jueves, 28 de enero de 2016

Rechaza Infraiber ser responsable de la difusión de audios de OHL

MÉXICO, DF: La empresa de Infraiber, que ha sostenido un debate público en contra de la compañía constructora OHL, afirmó que es “categóricamente falso” ser responsable de la divulgación de audios de presuntas conversaciones privadas entre funcionarios federales y del gobierno del Estado de México con directivos de la concesionaria española.

“Infraiber rechaza categóricamente las declaraciones de directivos y abogados (de OHL). OHL miente y se desprestigia sola. Las verdaderas irregularidades se acreditan con el cúmulo de información tergiversada que durante años esa empresa ha dado a sus inversionistas, y en una extensa red de corrupción y encubrimiento, así como en los graves daños que ha causado al patrimonio de los mexicanos”, afirmó en su comunicado de prensa.

Para Infraiber el “fondo del asunto” no son las videograbaciones, sino la red de corrupción y encubrimiento. Afirmó que seguirán actuando “con pleno apego a la legalidad”.


En septiembre del año pasado Paulo Diez, abogado de Infraiber, fue detenido en la Ciudad de México por un grupo de agentes de la PGR y las instalaciones de la compañía dedicada a calcular el aforo de las carreteras concesionadas también fueron cateadas por agentes del Ministerio Público, acusados de tener equipo de intercepción telefónica. No se encontró ningún indicio de que Infraiber fuera responsable de la divulgación de los audios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427964

En México investigan “sentados” los casos de desaparecidos o “pierden evidencia crucial”: Power en la ONU

"La falta de investigaciones apropiadas no sólo daña a la familia, también manda un mensaje a los responsables de que pueden continuar desapareciendo gente con impunidad", señaló la embajadora de EU.

La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Samantha Power, habló el miércoles durante el Consejo de Seguridad sobre los desaparecidos en México, que de acuerdo con cifras oficiales son más de 26 mil personas:

“He tenido la oportunidad de visitar dos países afectados por grandes números de desaparecidos: Sri Lanka y México. La historia y las causas de cada problema, en cada contexto son completamente distintas- y estos dos países en ninguna medida representan el espectro completo del problema alrededor del mundo- yo estuve sorprendida en estas dos visitas por cómo los mismos temas emergieron con los familiares de las víctimas, con las ONGs y con los oficiales de gobierno. Así que me gustaría resaltar tres de estos temas brevemente”, inició su discurso. 

“El primero es el obvio: el duradero y enorme dolor y dificultad vivido por las familias que tienen un ser querido desaparecido. Familiares de las víctimas tanto en México como Sri Lanka hablaron de cómo las desapariciones terminaron virtualmente todo aspecto de sus vidas”, señaló. 

“Podemos imaginarnos que si esto nos pasara a nosotros no podríamos funcionar en la forma que alguna vez lo hicimos. Muchas con los que hablé se alejaron de sus comunidades por depresión o miedo; jefes de familia dejaron de ir a trabajar, en lugar dedicaron sus vidas a buscar a sus seres queridos; niños no pudieron dormir en la noche o enfocarse en la escuela”, expuso. 

Power recordó el caso de la madre Consuelo Morales, quien en Monterrey ayuda a las familias de los desaparecidos. (Ver “¿Quién es esta monja que ni es abogada y está revisando expedientes?”)

La embajadora dijo que tuvo “el privilegio de conocer algunas de las familias con las que trabaja la hermana Consuelo en su extraordinaria organización, CADHAC, quien describía la angustia como ‘algo que se apodera de todo tu cuerpo’. Otra madre en Monterrey me dijo que cada vez que alguien toca la puerta o escucha el teléfono sonar, espera que sea su hijo que había sido secuestrado años antes. La falta de respuestas sobre lo que ocurrió con su ser amado les impide tener algún tipo de cierre para comenzar a sanar”. 

Explicó “el sentimiento de impotencia de la familia se exacerba con el rutinario fracaso de las autoridades para buscar a los desaparecidos o llevar a la justicia a aquellos responsables. La falta de investigaciones apropiadas no sólo daña a la familia, también manda un mensaje a los responsables de que pueden continuar desapareciendo gente con impunidad”.

Power denunció que “tanto en México y Sri Lanka, yo he escuchado de familias que reportan casos a las autoridades, sólo para verlas sentadas ante pistas de investigación clave o perder evidencia crucial”. 

Otros familiares -apuntó- “fueron desanimados o incluso amenazados por los mismos oficiales cuyo trabajo era ayudarlos”. 

No obstante, dijo que también vio esfuerzos en México y en Sri Lanka “que muestran la posibilidad de progreso”. 

“Permítanme compartir sólo algunos aspectos positivos. En Monterrey- por lo que escuché de la Hermana Consuelo- un esfuerzo por reunir a los familiares de las víctimas, defensores de derechos humanos, procuradores locales para buscar a los desaparecidos ha ayudado a reconstruir la confianza, reforzar las investigaciones, y hacer un hueco en una cultura de impunidad”, detalló. 

La funcionario concluyó así su discurso:

“Al final de mi junta con las familias de los desaparecidos en Monterrey, ellos cantaron una canción que cantan al final de cada reunión semanal. Compuesta hace décadas por un músico argentino, la cual habla de las Madres de la Plaza de Mayo- un grupo de mujeres que, desde la Guerra Sucia, han realizado demostraciones en el país en frente de la mansión presidencial para demandar respuestas sobre la desaparición de sus hijos e hijas. Aunque la canción fue escrita sobre las madres de Argentina- muchas de las cuales aún buscan a sus hijos después de cuatro décadas- suena verdadero para muchas familias en el mundo. Así que permítanme concluir leyéndoles un verso de esta canción:

Todavía cantamos, todavía pedimos,
todavía soñamos, todavía esperamos;
por un día distinto
sin apremios ni ayuno
sin temor y sin llanto,
porque vuelvan al nido

nuestros seres queridos”

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2801/mexico/autoridades-de-mexico-investigan-sentados-los-casos-de-desaparecidos-o-pierden-evidencia-crucial-samantha-power-en-la-onu/

Veracruz: acusan montaje del gobierno de Duarte

El comunicado oficial da una versión distinta sobre cómo ocurrieron las detenciones de tres personas -dos de ellos, padre e hijo- en Tierra Blanca.

La familia de Francisco Navarrete Serna, al que la Fiscalía de Veracruz señala como jefe de plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusó al gobierno de Javier Duarte de fabricar un montaje y sembrar armas, en la detención del señor, su hijo y uno de sus amigos.

En un comunicado emitido el domingo 24 de enero, la dependencia estatal estableció: “La Gendarmería Nacional, en coordinación con la Fuerza Civil de Veracruz, detuvieron a Francisco Navarrete, presunto Jefe de Plaza de la delincuencia organizada en Tierra Blanca.

La madrugada de este domingo, personal de la División de Gendarmería de la Policía Federal capturó a Francisco Navarrete Serna, quien presuntamente coordinaba la distribución de droga, la operación de secuestros y posiblemente varias ejecuciones cometidas en este municipio.

Con información proporcionada por elementos de la Fuerza Civil, un grupo de inteligencia y operaciones especiales de la Gendarmería Nacional estableció recorridos de vigilancia en la colonia Lomas de Jazmín, donde de acuerdo con los datos proporcionados por los agentes estatales, el presunto responsable reunía a su gente para coordinar las operaciones ilegales.

La madrugada de este domingo, los efectivos federales identificaron dos camionetas estacionadas con tres civiles armados, los cuales intentaron huir amagando con las armas a los uniformados, pero en una rápida acción fueron sometidos, sin la necesidad de efectuar un solo disparo.

Se identificó entre los detenidos a Francisco Navarrete Serna, de 54 años de edad, junto con su hijo y otro sujeto, quien manifestó ser uno de los sicarios al servicio del grupo criminal CJNG.

Los tres iban armados y se les aseguró una pistola calibre 9 milímetros, un fusil de asalto AK-47 y otro AR-15, además de diversos equipos de telefonía, los cuales están proporcionando valiosa información sobre la red de complicidades en Tierra Blanca.

Anteriormente, ya se contaba con indicios de la vinculación de Navarrete Serna en actividades ilícitas”. 

Sin embargo, las primeras dos detenciones ocurrieron el sábado por la tarde y la detención de Francisco Navarrete Serna fue unas horas después, también 23 de enero. 


Gracias a una serie de fotografías tomadas por vecinos -enviadas en un documento a Aristegui Noticias, desde el lunes pasado- se sabe ahora que los detenidos no estaban armados y no fueron aprehendidos por fuerzas federales, sino que policías estatales los entregaron a estos últimos.

El documento enviado a AN muestra los detalles de la detención de Navarrete hijo y Junior Alarcón, amigo de la familia Navarrete.

A las 5:30 pm del sábado fue la primera revisión de policías estatales a la camioneta de Junior Alarcón Valerio, afuera de su domicilio. Alarcón Valerio mostró todos los papeles del vehículo, de acuerdo con su familia, pero los policías le pidieron acompañarlos a la Delegación de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Otra fotografía demuestra que no hubo un operativo conjunto entre la Gendarmería y la fuerza estatal, sino que sólo existió presencia por parte de los policías veracruzanos.

La otra camioneta “inspeccionada” fue la de José Francisco Navarrete Abraham, quien acudió al domicilio de Junior la tarde del sábado. 

Hay una imagen donde ya se les observa juntos a José Francisco y a Junior, sentados atrás de una patrulla del estado, sin esposas; incluso, el primero de ellos habla por celular con su padre, Francisco Navarrete Serna, quien en ese momento se encontraba en Puebla y a su regreso a Tierra Blanca también fue aprehendido y después presentado como jefe de plaza del narco. 


Los familiares de los tres no supieron qué pasaba hasta la 1:30 de la madrugada del domingo, cuando les dieron la primera información, aunque no era correcta. Desde la noche del sábado, las familias ya exigían información a las autoridades:



La madrugada del domingo 24 de enero, los tres detenidos fueron trasladados a la SEIDO en la Ciudad de México. Los acusaron de narcotráfico, extorsión y homicidio. Y los enviaron a penales de Durango, Sonora y Guanajuato.

La familia de  Francisco Navarrete Serna indicó a Aristegui Noticias que éste vive en Tierra Blanca y es ingeniero civil. Señalaron que incluso, el señor proporcionaba información a la Marina, relacionada con el combate al narcotráfico en esta zona, por lo que presumen que podría tratarse de una “venganza” por parte de alguna organización delictiva.

El sábado pasado, durante las primeras detenciones, Francisco Navarrete se encontraba en Puebla y regresó a Tierra Blanca a ver qué sucedía con la detención de su hijo y la de Junior.

Francisco Navarrete Abraham estudia en Xalapa y se encontraba en Tierra Blanca para celebrar su cumpleaños con sus amigos, el cual fue el pasado lunes 25 de enero.

En un principio, a quien los policías pidieron informes sobre la primera camioneta fue a la esposa de Junior, quien llamó a su esposo para que él atendiera a las autoridades. 

Después llegó el hijo de Francisco y también procedieron a hacerle una revisión a su camioneta, tras lo cual, los policías pidieron que los acompañaran a la delegación, a donde acudieron sin ser esposados, en la parte de atrás de la patrulla. Las familias de ambos sostienen que en los vehículos no había armas.

Ambas camionetas fueron trasladadas esta semana en las instalaciones de la SEIDO en la capital del país.


Aquí todas las imágenes y la narración de la propia familia Navarrete, realizada por una familiar para este sitio de noticias:

TB_DETENCION.pdf by Aristegui Noticias:



Comunicado PDF by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2801/mexico/veracruz-acusan-montaje-del-gobierno-de-duarte-documento-y-fotos/

Cotización del dólar a la baja: 18.67 pesos por unidad

MÉXICO, DF: El dólar continuó su cotización a la baja al venderse en ventanillas bancarias, según datos de Banamex, en 18.67 pesos, seis centavos menos que al cierre del miércoles pasado.

La apreciación del peso se relaciona con el alza en los precios internacionales del petróleo que se acerca a los 34 pesos por barril por las expectativas de un acuerdo entre grandes productores del hidrocarburo para recortar la producción.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) opera con un avance de 255.31 puntos o 0.62 % más respecto de su nivel previo. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se colocó en 42 mil 323.68 unidades.

La operación de la plaza bursátil local se alineó con la de sus pares estadunidenses que también reportan ganancias: el Nasdaq avanza 1.03%, el S&P 500 sube 0.74% y el Dow Jones 0.52 %.

Según Grupo Financiero Monex, los mercados internacionales registran movimientos mixtos tras el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), respecto de la permanencia de la tasa de interés actual.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Reporta SNSP 2 mil 16 homicidios dolosos en Guerrero en 2015

CHILPANCINGO, Gro: La cifra oficial de homicidios dolosos en la entidad registrados durante 2015 fue de 2 mil 16, de los cuales mil 300 fueron cometidos con arma de fuego.

Dicha cifra representa 502 crímenes más en comparación con 2014, cuando se reportaron mil 514 homicidios dolosos, 810 de ellos con arma de fuego, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), organismo de análisis dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El informe federal refiere que el mes más violento en Guerrero durante 2015 fue agosto, con 199 asesinatos, seguido de diciembre, que registró 192 crímenes.

Cerca de la mitad de los 2 mil 16 homicidios dolosos registrados el año pasado se perpetraron en el puerto de Acapulco, considerada una de las ciudades más violentas del continente, donde la disputa de pandillas por el control de la venta y trasiego de droga tiene hundido al principal destino turístico de la entidad en un clima de muerte, inseguridad y violencia.

De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del SNSP, la tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes en 2015 fue de 56.50%, cifra que coloca a Guerrero como la entidad más violenta en el país desde hace tres años.

Este escenario refleja la realidad que se vive en el estado, donde diferentes grupos criminales mantienen una brutal confrontación por el control de la zona de producción, trasiego y venta de drogas, así como el monopolio de las actividades criminales, situación que ha exhibido los nexos de políticos y el Ejército con el narcotráfico.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427977

Abandonan siete cadáveres en Chilpancingo

CHILPANCINGO. GRO: Al menos siete hombres fueron asesinados esta madrugada. Todos los cuerpos presentaban huellas de tortura.

Cerca de las 02:00 horas de este jueves se reportó el hallazgo de tres hombres asesinados a tiros sobre el bulevar Vicente Guerrero, a la altura del a colonia Tata Gildo; de manera simultánea fueron encontrados otros tres cadáveres más en las inmediaciones de la presa del Cerrito rico.

En ambos casos, las víctimas, todos hombres jóvenes, estaban atadas de pies y manos y presentaban huellas de tortura.

Reportes oficiales refieren que los siete hombres fueron acribillados en el lugar del hallazgo, debido a que en la zona fueron localizados decenas de casquillos percutidos de diferentes calibres.

En las inmediaciones donde ocurrió la masacre se localiza el centro de formación policial estatal, la base de la Policía Federal y el cuartel de fuerza especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

Los grupos criminales que operan impunemente y disputan las calles de esta capital han acostumbran abandonar los cadáveres de sus víctimas en estos puntos.

Las autoridades se limitaron a recoger los cadáveres; hasta el momento siguen en calidad de desconocidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

En Edomex se registra un feminicidio cada día: Acción Ciudadana

TOLUCA, Edomex: El presidente de Acción Ciudadana AC Juan Pedro Barbosa, denunció que en el Estado de México ocurre al menos un feminicidio diario en promedio.

Destacó que ante la falta de transparencia de las autoridades sobre el tema, Acción Ciudadana realizó un conteo basado en la información difundida en redes sociales desde el primer día de enero a la fecha, y encontró ese dato.

Además lamentó que las autoridades revictimicen a las mujeres asesinadas con el propósito de desestimar la gravedad del problema.

“Las víctimas de feminicidio son integrantes de crimen organizado o prostitutas o tienen una vida conflictiva, es lo que dicen”, indicó Barbosa.

Por separado, Dilcya García Espinosa de los Montero, subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a Violencia de Género en la entidad, señaló que desconoce la cifra de feminicidios registrados desde el 28 de julio de 2015 –cuando se declaró la Alerta por Violencia de Género (AVG) en 11 municipios mexiquenses– a la fecha.

Desde marzo de 2011, cuando fue tipificado ese delito en el Estado de México, y hasta que se declaró la AVG, se abrieron 213 carpetas de investigación, y al 25 de noviembre pasado se sumaron 21 expedientes más.

Y los municipios de mayor incidencia son los de mayor población: Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, mientras que el grueso de las víctimas se encuentra en edad reproductiva, entre los 20 y 35 años, apuntó.

García Espinosa destacó que en más de 90% de los casos el agresor es la pareja o la expareja, y el delito se comete dentro de los espacios privados.

El móvil es violencia específica ante reclamos como: “no das dinero en la casa”, “tienes que hacer frente a tu responsabilidad”, “ya te quiero dejar”, “estoy embarazada”, o porque el agresor vio en las redes sociales o en el teléfono de la víctima algún mensaje que tradujo en infidelidad y en un arranque de celos le quitó la vida.

También existe el delito de feminicidio en casos de violación en vía pública cometidos por desconocidos, pero estos representan entre el 3 y 5%.

De acuerdo con la funcionaria estatal, en todos los estratos sociales ocurre este fenómeno, es decir, no sólo se da por cuestiones de pobreza o baja escolaridad, sino en cualquier nivel socioeconómico y en cualquier situación cultural.

Por otro lado, aunque en los crímenes de mujeres perpetrados en 2016 los cuerpos aparecieron en vía pública, con muestras de violencia en algunos casos con signos de abuso sexual, características jurídicas propias del feminicidio, el procurador Alejandro Gómez no descartó que en el transcurso de las investigaciones éstos resulten en simples homicidios dolosos.

Recordó que el año pasado, por un acuerdo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), “toda muerte violenta de mujer debe ser investigada en todo momento con perspectiva de género”.

Y señaló que en los casos en que los cuerpos son abandonados en vía pública, desde el inicio se les otorga un tratamiento de feminicidio, independientemente del móvil.

“Las fiscalías de feminicidios y homicidios del Valle de Toluca y Valle de México llevan a cabo las diligencias respectivas para clasificar el delito como feminicidio u homicidio doloso de mujer, según el avance de las investigaciones”, indicó.

El Código Penal del Estado de México tipifica como grave el delito de feminicidio, por lo que se sanciona con penas que van de los 40 a los 70 años de prisión y multa de 700 a cinco mil días de salario mínimo vigente en la capital del estado.

La pena se agrava hasta en un tercio cuando la víctima es menor de edad, embarazada o discapacitada, y cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición.

No obstante, el ordenamiento prevé que el feminicidio sea considerado homicidio doloso para la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la remisión parcial de la pena, el tratamiento preliberacional, la libertad condicionada al sistema de localización y rastreo, y libertad condicional.

El artículo 242 Bis establece que “comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”, y entre estas razones considera que “la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, y que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia”.

Además cuando “existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, o que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima”.

También cuando “la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, o el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público”.

Omar Ortega, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), alertó que desde la declaratoria de AVG, el gobierno estatal ha incumplido con informar mensualmente a la población sobre los avances de las medidas implementadas para frenar los crímenes de mujeres.

La AVG obligaba al Ejecutivo estatal a poner en marcha medidas y acciones extraordinarias en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco.

Sin embargo, a la fecha se desconocen los avances de las 15 acciones urgentes contempladas en la declaratoria, entre ellas: investigar con perspectiva de género todos los homicidios de mujeres registrados en un territorio determinado; definir una estrategia de prevención; la creación de un grupo especializado para la investigación de estos delitos; recuperar espacios públicos; instrumentar medidas para garantizar el acceso efectivo a la justicia, y la elaboración de protocolos para la actuación policial.

Tampoco se ha divulgado con suficiencia la AVG; se desconoce si existe estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública; si se implementaron acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección, y para gestionar la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas.

El decreto obligaba, de igual manera, la creación de un programa de cultura institucional para la igualdad y de unidades de género, además de la integración de un banco de datos de violencia contra la mujer para la correcta generación de políticas públicas de prevención y atención a mujeres y niñas; la generación de redes ciudadanas e interinstitucionales de prevención y atención a la violencia contra las mujeres y niñas; la capacitación y profesionalización del servicio público en perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres.


Y otras de las medidas que se habían contemplado eran: realizar campañas de prevención en escuelas, para la sociedad en general y en los espacios de atención a las diversas problemáticas; medidas para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño; creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia, y la armonización legislativa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
FECHA: 27 ENERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427923

Morena promueve un amparo contra el Reglamento de Tránsito del DF

Legisladores de Morena presentaron más de 22 mil firmas ante el PJF que argumentan que el Reglamento de Tránsito es inconstitucional porque aplica medidas excesivas.

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tramitó este día un amparo ante el Poder Judicial de la Federación contra el Reglamento de Tránsito por considerarlo excesivo.

Martí Batres, presidente de Morena en el Distrito Federal, y diputados locales acudieron a la sede del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, ubicada en Periférico Sur, para presentar las 22 mil 272 firmas ciudadanas que argumentan que el Reglamento de Tránsito es inconstitucional porque aplica medidas excesivas.
“La solicitud de amparo que promovemos es que las multas son anticonstitucionales porque el artículo 22 se refiere que no puede cobrarse cantidades que no se puedan pagar, que sean mayores a un día de salario y hay multas que cuestan hasta 43 mil”, afirmó César Cravioto, líder de la bancada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), quien sostuvo que esta medida es una recolección ciudadana que impulsó Morena hace dos semanas en distintos puntos de la capital.

Dijo que tanto los legisladores como la ciudadanía confían en el Poder Judicial de la Federación “para que ampare a los capitalinos ante este Reglamento, que es anticonstitucional”.

Cravioto también anunció que el próximo martes esperan reunir 30 mil firmas para solicitarle al Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, que promueva un plebiscito sobre el Reglamento de Tránsito.

“Ahora el Jefe de Gobierno está hablando de que va a hacer una consulta para ver cuál va a ser el gentilicio de los habitantes de esta Ciudad. Nos parece más relevante un plebiscito sobre el tema del reglamento”, refirió el Diputado.

Mencionó que una vez interpuesta la demanda de amparo, ya sea de manera el individual o colectiva, el juez de Distrito cuenta con un plazo de 24 horas para determinar si admite a trámite la demanda o si emite una prevención.
“Si el juez emitiera una prevención, otorgará un plazo de entre tres y cinco días para que se atienda la prevención. Una vez atendida, el juez determinará si admite la demanda a trámite o no”.
De acuerdo con los legisladores, se acudió a una instancia federal debido a que no tienen confianza en el Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF), pues su presidente, Édgar Elías Azar, fue respaldado por Mancera en una “reelección irregular”.

Durante la solicitud del amparo, también acudieron al Poder Judicial de la Federación cerca de 6 mil transportistas de distintas rutas como Santa Cruz-Tasqueña, Ermita-Viccente Guerrero para promover el amparo de, quienes aseguraron que las multas los pondrían en “la lona”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-01-2016/1608695

1.5 años antes de EPN, Calderón autorizó #CostaMujeres, que es peor que #Tajamar: ONGs

Además de las prórrogas otorgadas por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa a la construcción de inmuebles en el malecón Tajamar, hay otro proyecto que la administración del ex mandatario avaló en Costa Mujeres, Quintana Roo, y que es ahora motivo de discusión por su impacto al ambiente. Esta obra se suma a otros desarrollos inmobiliarios en esa entidad que recientemente han generado repudio en el país, debido a que, con permisos federales y estatales, están dañando irreversiblemente ecosistemas.

La cadena de hoteles española RIU inició el 8 de enero pasado un trámite ante la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para construir un hotel en Isla Mujeres, Quintana Roo, que forma parte de uno de los 14 lotes de un plan maestro llamado Desarrollo Turístico Costa Mujeres (DTCM), avalado el 24 de junio de 2011 por el Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y que de acuerdo con académicos, activistas y partidos de oposición provocará serios daños al ecosistema de la zona.

MX RIUSA II, S.A. de C.V., filial de RIU México, solicitó a la Semarnat el otorgamiento de un permiso para construir un nuevo complejo en una superficie de 162 mil 082.64 metros cuadrados.

La escritura pública número P. A. 84,516 Volumen 786/2015, de fecha 15 de diciembre del 2015, revela que el “Hotel Costa Mujeres”, como denomina al proyecto, estará ubicado en la zona costera del Municipio de Isla Mujeres.

El Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado por esta empresa a la Semarnat reconoce que habrá daño a la flora y fauna del sitio. En ese documento se identifican dos especies de flora silvestre dentro de la categoría de “especies amenazadas”: la palmera guano de costa y la palmera plateada mexicana; en cuanto a la fauna, también se reconoce un daño en el área para la iguana gris y la lagartija escamosa de Cozumel, una especie que además está sujeta a protección especial.

Al respecto, Antonio Lot Helgueras, doctor del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo a SinEmbargo que la sola duda de que especies de flora y fauna endémicas estén en riesgo por un proyecto inmobiliario es un un incentivo para detener una construcción.

“No se puede ver de manera independiente a una especie en particular, sino debe verse todo el ambiente en conjunto. Si se modifica drásticamente el entorno de una especie de flora o fauna lo más probable es que se generen distorsiones que provoquen su desaparición”, explicó el especialista.

Pero el impacto ambiental presentado para el proyecto de RIU será mayor, afirman especialistas. El Hotel sólo ocupa uno de los 14 lotes hoteleros–residenciales que integra el Desarollo Turístico Costa Mujeres, aprobado por la Semarnat durante el sexenio del ex Presidente panista Calderón Hinojosa.


El DTCM consta de un terreno de 381 hectáreas y se localiza en la colindancia con el camino costero al norte de Punta Sam, en el Municipio de Isla Mujeres.

Ahí, además del proyecto de RIU se construirán un campo de golf de nueve hoyos, dos clubes de playa, una casa club, un área de vívero, caminamientos, vialidades y glorietas. También 151 hectáreas se destinarán a la construcción de 6 mil 900 cuartos de hoteles, y sólo 58 hectáreas se reservarán como áreas de conservación.



CALDERÓN, EL AMBIENTALISTA

El ex Presidente Felipe Calderón se envolvió recientemente en una polémica por acusaciones de activistas que lo señalan como corresponsable por el ecocidio realizado en el Malecón Tajamar el pasado 16 de enero.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó el 26 de enero que las ampliaciones y autorizaciones de Impacto Ambiental se dieron justamente durante la administración de Felipe Calderón, en 2006.


Pero el ex Presidente se deslindó de las acusaciones.
“La autorización de #Tajamar fue 2/2005, 1.5 años antes de mi gobierno. Luego publicamos Ley que prohibía la tala de mangle”, escribió en su cuenta Twitter.

Sin embargo, el mismo martes a través de Twitter, el Fonatur se dirigió directamente al ex mandatario panista para “enterarlo” de que las autorizaciones ambientales para el proyecto Tajamar se otorgaron entre 2005 y febrero de 2006 [en el sexenio de Vicente Fox Quesada], y que las prórrogas a su vigencia se dieron en 2009 y 2011 [ya en el Gobierno de Calderón].

La dependencia federal, además, aclaró que las prórrogas se otorgaron incluso después que el propio Calderón propuso  modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre para proteger los manglares en México.

Ahora, de acuerdo con documentos oficiales registrados en la Semarnat, el 24 de junio de 2011 –también durante el sexenio de Felipe Calderón– se avaló el plan maestro para construir el Desarrollo Turístico Costa Mujeres, aun cuando en la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), Modalidad Regional, se registraron 84 interacciones efectivas, de las cuales 55 corresponden a impactos ambientales negativos, es decir el 65.47 por ciento.

“La ponderación de impactos ambientales obtenidos de esta matriz, indica que los componentes ambientales mayormente afectados en términos de impactos negativos netos son la fauna 20.24 por ciento, el agua 17.86 por ciento y el suelo 16.67 por ciento”, cita la MIA.

Tan sólo las etapas de preparación y construcción del proyecto abarcan, de forma correspondiente, hasta el 34.54 y el 45.45  por ciento del total de impactos negativos, mientras que la etapa de operación sólo el 20 por ciento.

Previo a la presentación del DTCM, el 9 de septiembre del 2010 hubo legislaciones que fueron resueltas en la región durante el sexenio de Calderón que facilitaron la presentación de un proyecto de tal envergadura con un valor de 1 mil 400 millones 419 mil dólares en la zona (unos 25 mil 800 millones de pesos).


Una de ellas fueron los lineamientos del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, hecho público en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Quintana Roo, el 9 de abril del 2008, y el otro fue el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Península Chacmuchuch, publicado en el mismo medio, el 27 de diciembre de 2007.

“TRAJES A LA MEDIDA” PARA EMPRESARIOS

“Te puedo decir que todos los ordenamientos territoriales de los últimos años no han sido de desarrollo ecológico, sino sustentable.

De esta manera han sido trajes a la medida para los inversionistas, hechos por funcionarios de Gobierno y políticos“, denunció Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema).

El DTCM colinda con la laguna Chacmuchuch, lo que ha hecho a grupos de oposición manifestar su preocupación por la contaminación en la zona que conllevarán las obras.

El predio se encuentra inserto en un Sistema Ambiental Regional conformado por la Barra Litoral de Chacmuchuch, en dónde el 52.96 por ciento está cubierto por humedales y manglares costeros.


“El área donde planea desarrollar está muy cerca de la laguna, que está en la parte de atrás, llamada Chacmuchuc [de mil 859 hectáreas].

Hay especies protegidas que viven ahí, hay presencia de mangle, uva de mar, palma chit,  especies protegidas por la NOM 059 de especies protegidas de Semarnat del 2010”, explicó Gerardo García, encargado de difusión del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Cancún.



Por otra parte en la zona marina adyacente hay pastos marinos que juega un papel importante como estabilizador de sedimentos, refiere el MIA.  Hay registro de al menos dos especies de pastos marinos, 57 especies de macroalgas, ocho especies de corales escleractínios, nueve especies de gorgonáceos, 11 especies de esponjas, 13 especies de otros invertebrados y 23 especies de peces.

Por otra parte el MIA refiró que en el área terrestre hay por lo menos 64 especies de vertebrados. “Esta fauna está representada por tres especies de anfibios, ocho de reptiles, 43 de aves y 10 de mamíferos. El grupo más importante considerando todas las categorías taxonómicas fue el de las aves y el grupo menos representado el de los anfibios”, cita el documento.

Pero además el área respresenta una extrema fragilidad hacia el cambio climático. El promovente, Riberas de Cancún S. A.,  proyectó una vida últil de 100 años y que terminara de ser construida en 22.

“Es un área extremadamente frágil, es pura agua, lo que van a construir ahí con el paso de un huracán se va tener que parar”, consideró Domínguez. Pero pese a todos inconvenientes el plan maestro fue avalado en el 2011.



PUNTA NIZUC

Previo al anuncio de invertir en Costa Mujeres, el Grupo RIU fue señalado por activistas de no cumplir con los requerimientos para cuidar el ambiente en otra obra, el hotel “Riviera Cancún”, ubicado en Punta Nizuc.

El Grupo Ecologista del Mayab (Gema) encontró anomalías en el Documento Técnico Unificado (DTU) de la cadena internacional que fue avalado por las autoridades federales del medio ambiente.

Aunque la obra fue rechazada en marzo del año pasado, el proyecto original de 565 cuartos fue modificado ligeramente a 530 cuartos, luego de que la Semarnat negó en el mes de marzo la autorización del quinto hotel de la compañía en Cancún, a raíz de las acciones legales emprendidas por centros de derecho ambiental.

Grupo RIU tiene desde diciembre pasado el permiso para construir, con 95.6 millones de dólares (unos mil 790 millones de pesos), un complejo que incluye un edificio de 16 niveles, un miniclub, dos bares acuáticos, cuatro albercas, un estacionamiento para una plaza y un asoleadero.

La obra se abastecerá con agua el complejo hotelero, lo que afectará los niveles de los mantos subacuáticos, y devolverá agua contaminada al arrecife donde viven cientos de especies, denunció Gema.

“Las plantas de desalinizadoras dejan salmuera, hay muchas formas de manejarlo, en vez de descargarlo, se transporta a lugares autorizados [y no en un pozo de desecho]”, explicó a SinEmbargo el arquitecto de la Universidad Iberoamericana arquitecto José Luis Gutiérrez Bremez.
“No es que desde el punto de vista técnico no se pudiera resolver de una manera adecuada, el problema es que en nuestro país, no tenemos una cultura del mantenimiento, y dos, del seguimiento. Nadie garantiza que a los dos meses, con las vehemencias y componendas políticas, esto siguiera funcionando bien”, agregó.

Hasta el momento, las autoridades de la Semarnat no se han pronunciado sobre este tema. Sin embargo, desde el Congreso local, grupos de oposición señalaron que el Gobernador Roberto Borge Angulo y el Alcalde Paul Michell Carrillo de Cáceres, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hacen oídos sordos a la petición de auditar estos casos.
“Yo voy a hacer un punto de acuerdo, y que se solicite información. Y hagamos un exhorto tanto a los delegados de la Semarnat como los de la Profepa para que den información. Es muy lento. Tendríamos que esperar para que el Congreso empezará a funcionar. Hay una mayoría príista –que respalda al Gobernador– donde difícilmente van a exhortar a sus propias responsabilidades”, dijo recientemente a SinEmbargo el Diputado local independiente Jorge Carlos Aguilar Osorio.
TAJAMAR


Activistas han acusado al Gobernador Roberto Borge Angulo y a Paul Michell Carrillo de Cáceres, Presidente Municipal de Benito Juárez, como responsables del ecocidio en el malecón Tajamar.

Hace diez días, ingresaron al malecón en la madrugada trabajadores con maquinaria pesada, y escoltados por policías, para devastarlo y preparar la construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Este martes fue cancelada la audiencia para conocer si la suspensión provisional otorgada el 20 de enero por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo Gerardo Vázquez Morales, continuaría.
“Lo que nosotros solicitamos es que aquí haya una suspensión definitiva del proyecto. Que a pesar de que las autorizaciones se aprobaron en el 2005. Dos años antes de la ley de Vida Silvestre que es la que protege a los manglares, pues sigue siendo un proyecto que presenta anomalías”, dijo Miguel Alejandro Rivas Soto, campañista de Océanos de Greenpeace.

Mientras tanto, las autoridades no han reconocido la tragedia. Fonatur aseguró el pasado 22 de enero que antes de llevar a cabo las actividades de chapeo y desmonte en el Manglar Tajamar en Cancún, Quintana Roo, se propició la migración natural de fauna silvestre a sitios contiguos mediante acciones que permitieron su protección.

No obstante, activistas afirmaron a SinEmbargo, momentos después, que se trata de ”una completa mentira”. Los defensores acusan que en un par de días han devastado más del 90 por ciento del total del manglar.


DRAGON MART

Uno de los primeros proyectos hechos andar durante el Gobierno de Borge Angulo fue el de Dragon Mart Cancún, el que sería el centro más grande de exhibición y venta de productos chinos, afuera de ese país.

En el 2014, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó elementos probatorios para presumir anomalías cometidas por ex funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La SPF apuntó que Guy Adrián Piña Herrera y Samuel Jared Barrio Valladares, otroras delegado y subdelegado de la Profepa en Quintana Roo, emitieron en noviembre de 2012 resoluciones administrativas que exoneraron de forma anómala de responsabilidades de impacto ambiental y forestal encontradas en el proyecto.

La Semarnat anunció en mayo del mismo año que la obra no contaba con registro de evaluación de impacto ambiental y, por tanto, se desconocían los riesgos que podría representar para el medio ambiente, no importando las denuncias de las ong’s en 500 hectáreas que contemplaba el proyecto.

Fue hasta cace un año las autoridades mexicanas ordenaron la “clausura total” de las obras de construcción del centro de negocios Dragon Mart.


TULUM

El mes pasado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) pidió a la Semarnat negar la autorización de impacto ambiental del Hotel Punta Jade, en Tulum, Quintana Roo, por considerar que pone en riesgo áreas de manglar y otras especies protegidas.

El proyecto propone desmotar 2.57 hectáreas de la cobertura vegetal del predio, que corresponden al 19.1 por ciento del total. Esto incumple con el criterio que establece como máximo un 15 por ciento de desmonte.

Ubicado en Bahía Príncipe, el plan fue rechazado originalmente por haber autorizado más cuartos de los que se debía.


A pesar de que el caso se encuentra en litigio, el Cemda ha denunciado que la empresa hotelera ha ingresado, en el mismo periodo, a la Semarnat dos nuevas manifestaciones de impacto ambiental. Una violación a la ley, puesto que no se ha resuelto el juicio.



Además de poner en riesgo el manglar, también lo hace con las especies protegidas que habitan o arriban al sitio para anidar, las cuales no han sido contempladas dentro la evaluación de impactos.

De la misma forma que en el proyecto de RIU en Costa Mujeres, la obra es un riesgo para la iguana gris; pero además para la chara yucateca, el cenzonte tropical, el zanate, el vireo manglero, el teveo menor, la garza blanca, el pato real y tres especies de tortuga: laud, blanca y caguama.


En lo que respecta al Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún–Tulum, expone la organización, “el proyecto contraviene diversas disposiciones como la referida al número de cuartos, toda vez que está planteando construir 401 habitaciones, cuando para un desarrollo turístico únicamente podría construir 200″.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-01-2016/1607254

Moreira y el escándalo OHL

MÉXICO, DF: ¿Existe algún vínculo entre la reciente liberación del exgobernador coahuilense Humberto Moreira de la cárcel de España, con el escándalo de la empresa constructora española OHL en el Circuito Exterior Mexiquense? ¿Existe alguna relación entre la corrupción de un lado con la investigación sobre la corrupción del otro?

Estas preguntas surgen este 26 de enero cuando se produjeron en la misma secuencia de abril de hace un año los siguientes hechos:

1. En la mañana de este martes el director general de OHL México, Sergio Hidalgo, forzado ante las insistentes preguntas de la corresponsal de The Financial Times, admitió que sí hubo una reunión entre el presidente mexicano Enrique Peña Nieto; el presidente de OHL España, el soberbio conde Juan Miguel Villarmir, y su homólogo de OHL México, José Andrés de Oteyza.

Esa reunión, negada extraoficialmente, ocurrió entre abril y mayo del año pasado, justo cuando se filtraron los audios que involucraban a funcionarios del Estado de México, del gobierno federal y directivos de esta empresa acusada por haber inflado los costos de la construcción del Circuito Exterior Mexiquense y por presentar informes financieros fraudulentos ante las autoridades reguladoras de México y de España.

2. El mismo Hidalgo admitió que las voces escuchadas en esos audios pertenecen a directivos de OHL y ejemplificó con el caso de Pablo Wallentin, responsable de relaciones interinstitucionales de OHL México, que fue cesado de la empresa por haber violado “el código de ética” de un consorcio que tanto aquí como en España se ha caracterizado por su poca ética a la hora de hacer negocios con el presupuesto público.

Presuntamente Wallentin fue el único responsable de querer corromper a un funcionario menor del gobierno de Eruviel Ávila, responsable de la Secretaría de Comunicaciones estatal.

3. Horas después de las declaraciones de Hidalgo se filtraron en YouTube una nueva serie de grabaciones entre directivos de OHL México en las que mencionan al director de Pemex, Emilio Lozoya, exfuncionario también de OHL antes de 2012. Lozoya Austin presuntamente gestiona una alianza con la empresa española Técnica Reunidas para participar en una licitación no identificada.

En las nuevas grabaciones se escucha al conde Juan Miguel Villar Mir, presidente global de OHL, dejar un mensaje en el celular de Alberto Sicre, director de OHL Industrial.

Moreira y el PRI

A esta secuencia de hechos se debe sumar el caso de Humberto Moreira, exdirigente nacional del PRI en el año clave de 2011, cuando se preparaba el ascenso de Enrique Peña Nieto como candidato único del PRI a la Presidencia de la República, al tiempo que se hacían los “amarres” políticos para llevar a Eruviel Ávila a la gubernatura del Estado de México.

Moreira fue detenido el 15 de enero pasado tras ser acusado por la fiscalía española de haber “lavado” cerca de 3.5 millones de pesos (199 mil euros) en tres cuentas bancarias cuyo origen era injustificado en los primeros diez meses de 2013.

Una semana después, la defensa de Moreira argumentó que ese dinero no provenía de cuentas secretas sino de las ganancias de tres sospechosas empresas que se facturaban entre ellas por concepto de “renta” o “venta de espacios publicitarios”. Se trata de las empresas Unipolares Espectaculares del Norte y Negocios, Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio SA. Los fondos de 3.5 millones de pesos de Moreira Valdés provinieron de estas empresas, afirmó la defensa del exgobernador.

Estos son los datos oficiales del caso Moreira, pero colateralmente el expresidente nacional del PRI se vuelve un testigo y fuente clave en el escándalo de OHL en el Estado de México por las siguientes razones:

1. Como presidente nacional del PRI, Moreira fue uno de los artífices para designar a Luis Videgaray como presidente estatal del PRI mexiquense, quien manejó no sólo las finanzas del gobierno sino también las de la campaña de Eruviel Ávila en 2011 y de la campaña presidencial del 2012.

2. Videgaray, como secretario de Finanzas de Peña Nieto en el Estado de México, conoció y presuntamente participó en las irregularidades en la concesión que se le entregó a OHL para inflar los costos en el Circuito Exterior Mexiquense, en su fase II.

3. Quienes conocen el escándalo de OHL México calculan en cerca de 5 mil millones de pesos el robo al erario mexiquense, derivados de los pagos de derechos de vía para el Circuito Exterior Mexiquense que nunca llegaron a ejidatarios. Se presume que buena parte de estos 5 mil millones de pesos pudieron ir al circuito de la campaña priista estatal y federal.

4. Un personaje clave en esta trama es Gabino Fraga Peña, director general de Grupo de Abogacía Profesional (GAP). Este despacho especializado en materia agraria y en ámbitos de infraestructura fue el responsable de la “proyección y/ o ejecución de diversos proyectos productivos y de infraestructura”, incluyendo “la liberación del derecho de vía de la fase II del Circuito Exterior Mexiquense para entroncar con la autopista México-Puebla”. Grupo GAP también fue el despacho involucrado en la ampliación de las pistas y de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca. En ambas obras jugó un papel clave OHL México.

5. Grupo GAP y Gabino Fraga estuvieron involucrados en el escándalo de triangulación de dinero para la campaña presidencial de Peña Nieto por 91 millones de pesos en Monex, a favor del PRI. Oficialmente, Gabino Fraga negó que él estuviera involucrado en el escándalo a través de Efra y señaló que se trataba de Emilio Fraga Hilaire, medio hermano suyo.

6. En marzo de 2015, justo cuando comenzaron las filtraciones del escándalo OHL México, Gabino Antonio Fraga Peña fue investigado por autoridades de España por presuntas operaciones ilícitas en el Banco de Madrid. Lo acusaron de ser responsable de “enlace de compromisos en cinco estados” en la campaña de Peña Nieto en 2012.

En un escueto comunicado, el PRI se deslindó entonces de Fraga Peña señalando que el director de Grupo GAP “llevó a cabo algunas actividades proselitistas”, pero “el PRI no tiene ningún vínculo profesional con él ni con las empresas referidas”.


Por todo ello, ¿qué sabe Moreira de la trama de OHL-Grupo GAP-Circuito Exterior Mexiquense-campañas de 2011 y 2012?

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS)
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427795

Chocan militares y civiles armados en Reynosa; dos muertos

Soldados realizaban un recorrido de vigilancia la mañana del miércoles, por el Boulevard Hidalgo, y fueron agredidos por presuntos criminales.

Dos muertos fue el saldo de un enfrentamiento ocurrido este miércoles por la mañana, en Reynosa, Tamulipas, entre presuntos criminales y soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó en un comunicado que militares fueron agredidos por personas armadas, y al repeler el ataque los soldados “abatieron a dos individuos pertenecientes a un grupo delincuencial”.

La agresión ocurrió poco antes de las 08:00 horas, cuando personal de la Sedena realizaba un recorrido de seguridad y vigilancia por el Boulevard Hidalgo, y a la altura de la entrada a la colonia La Cima se encontraron con una camioneta Chevrolet Silverado color blanco, tripulada por gente armada.

“Los integrantes del grupo delincuencial que opera en ese municipio, al percatarse de la presencia de los militares, empezaron a atacarlos con armas de fuego, al tiempo que pretendieron escapar ingresando a la colonia La Cima”, informó el Grupo de Coordinación Tamaulipas.

Sin embargo, el conductor de la camioneta perdió el control y se impactó contra dos vehículos particulares, los criminales bajaron del vehículo y siguieron disparando contra los militares al tratar de escapar a pie.


Los tripulantes de los autos impactados por los civiles armados resultaron golpeadas levemente por el choque; de la camioneta fueron aseguradas “cuatro armas largas, dos armas cortas, cartuchos útiles de diferentes calibres y fornituras”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 27 ENERO 2016.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2701/mexico/chocan-militares-y-civiles-armados-en-reynosa-dos-muertos/

El cártel priista

MÉXICO, DF: Humberto Moreira no es cualquier priista. Como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) coordinó la campaña de Enrique Peña Nieto para lograr la candidatura presidencial de ese partido en 2012.

Moreira fue también gobernador, entre 2005 y 2011, de uno de los estados más profundamente priistas en la nación entera. El PRI y sus antecesores han “gobernado” el estado “libre y soberano” de Coahuila de manera ininterrumpida desde hace 87 años.

Como en los viejos tiempos, en Coahuila el partido de Estado sistemáticamente se impone con más de 60% de la votación en las elecciones y tiene un control absoluto sobre la política y la prensa local.

Moreira, Emilio Chuayfett, Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell son todos exgobernadores de estados que jamás han experimentado “alternancia” alguna desde la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929.

El cártel de mandatarios feudales priistas que gobernó Coahuila, el Estado de México, Hidalgo y Quintana Roo, entre otros, asaltó Los Pinos con cañonazos millonarios en 2012. Los integrantes de este grupo son los responsables por la intolerable ola expansiva de violencia, corrupción, represión y privatización que ha ahogado al pueblo mexicano durante el sexenio actual.

El trato diferenciado que Peña Nieto ha dado a Moreira y a Kate del Castillo constituye un elocuente botón de muestra de las alianzas y las complicidades de las actuales autoridades federales.

El gobierno ha mantenido a Del Castillo bajo estricta vigilancia. Las autoridades sacaron fotografías clandestinas de la actriz, filtraron ilegalmente sus conversaciones con Joaquín El Chapo Guzmán y la llamaron a declarar ante la PGR. El secretario de Gobernación, Osorio Chong, incluso ha tenido el cinismo de señalar públicamente que “en la sociedad no cayó bien que (Del Castillo) estuviera tratando con alguien que ha lastimado a muchas familias”.

En contraste, las autoridades han mantenido un silencio sepulcral en el caso de las acusaciones en España en contra de Moreira por corrupción, lavado de dinero y crimen organizado. En lugar de divulgar fotografías y mensajes, el gobierno de Peña Nieto ha presumido a los cuatro vientos que no existe investigación o seguimiento alguno al exgobernador priista.

Otros integrantes de la mafia de exgobernadores del PRI gozan de protección similar. Murillo Karam todavía no ha sido llamado a declarar por su indignante mentira histórica sobre los 43 estudiantes de Ayotzi­napa, y Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, otro estado controlado por el PRI desde hace 87 años, hoy despacha cómodamente como cónsul del gobierno mexicano en Barcelona.

El enorme sufrimiento de las familias mexicanas en la actualidad no es resultado de un señor llamado El Chapo, y mucho menos de una actriz de Hollywood, sino de procesos mucho más profundos y estructurales. Las instituciones del Estado mexicano se encuentran hoy al servicio de los peores intereses corruptos y criminales. Como el rey Salmán de Arabia Saudita, Peña Nieto abusa de manera dictatorial de su población y no permite oposición alguna a su régimen.

Todos los días nos enteramos de nuevos casos en que agentes estatales lastiman directamente a la sociedad mexicana. En Guerrero, por ejemplo, el nuevo gobierno priista de Héctor Astudillo nombró como su fiscal general a Xavier Olea, un oscuro personaje que como abogado litigante defendió tanto a Raúl Salinas de Gortari como a Arturo El Negro Durazo. Desde la llegada de Olea a su puesto, el pasado 11 de diciembre, Guerrero ha sufrido una epidemia de secuestros y asesinatos, incluyendo el plagio de cinco maestros de una escuela primaria en la comunidad de Santana del Águila.

Hace unos días, en Veracruz, cinco jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada con la muy probable complicidad de agentes de seguridad del Estado. Y en Colima el PRI robó una vez más la elección para gobernador, con lo cual consolidó su predominio ininterrumpido en la entidad durante 87 años desde 1929.

En 2014, la frase “Fue el Estado” constituyó una manera ingeniosa de resumir y articular el reclamo generalizado de una población harta del abuso de parte de autoridades que desaparecen estudiantes, privatizan recursos nacionales, pactan con el crimen organizado, destruyen el medio ambiente y roban a manos llenas. Todos juntos pudimos gritar esta consigna al lado de los estudiantes de Ayotzinapa en una expresión de utopía rebelde y universal.

Pero el caso de Moreira nos recuerda que es importante afinar y precisar nuestro diagnóstico y exigencias. El problema no es “el Estado” en sí, sino un sistema de corrupción y violencia estructural que está acabando con cualquier semblanza del interés público o general en el país.

El verdadero adversario no es entonces “la política” como un espacio de lucha social y humanitaria (véase http://ow.ly/XkmrW), y tampoco “los partidos” como organizaciones de articulación de acción política, sino el sistema de autoritarismo neoliberal priista en sus múltiples manifestaciones, que ha logrado engullir a sus otroras adversarios del PRD y del PAN. Ha llegado la hora de dignificar la política, articular la esperanza y conquistar el poder para el pueblo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOHN M. ACKERMAN.

El GDF privatiza también operación de radares de velocidad

La operación de los radares está a cargo de una empresa privada que se queda con el 44% de cada multa pagada. El argumento: operar los radares hasta 2017 costaría mil millones, y subrogarlos 359. Hasta ahora este contrato no se ha transparentado.

La operación de las cámaras de fotomultas no es lo único que privatizó el Gobierno del Distrito Federal (GDF). Los radares de velocidad también.

Esto, luego de que el GDF entregó por primera vez a una empresa privada, Inteltráfico SA de CV,  la operación de 40 radares de velocidad en la ciudad que detectan y fotografían a los automóviles que superan los límites establecidos. A cambio, la compañía se quedará con el 44% de cada multa que paguen los conductores. La policía y la empresa, pretenden como mínimo la emisión de 8 mil 700 infracciones al día.

Este es un esquema prácticamente idéntico al que se aplicó  para subrogar la operación de los sistemas de fotomultas a otra empresa, Autotraffic SA de CV, y que generó polémica por la entrega de un porcentaje de la infracción a la compañía así como por contemplar una cuota de infracciones.

A diferencia de las fotomultas, los radares son exclusivamente para captar autos a exceso de velocidad. Desde hace 10 años la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSPDF) ha operado estos sistemas por su cuenta pero en 2015 decidió por primera vez subrogar su operación a una empresa privada.

De acuerdo con la SSPDF, esto permitiría ahorrar dinero. Según los documentos de justificación del contrato que pudo revisar Animal Político, la operación de 40 radares de velocidad con los costos de mantenimiento y la entrega de las infracciones ascendería a más de mil millones de pesos. En vez de eso, se decidió dar un contrato por 359 millones a una empresa privada.

En la misma justificación, la SSPDF proyectó que Inteltráfico deberá aplicar con sus 40 radares, por lo menos, ocho mil 700 infracciones diarias, 267 mil al mes, en total más de tres millones 204 mil al año. Dichas cantidades cuadriplican las multas que se aplicaban por exceso de velocidad hasta 2012.

Hasta el día de hoy el contrato completo que se concedió a Inteltráfico no se ha transparentado, como ocurrió con el del Autotraffic. Incluso, los vínculos al proceso de licitación en la página web de la SSPDF se encuentran rotos, pues no remiten a los documentos.

La página web de Inteltráfico SA de CV también se encontraba (hasta la publicación de esta nota) fuera de servicio. Según declaraciones de su director, Alejandro Araujo, la compañía tiene contratos en San Luis Potosí, Atizapán, y Chihuahua.

Hubo irregularidades

En junio de 2015, la SSPDF entregó un primer contrato, el número SSP/BE/S/261/2015, a Inteltráfico SA de CV para operar los radares de velocidad. No obstante, dicho contrato solo duró dos meses luego de que la Contraloría decidió anularlo tras confirmar irregularidades en la licitación.

Los documentos del caso que fueron revisados por Animal Político arrojan que la inconformidad fue presentada por  la empresa Union Swiss, la cual participó junto con Inteltráfico y otras en el procedimiento de licitación LPN-30001066-007-15 para la subrogación de los radares. Hubo también otras quejas pero estas no procedieron, según el expediente revisado.

Lo que Union Swiss argumentó es que el sobre cerrado con su propuesta técnica y económica no fue aceptado por la SSPDF. La dependencia argumentó que no se hizo porque una identificación venía afuera lo que violaba el procedimiento sin embargo, la Contraloría General del Distrito Federal le dio la razón a la empresa y ordenó que se anulara todo el procedimiento.

Tras recibir la notificación de la cancelación del contrato, en septiembre de 2015, Inteltráfico solicitó el pago del 46% de las infracciones pagadas que ya había aplicado hasta ese momento, es decir, las correspondientes al periodo de julio a septiembre de 2015.

A finales de ese mismo mes se realizó una nueva licitación para la operación de radares al que solo acudieron dos empresas, Inteltráfico y TMM Logistics. La SSPDF determinó el 2 de octubre, dar de nuevo el contrato a Inteltráfico, y se estableció que el monto que le corresponde a la empresa por multa pagada es de 44.8 por ciento.

Cabe señalar que en la página web de la SSP, en el apartado de difusión, se incluyen links a la licitación que se realizó para subrogar los radares, sin embargo, ninguno funciona.

En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados correspondiente al 20 de enero pasado, se incluyó un punto de acuerdo solicitado por los legisladores para que el Gobierno del Distrito Federal  transparente a la brevedad, el contrato que se concedió a Inteltráfico, sobre todo después de las irregularidades en la licitación.

Lo que la SSPDF si confirmó, a través de la solicitud de transparencia 0109000395115 respondida el pasado 7 de enero, es que existen dos contratos vigentes: el de Autotraffic para las fotomultas, y el Inteltráfico para los cinemómetros (radares).

Multas salen sí o sí

La cuota de  infracciones mensuales que cada radar de velocidad subrogado levantará está garantizada.

Así lo establece el contrato firmado con Inteltráfico para la operación de los radares de velocidad, el cual no se ha hecho público hasta ahora. No obstante,  Animal Político pudo conocer algunas de las condiciones generales del mismo, gracias al expediente que la Contraloría capitalina abrió por la queja que presentó una de las compañías que perdió en el proceso de licitación para dar este servicio.

Fue un contrato multianual firmado a mediados de 2015 para la “subrogación de servicios para imponer multas por medio de cinemómetros a vehículos que excedan los límites de velocidad”, con vigencia a diciembre de 2017. El monto: 359 millones de pesos,  casi el doble del contrato relacionado con las fotomultas.

La SSPDF justificó la necesidad de subrogar la operación de los radares de velocidad, debido a que comprarlos y costear su mantenimiento representa una erogación mayor. Según los cálculos de la dependencia, el costo de operar por su cuenta los 40 nuevos radares  con los gastos paralelos que implica, sería hasta de poco más de mil millones de pesos, el triple del contrato por subrogarlos.

En ese contexto, la SSPDF proyectó en la justificación del contrato que “el número de infracciones mensuales procedentes por equipo será de seis mil 674”. Dicha cantidad, señaló, se obtuvo a partir de una estimación de los resultados de 2013.

Incluso, la policía capitalina contempló que si en un punto donde hay un radar ya no se está llegando a la meta pactada, los equipos serán cambiados de ubicación, con el objetivo de no caigan las infracciones levantadas.

“En cuanto un radar cumpla su objetivo será removido de ese lugar y se instalará en una vialidad con un mayor número de accidentes viales, de esta manera se cumple con el objetivo del programa y a la vez se mantiene constante el número total de infracciones” explica la Secretaria de Seguridad.

Con 40 equipos en funcionamiento, la aplicación de seis mil 674 multas mensuales al día por cada radar significará un total de tres millones 203 mil 616 infracciones por exceso de velocidad en 2016 y la misma cantidad en 2017. Es un nivel de infracciones record como evidencia la propia tabla incluida en el documento oficial.

Ahorro de tiempo y recursos: SSPDF

El subsecretario de Control de Tránsito Fernando Badillo, consideró como positiva la decisión e subrogar la operación de los radares de velocidad, pues dijo que representa tanto un ahorro económico así como de recursos humanos para la policía.

Cabe recordar que antes de que se entregara el contrato a Inteltráfico, eran los agentes los que se encargaban al cien por ciento de operar los equipos en tierra, y trasladar aquellos radares que eran móviles.

“En la operación para nosotros es mejor ahorita cuando están subrogados porque no implica un costo inicial y nosotros nos encargamos solo de supervisar y de validar y eso en el tema de personal y de equipo nos implica un menor gasto dijo el funcionario”, dijo el subsecretario.

Hasta ahora la SSPDF no ha dado a conocer cuál es el saldo de las infracciones que se han aplicado a partir de la intervención de Inteltráfico y de Autotraffic.


No obstante Animal Político pudo conocer, a través de la solicitud de transparencia 0109000308515, que hasta el mes de octubre se recababan, solo por exceso de velocidad, más de 45 mil imágenes diarias con los radares.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/el-gdf-privatiza-tambien-operacion-de-radares-de-velocidad-y-pone-cuota-diaria-de-multas/