de la activista.

César Sandino dijo que la atención a la salud de Nestora “no ha sido efectiva porque a ella le llevaron una caminadora para hacer ejercicio, pero por órdenes del director de la torre médica, donde está internada, sólo le permiten utilizarla por cinco minutos y no le permiten salir al patio”.

El litigante sostuvo que este confinamiento prevalece desde su traslado a este penal y fue ordenado por Claudia Aguilar Silva, directora del reclusorio.

“No le permiten salir al patio a hacer ejercicio desde que llegó, e incluso la caminadora con la que podría hacerlo está afuera del cuarto donde permanece y tampoco le han permitido utilizarla, esto desde hace una semana”, aclaró.

También hizo un llamado a las autoridades penitenciarias para permitir a la dirigente comunitaria, presa desde hace más de dos años, realizar actividades físicas.

Sandino insistió en su llamado a sostener un encuentro con el gobernador Héctor Astudillo, aunque aclaró que a pesar de enviar los mensajes hasta el momento no existe una fecha fija para la reunión, en la que podría compartir datos sobre este caso.


El abogado comentó que “no aún no existe una fecha para la reunión, ni con el gobernador, ni con el fiscal de Guerrero, a quien le insistimos que se desista de las acusaciones contra Nestora”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427222

Sentencian a 33 años de prisión a mandos militares por asesinato de dos civiles

CHIHUAHUA, Chih: El juez Cuarto de Distrito de Chihuahua Gabriel Pacheco Reveles sentenció a 33 años de prisión al coronel del Ejército mexicano Élfego José Luján Ruiz y otros cinco militares subalternos por asesinar, torturar e inhumar de manera clandestina a dos hombres en el municipio de Nuevo Casas Grandes, en 2009.

Tras la sentencia, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) exigió a las autoridades que investiguen también al general Felipe de Jesús Espitia Hernández, quien permitió que un grupo de élite desapareciera y asesinara personas.

La sentencia, histórica, fue emitida el miércoles pasado y es la primera emitida en Chihuahua contra un militar de alto rango después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobara en el 2011 la restricción del fuero militar cuando se violen derechos humanos de civiles.

El juez también sentenció a 33 años de prisión a los militares subalternos Everaldo Cludualdo Vega, Jorge Luis Calvario Abarca y Martín Jaime Juárez Reyes, por los delitos de tortura, homicidio e inhumación de cadáver.

En tanto que Marcelo Cruz Ramírez y Ramón Natividad Loya Romero, fueron sentenciados a tres años tres meses de prisión por el delito de tortura, pena que ya compurgaron por lo que el juzgador ordenó su liberación de la prisión militar en el campo militar 1-A del Distrito Federal.

Las víctimas del coronel, excomandante del 35 Batallón de Infantería en Nuevo Casas Grandes y los otros militares eran Jesús Alberto Campos Moreno y Jorge Alejandro Yáñez Moreno, quienes fueron “levantados” el 18 de octubre de 2009 y posteriormente los encontraron muertos.

Luján Ruiz estaba bajo el mando del general Felipe de Jesús Espitia en Chihuahua cuando los dos hombres fueron desaparecidos y asesinados.

Ambas víctimas iban en un vehículo Derby blanco que conducía Campos Moreno cuando fueron abordados por agentes municipales.

Debido a que supuestamente les encontraron un arma de fuego, los entregaron a militares que los llevaron al cuartel del 35 Batallón, donde fueron torturados con método de ahogamiento para que confesaran su relación con un grupo delictivo.

Una de las víctimas murió y el coronel Elfego José Luján ordenó matar a la otra para no dejar testigos. Luego los enterraron en una fosa clandestina en una brecha de la carretera de Janos a Agua Prieta, Sonora.

Más casos

También se le responsabiliza de otros asesinatos, incluidos militares.

La causa penal 181/2010 radicada en el Juzgado Quinto Militar de la Primera Región señala a Luján Ruiz como responsable de ordenar la tortura y homicidio de los soldados Mario Alberto Guerrero León El Janos y Mario Alberto Peralta Rodríguez El Capulina quienes, aseguraron, desertaron para trabajar con el grupo delictivo La Línea. Sus cuerpos fueron localizados en una brecha en el municipio de Ascensión.

El 29 de diciembre de 2009, los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Alvarado Herrera, desaparecieron del domicilio de unos familiares en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura. Presuntamente quienes se los llevaron eran militares bajo las órdenes de Luján Ruiz.

Las familias de los tres primos viajaron hace seis años al ejido Benito Juárez para recibir el nuevo año cuando un grupo de 10 militares arribó a la casa de uno de los familiares y poco después capturaron a Nitza Paola y a su primo José, quien trató de defenderla.

En otra casa ingresó otro grupo de militares y se llevó a Rocío Irene Alvarado Reyes. Hasta ahora desconoce la causa de la desaparición porque ni siquiera les mostraron una orden de aprehensión.

La familia se presentó en el 35 Batallón para exigir la entrega de los tres primos, pero no les permitieron acercarse ni a la caseta. Iniciaron una serie de trámites infructíferos hasta que el 6 de enero de 2010 levantaron un reporte por desaparición forzada ante la Séptima Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Federación en Ciudad Juárez. El 20 de febrero, esa autoridad declinó el caso al fuero militar.

El 3 de febrero, Nitza Paola habló a su casa para avisar que estaba detenida en la cárcel de mujeres de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, para que la buscaran. Aún no se sabe nada de ella ni de sus primos.

La hermana de Nitzia Paola, María de Jesús Alvarado Espinoza, ha gestionado sin éxito que la PGR entre al campo militar donde está detenido Élfego José Luján, para que le pregunten el paradero de las tres víctimas, ya que –afirma—él ordenó su detención.

El caso se encuentra ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ya que el Estado mexicano no ha logrado resolver el caso. Además gran parte de la familia tuvo que exiliarse a Estados Unidos luego de que fueron amenazados y acosados.

El caso de los Alvarado, es el primero del Operativo Conjunto Chihuahua, que llega a instancias internacionales para su revisión.

Sentencia limitada: Cedehm

Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), consideró que la sentencia contra el coronel del Ejército es “limitada” si se toma en cuenta “todas las atrocidades que hizo ese coronel en el estado de Chihuahua. Es una evidencia de que esos operativos han sido siempre un fracaso”.

La abogada considera que hay muchos más casos y evidencias “que escarbar” en una conducta del Ejército, que ha sido reiterativa en la entidad.

“Había un grupo que se llamaba Gafe y que tenía como objetivo específico desaparecer personas, ejecutarlas extrajudicialmente, torturarlas como una manera sistemática. Habría que ver cuántas desapariciones de aquel tiempo tienen que ver con las fosas clandestinas y los delitos que cometió el Ejército mexicano”, señaló Castro.

Castro Rodríguez afirmó que los militares sentenciados están también involucrados en el caso de los Alvarado porque tienen conexión con Luján Riuiz por lo que conminó a las autoridades a que se profundice más en ese personaje porque hay más víctimas y más mandos militares involucrados.


“Creo que también el general (Felipe de Jesús) Espitia tendría que ser juzgado, todos los mandos militares que estuvieron en esa época en Chihuahua, tendrían que ser investigados”, recalcó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427171